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Prensa Latina Buenos Aires, 26 junio (Prensa Latina).- El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró hoy que ya fueron cesanteados más de 50 mil 500 trabajadores de entidades públicas lo que significa, según sus cálculos, ahorrar dos mil millones de dólares. El ministro se vanaglorió luego que el presidente Javier Milei oficializó la eliminación del feriado por el Día del Empleado Público que cada año se celebra el 27 de junio (mañana), aunque la respuesta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) no se hizo esperar: Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, manifestó que de todas maneras todos los gremios que integran esta federación se tomarán el día de todas maneras en son de protesta, que incluye la demanda por mejora salarial y contra la política de ajuste del gobierno nacional y, además, presentó una denuncia penal en la justicia laboral contra el decreto de Milei. «Sigue la motosierra. Recordemos que cada peso que ahorra el Estado es un peso menos de impuestos que pagamos los ciudadanos. Ya vamos por un ahorro anual de dos mil millones de dólares. Por eso la motosierra es tan popular”, escribió Sturzenegger a manera de pretexto en X. El impulso de Sturzenegger, quien fue director del Banco Central de la República Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), por desregular y reestructurar organismos descentralizados no solo genera tensiones internas, sino que también tiene implicancias geopolíticas y económicas de largo alcance, apuntan los analistas políticos. Acorde con estadísticas oficiales, solo en mayo se perdieron dos mil 864 empleos en entidades estatales. A ese ritmo, desde diciembre de 2023 el recorte ya alcanzó a 50 mil 591 trabajadores. De ese total, 29 mil 499 corresponden a la Administración centralizada y descentralizada, 15 mil 592 a Empresas del Estado y cinco mil 500 a Personal Militar y de Seguridad.

Página 12 El pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó la denominada Ley Orgánica de Integridad Pública, entre cuyas medidas establece el endurecimiento de penas contra menores de edad, lo que causó la preocupación de Unicef, que en un comunicado calificó la norma como una reforma regresiva. La ley, impulsada por el presidente Daniel Noboa, fue aprobada con 84 votos a favor de un total de 151 asambleístas que componen el Legislativo ecuatoriano, frente a 62 votos en contra y 2 abstenciones. El texto aborda cuatro ejes: la contratación pública; el fortalecimiento institucional del sector público, la gestión pública en su conjunto, y la erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez del país.  Es precisamente en el último punto donde se establecen penas de hasta quince años de privación de libertad para menores de edad que cometan delitos de gravedad relacionados con el crimen organizado. Este planteamiento busca, de acuerdo al Gobierno, disuadir a los menores tras haber crecido el reclutamiento de adolescentes por parte de las bandas criminales a las que Noboa declaró la «guerra» desde inicios de 2024 para combatir la escalada de violencia criminal en la que está inmerso el país. Desde enero a junio de 2025, entre 1.200 y 1.300 menores fueron arrestados como parte de las acciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas criminales, detalló el ministro de Inclusión, Hardol Burbano, a la agencia de noticias EFE. Más de 3.500 menores fueron detenidos el año pasado por la misma causa, precisó la semana pasada el ministro del Interior, John Reimberg, tras la primera reunión del «Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños», establecido por la presidencia de Noboa. El Gobierno de Ecuador prevé además tener en 30 días un plan de políticas públicas para prevenir el reclutamiento de menores de edad por el crimen organizado, según señaló entonces Reimberg. «Reformas regresivas» En su comunicado difundido en la red social X, Unicef indicó que la nueva medida del gobierno de Noboa aprobada en el Congreso ecuatoriano afectará gravemente a los adolescentes: «Ante la aprobación de la Ley de Integridad Pública, Unicef manifiesta su preocupación por la incorporación de reformas regresivas al sistema de justicia penal juvenil que afectan gravemente a los adolescentes». «Unicef enfatiza en que este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad, y contravienen la Constitución de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Ecuador», afirmó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. «Incluso podrían empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar la posibilidad de reintegración para los adolescentes», añadió, además de instar a las autoridades del Estado a garantizar de manera efectiva los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Telesur Se cumplieron cien días de detención ilegal para 252 ciudadanos venezolanos, quienes permanecen secuestrados y recluidos sin condena en una prisión de máxima seguridad en El Salvador, diseñada originalmente para albergar a terroristas. Fueron expulsados por causas migratorias, pero desde entonces no han sido procesados formalmente ni han tenido acceso a un juicio justo, lo que ha despertado condenas a nivel nacional e internacional, especialmente por parte de organismos de derechos humanos. El encierro, descrito como un «calvario» por activistas y familiares, se produce bajo un régimen de excepción, aplicado en este país centroamericano como una herramienta de combate al crimen organizado, pero que ahora se utiliza contra migrantes sin antecedentes penales. Esta medida, considerada inconstitucional por algunos sectores, ha incomunicado totalmente a los detenidos, negando acceso incluso a sus abogados y parientes. Las 252 familias de estos venezolanos, desde Caracas hasta Maracaibo, han levantado su voz durante semanas, exigiendo respuestas a los gobiernos de El Salvador y de Estados Unidos. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha establecido ningún canal oficial de comunicación, y las condiciones de reclusión siguen rodeadas de opacidad. Organizaciones sociales como el Bloque de Rebelión Popular, junto con un cuerpo de abogados contratados en Estados Unidos, han presentado diversos recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, la Sala de lo Constitucional y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Entre las acciones destacan habeas corpus, recursos de inconstitucionalidad y solicitudes de comunicación directa con los familiares, todos sin una resolución satisfactoria hasta la fecha. El viernes pasado, la Sala de lo Constitucional emitió una respuesta parcial a algunos de los recursos, pero los abogados aseguran que fue meramente formal. Este sábado, en un nuevo intento por romper el cerco de silencio, el equipo legal presentó un escrito ajustado a los requerimientos legales conocidos como “advertencias”, con la intención de forzar al sistema judicial a actuar conforme al derecho internacional y salvadoreño. Mientras tanto, la angustia se multiplica. “Estos 100 días no solo han sido un martillo para los detenidos, también lo han sido para sus familias”, expresó uno de los voceros del equipo legal. “El debido proceso ha sido violentado en todos sus niveles”. Desde Venezuela, diversas organizaciones de derechos humanos y familiares han reiterado su exigencia de liberación inmediata o, en su defecto, una audiencia judicial transparente que permita ejercer el derecho a la defensa. El gobierno venezolano, aunque ha hecho gestiones diplomáticas, no ha logrado avances concretos en la liberación de sus ciudadanos. En El Salvador, la situación genera cada vez más controversia, ya que sectores civiles, académicos y religiosos cuestionan la legalidad de la detención prolongada sin cargos ni sentencia. Mientras tanto, las voces que exigen justicia crecen, y el silencio institucional persiste. La prisión se convierte, cada día más, en un símbolo de la criminalización de la migración en la región.

