Alfredo Jiménez Pereyra
El presidente Rodrigo Paz Pereira no se ha dado cuenta hay muchas cosas que no cuadran en los primeros seis meses de su gobierno, porque su gestión no tiene una verdadera dirección que vaya a mejorar la vida de los más desposeídos del país; además, de que su administración atraviesa por una crisis política e institucional que carece de una visión sobre el rumbo al que está llevando al país.
La corrupción dentro del aparato estatal, lejos de desaparecer, está presente bajo nuevas formas. En tanto, la justicia no ha dado muestras claras de transformación, no se percibe un cambio estructural en su funcionamiento.
El gobierno de Paz Pereira enfrenta un escenario marcado por la desconfianza ciudadana. El dato más relevante de un reciente sondeo nacional de opinión sitúa en 81% el porcentaje de personas que afirma tener poca o ninguna confianza en la capacidad del Ejecutivo para resolver los problemas estructurales del país. Se trata del indicador más elevado del estudio y el que define el tono general de la evaluación pública.
El contexto en el que se desarrolla esta evaluación está influido por una serie de problemas que han generado cuestionamientos públicos hacia la administración gubernamental. Uno de los más visibles se relaciona con la calidad del combustible distribuido en el país. En distintos departamentos se han reportado denuncias sobre gasolina de bajo rendimiento, lo que ha derivado en fallas mecánicas y afectaciones a miles de motorizados, tanto del transporte público como privado.
Conductores, sindicatos del transporte y usuarios han expresado reiteradas quejas por el desempeño del combustible, señalando una disminución en la eficiencia y daños en los vehículos.
El Gobierno debe implementar medidas urgentes como ser la transparencia total sobre la situación de importación de combustibles, incluyendo pagos, volúmenes disponibles y previsiones de abastecimiento.
Con la finalidad de parar el supuesto sabotaje en el interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el reciente posesionado presidente de la estatal, Sebastián Daroca, afirmó que iniciará un proceso de reestructuración de la petrolera donde se evaluará al personal por lo que se contratará un equipo exterior para un apoyo técnico. Pero el fondo del caso es que el Gobierno lo que busca es deshacerse de trabajadores petroleros que fueron contratados en gestiones pasadas. Además, hacer aparecer a las empresas estrategias nacionales que atraviesan por “severos cuadros” de déficit para luego privatizarlas.
Otro episodio que ha generado repercusión es el denominado caso de las “32 maletas”, que hasta la fecha no encuentra responsables y no se tiene una versión oficial del contenido de las mismas, pese a que extraoficialmente se conoce que habrían ingresado millones de dólares.
En el tema legislativo, existe una debilidad del oficialismo por lo que el gobierno se sostiene mediante decretos ante la falta de respaldo en la Asamblea.
Por su parte, el Ejecutivo enfrenta una falta de apoyo tanto de sus parlamentarios como de sus aliados, lo que configura una crisis de gobernabilidad.
Con relación a las relaciones internacionales, el gobierno de Paz Pereira está desarrollando un acercamiento entre Bolivia y Chile dejando de lado el derecho inclaudicable sobre una salida soberana al océano pacífico.
En el marco de una nueva etapa en las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos, la administración de Paz Pereira ha demostrado una total sumisión al gobierno de Donald Trump marcado por la adhesión de ambos países a la iniciativa hemisférica “Escudo de las Américas”, orientada a enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico en la región.
Con el presidente Paz Pereira, Bolivia no tiene un norte claro en política exterior porque tampoco tiene un modelo de desarrollo definido.
Estos tipos de errores no solo van a desgastar al actual gobierno, sino que ya han activado situaciones de conflicto con escenarios de protestas, paros indefinidos y bloqueos de camino en un contexto donde la ciudadanía enfrenta el encarecimiento de la canasta familiar y la devaluación del boliviano frente al dólar.
El cacareado discurso “Estado Tranca” impulsado por Paz Pereira está dirigido a los estratos más desposeídos del país, porque mediante sus medidas antipopulares impuestas por su gobierno no hacen más que los ciudadanos de la Bolivia profunda estén realmente trancados sin poder hallar una solución económica, social y de desarrollo a sus vidas.
