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Rusia Today La reciente aprobación por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de aumentar los gastos en defensa hasta un 5 % del PIB de los países miembros «alimenta la carrera armamentística», así lo aseguró este domingo el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. «Nos enfrentamos a un número de conflictos sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. La reciente decisión de la OTAN alimenta la carrera armamentística. Es más fácil destinar el 5 % del PIB al gasto militar que el prometido 0,7 % a la Ayuda Oficial al Desarrollo», denunció el mandatario en su discurso en la sesión de Paz y Seguridad en el marco de la cumbre de los BRICS, que se lleva a cabo estos días en Río de Janeiro. Según Lula, esto demuestra que los recursos para implementar la agenda 2030 de la ONU sobre el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza en el mundo, «sí existen, pero no están disponibles por falta de prioridad política». «Siempre es más fácil invertir en la guerra que en la paz», expresó el presidente brasileño al cuestionar la decisión. Esta jornada arrancaron las reuniones multilaterales de la cumbre de los BRICS, en un contexto internacional marcado por una escalada de tensiones en Oriente Medio tras los recientes ataques de EE.UU. e Israel contra Irán. La cumbre, que se celebra en el Museo de Arte Moderno, es la cita más relevante de los países miembros y socios del grupo en 2025.

DW La organización humanitaria salvadoreña Cristosal denunció el sábado que la abogada Ruth López, jefa de su unidad anticorrupción y considerada «presa de conciencia» por Amnistía Internacional, fue trasladada «arbitrariamente» a una cárcel de condiciones más severas, pese a que presenta afecciones de salud. La activista de 47 años fue detenida el 18 de mayo acusada por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito, en un caso que organismos internacionales ven como parte de una ofensiva del gobierno de Nayib Bukele contra las voces críticas y las ONG de derechos humanos. López fue llevada de la delegación de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil en San Salvador a la cárcel de Izalco, ubicada 70 km al oeste de San Salvador, donde hay una sección para mujeres. «Denunciamos el traslado arbitrario de Ruth López a Izalco y su incomunicación con su familia y defensa», aseguró en un comunicado Cristosal, según la cual esa situación «genera incertidumbre sobre su estado real». Fue trasladada «arbitrariamente» pese a una orden judicial previa «que ordenaba mantenerla en la delegación por razones de salud», agregó Cristosal, sin precisar cuáles y tras lamentar que los familiares no han podido entregar los medicamentos que necesita. López, crítica de la política de seguridad de Bukele, investigaba supuestos casos de corrupción gubernamental y asistía también a familiares de venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados en El Salvador. Expertos de la ONU han pedido la protección de la abogada, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que tramita medidas cautelares. Además del arresto de López, en mayo fueron detenidos un abogado ambientalista, un líder comunal y un abogado constitucionalista que ha criticado fuertemente a Bukele y le ha llamado incluso «dictador».

Telesur Intensas lluvias en el condado de Kerr, al centro de Texas, Estados Unidos (EE.UU.) causaron la muerte de al menos 13 personas y dejado a más de 20 niñas desaparecidas en un campamento de verano debido a las inundaciones, según informes de las autoridades locales.  Las lluvias torrenciales que azotaron la región durante la noche del jueves a las de este viernes provocaron un rápido aumento del río Guadalupe, desatando una emergencia por inundaciones repentinas en la zona conocida como Texas Hill Country. El río Guadalupe, que atraviesa el condado de Kerr, creció aproximadamente 26 pies en solo 45 minutos, según informó el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, quien asumió funciones como gobernador interino. Este fenómeno, descrito como un evento de «nivel catastrófico» por el campamento Mystic, un centro cristiano para niñas, ha afectado gravemente a las comunidades ribereñas, incluidas áreas con campamentos y zonas recreativas populares durante el verano.  Las autoridades han confirmado que el nivel del río alcanzó su segundo mayor registro histórico, superando incluso las inundaciones de 1987 en la región. El campamento Mystic, ubicado cerca de Kerrville, albergaba a unas 750 niñas al momento del desastre.  Las autoridades indicaron que, de las 750 asistentes al campamento, aproximadamente 20 niñas permanecen desaparecidas.  Equipos de rescate, incluyendo la Guardia Nacional, Texas Game Wardens y bomberos del condado de Bexar, han desplegado operaciones con botes y helicópteros para buscar sobrevivientes en las aguas de rápido movimiento. Bob Fogarty, meteorólogo de la Oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Austin/San Antonio indicó que las lluvias, que dejaron hasta 10 pulgadas (25 centímetros) de precipitación en pocas horas, provocaron un aumento de 22 pies en el nivel del río Guadalupe en la comunidad de Hunt, donde el medidor de agua quedó sumergido tras registrar 29.5 pies. “El agua se mueve tan rápido que no te das cuenta de lo grave que es hasta que está encima de ti”, afirmó Fogarty en una declaración a la prensa. El condado de Kerr, situado a unos 105 kilómetros al noroeste de San Antonio, ha sido declarado en estado de emergencia.

