Buenos Aires | Agencias
La asociación argentina Madres de Plaza de Mayo condenó este jueves la represión contra miles de manifestantes que intentaron llegar a las proximidades del Congreso para rechazar la llamada Ley Ómnibus.
Según el diario Página 12, el miércoles más de 20 personas fueron detenidas y varias resultaron heridas, entre ellas cinco diputados de Unión por la Patria.
Además, el canal de televisión C5N relató que varios manifestantes denunciaron la aparición de grupos de desconocidos que quemaron dos autos y tanques de basura.
La Oficina del Presidente felicitó a los efectivos, calificó de terroristas a los manifestantes y los acusó de intentar «perpetrar un Golpe de Estado», lo cual fue rechazado por dirigentes sociales como el líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois.
En un comunicado, las Madres se refirieron al presidente Javier Milei como «tirano, autoritario y represor» y aseguraron que su «nefasto gobierno traspasó todos los límites».
Un gobierno que valla el Congreso, reprime al pueblo, gasea a diputados y desata una cacería por las calles adyacentes al Parlamento para impedir manifestaciones, no es democrático, asevera el texto.
Por su parte, las Abuelas de Plaza de Mayo repudiaron el uso de gas pimienta y camiones hidrantes por la Gendarmería, la Policía Federal y la prefectura.
Manifestarse es un derecho. ¡Basta de represión!, señala un mensaje de las mujeres que todavía hoy luchan por recuperar a los nietos arrebatados durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
La noche del miércoles, el Senado argentino registró un empate en la votación de la Ley Ómnibus, cuya aprobación fue definida por la vicepresidenta de este país y titular de ese ente, Victoria Villarruel.
De manera general, el conjunto de normativas recibió el respaldo de 36 senadores y la negativa de igual cantidad, y durante el análisis por títulos fue también Villarruel quien decidió que fueran otorgadas facultades legislativas a Milei.
El debate en particular concluyó la madrugada de este jueves y el proyecto regresará a Diputados con las modificaciones realizadas.
De ser ratificado nuevamente por ambas cámaras, el mandatario podrá declarar la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año y estará autorizado a tomar decisiones sin pasar por el Congreso, aunque sus decretos serán analizados por una comisión.
