Washington y Caracas | Agencias
En negociaciones secretas, el gobierno de Estados Unidos despliega una ofensiva diplomática para ofrecer una amnistía al presidente venezolano Nicolás Maduro a cambio de que renuncie al Palacio de Miraflores, en una estrategia que se apoya en las evidencias cada vez más sólidas de que perdió las elecciones del mes pasado, según informó el diario The Wall Street Journal en su edición online.
De acuerdo con la información del diario neoyorquino, Washington ha discutido indultos para Maduro y sus principales aliados que enfrentan acusaciones penales por narcoterrorismo y tráfico de drogas del Departamento de Justicia, dijeron fuentes ligadas a las conversaciones secretas.
En tal sentido, la Casa Blanca podría estar dispuesta a abandonar los esfuerzos de extradición de los involucrados. Citando una de las fuentes, el Journal sostiene que la administración del presidente Joe Biden ha puesto “todo sobre la mesa” para convencer a Maduro de que ceda el poder antes de enero, cuando debe comenzar al nuevo gobierno en Caracas.
Otra persona familiarizada con las conversaciones dijo que Washington consideraría brindar garantías contra la búsqueda de extradición para estas personas.
Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por Maduro en 2020, acusándolo de conspirar para inundar Estados Unidos con cocaína. Esta última iniciativa diplomática representa un cambio drástico en el enfoque, impulsado por la meticulosa documentación por parte de la oposición venezolana de los recuentos de votos que muestran que su candidato, el exdiplomático Edmundo González Urrutia, habría derrotado a Maduro de manera aplastante el 28 de julio por casi 4 millones de sufragios de diferencia.
The Miami Herald informó que una fuente de la Casa Blanca había negado la oferta de Washington de una amnistía a Maduro citada por el Wall Street Journal. No obstante, el diario de Florida indicó que ese informante, al que no cita, admitió que en el gobierno de Biden “estamos considerando una serie de opciones para incentivar y presionar a Maduro para que reconozca los resultados de las elecciones y continuaremos haciéndolo”.
Rechazan nuevas elecciones
La líder opositora venezolana Marina Corina Machado rechazó la celebración de unas nuevas elecciones y ofreció las actas electorales en posesión de la oposición para quien las quiera revisar, en una entrevista publicada en el diario español El País. Machado subrayó que el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio «no es negociable», así como tampoco lo es «la soberanía popular» que, según su punto de vista, le dio su apoyo mayoritario al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia.
«¿En qué cabeza cabe que se haga otra elección? Aquí ya hubo una, bajo los términos del régimen, con una campaña absolutamente desigual. Bajo sus términos fuimos, con sus máquinas, con sus actas… Nosotros las actas que tenemos son documentos oficiales del CNE (Consejo Nacional Electoral). El mundo sabe que arrasamos», reiteró Machado. En los últimos días en Venezuela circularon especulaciones sobre nuevos comicios. La opositora venezolana señaló que «el desafío es hacer que Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada».
«Incitan al odio»
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró el domingo que la página web creada por la oposición para publicar las presuntas actas electorales tiene como objetivo «incitar al odio en la audiencia internacional contra las instituciones de Venezuela».
En entrevista con Globovisión, Saab aseguró que la derecha venezolana opera junto a los distintos gobiernos de Estados Unidos, quienes «aparte de ser mercenarios buscan un cambio de la información, distorsionada y falsa de la realidad nacional».
En enero de este año la Corte Suprema de Venezuela ratificó la inhabilitación política contra Machado, quien fue electa en primarias como la candidata de la oposición para enfrentar a Maduro. Machado ya había sido inhabilitada por un año en 2015 por asistir como «embajador alterno» de Panamá a una reunión de la OEA, donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos en Venezuela. La sanción fue extendida a 15 años en junio de 2023 por haber «solicitado la aplicación de sanciones y bloqueo económico que generó daños en la salud venezolana».
