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DW La Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos, decidió este miércoles (16.09.2026) por unanimidad aumentar sus tasas de interés para contener la inflación, una medida esperada por los mercados financieros pero resistida por el presidente Donald Trump. La Fed no había vuelto a subir sus tasas de referencia, que orientan los costos de endeudamiento, desde mediados de 2023. Ahora se incrementaron un cuarto de punto, hasta situarse en un rango de entre el 3,75% y el 4%. Según un comunicado de la institución monetaria, esta decisión tiene como objetivo devolver más rápidamente la inflación estadounidense a la meta. La subida de precios seguía siendo del 3,7% interanual en julio, según el índice PCE, preferido por la Fed, claramente por encima de su objetivo del 2%. Desde entonces, los precios en las gasolineras se han disparado. La Reserva Federal estima que probablemente será necesaria otra subida de sus tipos de interés de aquí a finales de año para combatir la inflación.

Telesur Alex Saab, empresario colombiano yexministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, cambió este martes su declaración inicial de inocencia y se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero ante una corte federal de Miami. El caso se originó en contratos para la importación de alimentos hacia Venezuela, y el acuerdo alcanzado con la Fiscalía estadounidense lo compromete a cooperar con investigaciones federales en curso. La cifra pactada asciende a 195 millones de dólares, monto que Saab aceptó entregar a las autoridades de Estados Unidos. Esa cifra responde a una acusación fiscal que describe una presunta trama de sobornos ligada a los contratos de alimentos. Sostiene que la operación recurrió a empresas y a documentación que permitieron mover recursos a través del sistema financiero de Estados Unidos. Esas imputaciones forman parte del expediente que instruye la Fiscalía y no coinciden necesariamente con los hechos que Saab reconoció al cambiar su declaración. El delito admitido contempla una pena máxima de 20 años de prisión. La Fiscalía se comprometió a recomendar una condena en el tramo bajo del rango aplicable y se reservó la posibilidad de pedir una rebaja adicional si la cooperación de Saab resulta útil para sus investigaciones. La corte, que deberá fijar la condena definitiva, da además por cerrada la etapa en la que Saab sostenía su inocencia. Se abre ahora una fase centrada en el cumplimiento de los términos que fijó el acuerdo con la Fiscalía. Ese acuerdo llega al cabo de un historial judicial que se extiende por más de media década. Autoridades de Cabo Verde detuvieron a Saab en junio de 2020, cuando cumplía una misión diplomática rumbo a Irán en representación del Gobierno venezolano. Lo extraditaron a Estados Unidos en octubre de 2021, en un procedimiento que Caracas denunció como violatorio de la inmunidad diplomática del funcionario. Saab permaneció detenido en EE.UU. hasta diciembre de 2023, cuando salió en libertad tras negociaciones entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. Menos de un año después, en octubre de 2024, el presidente Nicolás Maduro lo designó ministro de Industrias y Producción Nacional. Ese cargo ministerial convivió con otro frente judicial. La Fiscalía de Roma cerró en enero de 2026 la causa que investigaba a Saab y a su esposa, Camila Fabri, y reafirmó la inocencia de ambos en un expediente por lavado de dinero que también instruyeron Suiza, Ecuador, Brasil y Colombia. Meses más tarde, el 16 de mayo de 2026, el propio Gobierno venezolano decidió deportar a Saab hacia Estados Unidos. El comunicado oficial del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) justificó la medida en la legislación migratoria del país y señaló que Saab estaba incurso en delitos investigados en Estados Unidos. Diplomacia de canjes con Washington Tres días después de la deportación, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, respondió ante la Plenaria a una pregunta del diputado Luis Florido sobre el caso. Ratificó la nacionalidad colombiana de Saab y sostuvo que «Venezuela no puede obstaculizar ni impedir ningún proceso de deportación». Adelantó, además, que se conocerá el tipo de relación que Saab mantiene con agencias estadounidenses. Rodríguez enmarcó el caso dentro de la diplomacia de canjes que Caracas mantiene con Washington. Recordó que el 20 de diciembre de 2023 viajó a una isla del Caribe para gestionar el intercambio de prisioneros que permitió la liberación de Saab, un mecanismo que, según dijo, también sirvió para recuperar a la niña Maykelis Espinoza Bernal en mayo de 2025 y a 252 migrantes venezolanos que permanecían recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, conocido como Cecot, en julio de ese mismo año. El parlamentario situó esas gestiones dentro de la política exterior del Gobierno bolivariano para repatriar a connacionales detenidos fuera del país. Con Saab de nuevo en territorio estadounidense, la causa entra ahora en la fase de determinación de la pena. En paralelo, las autoridades podrán avanzar en la cooperación pactada con Saab, aunque el alcance de esa colaboración y la información que aportará no se conocen públicamente por el momento. Tampoco el tribunal fijó todavía la fecha de la audiencia de sentencia. Hasta entonces, el cumplimiento de los términos acordados marcará el rumbo de un expediente.

