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Naciones Unidas | Agencias Una resolución que exigía a las autoridades de Venezuela publicar de inmediato las actas de las elecciones del domingo no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), luego de que anoche se abstuvieran naciones como Brasil, Colombia y México. El rechazo es un duro golpe para la estrategia extremista de la derecha regional, con los gobiernos de Argentina, Uruguay y Perú a la cabeza, quienes denunciaron fraude en los comicios sin presentar ninguna prueba. Durante la jornada se escucharon pedidos similares al sometido a votación el miércoles en la OEA por parte del G7, el gobierno de Estados Unidos e incluso el presidente colombiano Gustavo Petro, pero los países que encabezan la embestida contra Maduro quisieron imponer además el reclamo de una «verificación independiente», considerada una intromisión en los asuntos internos de Venezuela, que impidió que la resolución alcanzara los votos necesarios para ser aprobada, informó el diario argentino Página 12. En la sesión extraordinaria de la OEA celebrada en Washington, el texto contó con 17 votos a favor, ninguno en contra, 11 abstenciones y cinco ausencias, impidiendo alcanzar la mayoría absoluta de los miembros del organismo panamericano requerida para la aprobación. El texto instaba al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, que el lunes por la madrugada proclamó la victoria del presidente Nicolás Maduro en unos resultados rechazados por la oposición, que «publique inmediatamente los resultados de la votación» en cada mesa electoral. El documento también exigía que «se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados». Esta fue la frase que rompió el consenso dentro del organismo, ya que países como Brasil y Colombia pedían que fuera suprimida para dar su voto a favor. Según informaron fuentes diplomáticas a la agencia de noticias EFE, Perú y Panamá se negaron a retirarla y «bloquearon la negociación». Votaron a favor de la resolución Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Surinam y Uruguay. Se abstuvieron Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía. No participaron en la sesión Dominica, México, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago, además de Venezuela, ausente desde hace tiempo.

Jerusalén | Agencias Israel está cometiendo crímenes de guerra contra los presos palestinos, incluidos niños, al someterlos a violencia sexual y tratos inhumanos. Así lo ha denunciado este martes Human Rights Watch (HRW), basándose en imágenes tomadas y publicadas por los propios soldados y activistas israelíes. “Durante meses, las autoridades israelíes han hecho la vista gorda cuando miembros de su Ejército publican imágenes y videos deshumanizantes de palestinos bajo su custodia”, deploró en un comunicado Balkees Jarrah, director interino para Medio Oriente de HRW. Muchos detenidos esposados, con los ojos vendados -y a veces heridos- fueron desnudados, incluso completamente, y luego fotografiados o filmados, reseñó la agencia de noticias Efe. Además, las imágenes se publicaron con leyendas degradantes y humillantes escritas por soldados, periodistas o activistas israelíes, según la organización con sede en Nueva York, que analizó 37 de las publicaciones. “La desnudez forzada, seguida de capturar y compartir imágenes sexualizadas en las redes sociales es una forma de violencia sexual y también un crimen de guerra”, recalca, al advertir de que “altos funcionarios y comandantes militares pueden ser considerados penalmente responsables por ordenar estos crímenes o por no prevenirlos o castigarlos, incluso ante la Corte Penal Internacional”. Según la organización, algunos oficiales militares israelíes han denunciado públicamente a algunos de sus miembros por publicar imágenes de los detenidos, pero el Gobierno no ha condenado públicamente el trato a los detenidos y las autoridades judiciales no han anunciado ningún procesamiento. El 15 de julio, HRW escribió a la Oficina de Diplomacia Pública del Ejército israelí pero no recibió respuesta, asegura la ONG. Desde que estalló la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023, miles de palestinos principalmente de Gaza, han sido arrestados en el centro de detención Sde Teiman, ubicado en el sureño desierto del Néguev. En esa cárcel, las autoridades israelíes practican torturas, palizas y agresiones sexuales en zonas sin cámaras de seguridad contra palestinos, muchos de ellos presos sin tener cargos formales en su contra, según denuncias de la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos de Israel y de Amnistía Internacional, con sede en Londres. Al menos 36 palestinos han muerto mientras estaban presos en Sde Teiman y unos 124 de ellos siguen en ese lugar, según medios israelíes, a pesar de que el fiscal general israelí pidió que los presos fueran trasladados. Los Convenios de Ginebra exigen que toda persona que se encuentre bajo custodia de una parte en conflicto “deberá ser tratada humanamente” y prohíbe los “atentados a la dignidad personal”, por lo que las violaciones a estas normas constituyen “crímenes de guerra”, recordó HRW. La Corte Penal Internacional está considerando emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad en territorio palestino durante la guerra, que ha dejado más de 39.000 muertos y unos 90.000 heridos, miles de desaparecidos y 1,9 millones de desplazados en la Franja de Gaza, en medio de una crisis humanitaria sin precedentes. La guerra estalló tras un ataque de Hamás contra Israel que dejó unos 1.200 muertos -más de 800 civiles- y 251 secuestrados.

