Santa Cruz, 15 de octubre (El Nuevo Cambio).- La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), exigió al fiscal general interino, José Armando Urioste, pruebas de que el crimen organizado paga a los medios de comunicación, para desacreditar al Ministerio Público.
En un pronunciamiento, la organización expresa su preocupación por el alcance de las afirmaciones vertidas públicamente por el nuevo fiscal interino y pide a la autoridad actuar con responsabilidad y transparencia.
“Consideramos que una denuncia de esta naturaleza, más aún cuando proviene de la máxima autoridad del Ministerio Público, no puede quedar simplemente en declaraciones públicas”, dice al señalar que si existen pruebas de que determinados periodistas o comunicadores recibieron dinero de organizaciones criminales para favorecer intereses ilícitos, corresponde que la Fiscalía inicie de inmediato las investigaciones, identifique a los presuntos responsables y actúe conforme a las leyes vigentes, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia.
“La ANPB no pretende defender ni encubrir a ninguna persona que haya cometido un delito. Por el contrario, sostenemos que todos los bolivianos, independientemente de nuestra profesión, cargo o condición, estamos sometidos a las leyes y debemos responder por nuestros actos ante la justicia”, añade.
La organización periodística afirma que no se puede aceptar que, a partir de posibles conductas individuales, se ponga bajo sospecha a todo el periodismo boliviano. “Las responsabilidades son personales, no colectivas, y ninguna acusación puede extenderse indiscriminadamente a los hombres y mujeres que ejercen esta profesión con honestidad y compromiso”.