DW Actualidad El presidente de Chile, José Antonio Kast, no descartó este lunes (14.09.2026) indultar a condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), de los cuales un centenar ha enviado solicitudes de perdón que están siendo evaluadas «caso a caso» por el Gobierno. «Cuando hay una solicitud de indulto de una persona, lo que corresponde es analizar los antecedentes (…) Uno no modifica la resolución judicial, sino que utiliza una facultad que tiene el presidente de la República hasta el día de hoy, que no ha sido derogada», sostuvo el mandatario en entrevista con Radio Agricultura. Consultado por el caso específico de Miguel Krassnoff, exmilitar de años, con más de mil años de sentencias por secuestros, torturas, homicidios y desaparición forzada de opositores políticos durante la dictadura, Kast reiteró que los indultos se resuelven «viendo la situación de cada persona». «La mayor discusión que se produce es en caso de presos que están con alguna enfermedad terminal (…) No corresponde que una persona muera en la cárcel», apuntó. Uno de los mayores criminales de lesa humanidad de Chile Kast fue consultado respecto de Krassnoff, uno de los mayores criminales de lesa humanidad de la historia de Chile, debido a una carta dirigida por el exoficial a un parlamentario en la que reivindicó el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende (1970-1973) y aseguró que «no necesito perdones ni favores». En la misiva, el condenado aseguró aspirar a que se «apliquen las leyes vigentes» y que se aproxima una «pronta libertad total». El jefe de Estado subrayó que no aplicará una regla general para resolver los indultos solicitados al Gobierno hasta ahora, en respuesta al planteamiento de las formaciones de derecha Partido Nacional Libertario y Partido Republicano -del que es fundador- para impulsar un perdón general. «Todo sigue en la misma línea, más allá del legítimo derecho de cualquier partido político parlamentario de solicitar una ley de indulto general», señaló. Preocupación por familiares de las víctimas Durante su campaña, Kast se mostró abierto a indultar a exagentes de la policía política de Pinochet. Familiares de víctimas han manifestado preocupación por esta y otras señales del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, como el recorte de cerca de un millón de dólares del programa donde se aloja el plan estatal de búsqueda de detenidos desaparecidos. El indulto presidencial en Chile es una facultad amparada en la Constitución, que permite perdonar, reducir o conmutar la pena de un condenado con sentencia en firme y ejecutoriada.