Prensa Latina Bogotá, 23 jun (Prensa Latina) La Tercera División del Ejército Nacional de Colombia confirmó hoy que, en coordinación con la policía lograron rescatar a 57 militares secuestrados en una zona rural de El Tambo, Cauca. De acuerdo con la información, aun en desarrollo, esos efectivos fueron secuestrados por la población civil constreñida por el grupo armado organizado residual Carlos Patiño La presión sostenida de las tropas permitió la captura en flagrancia de los presuntos secuestradores, detalló la Tercera División por medio de su perfil en X. Agregó que el Ejército de Colombia mantiene su despliegue en el Cañón del Micay, reafirmando su compromiso de garantizar el control territorial, proteger a las comunidades y restablecer la tranquilidad en esta zona del suroccidente del país. Ayer, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, por medio de un comunicado condenó el secuestro de los 57 uniformados en la vereda La Hacienda en Cauca, “por integrantes de la estructura criminal ‘Carlos Patiño’, que instrumentalizaron a cerca de 200 personas de las comunidades para participar en este delito”. Esto no es solo un secuestro. Es una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario. Utilizar civiles como escudos humanos es un crimen que busca impedir el avance de la Fuerza Pública y de las instituciones del Estado para llevar inversión social y justicia en una de las regiones más golpeadas por la violencia, enfatizó.

Agencias y RT Un total de 57 militares colombianos han sido capturados por un grupo armado en el suroeste del país, comunicó el domingo el Ministerio de Defensa del país latinoamericano. «Hoy, 4 suboficiales y 53 soldados profesionales permanecen privados de su libertad en contra de su voluntad. Estos hechos no solo son una violación grave a sus derechos fundamentales, sino también una afrenta directa contra el Estado colombiano», reza el comunicado. El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, precisó que el secuestro se efectuó en la vereda La Hacienda, municipio de El Tambo, Cauca. «Este crimen es responsabilidad de la estructura criminal ‘Carlos Patiño’, del cartel de alias ‘Mordisco’», añadió el funcionario. El organismo militar señaló que el grupo «de forma cobarde instrumentaliza a las comunidades para obstruir la labor legítima de la Fuerza Pública en el suroccidente del país». El Ejército Nacional sigue desplegado en la zona,» trabajando para garantizar el retorno seguro de los militares secuestrados, restablecer el orden y proteger a las comunidades», señaló el Ministerio.

