Lima | Agencias
Un informe de Amnistía Internacional (AI) señala que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tendría responsabilidad penal como autora mediata de la represión a las protestas contra su gobierno que dejó medio centenar de muertos y más de mil heridos.
En los primeros tres meses del gobierno de Boluarte, que asumió el 7 de diciembre de 2022, las movilizaciones que rechazaban su llegada a la presidencia en reemplazo del destituido Pedro Castillo fueron brutalmente reprimidas por la policía y el Ejército, que dispararon con armas de munición letal y de largo alcance contra manifestantes e incluso contra quienes atendían a los heridos y pobladores que no participaban en las protestas. Testigos y videos lo confirman.
El documento presentado el viernes por AI, titulado «¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú», detalla las decisiones de la mandataria que llevaron a estas muertes y las avalaron. También apunta a la responsabilidad penal de ministros y de los altos jefes de la policía y del Ejército.
«Este informe da cuenta de acciones y omisiones realizadas desde las más altas esferas del Estado peruano que habrían tenido consecuencias letales durante meses y que pudieron haberse evitado», señala el informe de AI, que califica la respuesta a las protestas como «ilegal» y denuncia «órdenes y decisiones claves de altos mandos policiales y militares, de la presidenta y ministros, que abrieron la puerta a que se cometieran graves violaciones de derechos humanos».
Las primeras muertes ocurrieron cuatro días después de que asumió Boluarte, en la región andina de Apurímac, donde murieron cinco personas por disparos de la policía. Unos días después el Ejército disparó contra manifestantes y pobladores en la también andina Ayacucho, matando a 10 personas. Luego de estas muertes, Boluarte elogió los operativos represivos y ascendió al ministro de Defensa, Alberto Otárola, responsable por las acciones del Ejército en Ayacucho, al cargo de jefe del gabinete ministerial.
Boluarte y Otárola desplegaron un agresivo discurso estigmatizando a quienes se movilizaban contra el gobierno como «terroristas», «delincuentes» y «vándalos», acusaciones falsas con las que se pretendió justificar la represión que disparó contra pobladores desarmados. Cuando los muertos ya sumaban decenas, Boluarte calificó la actuación de las fuerzas de seguridad como «inmaculada». Otárola llamó «héroes» a los policías y militares involucrados en las muertes.
Con ese respaldo, las fuerzas de seguridad continuaron la brutal represión. El 9 de enero de 2023, las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes y pobladores en la ciudad altiplánica de Juliaca, matando ese día a 18 personas. Fue la jornada más cruenta de la represión gubernamental. Las muertes siguieron aumentando hasta marzo de ese año. El informe de AI afirma que la forma en que se dieron estos hechos durante varios meses «apuntan a una estrategia planificada y consciente y no a hechos aislados producto de oficiales actuando por su cuenta».
Pretendiendo eludir su responsabilidad, Boluarte declaró ante la Fiscalía que no había tenido intervención en las decisiones para enfrentar las protestas, que éstas fueron tomadas por las fuerzas armadas y la policía sin su participación, que no había tenido contacto en esos días con los jefes militares y policiales. Amnistía precisa que esa afirmación de la presidenta es falsa y detalla nueve reuniones de Boluarte con los jefes de la policía y las Fuerzas Armadas en el mes de diciembre de 2022, en medio de la represión y las muertes.
Se señala que la presidenta estuvo plenamente informada de lo que ocurría desde el primer día y mantuvo una coordinación permanente con las fuerzas de seguridad. El informe de AI denuncia que oficiales sindicados de haber tenido participación clave en la represión han sido ascendidos por el gobierno.
