Política

La Paz, 9 de noviembre (El Nuevo Cambio).- El presidente Rodrigo Paz Pereira afirmó que se acabó la época del vivir del Estado, sin embargo, analistas políticos, le recordaron que él y toda su familia viven desde hace más de 20 años del estado y no dejaron nunca de hacerlo. No solo le recordaron a su tío Víctor Paz Estenssoro que fue cuatro veces presidente de la República, a su papá Jaime Paz Zamora que también fue mandatario, su otro tío que fue ministro de Salud, sus tías también ocuparon cargos en los gobiernos. Con relación a él, recordaron que no solo nació en España, sino que comenzó trabajando como encargado de negocios de la Embajada de Bolivia en España y fue además encargado de la Organización Mundial de Comercio. También recordaron que fue diputado y aliado a Gonzalo Sánchez de Lozada del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) el año 2002, después ocupó la misma función, pero esta vez con el partido Podemos, de Jorge “Tuto” Quiroga, el 2005. Luego también fue concejal en la Alcaldía de Tarija e incluso fue presidente del Concejo Municipal y después alcalde de esa misma ciudad, durante los años 2010 hasta el año 2020. También fue senador con Carlos Mesa, es decir, sigue viviendo del estado y pasó por todos los partidos de derecha.

Lauca Eñe, 8 de noviembre (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, deseo éxito al presidente Rodrigo Paz Pereira y vicepresidente Edman Lara, pero lamentó que los responsables de las masacres de Senkata, Sacaba, entre otros, Jeanine Añez y Fernando Camacho, hayan participado de ese acto. La afirmación del exmandatario fue emitida en dos mensajes a través de su cuenta X, la primera el viernes y la segunda este sábado, desde la localidad de Lauca Eñe, en el municipio de Sinahota del trópico de Cochabamba. Morales deseó a los nuevos mandatarios un buen gobierno y aclaró que «las elecciones generales del pasado mes de agosto, tuvieron cuestionamientos de legitimidad», principalmente generados por la proscripción ilegal y abusiva de candidaturas indígenas. Dijo que se debe «poner como centro y prioridad de la economía al ciudadano boliviano» y pidió no priorizar «intereses de los que buscan enriquecerse con nuestros recursos» y solucionar la economía que, según él, se desmoronó desde 2019 y se aceleró con Arce Catacora. El exmandatario también demandó cuidar el Estado Plurinacional como símbolo de unidad e inclusión y pidió «no suspender las políticas sociales en favor de la gente», porque representa la redistribución de la riqueza a los sectores más vulnerables. En el segundo mensaje de su cuenta X, afirmó: “Hoy, en el acto de asunción de un gobierno de derecha que promete “cambios”, estarán sentados Camacho y Añez, responsables de los dolorosos hechos de Sacaba y Senkata, liberados por una justicia que ha dado la espalda a las víctimas y ha olvidado su sufrimiento. Los familiares de quienes perdieron la vida no tendrán voz ni presencia en esta ceremonia; han sido ignorados y excluidos desde el primer día por quienes hoy se reparten el poder. Este contexto es aún más preocupante porque el Tribunal Supremo de Justicia no solo adelantó ayer criterio sobre mi situación, sino que en estas pocas semanas ha dejado en total indefensión a las familias de las víctimas, vulnerando la imparcialidad y la presunción de inocencia que exige nuestra Constitución. La verdadera justicia debe ser imparcial, sin privilegios para unos ni persecución para otros. No aceptaremos una justicia manipulada al servicio del poder ni de intereses ajenos al pueblo. Ante este escenario, reafirmo mi compromiso inquebrantable de seguir luchando con la firmeza y la dignidad que me dio el pueblo boliviano. La lucha por el Estado Plurinacional y la unidad en la diversidad continúa, porque solo así construiremos una patria verdaderamente libre, soberana y para todos”.

