La Paz, 20 de junio (El Nuevo Cambio).- El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo firmó un acuerdo con el presidente Rodrigo Paz para suspender los bloqueos y que se atiendan las demandas laborales, pero las organizaciones sociales lo califican como “traidor y vendido”.
El dirigente justificó el acuerdo afirmando qué hay que “limar nuestras diferencias” y que es necesario abrir una nueva etapa en el país y anunció que desde el miércoles se instalarán mesas de trabajo para atender las demandas de todos los sectores.
“Creemos que tiene que existir una reconciliación entre los gobernantes y gobernados”, dijo al señalar que los trabajadores buscan participar en las decisiones estructurales del país, sin que ello signifique formar parte del Gobierno.
“Queremos participar en las decisiones estructurales que se presenten en este país para proteger nuestros recursos naturales y nuestras empresas estratégicas estatales”, afirmó al manifestar que la COB tiene la responsabilidad de dar certezas a la población.
Sin embargo, la Federación de Campesinos Tupac Katari de La Paz, las Seis Federaciones de Productores de Coca, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) lo calificaron como un “traidor y vendido” al gobierno y anunciaron no sólo que los bloqueos en el país se mantendrán, sino masificarán.
El acuerdo firmado con el gobierno establece compromisos en materia de derechos humanos, economía, combustibles, medio ambiente, seguridad social y participación social, con un plazo máximo de 90 días para su cumplimiento.
Señala que el Ejecutivo no promoverá normas que criminalicen la protesta ni realizará persecución política, judicial o mediática contra dirigentes movilizados y se conformará una comisión legal para gestionar la liberación de detenidos.
Con relación al tema económico, el Gobierno se compromete a no impulsar la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales a intereses privados, ni empresas extranjeras.
También se compromete a transparentar las negociaciones de financiamiento externo y a instalar una mesa técnica para debatir la distribución de recursos bajo la premisa del denominado pacto fiscal 50/50.
Asimismo, se acordó impulsar medidas que protejan la canasta familiar, fortalezcan la producción nacional y conforme una comisión técnica para revisar la Ley de Pensiones en beneficio de los jubilados.
El acuerdo también incluye compromisos relacionados con la investigación de los casos denominados “narco maderas” y “narco maletas”, la realización de una auditoría internacional sobre la denominada “gasolina basura”, la garantía de abastecimiento de combustibles y la instalación de mesas técnicas para verificar los daños reportados.
Además, el Gobierno se comprometió a promover mecanismos de socialización y consulta para normas de alto impacto, fortalecer la protección de áreas protegidas y mantener una política exterior basada en la soberanía, la paz y la defensa de los intereses nacionales.
El documento suscrito establece también que todos los compromisos deberán ejecutarse en tiempos oportunos que no excedan los 90 días.
