Daca, Bangladesh | Agencias
La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, renunció y abandonó el país este lunes después de semanas de protestas contra un sistema de cuotas en los empleos públicos derivaran en violencia y se convirtieran en un desafío más general a sus 15 años en el poder. Miles de manifestantes asaltaron su residencia oficial al día siguiente de que casi 100 personas murieran en las protestas.
Las protestas contra Hasina amenazaban con crear aún más inestabilidad en el país situado en la frontera con India, y que ya lidiaba con crisis como el alto desempleo, la corrupción y el cambio climático.
Horas después de que medios locales mostraran cómo la asediada líder subía a un helicóptero militar con su hermana, el jefe del ejército de Bangladesh, el general Waker-uz-Zaman, anunció que planeaba pedir consejo al presidente para formar un gobierno provisional.
Prometió que el ejército se retiraría y abriría una investigación sobre la letal represión que impulsó la indignación contra el gobierno, y pidió a los ciudadanos tiempo para restaurar la paz.
«Tengan fe en el ejército, investigaremos todas las muertes y castigaremos a los responsables. He ordenado que ni el ejército ni la policía hagan ninguna clase de disparo» dijo.
Hasina llegó este mismo lunes a una ciudad en India, en la frontera con Bangladesh, en un helicóptero militar, según un funcionario militar que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a dar información a los medios. No estaba claro a dónde iría después.
Las protestas comenzaron de forma pacífica cuando estudiantes frustrados pidieron el final de un sistema de cuotas para empleos públicos, pero después han evolucionado para convertirse en un desafío sin precedentes contra Hasina y su partido, Liga Awami.
La mandataria de 76 años fue reelegida para un cuarto mandato en enero en unas elecciones boicoteadas por sus principales rivales, lo que puso en duda la libertad y justicia de los comicios. Miles de opositores fueron encarcelados antes de la votación, y tanto Estados Unidos como Reino Unido tacharon el resultado de poco creíble, pese a las defensas del gobierno.
Las protestas habían continuado incluso después de que la Corte Suprema concluyera el mes pasado que el sistema de cuotas -que reservaba el 30% de los empleos públicos a familiares de veteranos que pelearon en la guerra de independencia del país contra Pakistán- debía reducirse de forma drástica. Los esfuerzos del gobierno por aplastar las protestas por la fuerza han dejado casi 300 muertos desde mediados de julio.