Telesur
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva calificó este martes como una “matanza” la operación policial que la semana pasada dejó 121 muertos en Río de Janeiro y anunció la intención del Gobierno de impulsar una investigación independiente para esclarecer las circunstancias del operativo, que había sido presentado por las autoridades estatales como un éxito contra el Comando Vermelho.
Lula declaró ante periodistas que la orden judicial original apuntaba a detenciones y no a la ejecución masiva de personas, por lo que consideró necesario verificar “en qué condiciones ocurrió” la operación y remarcó que, aunque desde la perspectiva de las muertes algunos podrían llamarla un éxito, desde el punto de vista de la acción del Estado fue “desastrosa”.
El presidente añadió que el Gobierno busca que peritos de la Policía Federal participen en la investigación, en coordinación con instancias judiciales que ya han pedido preservar “todos los elementos materiales” relacionados con el dispositivo policial, según las instrucciones del Tribunal Supremo Federal que sigue el caso de cerca.
El operativo del 28 de octubre movilizó más de 2.500 agentes de la Policía Militar y la Policía Civil en los complejos de favelas del Complexo do Alemão y el Complexo da Penha, zonas identificadas por las autoridades como centros de operaciones del Comando Vermelho.
El saldo oficial, hasta ahora, consignó 117 presuntos delincuentes abatidos y cuatro policías muertos, además de decenas de heridos y detenidos, y dejó imágenes que provocaron conmoción pública y pedidos de esclarecimiento.
La postura de Lula contrasta con la valoración del gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, que defendió la actuación policial como un golpe al “narcoterrorismo”, y abre un escenario de tensiones institucionales entre el Ejecutivo federal y la administración estatal sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos durante los operativos de gran escala.
La reacción presidencial coloca al Gobierno federal en posición de solicitar transparencia y peritajes independientes sobre la operación más mortífera en la historia reciente de Brasil, mientras el país enfrenta el desafío de combinar la lucha contra las organizaciones criminales con el escrutinio judicial y la protección de garantías fundamentales.