Telesur La Fiscalía de Colombia anunció el viernes que imputó a una cuarta persona por su presunta participación en el atentado contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, tiroteado el pasado 7 de junio en un acto político en Bogotá. A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que el nuevo imputado responde al nombre de William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’ o ‘El Viejo’, a quien se le atribuyen los delitos de tentativa de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones; uso de menores para la comisión de delitos; y ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas materiales. Se conoció que González Cruz no aceptó los cargos y, por solicitud de la fiscalía permanecerá privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. De acuerdo con la investigación, el imputado habría participado en la planeación del atentado, incluida la ubicación y selección del menor que ejecutó el disparo contra Uribe Turbay. También se le señala de haberse estacionado en un vehículo cerca del lugar del ataque para facilitar la huida de otros implicados, así como de haber vendido uno de los celulares usados en la coordinación del atentado con el fin de desviar la atención de las autoridades. Con William Fernando González Cruz, ya son cuatro las personas imputadas formalmente por su presunta relación con el atentado al candidato presidencial. El senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, resultó herido mientras ofrecía un discurso ante sus simpatizantes en un barrio del occidente de la capital, como parte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Minutos después del ataque a Uribe Turbay fue detenido el pistolero, un menor de 15 años y la semana pasada la Fiscalía presentó a otros dos presuntos implicados, Carlos Eduardo Mora y Katerine Martínez, en calidad de «coautores» del atentado.

BBC News El Congreso colombiano aprobó este viernes la reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Esto supone una victoria política para el mandatario, que recientemente había tensado sus relaciones con el Congreso al decretar una consulta popular para preguntarle a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no con las medidas contempladas en la reforma. El «decretazo» de Petro, como se le llamó, fue muy controversial, porque el Congreso había rechazado la idea de hacer una consulta popular. Petro, en lo que algunos analistas y expertos consideraron una ruptura del orden constitucional, la ordenó por decreto. Una vez se dio la aprobación de la reforma este viernes, en el último día que tenía el Congreso para hacerlo, el presidente la celebró en su cuenta de X y anunció que retirará el polémico decreto. «El pueblo trabajador de Colombia ha ganado su primera victoria después de 34 años», escribió. Y agregó: «Dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria».   Los beneficios de la reforma El trámite legislativo de la reforma laboral había fracasado varias veces, pero el Senado decidió revivirlo hace un mes en la misma sesión en la que se opuso a la consulta popular. La nueva ley les devuelve a los trabajadores formales beneficios que habían perdido con la reforma laboral que se aprobó durante el primer gobierno de Álvaro Uribe. Esos beneficios tienen que ver, por ejemplo, con la compensación que reciben por trabajar los domingos y días festivos, las horas extra y el tipo de contrato que tienen los aprendices del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), una enorme institución pública de educación para el trabajo. Para los gremios de empresarios y algunos políticos de la oposición, esos beneficios aumentan excesivamente la carga sobre los empleadores y pueden conllevar a mayor desempleo e informalidad. A la victoria del gobierno, se suma que la Corte Constitucional esta misma semana salvó la reforma pensional, que ya había sido aprobada por el Congreso pero corría el riesgo de hundirse por un problema de trámite. Esa reforma tendrá que ser aprobada una vez más por la Cámara de Representantes, donde Petro tiene mayorías, por lo que se espera un nuevo triunfo legislativo para el gobierno en las próximas semanas.

Telesur Un 57,9 por ciento de la población salvadoreña considera que es muy o algo probable que una persona “pueda sufrir consecuencias negativas” por emitir críticas al Gobierno o al presidente Nayib Bukele, de acuerdo con una pesquisa del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop). En este sentido, la encuesta realizada por Iudop muestra que un 48,3 por ciento cree que podría ser detenido o encarcelado por esta situación. Asimismo, la directora Iudop, Iliana Álvarez refirió que “la población salvadoreña comienza a mencionar explícitamente su preocupación ante detenciones, encarcelamientos y violaciones a derechos humanos ocurridos en el país”. Mientras, un 10,2 por ciento de los ciudadanos encuestados cree que podría recibir advertencias, amonestaciones o multas por criticar la gestión del presidente Bukele, un 7,4 por ciento considera que tendría problemas en su trabajo o podrían despedirlo. Entre tanto, Álvarez agregó que “la percepción de que expresarse críticamente acarrea consecuencias negativas se ve reforzada por el hecho de que el 2,1 por ciento de la población expresa que el encarcelamiento de personas inocentes y otras violaciones a derechos humanos constituyen parte de los principales problemas actuales del país”. Asimismo, otros datos presentados describen que el 39.2 por ciento de la población consultada dijo que la economía es el principal problema que enfrenta El Salvador. La población encuestada disminuyó en 3 décimas la percepción del presidente Bukele en referencia al 2024 (8.15 puntos en esta ocasión). En este sentido, movimientos sociales y organizaciones civiles han denunciado la persecución política y violaciones de violaciones a derechos humanos en el contexto de la implementación de un régimen de excepción que ha manipulado el combate para las pandillas. Otro dato a destacar es que organizaciones defensoras de Derechos Humanos denunciaron que al menos 415 personas han fallecido bajo la custodia de agentes de Seguridad del Estado en el contexto del estado de excepción, que lleva más de tres años imponiéndose en el país.

