Alfredo Jiménez Pereyra
En un verdadero acto de insulto y menosprecio hacia el pueblo boliviano y hacia los movimientos sociales, el presidente Rodrigo Paz Pereira ha criminalizado las protestas populares al calificarlas de ser integradas e impulsadas por “narcoterroristas”. La afirmación se suma a otros desatinos que ha cometido el jefe de Estado en tan solo siete meses de Gobierno.
Desde hace más de un mes, lo que comenzó como una protesta laboral ante la grave crisis económica que atraviesa Bolivia, alrededor de un centenar de sindicatos de occidente y oriente del país, ante la falta de soluciones sociales y económicas, ha intensificado los bloqueos de carreteras transformándolo en un clamor popular que exige la renuncia de Paz Pereira.
Miles de obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros presionan al gobierno derechista con decenas de bloqueos de carreteras que asfixian desde hace cinco semanas a las principales ciudades del país, donde escasean productos básicos.
Ante esta situación, el incaPaz presidente, con siete meses en el poder, promulgó la semana pasada una ley que le da campo libre para decretar el estado de excepción que además de permitirle usar militares para contener las protestas, restringiría libertades de reunión y movimiento.
Aunque el jefe de Estado pretenda minimizar el descontento generalizado de la población y tildarla de movimiento “narcoterrorista”, no quiere aceptar que su Gobierno carece de un horizonte, de un programa político y económico que vaya a mejorar la paupérrima económica de miles de bolivianos. Su Gobierno ya sido absorbido por una clase dominante del sistema financiero, de las logias cruceñas que controlan el agronegocio y por los intereses geopolíticos estadounidenses. Es así, que el gobierno boliviano, nuevo aliado de Estados Unidos, acusa reiteradamente al expresidente Evo Morales de estar detrás de las masivas protestas.
Con el propósito de aclarar cualquier vínculo con Morales, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, recientemente marcó distancia del expresidente rechazando de plano las versiones que vinculan al líder cocalero con el financiamiento o la conducción de las movilizaciones y protestas en distintas regiones del país. Afirmó que las medidas de presión responden a decisiones asumidas por las organizaciones sociales movilizadas y no a intereses de actores políticos externos. Así también, aseguró que la protesta es sostenida por los propios sectores movilizados y negó cualquier respaldo económico del exmandatario.
Los miles de bolivianos que piden la renuncia de Paz Pereira condenan que los cooperativistas mineros tengan gasolina subvencionada a menor precio, mientras el resto del país paga por combustibles más caros y de baja calidad; además, de los negociados y hechos de corrupción que realizan las nuevas autoridades al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
También cuestionan que se otorguen alivios tributarios a la oligarquía empresarial, mientras se incrementa la carga sobre el pueblo. Además, de aceptar préstamos millonarios con el Fondo Monetario Internacional (FMI y el Banco Mundial (BM) con tasas del 10 por ciento.
Los manifestantes rechazan los intentos de privatizar las empresas estatales y de entregar a las trasnacionales -específicamente a Estados Unidos- los yacimientos del litio y la riqueza que existe en las denominadas tierras raras.
Bolivia entera pide respuestas claras y transparentes sore los escándalos de corrupción dentro la estructura gubernamental, especialmente en el caso del narcotráfico como los casos de “narcomaderas”, “narcomaletas” y las cajas fuertes desmanteladas del narcotraficante extraditado a Estados Unidos, Sebastián Marset.
Son por estos antecedentes, y por otros más, que cientos de miles de bolivianos están en las carreteras del país exigiendo la renuncia del incompetente presidente Paz Pereira. Que vil y bajo es calificar que son movimientos “narcoterroristas” los piden su dimisión.
El mandatario boliviano desconoce que la verdadera fuerza histórica popular nació cuando campesinos, trabajadores, estudiantes, organizaciones, mujeres y vecinos quienes enfilaron por la senda de la lucha fusionados en un solo cuerpo y una sola voz exigiendo: “para el pueblo lo que es del pueblo”.
En un acto desesperado y de menosprecio hacia los movimientos sociales, tanto Paz Pereira y la derecha boliviana repiten constantemente que han sido veinte años de retraso, en alusión al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) que fue encabezado por el expresidente Evo Morales, pero no saben que en esos veinte años sirvieron para conformar una base sólida, donde hay un pueblo más crítico, más informado y más consciente de la realidad nacional, y que ya no es posible gobernar lejos de la Bolivia profunda.
