Buenos Aires | Agencias
Un juez argentino dictaminó el sábado allanar depósitos donde el gobierno almacena toneladas de alimentos a punto de caducar o ya vencidos que una sentencia judicial le había obligado a distribuir a personas necesitadas, en el último escándalo que sacude al país, que atraviesa una fuerte crisis económica con altas cifras de pobreza, informaron este domingo, medios locales.
El juzgado criminal y correccional Federal 7 de la Nación acogió el sábado la solicitud de allanamiento del «Centro Operativo Martelli» en las afueras de Buenos Aires donde el gobierno argentino de Javier Milei almacena toneladas de alimentos próximas a vencer o, en algunos casos, ya vencidas, según informó la agencia Associated Press.
El allanamiento tiene como objetivo verificar la información de los lotes, productos, marcas, cantidad de alimentos y fecha de ingreso y vencimiento de los mismos facilitada por el cuestionado Ministerio de Capital Humano del gobierno de Milei, que debió haber entregado un plan de distribución de los alimentos a comedores sociales según otra sentencia judicial.
Un juzgado federal ordenó el lunes al Ministerio la presentación en 72 horas de un plan para distribuir los alimentos y datos sobre los mismos, un plazo que venció el viernes «sin que haya mediado cumplimiento y/o respuesta alguna» establece el dictamen.
La sentencia de allanamiento hace alusión a un comunicado del ministerio del 30 de mayo en que se refería a la destitución del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, por haber llevado una auditoria y decidido «limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería», por lo que se habría puesto en marcha un «protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército».
Milei quería reservar los alimentos para situaciones de emergencia o catástrofe.
Argentina sufre una fuerte recesión económica en un contexto inflacionario y la pobreza afecta a más de 40% de la población de unos 47 millones de habitantes.
La retención de productos había derivado en una denuncia del dirigente social Juan Grabois contra la ministra para que los repartiera a los comedores populares que alimentan a familias empobrecidas.