Prensa Latina Buenos Aires, 3 julio (Prensa Latina).- La expresidenta de Argentina Cristina Fernández destacó la visita del dignatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva con quien compartió durante una hora, la cual calificó de “acto político de solidaridad”. En sus redes, la exmandataria compartió que Lula “estuvo en mi casa, donde estoy bajo detención domiciliaria por decisión de un Poder Judicial que hace tiempo dejó de disimular su subordinación política y se convirtió en un partido político al servicio del poder económico”. El mandatario brasileño viajó a Buenos Aires para participar en la Cumbre del Mercosur y luego de la cita aprovechó para abrazar a Cristina en su departamento del barrio porteño de Constitución. En su descarga, Cristina recuerda que “Lula también fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso, también intentaron callarlo. No pudieron. Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto. Por eso hoy su visita fue mucho más que un gesto personal: Fue un acto político de solidaridad”, escribió. “Los ojos del mundo están viendo con atención como Argentina vive una auténtica deriva autoritaria de la mano del gobierno de Milei, en lo que podemos identificar como terrorismo de Estado de baja intensidad”, advirtió. Recordó que el miércoles la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo detener a varias compañeras. Todas ellas… mujeres, jóvenes y militantes, a pedido del legislador José Luis Espert, para quien sus opositores solo merecen «cárcel o bala». Eso “lo vimos el pasado 18 de junio, cuando estuvieron identificando y hostigando a las personas que marchaban para movilizarse a Plaza de Mayo”, en referencia a la gigantesca manifestación en su apoyo y de protesta contra la condena avalada por la Corte Suprema de Justicia y cómo la gendarmería detuvo requisó ómnibus, bajo a pasajeros, retrató sus identificaciones entre otras amenazas. “Nos costó demasiado construir la democracia argentina como para permitir que ahora, paso a paso, la desmantelen. Sin embargo, esa misma democracia hoy está siendo vaciada desde adentro por un gobierno que se dice libertario, pero que solo le da libertad a los más ricos”, consideró la expresidenta. Añadió que esa manifestación antidemocrática se puede ver cotidianamente en los ataques y violaciones a la libertad de prensa, y citó que Reporteros Sin Fronteras señaló que Argentina fue el país con la mayor caída en libertad de prensa del mundo, 47 posiciones en los dos años que lleva Milei de presidente. Se refirió también al nuevo plan de inteligencia nacional secreto que autoriza el espionaje interno a todo aquel que “erosiono la confianza” en el relato oficial. Y como si fuera poco, ahora Bullrich quiere que la Policía Federal pueda vigilar lo que gente sube a las redes sociales sin orden judicial, además de hacer detenciones preventivas sin que exista delito alguno, escribió. “Esta es la deriva autoritaria… Este es el Terrorismo de Estado de baja intensidad que vive Argentina”, recalcó en su largo descargo en las redes sociales al analizar la situación política del país.

