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Prensa Latina Brasilia, 25 julio (Prensa Latina).- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva advirtió hoy que Brasil no aceptará injerencias externas en las elecciones de octubre y afirmó que el futuro del país será decidido exclusivamente por los electores nacionales. Durante el acto de lanzamiento de la candidatura de Fernando Haddad al gobierno del estado de São Paulo, el mandatario rechazó cualquier intento de interferencia extranjera en el proceso electoral. «Que nadie de fuera venga a meter el dedo en nuestras elecciones», declaró Lula, quien añadió que quien quiera venir desde fuera a entrometerse en las elecciones brasileñas, va a recibir una dura respuesta en las urnas. El gobernante insistió en que «157 millones de electores» decidirán el destino del país y reiteró que Brasil es un Estado soberano que busca mantener relaciones con todas las naciones, defendiendo una política exterior basada en la paz y no en el odio o la confrontación. Las declaraciones ocurrieron después de difundirse que el Gobierno brasileño negó visados a dos funcionarios del Departamento norteamericanos de Estado, quienes, según reveló The Washington Post, planeaban viajar al país para cuestionar la confiabilidad del sistema de votación electrónica. Según fuentes gubernamentales citadas por medios locales, existía preocupación por una posible vinculación entre esa misión y los recientes cuestionamientos formulados por el candidato presidencial del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, contra las urnas electrónicas. Lula también alertó que la campaña electoral estará marcada por el uso de la inteligencia artificial para difundir desinformación. Afirmó que sus adversarios, «por no tener propuestas ni biografía», recurrirán a las redes digitales para «inventar cosas que nunca hicieron» y sostuvo que la mentira será el principal instrumento de esa estrategia. También confirmó su disposición a buscar la reelección y expresó confianza en un nuevo triunfo. «Este joven de 80 años volverá a ganar las elecciones», afirmó, al llamar a los jóvenes, las mujeres y los trabajadores a participar activamente en los comicios. En el acto celebrado en la ciudad de Campinas, la exministra de Planificación y Presupuesto, Simone Tebet, aspirante a un escaño en el Senado, llamó a las votantes a apoyar la candidatura de Lula para la reelección y de Haddad para gobernador de São Paulo. Durante su discurso, Tebet afirmó que las mujeres desempeñarán un papel decisivo en las elecciones presidenciales de 2026 y agradeció a los simpatizantes presentes en el evento. «Presidente Lula, quienes colocarán la cuarta estrella en su pecho como presidente de la República por cuarta vez serán las mujeres de São Paulo y las mujeres de Brasil», expresó.

Rusia Today Varias explosiones se escucharon este viernes en la ciudad portuaria yemení de Hodeidah, ubicada en la costa del mar Rojo y controlada por los hutíes, en medio de reportes sobre ataques aéreos, informan medios locales. Mientras, la Agencia de Noticias de Yemen (SABA) indica que se trata de una agresión de Arabia Saudita contra la provincia de Hodeidah. Una fuente de seguridad informó de una serie de ataques aéreos contra instalaciones pertenecientes a la empresa de telecomunicaciones, en la capital de la región, y también contra la isla de Kamaran. El canal Al Masirah comunicó que una mujer resultó herida en la isla. Por su parte, una fuente afirmó que las defensas aéreas del país obligaron a varias formaciones militares saudíes a abandonar el espacio aéreo yemení. Desde la coalición saudí indicaron más tarde que el ataque estuvo dirigido contra posiciones militares de los hutíes y los objetivos destruidos están relacionados con la amenaza que se cierne sobre los buques mercantes en el mar Rojo. Asimismo, detallaron que no se ha atacado el puerto Hodeidah, añadiendo que todas las instalaciones portuarias en la provincia permanecen abiertas a la navegación marítima, recoge Al Arabiya. Los ataques se producen en medio de una gran tensión, después de que los hutíes anunciaran un bloqueo marítimo de Arabia Saudita y atacaran varios de sus barcos. El lunes, el grupo informó del cierre del estrecho de Bab el Mandeb a embarcaciones sauditas, una vía comercial estratégica que separa Yemen de Yibuti y Eritrea, y que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico. La medida se ordenó como una represalia de «ojo por ojo» frente al cerco de Riad y los recientes bombardeos al aeropuerto de Saná.

