Telesur Colombia elige presidente el 31 de mayo de 2026. Si ningún candidato supera el 50% de los votos, la definición llega el 21 de junio. Mientras la campaña transcurre a la vista, otra operación avanza en las sombras con financiamiento millonario, alcance nacional y el propósito declarado de moldear el voto de los colombianos antes de que lleguen a las urnas. La dirige Jaime Bermúdez Merizalde, excanciller del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el arquitecto comunicacional que lo llevó al poder por primera vez en 2002. La operación se llama Proyecto Júpiter. Una investigación de Señal Investigativa —alianza entre Señal Colombia y la revista Raya— accedió a documentos, videos y audios de reuniones privadas donde Bermúdez detalla el plan. La estrategia opera en dos frentes. En el primero, talleres de adoctrinamiento dictados a trabajadores de grandes empresas. En el segundo, producción masiva de contenido de desinformación en redes sociales para moldear la opinión pública, y es donde aparece relacionado el medio digital La Silla Vacía. El dinero reunido hasta el pasado 3 de marzo superaba los 7.000 millones de pesos colombianos —cerca de 1,7 millones de dólares. El escenario electoral y la amenaza contra Cepeda Para leer el Proyecto Júpiter hay que saber quién es quién en esta elección. El presidente en ejercicio, Gustavo Petro, es el primer mandatario progresista en la historia de Colombia. Su gobierno termina en agosto y el candidato que busca continuar ese proyecto es Iván Cepeda Castro, senador y figura del Pacto Histórico. Las encuestas más recientes lo ubican como favorito. Un sondeo de Celag Data realizado en marzo de 2026 y publicado el 7 de abril lo coloca en primer lugar con el 44,3% de intención de voto, seguido de Paloma Valencia con el 25,7% y Abelardo de la Espriella con el 19,6%. Esos números incomodan al uribismo. El 17 de abril, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, confirmó que un organismo de inteligencia del Estado suministró a Estados Unidos información sobre un posible atentado contra Cepeda. Esa misma noche, el gobierno convocó una sesión extraordinaria de la Junta de Inteligencia Conjunta y ordenó todas las capacidades del Estado para proteger al candidato. La amenaza de muerte contra el líder progresista y la operación de desinformación que lo ataca de forma coordinada no ocurren por separado. Comparten el mismo clima político que el Proyecto Júpiter lleva meses fabricando. Del otro lado del espectro se agrupa la derecha colombiana, con dos candidatos que responden al mismo patrón. Paloma Valencia representa al partido de Uribe, el Centro Democrático, y Abelardo de la Espriella es igualmente cercano por ideología al expresidente. La apuesta del Proyecto Júpiter consiste en atacar a ambos adversarios —Cepeda y De la Espriella— para presentar a Valencia como una opción de centro moderado. La maniobra, tan burda como eficaz, busca posicionar como centro a una candidata de extrema derecha, aprovechando que su competidor en ese espacio es percibido como aún más radical. La maquinaria de desinformación ya dejó evidencia casi en tiempo real. Unos supuestos datos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) circularon en redes en una versión manipulada que intercambiaba las posiciones de Cepeda y De la Espriella, poniendo a este último en primer lugar. El montaje fue difundido por más de 4.000 usuarios antes de ser verificado como falso. Quien lidera las encuestas pasó, en esa imagen adulterada, a ocupar el tercer puesto. El entramado del Proyecto Júpiter Cinco días antes de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, Bermúdez presentó el Proyecto Júpiter ante empresarios de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Cali. La convocatoria prometía una charla sobre empresa, emprendimiento y democracia. Las diapositivas que expuso ese día revelan otra cosa. Era una estrategia en dos fases para elevar la indignación frente al gobierno de Petro e identificar a los responsables, con tres emociones objetivo escritas en esas mismas láminas: miedo, indignación e incertidumbre. Una condición cruzaba toda la arquitectura del plan. Las empresas participantes no serían identificadas públicamente. «No se darán los nombres de ninguna empresa», dice textualmente una de las diapositivas. El componente más grave son los talleres que Bermúdez llama democráticos pero que son, en la práctica, sesiones de adoctrinamiento político en horario laboral. Solo en febrero de 2026, el plan dictó 31 talleres en 13 empresas del Valle del Cauca. Entre las compañías participantes figuran Postobón —la mayor empresa de bebidas del país—, los ingenios azucareros Incauca e Ingenio Providencia y la Familia Carvajal, uno de los grupos empresariales más grandes de Colombia, toda propiedad de millonarios de la derecha colombiana. Los talleres estaban diseñados para operarios y empleados de rango medio, los trabajadores de base. Hasta el 3 de marzo, el proyecto había formado a más de 40.000 trabajadores. Las actividades se extenderían hasta el cierre del proceso electoral. Trabajadores de esas empresas han denunciado las prácticas ante el Ministerio de Trabajo, cuyo titular, Antonio Sanguino, confirmó a Señal Investigativa que la cartera recibe denuncias crecientes sobre convocatorias en horario laboral con contenidos que condicionan la participación política.