DW Actualidad El equipo de la Fiscalía que investiga el caso Lava Jato en Perú amplió a 35 años el pedido de prisión para Keiko Fujimori por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, lavado de activos y otros, a partir de la financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016. El Ministerio Público informó en un comunicado que la petición fue incluida en la nueva presentación de la acusación penal del llamado ‘caso cócteles’, después de que el juicio oral, en el que pedía 30 años de cárcel para Fujimori, fuera anulado en abril pasado y el proceso devuelto a la etapa previa de acusación. Pérez imputó este miércoles a Fujimori y a los exdirigentes fujimoristas Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona y Augusto Bedoya. Incluyó también al exesposo de Fujimori, Mark Vito Villanella, y a Ana Cecilia Matsuno, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna, Luis Mejía y Rafael Herrera, así como al partido Fuerza Popular y a la empresa MVV Bienes Raíces, como personas jurídicas. Sobreseimiento a 19 investigados Además de los 35 años de prisión para la hija y heredera política del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), el fiscal solicitó que se le impongan 730 días multa, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos agravado en organización criminal, en concurso con falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. En su petición, Pérez también requirió el sobreseimiento de 19 investigados y el sobreseimiento parcial de dos de ellos. El Ministerio Público remarcó que con la presentación de la acusación penal se dio cumplimiento a una resolución emitida en 2023 por el Tribunal Constitucional (TC) por lo que el caso pasará ahora a la etapa de control de acusación. La anulación del anterior juicio oral El pasado 3 de abril, la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial declaró infundada una apelación presentada por Pérez, con lo que ratificó la decisión de anular el juicio contra Fujimori, en respaldo de la decisión del TC. El Constitucional había ordenado que se anule la acusación contra José Chlimper, al que supuestamente no se le permitió conocer oportunamente todos los cargos que se le imputaban. Además de ordenar que la Fiscalía emitiera una nueva acusación ajustada a procedimiento, el tribunal también aseguró que había vicios en el auto de enjuiciamiento que hacían insostenible la continuidad del juicio oral, que había comenzado formalmente el 1 de julio de 2024. Esta medida obligó al Ministerio Público a elaborar nuevamente parte de la investigación y a presentar una nueva acusación, tras lo cual un juez deberá decidir si abre un juicio oral. Entre los supuestos aportantes irregulares a las campañas de Fujimori están la empresa brasileña Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos, pero el partido fujimorista sostiene que los fondos fueron recogidos en una serie de cocteles en los que participaron simpatizantes.

Telesur El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó este martes su rechazo a la reciente inauguración del centro de detención para migrantes «Alligator Alcatraz» en los Everglades, Estados Unidos. Petro advirtió que esta medida impacta directamente a ciudadanos colombianos que buscan oportunidades laborales en territorio estadounidense. El mandatario manifestó su disconformidad a través de su cuenta en la red social X, declarando: «Estoy en completo desacuerdo con estos campos de concentración para migrantes, muchos de ellos colombianos. El migrante es un trabajador, y el trabajo es la fuente de la riqueza según la economía política clásica.» En esta misma línea, Petro enfatizó que al encarcelar la riqueza, «entonces lo que viene es la pobreza,» en alusión al centro, el cual, según el presidente estadounidense Donald Trump, ofrece un método de «disuasión natural» por estar rodeado caimanes. Adicionalmente, el inquilino de la Casa Blanca ironizó sobre los migrantes, sugiriendo que «les vamos a enseñar a huir de un caimán» y aconsejando correr en zigzag para escapar. Alligator, situada a unos 60 kilómetros de Miami, se estableció en una pista de aterrizaje adaptada con tiendas de campaña y remolques de emergencia. Organizaciones defensoras de derechos humanos han calificado esta instalación como un «campo de concentración moderno», denunciando que vulnera los derechos fundamentales de personas que no han cometido delitos ni han tenido un debido proceso judicial. La construcción de este centro, con capacidad para 5.000 personas ha generado críticas adicionales. El pasado sábado 28 de junio cientos de activistas, indígenas y ambientalistas se congregaron en el Parque Natural de los Everglades, al oeste de Miami, para manifestar su rechazo a la cárcel migratoria. Los manifestantes denunciaron los impactos ambientales devastadores que la prisión podría generar, debido su ubicación en un paraje natural de valor ecológico, así como las condiciones que consideran inhumanas a las que serían sometidos los detenidos. La política migratoria de Trump, iniciada con su segundo mandato en enero de 2025, ha intensificado las detenciones y deportaciones, afectando a miles de latinoamericanos, incluidos colombianos, venezolanos y haitianos, a quienes se les han revocado permisos temporales de residencia.