DW Las fuerzas armadas de Kuwait denunciaron este jueves (23.07.2026) nuevos ataques por parte de Irán. Según un comunicado, las defensas aéreas del país lograron interceptar misiles y drones hostiles que formaban parte «de una injustificada agresión iraní», de acuerdo con el cuartel general militar. No hubo reportes de daños ni de personas heridas por este bombardeo. Cualquier sonido de explosión que se escuchara en los cielos kuwaitíes era por las interceptaciones que estaban en curso en horas de la noche, aseguró el ejército a través de un comunicado publicado en la red social X (Twitter), en el que además llamaba a la ciudadanía a seguir las instrucciones de las autoridades, para garantizar la seguridad. La agencia de noticias Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria iraní, informó que el objetivo de los bombardeos era una base militar en territorio kuwaití donde habría presencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Hace unos días, ataques similares contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania e Irak causaron la muerte de tres soldados del país norteamericano. Ataque contra puesto fronterizo Kuwait se encuentra entre los países del Golfo Pérsico más afectados por los ataques iraníes en las últimas jornadas, según una declaración conjunta de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC por sus siglas en inglés). La entidad está conformada por Bahréin, Qatar, Kuwait, Omán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Los seis países, más Jordania, condenaron los ataques lanzados por las fuerzas iraníes, que también tuvieron como objetivo a civiles e infraestructura civil, como plantas desalinizadoras y aeropuertos. Más temprano, Kuwait había reportado un ataque con drones contra uno de sus pasos fronterizos. «El puesto de Al Abdali fue blanco repetido de ataques con drones enemigos que causaron daños materiales, pero sin dejar víctimas», informaron las fuerzas armadas en un mensaje en redes sociales.

Telesur Este miércoles concluyó en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, la audiencia en que se debatió acerca del calendario del proceso judicial del presidente venezolano Nicolás Maduro, detenido ilegalmente por la Casa Blanca tras violar su inmunidad como jefe de Estado durante la invasión del 3 de enero pasado. Junto al presidente venezolano acudió a la audiencia su esposa, la primera dama y diputada Cilia Flores, también secuestrada durante la agresión. Durante la vista, el juez encargado del proceso, Alvin Hellerstein, propuso que el juicio empiece el 1 de junio de 2027, tras dos bloques de mociones en los que la defensa solicitará la inmunidad de los acusados. La sesión, realizada en la Corte Federal del Distrito Sur, se centró en el cronograma para la entrega de pruebas e información clasificada que será sometida a evaluación jurisdiccional. Este proceso continuará el 17 de noviembre, cuando se analizará la admisibilidad de dichas evidencias. La defensa presentará una moción para solicitar la desestimación del caso. De no ser acogida, el 11 de marzo se celebrará una nueva audiencia de exhibición probatoria, donde el material clasificado deberá superar un nuevo examen judicial. Mientras transcurría la sesión, en las inmediaciones de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York decenas de manifestantes rechazaban la ilegal detención de un Presidente en ejercicio, secuestrado en su propio país, que junto a la violación de la soberanía configuran como graves violaciones del derecho internacional. Durante la primera audiencia, el 6 de enero, Maduro se declaró «prisionero de guerra» y rechazó categóricamente los cargos presentados en su contra, reafirmando su condición de jefe de Estado legítimo de la República Bolivariana. Junto a Cilia Flores, fue acusado de presunto delito de narcotráfico. «Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas», declaró el líder venezolano ante el juez Hellerstein. En esa vista él y Cilia se declararon inocentes de los cargos en su contra. Además, su defensa legal denunció que el Presidente venezolano no conocía previamente qué cargos se le imputaban, lo cual configura como violación a las garantías del debido proceso. La defensa legal es liderada por el abogado Barry J. Pollack, con más de 30 años de experiencia en casos criminales complejos y muchos otros delitos, algunos de ellos de suma relevancia política y mediática. Fue defensor del fundador de Wiikileaks, Julian Assange. Cilia Flores está representada por Mark Donnelly, abogado especializado en delitos económicos, quien trabajó más de una década en el Departamento de Justicia.

