La Paz, 19 de junio (El Nuevo Cambio).- El presidente Luis Arce Catacora, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo y el Alto Mando Militar pueden ser sometidos a un juicio de responsabilidades por haber movilizado a tropas militares en conflictos sociales, violando la Constitución Política del Estado.
La instrucción para que los militares salgan a reprimir en los bloqueos, ocasionó la muerte de alrededor seis personas, cuatro policías y dos comunarios, aunque los dirigentes de los campesinos afirman que hay más de ocho campesinos fallecidos, no sólo en Llallagua, sino la carretera entre Cochabamba y Oruro.
Dijeron que todos murieron por impactos de bala y que tanto el Ministerio de Gobierno y los medios de comunicación social ocultaron esa información, con el único interés de mentir a la población, sobre la responsabilidad de los fallecimientos originados por los militares.
Según la explicación jurídica, el presidente Arce, el ministro Novillo y el Alto Mando militar violaron la Ley 1341, de Estados de Excepción que fue promulgada en julio de 2020 y publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 29 de octubre de ese año.
La disposición legal obliga al Órgano Ejecutivo a declarar el estado de excepción (estado de sitio) antes de ordenar la movilización de tropas militares, lo que no hizo el presidente Arce Catacora, al instruir la salida de las Fuerzas Armadas a los puntos de bloqueos.
“Sólo podrá disponerse la participación de las Fuerzas Armadas, en operaciones de orden público y control de disturbios civiles, mediante la declaración de Estado de Excepción por Conmoción Interna, siempre que la Policía Boliviana hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”, señala el artículo 20 de la Ley 1341.
Algunos asambleístas del sector “evista” adelantaron que se preparará el juicio de responsabilidades contra el presidente Arce y otras autoridades, el mismo que podría comenzar en esta o la otra gestión gubernamental.
Hasta antes de la salida de los militares a los puntos de bloqueo, no había muertos, pero desde que las tropas salieron primero a la localidad de Vinto y a la carretera entre Cochabamba y Oruro y después a Llallagua en el norte de Potosí, se anunciaron la muerte de policías y comunarios, todos por disparos de bala, aparentemente de francotiradores.
Los primeros responsables de la salida de las tropas militares a los puntos de bloqueo son el presidente Arce y el ministro Novillo y el proceso podría ser iniciado por resoluciones contrarias a la CPE e incumplimiento de deberes.
Un análisis del periódico El Deber señala que el artículo 137 de la Constitución Política del Estado (CPE) también faculta al presidente a emitir la declaratoria de estado de excepción cuando la Policía sea rebasada y puede hacerlo en todo el territorio nacional o en parte de él.
Agrega que la Ley 1341 tuvo un particular tratamiento en 2020 pues la entonces presidenta, Jeanine Áñez se negó a promulgarla. La ley salió adelante con la mayoría parlamentaria del MAS en ese entonces en abierta disputa con el Ejecutivo transitorio. Por eso, se demoró la promulgación de la norma. Fue Eva Copa como presidenta del Senado, tal como manda la Constitución, quien oficializó la ley.
Para que entre en vigencia debía ser publicado en la Gaceta Oficial y el Gobierno instruyó que no se publicara. Finalmente, la Gaceta la publicó el 29 de octubre, cuando el MAS había ganado las elecciones y faltaba 8 días para la posesión de Luis Arce como presidente.