DW Actualidad Un virulento incendio forestal que afecta a la isla croata de Brac, en el Adriático, obligó esta madrugada a evacuar por mar a cerca de 700 personas ante el avance de las llamas hacia la localidad costera de Milna. Las autoridades ya habían advertido a los residentes de que se prepararan para una posible evacuación, aunque no dieron ninguna orden hasta que un cambio en la dirección del viento hizo que las llamas avanzaran rápidamente hacia zonas habitadas, informó este domingo (13.09.2026) la radiotelevisión pública croata HRT. Dos personas sufrieron heridas leves y fueron trasladadas a un hospital de Split, según HRT. Según la agencia oficial Hina, que citó al jefe nacional de bomberos, Slavko Tucakovic, unas 230 personas fueron evacuadas ya anoche. En total, unas 3.500 hectáreas de pinares quedaron devastadas por el incendio, precisó Hina citando a un responsable de los bomberos de la isla, una de las más grandes del Adriático croata, frente a la ciudad de Split. Ante el deterioro de la situación, cientos de personas se dirigieron hacia la costa y fueron evacuadas durante la noche por mar en una operación en la que participaron la Guardia Costera, autoridades portuarias, embarcaciones de rescate, remolcadores, barcos turísticos y naves privadas. «Los bomberos defendieron durante toda la noche cada una de las casas de la zona amenazada, pero, pese a sus esfuerzos, algunos edificios resultaron dañados», declaró el jefe nacional de Bomberos, Slavko Tucakovic, citado por el medio croata Index. La operación de evacuación comenzó poco después de la medianoche, mientras más de 200 bomberos y varios aviones cisterna participaban en las tareas de extinción. Golpeada por varias olas de calor extremo y por la falta de precipitaciones, al igual que gran parte de Europa, Croacia vivió un verano especialmente seco, favorable a la propagación de incendios forestales.

Telesur Miles de hondureños se movilizaron en la noche de este viernes en Tegucigalpa (capital) en rechazo a las políticas del Gobierno ilegítimo de Nasry Asfura. De manera autoconvocada y pacífica, los manifestantes marcharon desde la colonia Kennedy hasta la casa presidencial, y cuestionaron el aumento a los combustibles, las políticas energéticas y medidas en detrimento de las comunidades originarias y los campesinos. Con pancartas, cánticos y estandartes, durante casi dos horas, los manifestantes reclamaron un tope a los precios de los combustibles por la administración de Asfura, que llegó al Ejecutivo gracias a la injerencia del mandatario estadounidense Donald Trump y un golpe electoral detrás del cual están la traición de consejeras electorales de la derecha para permitir fraude, la intervención de los trolls y granjas de bot del operador de ultraderecha Fernando Cerimedo y el indulto de Trump al narcotraficante confeso, expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), para que regrese a Honduras, controle mafiosamente el país y desde allí dirija una cruzada contra la izquierda latinoamericana, con dineros de Benjamin Netanyahu mediante. Los manifestantes repudiaron la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la más grande de Centroamérica, recuperada por y para el pueblo durante la gestión de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026). En paso inédito, la representante del progresismo proclamó la energía como un derecho humano y por vez primera en la historia de ese país la llevó a los sectores excluidos. Semanas atrás, en coincidencia con el sobreseimiento de Juan Orlando Hernández por cargos de fraude y lavado de activos (en un juicio por presunta financiación ilegal de su campaña electoral en 2013), el Congreso controlado por la derecha aprobó una reforma energética que privatiza la ENEE. En ese momento una diputada de la derecha confirmó que la Embajada estadounidense en Tegucigalpa presionó a legisladores para que votaran a favor de la reforma antipopular. Amenazaron con privar de visas de entrada a EE.UU. a aquellos que no secundaran la iniciativa. Asimismo, los movilizados rechazaron que el Gobierno de Asfura deje desprotegidas a las comunidades garífunas y a los campesinos con una ley que favorece a las grandes empresas y que quita las tierras a quienes históricamente les pertenecen. Desde hace semanas, más de 35 comunidades y organizaciones mantienen un Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna frente a la Corte Suprema de Justicia. Los garífunas, quienes se declararon en desobediencia, volvieron a denunciar un operativo violento realizado en julio de 2026 contra la comunidad de San Juan y la persecución política emprendida contra cinco defensores del territorio: Deinor Osmany Mejía, Irbin René López, Carlos Enrique Guzmán, Onil Hernández y Zara Abigail Acosta Acosta. Manifestantes anunciaron su intención de convocar a otras movilizaciones, siempre los viernes, en las semanas siguientes.