Página 12 El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, hizo pública a través de sus redes sociales una demanda de nulidad electoral que busca dejar sin efecto la elección del ultraderechista Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario del país. Según el escrito 70 mil ciudadanos, mencionados como “testigos digitales”, denunciaron una manipulación algorítmica en un servidor informático del extranjero y en mesas electorales ubicadas en Colombia y en el exterior, tal como sucedió en países de la región como Ecuador y Honduras.  La acción jurídica no menciona la posibilidad de un fraude electoral, sino que se refiere a una “inverificabilidad estructural” de todo el proceso electoral. La demanda de 61 páginas enfatiza que el proceso del balotaje del 21 de junio quedó atrapado en una “zona de oscuridad probatoria”. El documento radicado ante la Sección Quinta del Consejo de Estado colombiano fue impulsado por un grupo de ciudadanos que, según Petro, “lograron descubrir en las trazas dejadas por los metadatos de los documentos subidos a internet por el software de escrutinios electorales, la manipulación algorítmica que hubo del voto real de la ciudadanía colombiana”. En la demanda publicada por el mandatario saliente se pide anular la Resolución Sala Plena No. E-3181 del 24 de junio de 2026, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente la elección en segunda vuelta del presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo. Los demandantes piden que se ordene un nuevo escrutinio, una auditoría judicial o una verificación técnica de las mesas y puestos de votación afectados por “inverificabilidad” o inconsistencias documentales. Por otra parte, se exige que la Registraduría y el CNE entreguen los logs (registros de actividad), huellas hash, trazas de publicación y documentos técnicos que soporten la integridad de los archivos publicados. En diferentes partes del texto, los denunciantes aclaran que no pueden afirmar con certeza que existió una alteración real de votos porque, según ellos, el sistema se volvió “opaco” e “inverificable”, lo que impide saber si existió fraude o no. Como hipótesis de las supuestas irregularidades, mencionan unos tiempos llamativos a la hora de procesar los votos, aludiendo a la publicación de cerca del 20 por ciento de las mesas solo 7 minutos después del cierre de urnas, algo que para ellos es incompatible con el tiempo material de escrutinio. La demanda reaviva un argumento anteriormente ut ilizado por Petro en torno a una supuesta creación súbita de aproximadamente 5 mil mesas nuevas antes de la elección, donde De la Espriella obtuvo ventajas marcadas y no hubo testigos electorales de la oposición. El candidato de ultraderecha fue declarado vencedor de la segunda vuelta presidencial por un estrecho margen de 251.854 votos sobre el aspirante oficialista, Iván Cepeda, según el CNE.

Rusia Today El fiscal general adjunto Andrew Tysen Duva, de la División Criminal del Departamento de Justicia de EE.UU., calificó de «histórica» la condena a cadena perpetua dictada este lunes en contra del fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada. «La condena de ‘El Mayo’ es histórica y refleja el compromiso del Departamento de Justicia con la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales», declaró Duva tras la sentencia. Agregó que esa condena contra el narcotraficante «marca el fin de su reinado sobre el Cártel de Sinaloa», organización que definió como «uno de los cárteles de drogas más violentos y mortíferos de la historia». «Nunca más volverá a causar matanzas, a corromper a funcionarios públicos ni a traficar con drogas letales en nuestras comunidades que arruinan a los estadounidenses y a sus familias», manifestó. «Donde debe estar» Por su parte, el fiscal federal Joseph Nocella Jr., del Distrito Este de Nueva York, destacó que ‘El Mayo’ «pasará el resto de su vida en una prisión de EE.UU., exactamente donde debe estar», luego de pasar «casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino». «Hoy, ese capítulo se cierra para siempre», enfatizó. «Esperamos que la sentencia de hoy brinde algo de justicia a las innumerables víctimas del tráfico de drogas y la violencia del Cártel de Sinaloa», agregó. La pena contra ‘El Mayo’ fue dictada por el juez Brian M. Cogan e incluye un decomiso de 15.000 millones de dólares al capo narco. Esto pone fin a un proceso judicial que duró dos años, que sacudió al hampa latinoamericano y que desató una crisis diplomática entre México y EE.UU. que aún persiste. Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto privado de Nuevo México, a donde llegó procedente de Sinaloa con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el jefe del Cártel de Sinaloa que cumple cadena perpetua en EE.UU. desde 2019.