Telesur Cristina Fernández de Kirchner pronunció un contundente discurso desde su residencia en San José 1111, dirigiéndose a los cientos de miles de argentinos congregados en la histórica Plaza de Mayo para expresar su respaldo tras su detención domiciliaria. La exmandataria denunció lo que considera una persecución judicial orquestada por el gobierno de Javier Milei para impedir su participación política. “Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino”, declaró Fernández de Kirchner, quien compareció con prohibición de salir al balcón de su domicilio. La dirigente peronista agradeció las muestras de apoyo recibidas y destacó especialmente escuchar nuevamente la consigna «Vamos a volver» entre los manifestantes. La expresidenta contrastó la situación actual con los 12 años y medio de gestión kirchnerista, recordando un período donde «los pibes podían comer cuatro veces al día» y «los laburantes llegaban a fin de mes». Fernández de Kirchner subrayó que aquel modelo dejó al país «desendeudado», tanto a familias como empresas. Críticas al modelo económico libertario El discurso incluyó duras críticas al sistema económico implementado por la administración Milei. «Este modelo se cae no solo porque es injusto e inequitativo, sino porque es insostenible en términos económicos«, afirmó la exjefa de Estado, comparándolo con experiencias previas como las de Martínez de Hoz en 1976 y Domingo Cavallo en los años noventa. Fernández de Kirchner cuestionó la viabilidad de un esquema donde «la gente tiene que tarjetear la comida del día a día y después no puede pagar la tarjeta». También criticó al ministro de Economía, Luis Caputo, por «alquilar dólares» para mantener las reservas, calificándolo de «impresentable» y «chanta». La dirigente señaló la paradoja de un país donde resulta «mucho mejor comprar comida, viajar, comprar ropa afuera porque es más barata» que en el mercado interno, considerando esta situación como evidencia de la inviabilidad del modelo actual. Denuncia de complicidad judicial La expresidenta atribuyó su detención a la complicidad entre «poder económico concentrado» y «andamiaje judicial». Según su análisis, el verdadero poder económico conoce que «este modelo no tiene futuro» y por esa razón mantiene vigente el Decreto 70, que considera inconstitucional, mientras la mantiene presa. «Poder económico más partido judicial, y el resto que se joda», sintetizó Fernández de Kirchner, quien interpretó su situación legal como respuesta a una pregunta formulada públicamente la semana anterior sobre por qué no la dejaban competir políticamente si supuestamente estaba «acabada» y «nadie la quería». La exmandataria convocó a organizarse «para clarificar cuál es el verdadero problema que tiene nuestro país», instando a defender la democracia «con las mismas herramientas con las que la construimos». Enfatizó que esta defensa debe realizarse «sin violencia, pero con coraje, sin miedo, pero con absoluta claridad del momento histórico». Fernández de Kirchner evocó la capacidad histórica del pueblo argentino para «ponerse de pie, resistir, renacer y luchar», recordando retornos democráticos previos con Juan Domingo Perón y su difunto esposo, Néstor Kirchner. «Vamos a volver pueblo argentino, lo vamos hacer una y mil veces», manifestó la expresidenta, quien prometió un regreso con más sabiduría y unidad, comprometiéndose a estar junto a su pueblo. Resalta la importancia de la memoria, la historia y la patria en su lucha por el bienestar del país.

DW Actualidad El presidente de Argentina, Javier Milei, y su ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, anunciaron una reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) y habilitaron por decreto a esa institución para realizar requisas y detenciones sin orden judicial, así como tareas de prevención del delito en espacios públicos y digitales. «Hemos decidido reformar la histórica Policía Federal Argentina y reconvertirla en una fuerza principalmente abocada a la investigación criminal», dijo Milei junto a Bullrich. El nuevo estatuto de la PFA establece como su misión principal «prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos, así como la de colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales». Para ello habilita al cuerpo policial a realizar requisas sin orden judicial «ante la concurrencia de los siguientes supuestos: que existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionas con un delito». Además «que no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar; que se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención”, agrega el decreto. Milei: «Vamos a aprender de los mejores, EE.UU. e Israel» El decreto también establece excepciones a las órdenes judiciales requeridas para las detenciones, «si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad». Y habilita a la Policía a realizar, «sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios webs públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y los principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente”. El presidente anunció, además, la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y dijo: «Vamos a aprender de los mejores; vamos a aprender de Estados Unidos; vamos a aprender de Israel. Así pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo». El decreto se publicó en el Boletín Oficial en medio de un clima social y político tenso por la ratificación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), a la que este martes se le ha concedido prisión domiciliaria y ha desatado un despertar del peronismo y de las protestas en Argentina.