Alfredo Jiménez Pereyra
Si el proyecto de ley que abroga la Ley 1341 de Estados de Excepción es aprobada por la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia será el acabose del gobierno que preside Rodrigo Paz Pereira, quien transita por su sinuoso laberinto.
El domingo, el Senado nacional justificó la abrogación de mencionada ley al considerar que la norma limita la capacidad del Estado para pacificar el país mediante la aplicación de un eventual estado de excepción en contextos de conflictividad.
La abrogación de la Ley 1341 no surge en un escenario de normalidad institucional, sino en medio de una profunda crisis económica, política y social que atraviesa actualmente el país. Desde principios de mayo, distintos sectores sociales, que engloban a organizaciones campesinas, juntas vecinales, sindicatos, maestros, transportistas, mineros, universitarios y sectores indígenas, han expresado su malestar con bloqueos de carreteras, marchas y movilizaciones en distintos puntos del territorio nacional exigiendo la renuncia del presidente Paz Pereira.
El descontento de miles de bolivianos, que en la actualidad permanecen en las principales carreteras del país, no es por “puro amor al bloqueo” o por joda, sino es porque están denunciando al mundo entero el deterioro de las condiciones de sus vidas, la escasez, mala calidad de combustibles, el incremento de precios de productos básicos, rechazo a las medidas neoliberales, el peligro de la privatización de las principales empresas estatales, entre muchas cosas.
En este contexto, comenzó a reactivarse desde sectores de la ultraderecha, parlamentarios de los partidos políticos de derecha, empresariales, cívicos racistas y medios de comunicación el debate sobre la posibilidad de declarar un estado de excepción para restablecer el “orden público”.
Recordemos que el 14 de noviembre de 2019 durante el gobierno de facto de Jeanine Añez ésta promulgó el Decreto Supremo 4078, mediante el cual se dispuso la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de “conservación del orden público” y se estableció que el personal militar quedaría “exento de responsabilidad penal” cuando actuaran en “legítima defensa o estado de necesidad” en el proceso de “pacificación”.
Al día siguiente de su promulgación, el 15 de noviembre de 2019, se produjo la masacre de Huayllani en Cochabamba; posteriormente, el 19 de noviembre, tuvo lugar la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto. Ambos hechos represivos dejaron decenas de personas fallecidas, centenares de heridos y múltiples detenciones arbitrarias, constituyéndose en uno de los episodios más graves de violencia estatal registrados en la historia reciente de Bolivia.
Diversos organismos nacionales e internacionales cuestionaron inmediatamente el contenido de esta norma, al considerar que otorgaba cobertura jurídica a la represión estatal al margen de la Constitución Política del Estado y en contravención de los estándares internacionales de derechos humanos. Ante la presión social y el cuestionamiento de organismos nacionales e internacionales, no le quedó otro camino a la golpista Añez que abrogar el Decreto Supremo 4078, el 28 de noviembre de ese año.
En los seis meses de gestión del presidente incaPaz, los bolivianos están sufriendo el incremento desmedido de la canasta familiar, el gobierno quitó la subvención de los hidrocarburos (a cambio importó mediante, contratos no claros, gasolina y diésel de mala calidad que está arruinando miles de motores), el precio de los pasajes terrestres y aéreos se incrementaron, se perdió la estabilización del dólar puesto que ahora rige la cotización del dólar paralelo que es de diez bolivianos, aumentó los impuestos a la pequeña producción agrícola, eliminó los impuestos a las grandes fortunas, dictó leyes que favorece a los sectores más ricos en desmedro de los más necesitados, firmó decretos sin respetar la Constitución Política del Estado, adquirió préstamos financieros con organismos internacionales endeudando más al país, inició una silenciosa privatización de empresas estatales bajo el ruin argumento de que son deficitarias, improvisa ministros y viceministros porque carece de políticos que conozcan las verdaderas necesidades de millones de bolivianos y apoya las intervenciones injerencistas y militares de gobiernos como Estados Unidos e Israel.
En este contexto, los miles de bolivianos que dieron su voto a Paz Pereira en las elecciones del octubre pasado, se sienten traicionados por un presidente incaPaz, que lo único sabe repetir es: “tras veinte años de corrupción” -negando los catorce años de pujanza económica y social que tuvo Bolivia en la presidencia de Evo Morales-, Estado tranca- cuando él es quien está poniendo muchas trancas para que cientos de bolivianos no mejoren su calidad de vida-, y Bolivia, Bolivia, Bolivia… -que pretende entregar los recursos naturales a las potencias extranjeras y el pago de un bono de 3.000 bolivianos a la policía para que reprima las protestas sociales que van in crescendo.
