Telesur
El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, integrante del movimiento opositor Revolución Ciudadana (RC), fue detenido este miércoles en el marco de un operativo desplegado en cuatro provincias de Ecuador por una investigación relacionada con presunto lavado de activos. La acción policial dejó un total de ocho personas aprehendidas, entre ellas jueces y funcionarios públicos.
Todos los detenidos fueron trasladados a la capital del país, donde enfrentarán las audiencias de formulación de cargos y la definición de medidas cautelares dentro del proceso judicial en curso.
Desde la oposición denuncian una estrategia política orientada a apartar a sus dirigentes del escenario electoral y favorecer a otros sectores en la contienda.
Tras conocerse las detenciones, el expresidente Rafael Correa, líder de la RC, sostuvo que el caso de Villacís está vinculado a una persecución política en el contexto del proceso electoral local previsto para el 29 de noviembre en el que Revolución Ciudadana no podrá participar como movimiento debido a su suspensión temporal, aunque sus integrantes mantienen la posibilidad de postularse bajo otras organizaciones políticas.
En su cuenta de la red social X, Correa calificó la situación como parte de un patrón y afirmó que se trata del cuarto alcalde de un capital provincial impedido de buscar la reelección. Además, aseguró que Villacís contaba con opciones de triunfo frente a la candidata oficialista y actual prefecta esmeraldeña, Roberta Zambrano.
A estas declaraciones se sumó la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien denunció lo ocurrido como parte de un “modus operandi del gobierno” orientado a apartar de la contienda electoral a autoridades locales con aspiraciones de reelección.
En la misma línea, la asambleísta Paola Cabezas, representante de Esmeraldas, afirmó que con esta detención se busca reducir la competencia electoral. “Buscan ganar las elecciones sin adversarios”, señaló.
Según el ministro del Interior, John Reimberg, la investigación permitió identificar una presunta estructura que habría utilizado empresas con apariencia legal para movilizar fondos de origen lícito y posteriormente ocultarlos mediante operaciones financieras.
El funcionario precisó ante la prensa que el esquema investigado habría generado beneficios superiores a los 15 millones de dólares. Además, indicó que parte de las indagaciones también se relaciona con el incendio registrado en la Refinería de Esmeraldas, considerada la más grande del país y que permaneció varios meses fuera de operación.
