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La Paz, 27 de febrero (El Nuevo Cambio).- Dos alcaldes de capitales departamentales, Ana Lucía Reis de Pando y Johnny Fernández de Santa Cruz, fueron arrestados por el Ministerio Público y trasladados a la cárcel, acusados de incumplimiento de deberes y corrupción. En el primer caso Reis fue aprehendida en el aeropuerto de Cobija, cuando llegó en un avión procedente de la ciudad de La Paz y acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica dentro del caso conocido como “pavimento”. La alcaldesa, inmediatamente después de su aprehensión, fue trasladada hasta el recinto penitenciario de Villa Busch. Fue acusada por la exconcejala Margarita da Silva de Puerta, quien exige un pago de su bono de frontera que asciende a un total de 137 mil bolivianos, alrededor de unos 15 mil dólares. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Johnny Fernández, fue enviado al Penal de Palmasola, como detenido por 100 días, luego de que la jueza Alejandra Menacho emitiera las medidas cautelares en una audiencia realizada en el Palacio de Justicia de la capital oriental. La detención del burgomaestre se genera ante una denuncia del concejal Manuel Saavedra, además de candidato a la Alcaldía en las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo, por la ejecución de “asfalto fantasma” en seis regiones de Santa Cruz. El proceso fue presentado en diciembre del pasado año, respaldado por un informe de auditoría de la Contraloría General del Estado y en dos meses, el alcalde fue primero aprehendido y luego detenido en Palmasola.

La Paz, 24 de febrero (El Nuevo Cambio).- El expresidente de la Corte Suprema de Justicia y de la República, Eduardo Rodríguez Veltze, lamentó que el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Roger Saucedo, asuma posiciones políticas, dejando a un lado la imparcialidad y prudencia. La observación la hizo a través de su cuenta X a raíz de sus comentarios sobre el tema autonomias y las declaraciones de la viceministra de ese rubro y la polémica que se generó con dirigentes cívicos y otras autoridades de Santa Cruz. El expresidente considera que una autoridad judicial, sobre todo el presidente del TSJ, debería abstenerse de emitir comentarios que reflejen parcialidad sobre controversias o polémicas públicas ajenas a su competencia y que eventualmente puedan resolverse en el ámbito judicial. Recordó que los principios y códigos de ética judicial exigen prudencia, imparcialidad y resguardo de la institucionalidad, por lo tanto, deben evitarse comentarios que reflejen parcialidad sobre controversias o polémicas ajenas a su competencia. Saucedo se había sumado el pasado domingo a las críticas contra las declaraciones de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, sobre la redistribución de recursos económicos del Estado (50/50) y las obligaciones autonómicas, que generó protestas en Santa Cruz. “Presidente Rodrigo Paz, considere el clamor de aquellas regiones que demandan lo que es correcto. No deje que funcionarios subalternos a usted empañen su gestión y no acompañen esa construcción de puentes que usted está realizando”, dijo Saucedo, en una clara actitud de sumisión al gobierno. Saucedo ya se involucró en otras oportunidades en temas políticos, sin tomar en cuenta la función que ejerce, el pasado 30 de enero, por ejemplo, ofreció las instalaciones del Órgano Judicial, en Sucre para que el vicepresidente Edmand Lara y el presidente Rodrigo Paz se reúnan y superen sus diferencias. 

Lauca Eñe, 14 de febrero (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, recordó hoy la invasión de Chile a Bolivia el 14 de febrero de 1879 y advirtió que la renuncia soberana a una salida al Océano Pacífico, como lo sugirió el presidente Rodrigo Paz Pereira, es una traición a la patria, pasible a un juicio de responsabilidades. La afirmación del exmandatario está contenida en un mensaje en su cuenta X que dice: “Evocamos la invasión de Chile a Bolivia, el 14 de febrero de 1879, que nos arrebató 400 km de costa y 120.000 km2 de territorio. Casi un siglo y medio que el vecino país -con el apoyo del Estado británico y de capitales privados ingleses- nos convirtió en un país mediterráneo, destruyendo nuestra economía y contacto marítimo con el mundo. Por conciencia patriótica y por mandato de la Constitución, jamás debemos renunciar al mar que fue boliviano. Dice el artículo 267 de la CPE: ”El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo.” Mientras que el Artículo 124, afirma que comete el delito de traición a la patria el que: ”Atente contra la unidad estatal o renuncie a la reivindicación marítima”. Sin embargo, el presidente Rodrigo Paz, en su reunión con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, renunció -de facto- a nuestra demanda marítima declarando: “El mar no debe ser un ancla”; y que se debe “olvidar el pasado y mirar el futuro” para restablecer relaciones diplomáticas, rotas desde 1978. Esto le podría generar un Juicio de Responsabilidades por traición a la patria. No solo las autoridades sino todos los bolivianos -por Constitución y patriotismo- tienen “el deber de defender, recabar y consolidar el derecho a la reivindicación marítima” (Art. 108 CPE). El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, emitido el 1 de octubre de 2018, estableció que Chile y Bolivia deben continuar con su “diálogo e intercambios, en un espíritu de buena vecindad, para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia”. Por consiguiente, el gobierno actual, no debe renunciar a la demanda marítima”.

Lauca Eñe, 11 de febrero (El Nuevo Cambio).- El expresidente Evo Morales, exigió al gobierno una investigación responsable sobre los actuales casos de corrupción, principalmente en la compra de gasolina en mala calidad y de los sobreprecios, hasta de 4 millones de dólares, en la adquisición del crudo de petróleo. La exigencia del exmandatario está contenida en un mensaje de su cuenta X que dice: “Tanto habla contra las mafias del pasado, pero no hace nada contra los corruptos de su gobierno. La llamada Comisión de la Verdad de YPFB debe investigar los escandalosos casos de robo al Estado que se cometieron en menos de 90 días de la administración de Paz Pereira. Si quiere demostrar que no protege a sus socios, el gobierno debe investigar a la empresa argentina Camin Cargo Control Argentina S.A. por no haber controlado la calidad del combustible que dañó miles de vehículos, pese al casi millón de dólares que recibió del Estado. También debe investigarse las denuncias de sobreprecio, por unos 4 millones de dólares, en la compra de petróleo crudo a la empresa Trafigura. Y no debe quedar en la impunidad la compra de gasolina basura. Tienen que ser destituidas y enjuiciadas las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y ANH; y resarcir a las víctimas sin engaños y sin burocracia. Es indignante el silencio del presidente, sus ministros y de las autoridades judiciales. ¿Complicidad, protección y encubrimiento entre aliados?”.