Agencia y RT La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador sentenció este lunes a 13 años al exvicepresidente, Jorge Glas, por el delito de peculado, señalado de malversar fondos recaudados para la reconstrucción de la provincia de Manabí tras un devastador terremoto de 7,8 en 2016. El tribunal, integrado por los doctores Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier de la Cadena, determinó la culpabilidad tanto de Glas como de Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción. Para ambos dispuso la pena máxima. Durante la audiencia de juzgamiento, Caicedo también indicó que Glas y Bernal tendrán que pagar 250 millones de dólares (125 millones cada uno) y pedir disculpas públicas, refiere la prensa local. La Fiscalía General del Estado formalizó en marzo pasado la acusación contra Glas y otras ocho personas, por las sospechas de «abuso de dinero público en beneficio de terceras personas», que fueron «contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia». El exvicepresidente fue recluido en la prisión de máxima seguridad La Roca, en las afueras de Guayaquil, luego de que a principios de abril de 2024 fuera arrestado durante el asalto de la fuerza pública ecuatoriana a la Embajada de México en Quito, donde se encontraba refugiado bajo el paraguas diplomático de asilo político. «La sentencia ya estaba escrita» Glas fue vicepresidente (2013–2017) durante parte del mandato de Rafael Correa y, precisamente, el exmandatario repudió el dictamen en algunos mensajes publicados en X, red social en la cual aseveró que «la sentencia ya estaba escrita, solo faltaba el juicio». «Esto es realmente DEMENCIAL. En el caso Reconstrucción ni siquiera hay delito, peor aún un peculado para la pena máxima. ¿La Academia no va a levantar la voz ante esta monstruosidad? ¿Tan bajo hemos caído?», cuestionó Correa.

Telesur Audios y fuentes cercanas a la Casa Blanca revelan que Álvaro Leyva, excanciller de Colombia, intentó coordinar con asesores de Donald Trump una salida forzada del presidente Gustavo Petro. Las filtraciones también implican a la vicepresidenta, Francia Márquez. Testimonios —publicados por el diario español El País— exponen un intento de Leyva de articular con figuras republicanas en Estados Unidos, la salida del presidente Gustavo Petro. Las grabaciones, en poder de inteligencia colombiana, detallan reuniones con asesores de Donald Trump, acusaciones sin sustento público contra Petro y un plan para instalar a la vicepresidenta Francia Márquez en su lugar. Según las fuentes, Leyva —quien fuera uno de los hombres de mayor confianza de Petro— viajó en abril a Washington para buscar complicidad en sectores cercanos al exmandatario estadounidense. Su objetivo: generar «presión internacional» que justificara la destitución del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. La estrategia incluiría difundir acusaciones de drogadicción contra Petro y negociar con actores armados para desestabilizar el país. Los audios muestran a Leyva asegurando tener «evidencias» que inhabilitarían a Petro. Los dialogos se habrían dado en paralelo a las cartas publicadas en las redes sociales del excaciller en las que denuncia supuestos problemas de adicciones del mandatario colombiano que lo habrían llevado a realizar acciones y tomar decisiones perjudiciales para el país. De hecho, Leyva pidió públicamente que el presidente diera un paso al costado. El material difundido muestra conversaciones en las que menciona a figuras clave: desde el senador Marco Rubio hasta la periodista Vicky Dávila. También revela contactos con el congresista Mario Díaz-Balart, aliado de Trump, y sugiere incluir en el plan a Miguel Uribe, líder del opositor Centro Democrático que fue baleado el pasado 7 de junio y que se encuentra en estado crítico. Francia Márquez Los testimonios filtrados por la Inteligencia colombiana también apuntan a la vicepresidenta Francia Márquez. Leyva afirma en las grabaciones que la vicepresidenta estaba «jugada» en la estrategia, citando mensajes privados donde ella prometía «firmeza» para el 31 de marzo, fecha elegida por Leyva para deponer al jefe de Estado. Según la nota del periódico español, Petro confrontó a Márquez tras recibir la filtración de parte de la Inteligencia colombiana y le exigió un desmentido público, pero ella se habría negado. Este domingo, tras la publicación de El País, Márquez publicó una carta en sus redes sociales en la que señala tener «la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme»; y agrega: «Respeto profundamente el orden constitucional, y dentro de este, la figura del presidente de la República como símbolo de la unidad nacional.» En ese momento el presidente colombiano calificó las acciones de Leyva como un intento de «golpe de Estado» y ordenó investigaciones. Sin embargo, el excanciller —ahora refugiado en Madrid— niega las acusaciones. Por su parte, fuentes cercanas a la Casa Blanca confirmaron a El País que la administración Trump nunca consideró respaldar el plan. El escándalo refleja las profundas divisiones en el oficialismo. Leyva, un conservador histórico, fue clave en la «paz total» y el acercamiento con Venezuela, pero su salida del gobierno en 2024 —por irregularidades en una licitación— lo llevó a actuar por cuenta propia.