Prensa Latina Quito, 11 septiembre (Prensa Latina).- El Gobierno de Ecuador anunció hoy un nuevo toque de queda en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro del 17 al 30 de septiembre. El ministro del Interior, John Reimberg, precisó que la medida estará vigente cada día en esa fecha desde las 00:00 y las 05:00 (hora local). “El toque de queda será temporal, focalizado y acompañado de un amplio despliegue de seguridad”, indicó el funcionario en su cuenta de X. Señaló que la decisión responde a una necesidad concreta de seguridad y durante ese tiempo aseguró que intensificarán las operaciones “contra las estructuras criminales que pretenden sembrar el miedo y desafiar al Estado”. El anuncio se da un día después que el presidente Daniel Noboa se reuniera con el Consejo de Seguridad Pública y del Estado para tratar nuevas acciones para enfrentar la crisis de seguridad. Reimberg explicó que las operaciones requieren que quienes residen en las provincias mencionadas permanezcan en sus domicilios durante las horas establecidas. Tras remarcar que no se entregarán salvoconductos de ningún tipo, Reimberg precisó que en estos horarios únicamente podrán circular personal de primera respuesta, personal sanitario, personal para atención a emergencias, fiscales y abogados debidamente acreditados para audiencias de flagrancia. En cuanto a medios de comunicación, únicamente podrán realizar coberturas debidamente identificados y siempre acompañando a las fuerzas del orden. «No es una medida contra los ciudadanos, es para protegerlos», acotó Reimberg, al apelar a la «colaboración y comprensión» de los ecuatorianos. Se trata del segundo toque de queda que aplicará el Gobierno en estas provincias en lo que va del año, en donde ya se ejecutó esta medida en abril pasado. En enero de 2024, ante una ola de violencia en calles y cárceles el presidente Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno que propició la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. A pesar de esa y otras medidas que incluyen más de 30 estados de excepción y despliegue de uniformados, persiste la expansión del crimen organizado y entre enero y julio de este año el número de homicidios llegó casi a cinco mil, según datos oficiales. En ese contexto, organizaciones internacionales de derechos humanos presentaron un informe que alerta sobre el deterioro de las garantías democráticas y la criminalización de la sociedad civil en Ecuador en el contexto de la militarización de la seguridad.

Telesur El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue recibido en Lima con una movilización de rechazo en el marco del cierre de su gira oficial por Latinoamérica, la cual incluyó escalas previas esta semana en Colombia y Ecuador. ​Colectivos de izquierda y movimientos sociales calificaron la presencia del alto funcionario estadounidense como un intento de Washington por recuperar “su patio trasero”.  Los ciudadanos marcharon por las céntricas calles de la capital peruana portando carteles con consignas como: “Fuera del Perú Marco Rubio”, “Fuera yanquis” y “No al Escudo de las Américas”, en alusión a la iniciativa de seguridad regional impulsada por la Casa Blanca. ​Durante la manifestación, los participantes denunciaron que la agenda geopolítica de la Administración estadounidense busca condicionar la política exterior de los países latinoamericanos. ​“Marco Rubio representa la política intervencionista de Washington. Basta rememorar lo que está pasando en Palestina y la guerra contra Irán para ponernos al lado de los oprimidos. Lo mismo están intentando hacer en América Latina”, afirmó uno de los manifestantes, tras recordar que China se mantiene actualmente como el principal socio comercial de la mayoría de los países de la región. ​Por su parte, activistas locales advirtieron que la integración al proyecto de seguridad estadounidense compromete la soberanía y la diversificación de mercados del país. ​“Formar parte del Escudo de las Américas supone asumir la condición de patio trasero de Estados Unidos y renunciar a alianzas con otros actores globales. ¿Acaso podremos ingresar a los BRICS o concretar acuerdos comerciales con Rusia si nos subordinamos a ese esquema?”, cuestionó una de las asistentes. ​Reunión oficial con Keiko Fujimori ​Al igual que ocurrió durante sus visitas a Bogotá y Quito, se prevé que Marco Rubio sostenga un encuentro oficial con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.  La reunión tiene como objetivo central afianzar los acuerdos bilaterales en materia de defensa, inteligencia y control migratorio, consolidando el alineamiento del Ejecutivo peruano con la estrategia de seguridad promovida por la Casa Blanca.

