Telesur
En un acto cargado de simbolismo democrático, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ejerció este jueves 8 de enero su facultad de veto total para detener el proyecto de Ley de Dosimetría, promovido por la derecha en el Congreso Nacional de Brasil y que habría beneficiado, entre otros, al exmandatario Jair Bolsonaro.
Con la normativa se pretendía recortar drásticamente las sentencias de los implicados en la intentona golpista de 2023. La firma del veto se produjo en el Palacio del Planalto, coincidiendo con el tercer aniversario de las agresiones contra las sedes de la soberanía brasileña en Brasilia.
La propuesta legislativa rechazada por el Ejecutivo buscaba modificar el cálculo de las condenas, impidiendo que las penas por los delitos de golpe de Estado y abolición del Estado democrático de derecho se sumaran.
De haberse aprobado, los responsables de la destrucción de bienes públicos podrían haber visto reducidas sus sentencias hasta en dos tercios. Lula enfatizó que la democracia debe defenderse diariamente y que no se pueden permitir privilegios legales para quienes intentaron subvertir el orden constitucional por la fuerza.
Uno de los mayores beneficiarios de esta ley habría sido el expresidente Jair Bolsonaro. Con el esquema propuesto por el Legislativo, su condena de más de 27 años podría haberse reducido a poco más de dos años de prisión efectiva. Los movimientos sociales y partidos de izquierda, como el PT y el PSOL, denunciaron que este proyecto no era más que una «amnistía encubierta» diseñada para garantizar la impunidad de los cabecillas intelectuales y financieros del asalto ocurrido el 8 de enero de 2023.
Durante su intervención, el mandatario brasileño destacó la labor del Tribunal Supremo Federal por actuar con transparencia y rigor ante la «ola de odio» que marcó el final del mandato anterior. «Derrotamos a quienes defendieron la dictadura y la tortura», sentenció Lula ante una audiencia que conmemoraba la victoria de las instituciones sobre el fascismo. El veto planta un muro institucional frente a las pretensiones de la derecha de reescribir las consecuencias judiciales de sus actos violentos.
Pese a la firmeza del Ejecutivo, el escenario político permanece tenso, ya que el Congreso Nacional, con mayoría opositora, tiene la potestad de sesionar para intentar anular el veto presidencial. Sin embargo, cualquier intento de restablecer el texto original podría enfrentarse a nuevos recursos ante la máxima corte del país. La ausencia de los líderes de la Cámara y el Senado en los actos conmemorativos de este jueves subraya la profunda fractura política en el gigante sudamericano.
El acto concluyó con un enérgico llamado a la vigilancia popular. Para el Gobierno de Brasil, la memoria del 8 de enero sirve como un recordatorio de que la libertad no es inquebrantable.
Con el rechazo a la Ley de Dosimetría, Brasil reafirma ante la comunidad internacional que los crímenes contra la democracia no serán minimizados mediante maniobras parlamentarias, asegurando que el sistema de justicia mantenga su integridad frente a las presiones del poder político desplazado.
