Política

La Paz, 7 de julio (El Nuevo Cambio).- Al menos cinco pruebas confirman que el gobierno, bajo el mando de Luis Arce Catacora y el exministro de Justicia, César Siles, evitaron que el expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, sea habilitado para las elecciones nacionales del agosto próximo. La exministra Teresa Morales afirmó que todas las pruebas fueron verificadas por peritos internacionales y luego difundidas en la prensa extranjera, que no solo ratifican la ejecución de un plan ilegal, sino la complicidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), principalmente del vocal Tahuichi Quispe. De acuerdo a la investigación, las pruebas más contundentes, entre otras, están en las transferencias bancarias relacionadas a que la esposa del presidente Luis Arce, Lourdes Durán Romero, transfirió 30 mil y luego 170 mil dólares al vocal electoral Tahuichi Quispe, a través de un banco en Panamá. Asimismo, la resolución que suspendió al partido PAN-Bol —la plataforma de Evo Morales— fue redactada el 5 de mayo en la computadora del despacho del Ministerio de Justicia, bajo el mando de César Siles. También el Tribunal Supremo Electoral aprobó y firmó un texto casi idéntico al que salió del Ministerio. Un mes después, el Tribunal Constitucional Plurinacional canceló definitivamente la personería jurídica de PAN-Bol. Otra de las pruebas son los mensajes de WhatsApp que confirman que Tahuichi Quispe recibió la resolución directamente en su teléfono. Además, boletos aéreos prueban el intercambio de documentos y favores judiciales. Morales explicó que el exministro César Siles ya está bajo investigación por tráfico de influencias y manipulación judicial y que todas estas pruebas han sido verificadas por un perito internacional independiente. Según la exministra, la independencia de la justicia en Bolivia y la voluntad popular están en juego. El país merece instituciones limpias, procesos transparentes y respeto a la democracia.

La Paz, 6 de julio (El Nuevo Cambio).- La exministra del gobierno de Evo Morales, Teresa Morales, aclaró hoy que el vocal del Tribunal Electoral, Tahuichi Quispe, no podrá transparentar sus cuentas de las coimas que recibió de la esposa de Luis Arce Catacora, Lourdes Durán de más de 200 mil dólares, porque el depósito se hizo en cuentas bancarias en Panamá. La explicación la hizo en una entrevista realizada en la Radio Kausachun Coca, del municipio de Sinahota, del trópico de Cochabamba, en el programa “Evo pueblo, líder de los humildes”, vía zoom desde la ciudad de la Paz. Según la exministra, Tahuichi Quispe no podrá trasparentar sus cuentas bancarias, porque los depósitos fueron realizados en el denominado “paraíso fiscal de Panamá” por montos superior a los 170 mil dólares. Sostuvo que no tiene ninguna relevancia que el vocal del órgano electoral “abra sus cuentas en Bolivia”, porque los depósitos de la esposa de Arce Catacora, por esa cantidad de recursos, fue realizada a su cuenta en Panamá. La intención, aclaró, era evitar la participación de Morales Ayma en las próximas elecciones generales, caso en el que también está implicado el exministro de Justicia en representación del presidente Luis Arce, del vicepresidente David Choquehuanca Céspedes, César Siles Bazán. La exministra explicó que se realizaron dos depósitos realizados por la esposa de Arce Catacora a Tahuichi Quispe, la primera por 30.000 $us y la segunda por 170.000 $us, transacciones que se hicieron a la cuenta en Panamá. Morales dijo que los que abren cuentas en Panamá son para esconder fortunas mal habidas, y que en Panamá no solo tiene cuenta Tahuichi Quispe, sino también la señora Lourdes Durán, esposa de Arce Catacora, de acuerdo a las pruebas conocidas en sus mensajes enviados. La denuncia sobre este nuevo escándalo que involucra al presidente Luis Arce Catacora, ministros, vocales del TSE y ahora a la esposa del mandatario fue conocida inicialmente por una publicación en el portal argentino “Negocios y Política”.

