La Paz, 2 de noviembre (El Nuevo Cambio).- El abogado Juan Carlos Revollo, en representación del activista Fernando Hamdan inició una acción judicial contra el presidente Luis Arce Catacora y sus ministros por daños y perjuicios, luego de que lo acusaron de ser parte del denominado “golpe de estado” del 26 de junio de 2024.
Un informe de la comisión especial del Senado Nacional que investigó el caso, determinó que no hubo golpe de estado ni autogolpe, el pasado 26 de junio, luego de que militares, a la cabeza del general Juan José Zuñiga, con tanquetas, tomarán la plaza Murillo, para exigir supuestamente la renuncia del mandatario.
El ahora exgeneral que se encuentra detenido en el Penal del Abra, en Cochabamba, ese mismo día, mientras era apresado, reveló que ese operativo estaba organizado por el propio presidente Arce Catacora, con la intención de elevar su popularidad ante la población boliviana.
El gobierno, con sus ministros, a través de los medios intentaron convencer a la población de que se trató de un golpe de estado, sin embargo, con las declaraciones y el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo golpeando las tanquetas, paseando por la plaza, se estableció que se trató de un autogolpe.
Incluso el gobierno preparó un documental poco creíble, manipulado que, ante la opinión pública, solo ratificó que se trató de un autogolpe, que tenía el objetivo de lograr un respaldo a Arce Catacora, ante el malestar social por la crisis económica en el país.
Zuñiga por su parte, en reiteradas ocasiones y con diferentes medios, logró conectarse con periodistas de Argentina, principalmente, para reiterar que se trató de un autogolpe, organizado por el gobierno.
Ante la resolución de la comisión especial aprobada por el pleno del Senado, el abogado Revollo presentó la acción judicial, contra Arce Catacora por daños y perjuicios y porque no existen indicios, evidencia o prueba alguna de que se trató de un golpe de estado.
La principal resolución de la comisión dice: “No existe indicio, evidencia o prueba alguna que determine que el 26 de junio de 2024, ante el inusual desplazamiento de personal militar del ejército a plaza Murillo, haya existido una intención efectiva y real de ejecutar un golpe de Estado en Bolivia, y como consecuencia, deponer el mandato constitucional del presidente del Estado, cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional o tomar el control de instituciones o entidades del Estado”.
Hamdan fue acusado, junto a Zuñiga y otros, por el Gobierno, de ser coautor del supuesto intento de golpe de Estado y según su abogado, su imagen como defensor de derechos humanos fue cuestionada y ahora su defensa pide resarcimiento.
El procedimiento de esta acción judicial se inicia con un ámbito conciliatorio. “Primero se lo cita a una conciliación para ver si ellos están o no de acuerdo respecto del tema del pago. Cuando estas personas no están de acuerdo, entonces se les inicia un proceso, una demanda”, explicó Revollo.
