Tegucigalpa | Agencias
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció un intento de «golpe de Estado» en curso, en medio de la polémica por su decisión de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos, que permitió enviar a ese país a poderosos narcotraficantes.
«Ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo por un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe detener», dijo la mandataria en una cadena de radio y televisión.
En un discurso televisado por cadena nacional, la presidenta denunció un intento de golpe en curso y lo atribuyó a «las mismas fuerzas oscuras que actuaron en 2009» en el derrocamiento de Manuel Zelaya. «El plan para destruir mi gobierno socialista, democrático, y el próximo proceso electoral ya está en marcha», señaló la dirigente.
Luego de esto, cedió la palabra a su ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien leyó un listado de causas judiciales por narcotráfico en las que están involucrados políticos de la derecha. La mandataria hondureña ordenó a la Fiscalía de Honduras «ejercer drásticas acciones» en los casos divulgados «sin ninguna selectividad para el combate a la narcoactividad».
El anuncio de la presidenta se dio horas después de que se publicara un video del 2013 en el que se muestra a Carlos Zelaya, su cuñado, en una reunión con narcotraficantes en la que pedía aportes para la campaña electoral de Manuel Zelaya, que ese año ganó las elecciones presidenciales con la boleta de Partido Libre.
El sábado pasado renunciaron Carlos Zelaya, secretario del Congreso, y su hijo, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, tras admitir ante la fiscalía su reunión con los narcotraficantes en el 2013. «En relación al video condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos», dijo la presidenta.
Seis días atrás el gobierno de Castro dio por terminado el tratado de extradición bilateral con Estados Unidos, argumentando que esto le permitirá evitar que Washington lo use contra militares que le son leales para facilitar un intento de golpe.
Al anunciar la cancelación del tratado Castro recalcó que su Plan de Solución contra el Crimen, aprobado en marzo de 2023, demuestra su compromiso político a favor de la extradición, pero aseguró que no permitirá «que se instrumentalice selectivamente el tratado» para afectar las elecciones que se celebrarán en noviembre del 2025.
La oposición, en cambio, afirmó que se canceló el tratado para proteger a miembros de su gobierno y su familia. Ana Pineda, quien fue ministra de Derechos Humanos durante el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014), que asumió tras el golpe a Zelaya, consideró que en el gobierno «han llegado al máximo nivel de cinismo, al apartarse de la realidad de los hechos y construir una verdad que lo que ellos creen».