La Paz, 3 de julio (El Nuevo Cambio).- El portal argentino “Negocios y política” que reveló la corrupción del gobierno con el vocal Tahuichi Quispe para inhabilitar al Frente para la Victoria (FPV) y bloquear la candidatura del expresidente Evo Morales a las elecciones nacionales de agosto próximo, denunció los intentos del ministro de Gobierno, Roberto Ríos, de violar la libertad de prensa. La aclaración la hizo después de las declaraciones del dignatario de estado en sentido de que ese portal fue creado recientemente, los primeros días de junio del año en curso y que sus denuncias no tienen validez. Negocios y política afirma que, en las últimas horas, el ministro de Gobierno de Bolivia, “lanzó acusaciones infundadas contra el portal, poniendo en duda la legitimidad de nuestro medio y el contenido de una investigación sobre supuestas maniobras para bloquear la candidatura de Evo Morales. Sus declaraciones, lejos de aportar pruebas o argumentos serios, constituyen un preocupante ataque a la libertad de prensa y al derecho de los ciudadanos a recibir información”. Agrega que Negocios y Política es un medio argentino con más de 30 años de historia, especializado en el análisis del cruce entre negocios y política. Si bien formó parte del histórico Grupo Atlántida, hoy pertenece a nuevos dueños que continúan el legado de periodismo independiente, con foco en investigaciones de alto impacto. “El dominio y la operación de Negocios y Política están registrados legalmente en la Argentina. Las afirmaciones de que el medio es un “invento reciente” administrado desde Bolivia son falsas y fácilmente refutables: los registros son públicos y cumplen las normativas argentinas. El uso de servidores internacionales o dominios gestionados en plataformas globales es práctica estándar en la industria de medios y no tiene ninguna relación con la veracidad o seriedad del contenido”, dice. Sostiene que su equipo periodístico tuvo periodistas de la talla de Mauro Federico, referente del periodismo de investigación en la región, con trayectoria en medios como Página/12, Ámbito Financiero, Crítica de la Argentina y revista Humor. Hoy, Negocios y Política sigue comprometido con brindar reportajes serios y contrastados que aporten al debate público. El portal argentino afirma que el informe publicado sobre Bolivia “se basó en fuentes e información confidencial verificada, en el marco de un trabajo profesional que cumple con las más elementales reglas del periodismo de investigación. Las descalificaciones oficiales buscan desviar la atención del fondo de las denuncias y generar un clima de censura”. “La libertad de prensa es un pilar de la democracia. Intentar silenciar a un medio con acusaciones sin pruebas es un acto de gravedad institucional que merece el repudio de toda la comunidad democrática”, agrega. Reitera que Negocios y Política reafirma su compromiso con la verdad, el rigor y el derecho de los ciudadanos a estar informados. Las autoridades tienen los canales institucionales para ejercer su derecho a réplica o recurrir a la justicia. Lo que no corresponde es atacar al mensajero cuando lo que molesta es el mensaje. “Seguiremos investigando, informando y revelando lo que el poder prefiere ocultar”, concluye.

La Paz, 2 de julio (El Nuevo Cambio).- En medio de la protección del gobierno, el proceso denominado “Consorcio” declarado en “reserva”, mantiene a los involucrados en ese caso con privilegios y ninguno se encuentra en prisión, como estableció el juez que atiende el proceso. De acuerdo a analistas, todos los que fueron señalados como autores de este extremo, que pone en duda la independencia de la justicia, están en sus viviendas, en clínicas, pero no en los penales, donde fueron enviados por las medidas cautelares. Los involucrados, comenzando por el exministro de Justicia, César Siles, fueron acusados de coordinar una serie de sentencias ilegales en contra de los opositores políticos al gobierno, extremo que fue conocido a través de un audio donde se escucha a Siles coordinar acciones para destituir a una magistrada elegida por voto, Fanny Coaquira. De los sietes involucrados en este caso, cuatro tienen detención domiciliara y tres preventiva, uno está internado en una clínica y según información del Ministerio Público ninguno está recluido en prisión. Por ejemplo, el exministro Siles fue enviado al Penal de Patacamaya por 5 meses, sin embargo, se encuentra en una clínica privada en la ciudad de La Paz, desde el mismo día en que debía ir a prisión. En el caso de Yván Córdova, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, se encuentra con detención domiciliaria sin salida laboral tras pagar una fianza de Bs 50.000 e Iván Campero, magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también fue beneficiado con la detención domiciliaria. Con relación a José Ramiro Uriarte, el exvicecónsul de Bolivia en España, también se encuentra con detención domiciliaria con salida laboral, Claudia Castro, exvocal del TDJ de La Paz está con reclusión preventiva, trasladada desde el penal de Obrajes a una clínica en la zona de Sopocachi. Marcelo Lea Plaza, juez de Coroico debería estar en la cárcel de San Pedro, pero fue internado en otra clínica, por depresión y Sergio S., jefe de plataforma del Juzgado de Coroico fue beneficiado con detención domiciliaria y arraigo luego de que colaborara con la investigación.