Rusia Today El Ministerio de Defensa ruso ha difundido este domingo una actualización de sus ataques contra puertos ucranianos y buques usados por las fuerzas de Kiev. Misiles antibuque Óniks, misiles de crucero lanzados desde el aire y municiones merodeadoras impactaron infraestructura portuaria en Odesa, en el puerto de Yuzhny y cerca de la aldea de Nóvyе Beliari. En particular, en el puerto de Odesa fueron destruidas una planta de ensamblaje de vehículos aéreos no tripulados de largo alcance y un área de estacionamiento de buques cisterna. En el puerto de Yuzhny, se eliminó un almacén de equipo militar suministrado por países occidentales a las Fuerzas Armadas ucranianas. Cerca de la aldea de Novye Beliari cinco tanques de almacenamiento de combustible y lubricantes fueron aniquilados. Además, aeronaves y vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas destruyeron dos buques graneleros que transportaban carga militar en el puerto de Odesa y dos buques graneleros y un buque de carga seca al norte de isla Zmeíny, desde donde las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron drones de ataque y embarcaciones no tripuladas. Rusia ataca regularmente objetivos militares ucranianos en respuesta a sus crímenes contra civiles. Kiev lleva a cabo constantemente ataques selectivos contra la población civil de las provincias fronterizas rusas, al tiempo que lanzan múltiples vehículos aéreos no tripulados contra la capital rusa y sus alrededores. Drones y misiles ucranianos impactan contra vehículos, viviendas, zonas de ocio, centros comerciales y otras instalaciones civiles, dejando víctimas. En la madrugada del 22 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardearon un edificio y una residencia estudiantil en Starobelsk. Varios drones impactaron contra el lugar, donde se encontraban 86 jóvenes en el momento del ataque. La agresión mató a 21 personas y dejó más de 40 heridos. Una joven falleció quemada viva cuando salió del edificio corriendo, pero fue alcanzada por la onda expansiva de un proyectil. La jornada anterior, un ataque de drones ucranianos contra dos centros logísticos civiles en las provincias rusas de Moscú y Tambov dejó al menos ocho muertos y decenas de heridos.

Telesur Un sismo de magnitud 5,1 en la escala de Richter se registró la noche de este sábado en Perú, con epicentro localizado a 7 kilómetros al sur de la ciudad de Chupaca, en el departamento de Junín y que habría causa la muerte de 5 personas, según reportó el Instituto Geofísico de Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 21:45 horas (hora local) y tuvo una profundidad de 24 kilómetros, caracterizándose como un sismo de intensidad moderada. Hasta el momento, las autoridades peruanas no han reportado víctimas fatales, heridos ni daños materiales significativos en las zonas aledañas al epicentro. De acuerdo con la información proporcionada por el IGP, el sismo fue percibido en diversas localidades de la región central del país andino, incluyendo partes de Huancayo, la capital de la región Junín, así como en algunas provincias vecinas. La población, alarmada por el movimiento, evacuó temporalmente sus viviendas siguiendo los protocolos de seguridad establecidos por Defensa Civil. Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica que concentra aproximadamente el 85 % de la actividad telúrica del planeta. Esta condición geológica hace que el país sudamericano experimente una media de 400 sismos perceptibles al año, la mayoría de ellos de baja y mediana intensidad. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que mantiene monitoreo constante en las regiones donde se percibió el sismo para descartar cualquier eventualidad. Asimismo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami en el litoral peruano como consecuencia de este movimiento telúrico.

BBC News Un sismo de magnitud 7,3 sacudió este viernes el extremo sur de México y el oeste de Guatemala, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El temblor, que ocurrió a las 8:48 am hora local (14:48 GMT), tuvo su epicentro a 109 kilómetros de la costa Pacífico de México y se sintió con fuerza en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. En zonas de Guatemala y El Salvador también se sintió el movimiento y muchas personas evacuaron de sus casas y sus lugares de trabajo. Hasta el mediodía (hora local) se registraron 80 réplicas, de acuerdo al SSN. Inmediatamente, se emitió una alerta de tsunami para las costas en un rango de 300 kilómetros del epicentro. El sistema de alertas de tsunami de EE.UU. recomendaba a los habitantes de la zona mantenerse alerta y a las autoridades locales realizar sus propias estimaciones del riesgo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que había conversado con los gobernadores de los estados de Chiapas y Tabasco, y que no se reportaban daños. Según informó, las autoridades se estaban desplazando a la zona para evaluar si hubo afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas. El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, reportó que no había «nada que lamentar» e instó a la calma, pero reconoció que se seguían registrando réplicas. La Secretaría de Protección Civil de ese estado anunció que se estimaban «variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 105 centímetros» y recomendó a los habitantes mantenerse alejados de las playas por el riesgo de tsunami. Más tarde, informó que evacuaron a 4.480 personas y que los daños materiales ocasionados fueron menores. La Secretaría de Marina de México canceló luego la alerta de tsunami para el Pacífico mexicano, tras analizar la información y las observaciones del nivel del mar. El USGS señaló que no había riesgo de deslizamientos de tierra, pero alertó de un riesgo severo de licuefacción, un fenómeno que ocurre cuando, a causa de un terremoto, el suelo pierde temporalmente su resistencia y se comporta como un líquido espeso. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano no emitió ninguna alerta porque, según informó, «la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación». El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, hizo un llamado a la tranquilidad y a seguir las recomendaciones de las autoridades.

