Sucre, 29 de septiembre (El Nuevo Cambio).- El fiscal general, Roger Mariaca, respondió al veto a su visa a los Estados Unidos y atribuyó esa decisión a las investigaciones que realiza el Ministerio Público contra el exasesor personal de Rodrigo Paz, el argentino Fernando Cerimedo.
«Respetamos las decisiones soberanas de los Estados Unidos, pero esperamos que se respete la independencia de las instituciones en Bolivia», afirmó el fiscal al advertir que la «función pública no puede estar condicionada por el temor».
Aseguró que la determinación del gobierno de Trump lo tomó por sorpresa, sin embargo, «como estado soberano y respetuoso del derecho internacional, respetamos las decisiones que cada nación adopta dentro de sus propias competencias y jurisdicción».
También afirmó que esa decisión no es aceptable. «No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando como fiscal general del Estado, cargo otorgado democráticamente conforme a la institucionalidad boliviana, sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior».
Advirtió que no permitirá que su carrera e imagen sean afectados sin que exista la posibilidad de que los hechos sean esclarecidos en las instancias correspondientes. «Tampoco puedo permitir que mi familia, que me ha acompañado y respaldado durante todos estos años, sea arrastrada injustamente a una situación que no les corresponde».
«Podemos tener diferencia, podemos ser críticos, podemos expresar desacuerdos, eso forma parte de las relaciones entre Estados democráticos, pero una cosa es expresar una posición y otra muy distinta es pretender, condicionar, interferir o afectar el trabajo de una institución soberana como lo es el Ministerio Público”, sostuvo.
Señaló que la posición del Ministerio Público es clara, Bolivia respeta la soberanía de los demás Estados y exige que su soberanía sea igualmente respetada».
“Sabemos que el trabajo que venimos realizando no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto dentro como fuera de nuestro país. Sabemos también que algunas investigaciones tienen implicaciones que transcienden las fronteras nacionales. El denominado caso Cerimedo, por ejemplo, ha generado preocupación y repercusiones en diferentes ámbitos políticos, pero ninguna presión política, nacional o internacional puede convertirse en un impedimento para esclarecer hechos que deben ser investigados», afirmó.