Saná | Agencias El Ministerio de Salud controlado por los hutíes de Yemen denunció este domingo que al menos seis personas murieron y otras 90 resultaron «severamente heridas» tras el ataque lanzado el sábado por Israel contra la ciudad costera de Al Hodeida, puerto estratégico controlado por los rebeldes, un día después de un mortal ataque con dron en Tel Aviv reivindicado por los insurgentes. «Seis personas fueron martirizadas, tres siguen desaparecidas y otras 90 resultaron heridas», informó el Ministerio de Salud de los hutíes, actualizando las cifras iniciales entregadas por el portavoz del grupo insurgente, Anis al Asbahy, quien había detallado que los heridos sufrían «principalmente quemaduras serias». Según las autoridades hutíes, el que fue el primer ataque de Israel contra Yemen tuvo como objetivo «depósitos de petróleo y la central eléctrica» de Al Hodeida, una ciudad desde donde los insurgentes yemeníes lanzan una gran parte de sus ataques contra la navegación comercial en el mar Rojo y puntualmente contra territorio israelí. En cambio, fuentes portuarias dijeron que el bombardeo israelí alcanzó «el muelle de descarga de combustible y gas, los tanques de almacenamiento de combustible y las dos únicas grúas para contenedores en funcionamiento». Según expertos, se trata de los primeros ataques anunciados por Israel contra Yemen, un país en guerra controlado parcialmente por los hutíes, apoyados por Irán y aliados del movimiento islamista palestino Hamás. La respuesta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no se hizo esperar. «Tengo un mensaje para los enemigos de Israel: Nos defenderemos por todos los medios, en todos los frentes. Cualquiera que nos ataque pagará un precio muy alto», declaró. «La sangre de los ciudadanos israelíes tiene un precio», apuntó el ministro de Defensa, Yoav Gallant. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, pidió este domingo un frente internacional contra la amenaza de Irán, en un mensaje en el que insistió en la importancia de su ataque de este sábado contra posiciones de los rebeldes hutíes de Yemen en el puerto de la ciudad de Hodeida.

La Haya | Agencias La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU ordenó a Israel ponerle fin a la ocupación de los territorios palestinos “lo más rápidamente posible” y reparar plenamente sus “actos internacionalmente ilícitos”. En una decisión histórica, aunque no vinculante, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas exigió desmantelar el muro de separación en Cisjordania y devolver las tierras a sus residentes originales, además de encontrar múltiples violaciones del derecho internacional por parte de Israel, incluidas actividades que equivalen a apartheid. En esa línea, el tribunal con sede en La Haya (Países Bajos) e integrado por 15 jueces remarcó que el Consejo de Seguridad de la ONU, la Asamblea General y todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la ocupación como legal ni «prestar ayuda o asistencia» para mantener la presencia del Estado de Israel en los territorios ocupados. “El tribunal considera que las violaciones por parte de Israel de la prohibición de adquisición de territorio por la fuerza y del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación tienen un impacto directo en la legalidad de la presencia continua de Israel, como potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado», expresó el presidente de la CIJ, Nawaf Salam, al leer el dictamen del tribunal. “El abuso sostenido por Israel de su posición como potencia ocupante, mediante la anexión y la afirmación de un control permanente sobre el territorio palestino ocupado y la continua frustración del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, viola principios fundamentales del derecho internacional y hace ilegal la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado», continuó. Poco después de conocerse la noticia, la respuesta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no se hizo esperar. «El pueblo judío no es conquistador en su propia tierra, ni en nuestra capital eterna, Jerusalén, ni en la tierra de nuestros antepasados en Judea y Samaria Ninguna opinión absurda en La Haya puede negar esta verdad histórica o el derecho legal de los israelíes a vivir en sus propias comunidades en nuestro hogar ancestral», escribió Netanyahu en su cuenta de redes sociales.

Sao Paulo | Agencias El gobierno de Estados Unidos monitoreó por más de medio siglo al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre el que elaboró 819 informes entre 1966 y 2019. Así lo informó el diario Folha de São Paulo. Los primeros informes que Washington recibió sobre el actual presidente brasileño datan de 1966, cuando Lula se afilió al movimiento sindical. La lista de informes sobre Lula elaborada por organismos como la embajada de Estados Unidos en Brasil, la CIA o el Departamento de Estado fue entregada por Washington al escritor brasileño Fernando Morais, que actualmente trabaja en una biografía sobre el líder del Partido de los Trabajadores (PT) y usó la ley de acceso a la información para poder obtener los datos. El periodista y escritor afirmó en declaraciones a Folha de São Paulo que los informes detallan la posición de Lula sobre diferentes asuntos políticos y económicos desde que era un líder sindical en el cinturón industrial de São Paulo hasta la llegada al poder en Brasil del líder ultraderechista Jair Bolsonaro, en 2018. Igualmente hay documentos sobre las relaciones entre el exlíder sindical y su aliada y sucesora en la presidencia, Dilma Rousseff, así como sobre sus relaciones con países como Cuba y China. En los documentos sobre Lula que se enviaron a Washington también hay informes sobre planes militares de Brasil, proyectos económicos y hasta sobre la producción de petróleo del país. Moraes afirmó que, de los 819 documentos confidenciales de Estados Unidos con 3300 páginas sobre Lula, 613 fueron elaborados por la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense. Según Moraes, otros 111 documentos fueron elaborados por el Departamento de Estado, 49 por la Agencia de Inteligencia de Defensa, 27 por el Departamento de Defensa, 8 por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, 8 por una unidad de apoyo a las Fuerzas Armadas y uno por el Comando Cibernético del Ejército. El biógrafo del mandatario dijo que los datos que recibió se refieren al período hasta 2019, año en que presentó su solicitud de acceso a la documentación clasificada, y que no sabe cuántos otros informes fueron elaborados en los últimos cinco años y si hay documentos sobre el tercer mandato presidencial que Lula asumió en 2023.