Telesur El Gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo revés legislativo luego de que el Senado de la Nación volviera a postergar el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas impulsadas por el oficialismo en el marco de su programa de reformas económicas. Desde la oposición denuncian que el proyecto vulnera la soberanía nacional al eliminar las restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales. Por cuarta vez consecutiva, La Libertad Avanza no consiguió reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa, pese a que el texto ya fue modificado en 15 oportunidades con el objetivo de alcanzar consensos entre los distintos bloques parlamentarios. Ante la falta de apoyo, el oficialismo impulsó la realización de un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto, cuando finalice el receso legislativo. La moción, presentada por la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, fue aprobada con 62 votos a favor, tres en contra y una abstención. Previo al tratamiento del proyecto, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, había afirmado: “Vamos a quitar las restricciones a los extranjeros para que puedan venir y comprar todas las tierras que quieran”. Cambios en el proyecto y riesgos por la pérdida de soberanía La versión más reciente del proyecto incorpora modificaciones destinadas a responder a cuestionamientos planteados por sectores aliados y gobiernos provinciales. Uno de los cambios más relevantes establece que cada provincia podrá fijar, mediante una ley local, los límites para la adquisición de propiedades por parte de ciudadanos extranjeros. Sin embargo, esa incorporación generó diferencias dentro del propio Gobierno. Equipos técnicos del Ministerio de Desregulación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, manifestaron su rechazo al considerar que la medida podría entrar en conflicto con el artículo 20 de la Constitución Nacional, que reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos. Actualmente, los extranjeros poseen alrededor del 5% de la tierra rural del país, mientras que la legislación vigente autoriza que ese porcentaje alcance el 15%, según el Observatorio de Tierras de la UBA. “Hoy los extranjeros poseen 13 millones de hectáreas y podrían llegar a ser dueños de prácticamente 40 millones de hectáreas, una superficie mayor que toda la provincia de Buenos Aires”, ha afirmado el coordinador del proyecto, Pablo Voldkin. Los opositores a la medida advierten que el proyecto de ley vulnera la soberanía nacional ya que avalaría la extranjerización de zonas estratégicas. En algunos departamentos argentinos la propiedad extranjera ya supera el 50%, pero sin los límites vigentes, áreas con recursos estratégicos (litio, petróleo, minerales críticos y pasos bioceánicos) podrían quedar mayoritariamente en manos de capitales extranjeros. Silencio administrativo Otra de las modificaciones incorporadas al dictamen es la figura del «silencio administrativo». El mecanismo establece que, si las autoridades provinciales o nacionales no emiten un pronunciamiento dentro de los plazos previstos, la autorización correspondiente se considerará concedida automáticamente. Mediante esta medida, el oficialismo busca favorecer a inversiones privadas y operaciones inmobiliarias, sosteniendo que este mecanismo busca agilizar trámites administrativos y brindar mayor previsibilidad jurídica. Desalojos exprés La iniciativa establece un procedimiento abreviado para los desalojos por falta de pago en contratos de alquiler. En primer lugar, el propietario deberá intimar al inquilino a regularizar la deuda dentro de un plazo de diez días mediante una notificación fehaciente. La comunicación podrá enviarse al domicilio físico o electrónico declarado en el contrato y será considerada válida incluso si el inquilino se niega a recibirla o si la notificación no puede concretarse por causas atribuibles al propio locatario. Si el incumplimiento persiste, el propietario quedará habilitado para iniciar la acción judicial de desalojo, que deberá tramitarse por el procedimiento más breve previsto por la legislación vigente, con un plazo estimado de diez días hábiles. Modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego Otro de los cambios previstos es la derogación del artículo que impedía durante 30 años modificar el uso de predios rurales afectados por incendios en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. Una problemática que desde hace años viene afectando la Patagonia argentina y genera preocupación ante los intereses inmobiliarios que hay detrás. En el caso de los bosques nativos, el proyecto mantiene la prohibición de cambiar el uso o destino de las superficies incendiadas, aunque elimina el plazo de 60 años que establecía la legislación vigente, incorporado mediante una reforma impulsada por el diputado Máximo Kirchner. Con el inicio del receso parlamentario, el debate quedó postergado hasta el 6 de agosto, cuando el Senado volverá a intentar tratar un proyecto que continúa generando diferencias tanto entre la oposición como dentro del propio oficialismo.