La Paz, 8 de noviembre (El Nuevo Cambio).- Con evidentes signos de un retorno al colonialismo en Bolivia, se realizó este sábado la transmisión de mando del presidente Rodrigo Paz Pereira y del vicepresidente, Edman Lara, en reemplazo de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, respectivamente. El nuevo gobierno inicialmente dispuso el reemplazo de la Chacana por el escudo nacional, como nueva imagen institucional. Este símbolo representa a las culturas originarias de Los Andes, fue retirado de todos los informes de los ministerios y entidades públicas que llegaban, a través de las redes sociales, a la población. La Chacana es una Cruz cuadrada con doce puntas, representa a la Cruz del sur, su nombre proviene del aimara “Jach’a Qhana que significa “gran luz resplandeciente, entre tanto en quechua significa escalera, es un símbolo milenario de los pueblos indigenas andinos, de la cultura inca en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Asimismo, en forma disimulada, aunque a vista de transeúntes, fue retirada la Whipala de la fachada del Palacio de Gobierno, en la plaza Murillo en la ciudad de La Paz y ni el gobierno saliente como entrante, dieron explicación sobre el hecho. Este símbolo que representa también a los pueblos indígenas y a la plurinacionalidad fue retirado de los mástiles que se encuentran en el último piso del conocido como Palacio Quemado y reemplazado por otra bandera nacional. Este sábado, tres banderas tricolor se encontraban en el Palacio y no dejaron ningún vestigio de la Whipala que también representa milenariamente a los indígenas y pueblos andinos, principalmente de varios países, no sólo de Bolivia. Para algunos analistas, este hecho no sólo representa un retorno al colonialismo, sino una violación a la Constitución Política de Estado Plurinacional que en su artículo 6, parágrafo II, señala: “Los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde; el himno boliviano; el escudo de armas; la wiphala; la escarapela; la flor de la kantuta y la flor del patujú”. Para los sectores sociales, la determinación de pretender anular estos símbolos culturales de la imagen del estado, representa no sólo un desconocimiento y afrenta a los pueblos indígenas principalmente, sino una ignorancia histórica extrema. Al cambio de la Chacana y el retiro de la Whipala se suma también el retorno de la Biblia y el crucifijo para juramentos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a pesar de que la CPE establece que en Bolivia existe libertad de culto.

La Paz, 7 de noviembre (El Nuevo Cambio).- Luis Arce Catacora fue expulsado del Movimiento al Socialismo por apropiarse de los aportes económicos de los militantes de ese partido y de los funcionarios públicos desde el año 2022, según denunció Grover García, que funge como presidente del MAS. Informó que además, el mandatario que este sábado concluye su mandato, fue denunciado ante la justicia ordinaria para que responda por ese hecho, que según la dirección nacional de ese partido, constituye un delito. Una resolución de la dirección nacional de ese partido dice: “Declarar la pérdida de confianza política y expulsión orgánica del MAS-IPSP del militante Luis Alberto Arce Catacora, actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia por haber incurrido en conductas consideradas contrarias a las labores, principios y lineamientos del MAS-IPSP conforme establece nuestro estatuto orgánico y las leyes que rigen en el Estado. De acuerdo a la información proporcionada por García los funcionarios públicos aportan de forma obligatoria cada mesparte de su salario y al margen también aportaban cuando se trataba de una actividad especial como las elecciones o marchas de los sectores. Esas cuotas debían ir a una cuenta partidaria, según dispone la Ley de Organizaciones Políticas, pero los dineros fueron desviados a cuentas particulares”. “El señor Luis Arce Catacora desvió los fondos del instrumento político, hemos solicitado con varias notas que pueda regularizar y nunca regularizó hasta esta fecha, y cabe aclarar, esos aportes nunca llegaron a las arcas del instrumento político. Como segundo, también hemos visto una traición en pleno proceso electoral al binomio, a los candidatos a senadores, diputados así como a nuestros militantes”, dijo García.

La Paz, 7 de noviembre (El Nuevo Cambio).- El Comité Impulsor de Justicia denunció que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia cometieron prevaricato al disponer ilegalmente la libertad de Jeanine Añez, cabecilla del golpe de estado perpetrado en noviembre de 2019 y de las masacres que derivaron en la muerte de más de 34 ciudadanos. Esa entidad liderizada por el abogado Aldo Michel dijo, a través de un pronunciamiento, que desde hace cuatro años realiza el seguimiento y emplazamiento de los procesos, por los hechos gravísimos del golpe de 2019 que derivaron en las masacres de Senkata, Sacaba, Los Rosales y El Pedregal en La Paz, en Montero y Betanzos. Asimismo, en la persecución y encarcelamiento de más de 1.500 bolivianos sometidos a torturas, a vejámenes; los robos y desmantelamiento de las empresas ENTEL, BOA, el caso “respiradores”, así como la vinculación y encubrimiento al narcotráfico del régimen de Añez, Camacho, Mesa, Jorge Quiroga, Doria Medina y sus cómplices. “Desde hace más de un año se ha posesionado, a través de los pactos asumidos por el gobierno de Arce Catacora y promovidos por Iván Lima una escalada de impunidad”, afirma al denunciar la conformación de un consorcio encabezado por Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia y jueces corruptos (que se reunieron con abogados de Añez) y  han emitido una Resolución que anula la sentencia ejecutoriada con 10 años de cárcel para Jeanine Añez y otros responsables de la organización y gestación del golpe de 2019, resolución ilegal y contra la norma por la carencia de fundamentación. Añade que en el caso del proceso Golpe II, las pruebas son abundantes y están contenidas en más de 50 declaraciones testificales y más de 200 documentos, que han demostrado fehacientemente en todas las etapas que la señora Añez se auto nombró, que violó la Constitución, que no hubo ningún mandato ni elección de la Asamblea Legislativa y que su ejercicio como presidenta auto nombrada fue inconstitucional y de facto, argumentos que no pueden ser desestimados. El pronunciamiento afirma que la determinación de anular la sentencia favoreciendo la impunidad de Añez desemboca en la absoluta inseguridad jurídica del Estado, “pues está dejando en la oscuridad actos inconstitucionales violatorios de los derechos humanos y deja en la indefensión a las víctimas de los 11 meses de terrorismo, persecución y masacres del gobierno de facto de Añez”. El comité se comprometió a seguir su lucha junto a las víctimas “y que con el pueblo boliviano accionaremos un recurso de Amparo y un juicio de responsabilidades a los vocales del TSJ por prevaricato;  agotaremos las instancias para que los organismos internacionales como la CIDH tomen una resolución toda vez que existen dos sendos informes de los expertos internacionales que comprobaron en los hechos que el gobierno de la señora Añez fue inconstitucional e ilegal y que promovió la violación severa de los Derechos Humanos”.