Jerusalén | Agencias  Amnistía Internacional (AI) hizo público este jueves un informe en el que denunció torturas y detenciones en régimen de incomunicación a palestinos por parte de Israel, y llamó a las autoridades a liberar “de forma inmediata” a los detenidos de forma arbitraria. “Las autoridades israelíes deben poner fin a la detención indefinida en régimen de incomunicación de palestinos de la Franja de Gaza ocupada, sin cargos ni juicio, en virtud de la Ley de Combatientes ilegítimos, en flagrante violación del Derecho internacional”, exige la organización en un comunicado de prensa. El Ejército invocó esta ley, promulgada en 2002, por primera vez en cinco años para detener a presuntos participantes en los atentados del 7 de octubre, pero poco después amplió su uso “para detener en masa sin cargos ni juicio a palestinos en Gaza”, denuncia la organización. AI entrevistó a 27 personas detenidas y liberadas posteriormente -cinco mujeres, 21 hombres y un adolescente de 14 años-, y todos ellos denunciaron haber sido sometidos a tortura y otros malos tratos, según informó la agencia de noticias Efe. A través de la Ley de Detención de Combatientes Ilegítimos, el Ejército no tiene la obligación de emitir una orden de detención contra el individuo, al que la norma niega el acceso a asistencia letrada durante hasta 90 días, codificando además la detención en régimen de incomunicación, lo que facilita las torturas. Los detenidos no reciben las pruebas que justifican su captura, como tampoco lo hace el abogado que los asiste, lo que lleva a muchos a permanecer encarcelados meses “sin la más mínima idea” de por qué están detenidos -lo que es una violación del derecho internacional-, “completamente aislados de su familia y seres queridos, y sin medios para impugnar los motivos de su detención”, según Amnistía Internacional. Tampoco pueden comunicarse con su familia, como relató un trabajador de la salud a la organización, según el cual no saber si su familia estaba viva o muerta en Gaza era “incluso peor que la tortura y el hambre”. En diciembre, Israel modificó la ley para ampliar el tiempo de cautiverio sin orden de detención de los palestinos de las 96 horas originales (prorrogables hasta siete días) a un máximo de 45 días. La privación de libertad máxima hasta comparecer ante una autoridad judicial pasó de 14 a 75 días, y la reclusión sin asistencia letrada pasó de 21 jornadas a 6 meses, reducidos después a 3. De los entrevistados, ocho mostraban marcas y hematomas compatibles con la tortura, y en los informes médicos de dos personas se corroboraban los relatos de tortura. Además, Amnistía Internacional ha verificado cinco vídeos de detenciones masivas, habiéndose filmado en algunos de ellos a personas en ropa interior tras ser arrestadas en el norte de Gaza y Jan Yunis (sur). Según la organización, “la desnudez pública forzada durante periodos prolongados viola la prohibición de tortura y otros malos tratos y constituye violencia sexual”. Algunos de los casos más explícitos se registraron en la prisión de Sde Teiman, del sur de Israel. Los presos allí encerrados relataron haber sido obligados a permanecer durante horas en posiciones de tensión, y se les prohibió hablar con otros reos o levantar la cabeza. Un niño de 14 años de Yabalia (norte de Gaza) permaneció en esta prisión 24 días encerrado en un barracón con al menos 100 detenidos adultos. El menor denunció haber recibido patadas y puñetazos en el cuello, y que los captores lo habían “quemado repetidamente con colillas de cigarrillo”, algo que la organización comprobó al observar quemaduras y hematomas al entrevistarlo. Entre los entrevistados se encontraban cinco mujeres que estuvieron detenidas en régimen de incomunicación más de 50 días. Una de ellas relató cómo, tras tres semanas en la prisión de Damon (norte de Israel), le dijeron que iba a ser puesta en libertad. “La esposaron, le vendaron los ojos, le pusieron grilletes en los pies y la llevaron a otro lugar”. Allí, los militares le desgarraron la ropa con un cuchillo y la sometieron a “un violento registro corporal desnuda”, para después ser llevada 18 días más a la prisión de Anatot (cerca de Jerusalén).