Telesur A un mes del fuerte terremoto que sacudió al país, las comunidades de Colombia se reconstruyen sin apoyo estatal, reflejando el profundo abandono institucional y la falta de respuestas efectivas por parte del Gobierno nacional encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella. En ciudades como Pereira y Cali, los habitantes, comerciantes y vendedores informales continúan removiendo escombros y sobreviviendo en albergues improvisados, mientras reclaman la ausencia de una ruta clara para la llegada de los recursos económicos destinados a la emergencia. En la capital del departamento de Risaralda, el centro comercial y bancario intenta retomar su dinámica diaria entre edificaciones con daños parciales o totales. Las cifras oficiales indican que 10.000 viviendas sufrieron afectaciones, centenares de construcciones colapsaron y 40.000 personas quedaron en condición de vulnerabilidad. El alcalde Mauricio Salazar estimó que la reconstrucción de la ciudad costará 3.211 millones de dólares. Este lunes, durante un recorrido por las calles de la ciudad, el gerente del Fondo Milagro para la Reconstrucción de la Gran Pereira, Jaime Uribe, constató los daños junto al mandatario local y el persistente reclamo ciudadano ante la falta de una política fija del gobierno nacional para la llegada de los recursos. Frente a este panorama, la alcaldía destinó fondos propios para atender a 100 beneficiarios del sector informal, habilitó líneas de crédito comercial y puso en marcha la política local denominada «techos para las familias afectadas» para socorrer a 4.000 hogares. Cali: albergues bajo plásticos, historia y críticas a la gestión gubernamental Santiago de Cali atraviesa una situación crítica a casi un mes de la tragedia, que dejó 154 víctimas mortales, 14 desaparecidos y más de 45.000 afectados en la región. En los sectores más vulnerables de Chimancos —Altos de Santa Elena— y Chiminangos, alrededor de 800 familias permanecen en albergues improvisados bajo carpas y plásticos. La crisis también golpea al emblemático edificio República de Venezuela, inmueble donado en el pasado por el Gobierno venezolano tras la tragedia de 1956, cuando la explosión de 7 carros cargados con 42 toneladas de dinamita dejó 4.000 muertos. Actualmente, varias familias han tenido que evacuar la edificación por temor a sus vidas ante la falta de subsidios de arrendamiento efectivos y diagnósticos de seguridad claros. La ciudadanía y diversos congresistas del Pacto Histórico han cuestionado duramente al Ejecutivo nacional, calificando como un evento grosero la entrega simbólica de llaves de viviendas por parte del presidente Abelardo de la Espriella mientras los habitantes continúan bajo plásticos sin garantías para después de un subsidio temporal de 15 días. Las críticas también alcanzaron al artista de reguetón Nicki Jam, quien recriminó al mandatario por utilizar los recursos enviados por él para hacer política con el drama de los damnificados, obligando a la población a subsistir únicamente gracias a la solidaridad de los colombianos.

Página 12 En el marco de un plan de lucha que desencadenará en una nueva marcha federal en octubre, las universidades de todo el país cerraron sus puertas este martes por un paro de docentes y no docentes, consensuado por todas las federaciones gremiales del país. Según revelaron las organizaciones gremiales, el nivel de adhesión fue “contundente” y se lo atribuyen a que el Gobierno hizo “una parodia de negociación paritaria” días atrás, cuando les ofreció a los trabajadores un aumento del 3 por ciento, muy lejano al 31,2 de recomposición adeudado, según lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario. Los siguientes pasos en la próxima semana serán el dictado de clases públicas el martes 15 y un acto en el Palacio Pizzurno el jueves 17. El Gobierno, en tanto, sigue con su pantomima y le asegura a la Justicia que está cumpliendo con la ley. En junio de este año, y con la sumatoria de infinitos reveses judiciales, el Gobierno parecía empezar a mostrar indicios de saldar su deuda con las universidades nacionales. Al menos de esa forma lo habían tomado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios. Por esa razón, firmaron un acuerdo que estableció un aumento del 21,3 por ciento a cobrar en julio, otro 3 por ciento en octubre y la promesa de una nueva paritaria para septiembre, además del giro de fondos para el funcionamiento de las instituciones y hospitales universitarios. Sin embargo, la “oferta” de un 3 por ciento puesta en la