Agencias y RT Cientos de miles de personas se congregaron este sábado en la capital de Irán para asistir al funeral de los comandantes y científicos nucleares del país asesinados durante el conflicto con Israel. La agencia AP destaca que la comitiva se extendía a lo largo de los 4,5 kilómetros de la avenida principal de Teherán, mientras los medios estatales cifraron la asistencia en más de un millón de personas. La multitud acompañó a los féretros portando pancartas y coreando cánticos como «muerte a Israel» y «muerte a Estados Unidos». A la ceremonia asistieron altos cargos del país, entre ellos el presidente Masoud Pezeshkian, el ministro de Asuntos Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, y el jefe de la unidad militar de élite Fuerza Quds, Esmail Qaani, informa Press TV.  «Los iraníes dieron la sangre, no la tierra; dieron a sus seres queridos, no el honor; resistieron una lluvia de bombas de mil toneladas, pero no se rindieron», escribió Araghchi en sus redes sociales. Se trata de los primeros funerales públicos de altos mandos desde el alto el fuego entre Irán e Israel. La televisión estatal iraní informó que las exequias fueron en honor de 60 personas fallecidas, entre ellas, cuatro mujeres y cuatro niños.  En total, los ataques israelíes contra el país persa causaron la muerte de al menos 627 civiles, según el Ministerio de Sanidad y Educación Médica iraní.

Telesur Las autoridades del municipio colombiano de Bello, elevaron a 16 el saldo de fallecidos por un deslizamiento de tierra ocurrido a inicios de esta semana. El gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó en la red X, la nueva cifra de fallecidos y añadió que hasta el jueves al menos ocho personas se encuentran desaparecidas. El martes la cifra inicial fue de 10 víctimas mortales. Por su parte la alcaldesa de Bello, Lorena González, aseguró que «la tierra todavía está inestable» y «hay mucho riesgo» para los rescatistas. Equipos de rescatistas continúan las labores de búsqueda y rescate entre toneladas de barro y tierra para encontrar sobrevivientes o cuerpos de víctimas en una montaña. Las intensas lluvias caídas en la zona desbordaron un río cercano causando el derrumbe. El alud de lodo y tierra sepultó varias viviendas. Alrededor de 1.000 personas evacuaron sus hogares y fueron ubicadas en albergues temporales, ante alertas de posibles nuevos deslizamientos. La temporada de lluvias en Colombia afectó este año a por lo menos 120.000 familias, según un balance de la estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.