Por Horacio Villegas Pardo
Otro escándalo, similar al de Botrading —o incluso peor—, se da en la construcción de plantas de biodiésel a cargo de YPFB Corporación. Luis Arce presentó este proyecto como una solución estructural a la importación de combustibles, prometiendo la producción interna de biodiesel. En un inicio se anunció la construcción de tres plantas: una en Santa Cruz, otra en El Alto y la última con tecnología HVO —capaz de procesar todo tipo de aceites— en Puerto Suárez.
De las tres plantas, con un presupuesto de 387 millones de dólares, sólo se entregó la de Santa Cruz, con capacidad de 1.500 barriles diarios (238.500 litros). La planta de El Alto debía producir lo mismo, pero pese a múltiples anuncios, a un mes y medio de dejar el gobierno, aún no ha sido entregada. Las irregularidades que deben investigarse con urgencia son las siguientes:
1) Sobreprecio en la planta de Santa Cruz
Según fuentes de YPFB, la empresa encargada de construir la planta fue la empresa belga Desmet Ballestra, por un valor de 47 millones de dólares (1). Sin embargo, en mayo de 2023 entregó en Paraguay una planta de 30 millones de dólares, con una capacidad de 2.000 barriles diarios (2). La pregunta es inevitable: ¿cómo la misma empresa cobra 17 millones más en Bolivia por una planta de menor capacidad?
2) Contratación directa sin licitación
Tras tres licitaciones desiertas, YPFB Corporación delegó la construcción a su subsidiaria YPFB Refinación —bajo la misma modalidad que en el caso Botrading—, la cual no tiene experiencia en fabricación de plantas. Aun así, contrató directamente a la empresa belga para la construcción de las tres plantas, sin licitación pública.
Cabe destacar que YPFB Refinación es 99% estatal y 1% privada; al ser sociedad anónima regida por el Código de Comercio, el Estado actúa como socio mayoritario, no como ente de control.
3) Problemas con la materia prima
En 2018, YPFB elaboró un estudio para una planta de biodiésel, el cual establecía que, para ser viable, debía producir al menos 500.000 litros diarios con base en aceite de soya. Se requeriría importar metanol para mezclar un 30%, alcanzando un costo de 0,8 dólares por litro (5,60 bolivianos, al tipo de cambio oficial), más caro que el diésel convencional, por lo cual entonces se descartó el proyecto.
El bajo rendimiento de la soya en Bolivia (2 T/ha frente a 3–4 T en Paraguay, Argentina y Brasil) compromete el abastecimiento y encarece el producto, especialmente en El Alto por la distancia. Además, el precio del aceite de soya subió en los mercados debido a la alta demanda de la planta, beneficiando principalmente a los grandes productores aceiteros, como la familia Marinkovic.
4) La planta HVO de Puerto Suárez
El biodiésel HVO es un diésel sintético caro debido al alto costo de producción, ya que requiere hidrógeno importado. Tampoco se ha informado cuántos barriles o litros producirá por día. La construcción de las tres plantas fue adjudicada directamente a Desmet Ballestra —ingeniería y equipos— por un valor global de 387 millones de dólares. Si las plantas de Santa Cruz y El Alto costaron cada una 47 millones, queda un remanente de 293 millones de dólares que corresponderían a la planta HVO. Es urgente que YPFB informe el estado de ese proyecto.
5) Cobertura mínima de la demanda
Bolivia consume alrededor de 7 millones de litros de diésel y 6 millones de gasolina cada día. La planta de Santa Cruz producirá 238.500 litros diarios y la de El Alto otros 238.500, sumando 477.000 litros, equivalentes al 6,8% de la demanda nacional de diésel. Considerando los paros por mantenimiento de las plantas, la cobertura real sería menor, llegando en el mejor de los casos al 6%.
Conclusiones
El proyecto carecía de sentido económico porque los números nunca cerraron. Las consecuencias son claras:
* Sobreprecio de al menos 34 millones de dólares en dos plantas.
* La planta HVO sin información sobre costos y producción.
* Materia prima escasa por tanto cara aumentando el precio final del litro del biodiesel y con ello la subvención del Estado.
* Incremento del precio del aceite de soya para la población.
* Beneficio exclusivo para agroindustriales como Marinkovic y para los mismos jerarcas de YPFB, que se enriquecieron aún más.
Este es otro caso de desinstitucionalización de YPFB, que favorece intereses de empresas privadas y allana el camino hacia la futura privatización de la empresa estatal más grande del país.
