Organizaciones sociales y de DDHH exigen fin de masacres carcelarias en Ecuador
Telesur Las organizaciones sociales y de derechos humanos del Ecuador emitieron un pronunciamiento urgente en el que denuncian una “masacre carcelaria permanente y progresiva” en la Penitenciaría del Litoral, también conocida como CPL Guayas N.º 1, cuya crisis se mantiene desde marzo de 2024 y se ha profundizado a lo largo de 2025. El comunicado advierte que esta situación constituye una violación grave y sostenida de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. De acuerdo con el documento, la masacre se expresa mediante la degradación extrema de las condiciones de detención, producto de la actuación —o inacción— de funcionarios públicos que habrían permitido la negación de alimentación adecuada, atención médica, acceso a medicinas y condiciones higiénicas mínimas dentro del centro penitenciario. Las organizaciones sostienen que estas omisiones del Estado configuran un cuadro estructural de violencia y abandono que pone en riesgo permanente la vida de miles de detenidos. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) reportó en agosto de 2025 un total de 390 muertes en la Penitenciaría por causas vinculadas al desabastecimiento de agua, alimentos y servicios de salud. Solo entre enero y agosto, los cuerpos sin vida encontrados en el centro superaron las cifras de años anteriores, con julio y agosto como los meses más críticos, llegando a registrarse más de 100 fallecimientos por mes. La situación se agravó dramáticamente hacia finales de octubre y noviembre. Según el pronunciamiento, el número total de muertes en 2025 ascendió ya a 590, cifra superior a la del año anterior. Solo en septiembre y octubre se contabilizaron 200 muertes adicionales, muchas de ellas atribuibles a desnutrición, falta de atención médica o enfermedades no tratadas. A esto se suma el hallazgo, en los últimos días, de entre 25 y 30 cadáveres provenientes de la Penitenciaría del Litoral, ingresados en el Servicio de Medicina Legal de Guayaquil y con signos evidentes de descomposición, lo que indica retrasos en su recuperación y registro. Las organizaciones firmantes citaron además las observaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que desde 2024 advertía que la situación carcelaria en Ecuador había escalado a niveles “compatibles con la tortura y trato inhumano”, especialmente por la falta de agua potable, comida, medicinas y atención médica adecuada. Según el pronunciamiento, el Estado ha permitido la continuidad de un sistema que vulnera derechos básicos y expone a las personas privadas de libertad a un sufrimiento evitable. Asimismo, se denunció que el colapso humanitario dentro del centro está correlacionado con una serie de decisiones operativas estatales, entre ellas la militarización de la cárcel y la reducción del suministro de agua y alimentos durante intervenciones de seguridad. Las organizaciones exigieron que se declare la crisis carcelaria como emergencia nacional, se habiliten mecanismos independientes de monitoreo y se establezcan responsabilidades administrativas y penales por la muerte de cientos de personas bajo custodia estatal. El pronunciamiento concluye señalando que la masacre carcelaria en curso constituye una violación sistemática del derecho internacional y un fracaso estructural del Estado ecuatoriano en su deber de garantizar la vida y dignidad de quienes se encuentran bajo su custodia.
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