Santa Cruz, 3 de noviembre (El Nuevo Cambio).- La activista y abogada Nadia Beller denunció que existe la intención de armarle una causa y proceder a su ilegal aprehensión por el caso audios, con el interés de proteger al exasesor personal de Rodrigo Paz, el argentino Fernando Cerimedo, actualmente detenido por ganancias ilícitas.
Explicó que el objetivo es parte de una supuesta estrategia del Gobierno para presentarla como integrante de un complot contra la administración del presidente Rodrigo Paz, según una nota periodística de la Red DTV.
En un entrevista con ERBOL, la activista sostuvo que las autoridades buscarían desviar la atención de las conversaciones atribuidas a su expareja, Fernando Cerimedo, y concentrar las investigaciones en identificar a quienes difundieron las grabaciones.
“Creo que para coronar el año de gestión del presidente van a intentar aprehenderme ilegalmente, armarme una causa para justificar lo mismo que dice el presidente: que ellos son víctimas de un complot contra el Gobierno y que solamente se investigue a quiénes filtran los audios, pero que no se investigue el contenido de los mismos”, declaró.
Beller también negó tener una “relación fluida” con el exfiscal general Roger Mariaca, como afirmó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
En respuesta, mencionó una grabación en la que Cerimedo y Mariaca coordinan un encuentro y hacen referencia a una persona identificada como “M”, cuya identidad dijo desconocer.
Asimismo, denunció que estaría bajo vigilancia en su domicilio y cuestionó el trato a periodistas que intentaron entrevistarla, entre ellos un equipo de la BBC que, según su versión, fue retenido durante 40 minutos.
La abogada aseguró que solicitó protección a organismos internacionales y advirtió que, si se concreta su aprehensión, iniciará una huelga de hambre.
También responsabilizó a Oviedo por cualquier consecuencia para su vida y la del bebé que está gestando. Beller afirmó que entregó a la Fiscalía audios, mensajes y documentos, incluidos elementos relacionados con YPFB, y exigió que las investigaciones no se limiten a establecer quién filtró las grabaciones, sino que también examinen las presuntas irregularidades mencionadas en ellas.