La Paz, 6 de noviembre (El Nuevo Cambio).- Activistas y organizaciones sociales rechazaron la liberación de Jeanine Añez y anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la violación de las leyes para beneficiar a la principal responsable del asesinato de más de 34 personas el pasado noviembre de 2019. El rechazo tiene que ver con la determinación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anuló la sentencia de 10 años de prisión de la autonombrada expresidenta Jeanine Áñez por el denominado caso golpe de Estado II y ordenara su liberación. El activista del caso Senkata, David Inca, informó que en una reunión los días 17, 18 y 19 de noviembre en Miami, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el caso Senkata y Sacaba, vamos a denunciar este extremo y pedir que se haga justicia. Inca afirmó que el gobierno de Añez fue el responsable de los asesinatos de más de 34 personas en noviembre de 2019, ocurridos en las regiones de Senkata en El Alto de La Paz y en Huayllani en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba. “Cuando ella era presidenta, no le tembló la mano para firmar el Decreto Supremo 4078, y debido a ese decreto hubo muertos durante su gobierno”, afirmó al señalar que ante la injusticia del TSJ no queda más que acudir a organismos internacionales. 

La Paz, 6 de noviembre (El Nuevo Cambio).- El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, reiteró su denuncia de que nunca hubo un intento de golpe de estado al gobierno de Luis Arce Catacora, sino se trató de un autogolpe planificado por el presidente y sus ministros, para perseguir y detener a Evo Morales y otros dirigentes políticos, no sólo de izquierda, sino también de derecha. La declaración la hizo a Radio Erbol de La Paz, al referirse también a la resolución del Senado Nacional, luego de que una comisión especial estableciera que no hubo golpe de estado el 26 de junio de 2024, cuando tanquetas del Ejército ocuparán la plaza Murillo en la sede de gobierno. Según Zúñiga, Arce Catacora y algunos ministros le proporcionaron un “libreto” para que inculpara a varios dirigentes políticos de izquierda y derecha, entre los que se encontraban Evo Morales, Juan Ramón Quintana, Jorge Valda, Jaime Dunn, entre otros, a cambio de su libertad. “Todo fue un plan político para beneficiar a Arce Catacora”, que esos días tenia problemas con las protestas ciudadanas en todo el país, por la crisis económica, dijo al señalar que “Nunca hubo un golpe de Estado, ni siquiera un intento y, peor, jamás de los jamases, este comandante y el resto de los militares se iba a prestar para algún show político”, sostuvo. De acuerdo a Erbol, Zúñiga afirmó que el movimiento militar del 26 de junio de 2024, respondió a una orden presidencial. “Nosotros simplemente cumplimos una orden del presidente y de algunos ministros de Estado”. Reveló que hubo reuniones previas a la movilización militar y que el Ejecutivo buscaba aumentar su popularidad mediante un supuesto “golpe de estado”, con el objetivo de tapar la crisis económica que atravesaba el país. “Con esa narrativa del golpe, querían iniciar la persecución, la cacería y el encarcelamiento de todos aquellos políticos de la oposición, tanto de izquierda como de derecha”, dijo al indicar que, a cambio de inculpar a éstos, se le ofreció una detención domiciliaria. Acusó al viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera y al actual ministro de Gobierno, Roberto Rios de ir cárcel por cárcel, para ofrecer a los detenidos por este caso, procedimientos abreviados para mantener la mentira de golpe de Estado. “A mí también me han dado un libreto… y me ofrecieron que implicara a algunos políticos” (…) Todo esto ha sido planificado y ordenado por el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, y él debe ser llevado a un juicio de responsabilidades”, afirmó al demandar del nuevo gobierno que investigue los hechos del 26 de junio de 2024, no sólo al presidente, sino también, a sus ministros María Nela Prada, Edmundo Novillo, Eduardo Del Castillo, Jhonny Aguilera, entre otros. Juan José Zúñiga se encuentra detenido en la cárcel de El Abra, en Cochabamba. La fiscalía lo acusa por el delito de alzamiento armado, podría estar sujeto a una pena de 15 a 30 años de cárcel, según la normativa penal.