mesa por la gestión libertaria terminó por colmar la paciencia de rectores y gremialistas. “El paro fue contundente, porque confluyeron todas las federaciones y todos los sindicatos de docentes y no docentes del país. Es decir, las facultades estaban literalmente cerradas. En ese sentido, la evaluación es del 100 por ciento de acatamiento”, explicó el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades de Buenos Aires (Feduba), Pablo Perazzi. Para él, el acatamiento de la medida de huelga “obedece a que el gobierno sigue incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario, haciendo un ‘cómo sí’ de la negociación paritaria, porque no hay ninguna negociación. Te tiran un número que no es negociable, es lo que pretenden que se firme. Bueno, eso es una parodia de negociación paritaria, así que se rechazó de plano y se avecina un escenario a futuro de mucha más conflictividad”, vaticinó Perazzi. La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD), Laura Carboni, también atribuye el acatamiento total del paro a la oferta del Ejecutivo. “Hay mucha bronca, lógicamente. El 3 por ciento que el Gobierno ofreció el 1 de septiembre calentó el ambiente”, expresó y agregó que “en el día de ayer, que el Gobierno tenía el tiempo límite para informar qué era lo que estaba haciendo con la Ley de Financiamiento, presentó un informe donde decía que había cumplido ya con la Ley y con la cautelar, lo cual no es cierto porque todavía nos están adeudando más del 30 por 100 de aumento salarial”, profundizó. En el escrito al que hace referencia Carboni, el Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, aseguró que “las medidas administrativas, los actos resolutivos emitidos y las asignaciones presupuestarias” ejecutadas hasta la fecha “acreditan el cumplimiento efectivo, integral y continuo de la medida cautelar dictada, así como la recomposición de las asignaciones de los programas de becas del estudiantado universitario”, sostuvieron desde la Subsecretaría a cargo de Alejandro Álvarez. Para fundamentar esto, hicieron referencia al acuerdo pactado con el CIN y los gremios en junio —firmaron un aumento del 21,3 por ciento en julio y otro 3 por ciento en octubre—, además de la paritaria de septiembre que fracasó por la baja oferta, todo esto sin mencionar que todavía adeudan más del 30 por ciento del aumento que le corresponde a los universitarios. Además, revelaron que, como las negociaciones no llegaron a buen puerto, “se estableció un cuarto intermedio hasta el 17 de septiembre de 2026 para continuar la negociación”. Ante esto, Perazzi subrayó que en el acuerdo de junio “se había acordado un aumento de partidas para gastos de funcionamiento y para hospitales y eso tampoco se cumplió”. Por su parte, el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), Emiliano Cagnacci, sostiene que “nosotros creemos que la medida del paro en sí es una medida que se agota, si no pasa a ser parte del folclore”. Por esa razón, el próximo 15 de septiembre, cuando el Gobierno nacional presente el Presupuesto para el año próximo en la Cámara de Diputados, “vamos a salir a la calle docentes, no docentes y estudiantes en clases públicas para contarle a la sociedad que el Gobierno sigue sin cumplir la ley, sigue desobedeciendo la orden judicial de la Corte Suprema, sigue dándonos la espalda en cuanto al cumplimiento de la vida democrática”. Con el objetivo de sumarle fuerza al reclamo, Laura Carboni sostuvo que la próxima marcha federal “tiene que ser en conjunto con los sectores de ciencia y tecnología, porque están atravesando una situación muy similar a la de las universidades”, expresó.

Prensa Latina Ciudad de México, 7 septiembre (Prensa Latina).- La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó hoy a México como un país libre, independiente y soberano que “no es ni será colonia ni protectorado” de otra nación, tras una publicación de su homólogo estadounidense, Donald Trump. “En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”, expresó la jefa del Ejecutivo a través de su cuenta en la red social X. La difusión del mensaje ocurre luego de que el magnate compartiera en su perfil de Truth Social un mapa donde se muestra a México y a otros territorios cubiertos con el diseño y los colores de la bandera de Estados Unidos. El Gobierno de México ha mencionado en varias ocasiones la existencia de colaboración con Washington en diversas áreas, pero ha dejado claro que la soberanía de este país no está en negociación y que ambas naciones cooperan, pero sin subordinarse.