Lauca Eñe, Sinahota, 30 de junio (El Nuevo Cambio).- El ampliado de emergencia del instrumento político “Estamos Volviendo Obedeciendo al Pueblo” (Evo-Pueblo) celebrado en el municipio de Sinahota en el trópico de Cochabamba, este domingo, acordó exigir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la habilitación como candidato de Evo Morales y advirtió que sin él no habrá elecciones. El ampliado al que asistieron representantes de los nueve departamentos y las directivas del Pacto de Unidad, del Estado Mayor del Pueblo, Interculturales, Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Bartolinas, entre otros, debatió todo el día, sobre la actual situación política y económica del país. Al final del encuentro se aprobó el siguiente documento: PRIMERO. – Ratificar que EVO MORALES AYMA es el UNICO CANDIDATO a Presidente del Estado que representa a las Organizaciones Sociales del Movimiento Indígena Originario Campesino, de los obreros, intelectuales y clase media comprometida con la Patria; por lo tanto Evo Morales tiene que estar en la papeleta electoral como candidato presidencial; en caso contrario, nos vamos a movilizar en las carreteras y las calles. SEGUNDO. – Ratifica que PAN BOL sea habilitado para participar como organización política en las próximas elecciones generales en cumplimiento a la Resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales de La Paz, dentro de la Acción de Amparo que le fue tutelado para garantizar la participación de Evo Morales como candidato a la Presidencia. TERCERO. – Ante la posibilidad de renuncia de postulantes al cargo de candidato a Presidente, el Tribunal Supremo Electoral no obstaculice una eventual sustitución de candidatos. CUARTO. – Iniciar el trámite de obtención de la Personalidad Jurídica del Instrumento Político EVO Pueblo; para el efecto, la Dirección Nacional y Departamentales deben proceder a la preparación para el proceso de registro de militantes de acuerdo a los porcentajes exigidos en la Ley de Organizaciones Políticas, es urgente tener nuestra propia sigla. QUINTO. – Declarar a Andrónico Rodríguez, como el traidor más grande de su organización de base, traidor de su palabra, traidor al instrumento político y aliado del gobierno de Luis Arce, Marcelo Claure agente de los EEUU y en acuerdo con los Autoprorrogados. SEXTO.- El Estado Mayor del Pueblo, el Pacto de Unidad y el Instrumento Político EVO Pueblo se constituyen en la cabeza de la defensa de la economía de la canasta familiar y dispuestos a hacer valer nuestros derechos. SÉPTIMO.- Por responsabilidad del Estado y justicia, exigimos al Ministerio Público la reapertura de la investigación sobre el intento de asesinato que sufrió el Ex Presidente Evo Morales Ayma, que no puede quedar en la impunidad. OCTAVO.- Instamos al Fiscal General del Estado, para que en su función de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, inicie la investigación sobre los varios casos de corrupción millonaria que involucra a Luis Arce Catacora, sus hijos y sus Ministros por delitos que atentan contra la Patria que nos ha situado en el segundo país más corrupto del mundo. NOVENO.- Exigimos que los autoprorrogados del Tribunal Constitucional y los Vocales del Tribunal Supremo Electoral deben responder ante la justicia por los graves hechos cometidos contra el estado de derecho y la democracia. DECIMO.- Exigimos una investigación imparcial, con celeridad y transparencia en el caso Consorcio Criminal que involucra a exministros del gobierno, magistrados autoprorrogados, vocales de justicia, jueces y fiscales, para que respondan desde la cárcel por los hechos cometidos. DECIMO PRIMERO.-Exigimos el procesamiento penal del ministro de Defensa Edmundo Novillo por haber ordenado la movilización de fuerzas armadas al margen de la Constitución y las leyes. DECIMО SEGUNDO.- Repudiamos y rechazamos la criminalización del derecho humano y fundamental a la protesta social y manifestación, protegido por Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y la propia Constitución Política del Estado; asimismo, el gobierno cese la persecución judicial contra los movilizados y dejen en libertad a Ponciano Santos, Enrique Mamani y los hermanos y hermanas injustamente detenidos.