La Paz, 21 de mayo (El Nuevo Cambio).- Gremiales del país retoman hoy las marchas y protestas en varias ciudades del país para exigir una solución a la falta de dólares, pero también la abrogación del Decreto Supremo 4732, que aseguran, es un atentado y un asalto de Luis Arce a la propiedad privada de los ciudadanos, aunque desde el Ejecutivo aseguraron que esta norma ya tiene dos años de vigencia.
El sector gremial exige la abrogación del Decreto Supremo 4732 y de la resolución normativa 1021 referida a la facturación electrónica (aunque el sector no factura porque está incluido en el Régimen Simplificado), y el archivo del proyecto de ley 145/23 presentado por el senador Félix Ajpi que facultaría a las alcaldías a ejecutar decomisos de mercancía de contrabando en zonas secundarias, entre ellos mercados. El sector gremial tiene previsto marchar este martes en Potosí, Tarija y Oruro.
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, señaló que la citada norma está vigente hace dos años y aseguró que hasta ahora ningún boliviano tuvo que acudir al Ministerio de Justicia para “pedir permiso” antes de comercializar sus bienes inmuebles.
Sin embargo, el decreto es claro en establecer que los contratos sobre venta futura, venta con reserva de propiedad u otras modalidades conocidas comúnmente como preventa están normados y “en forma previa a la suscripción de los mismos, deberán contar obligatoriamente con la certificación de no contener cláusulas abusivas, misma que será emitida por el Ministerio de Justicia y Transparencia”.
Silva volvió a recurrir al argumento que detrás de las movilizaciones se encuentra el MAS – IPSP a la cabeza de su líder Evo Morales, volviendo a negar con ello, la existencia de una grave problemática social no sólo por normas que el Gobierno emite sin ser socializadas, sino por la ausencia de dólares que afecta profundamente al comercio exterior del país, y por ejemplo a la compra de medicamentos para la ciudadanía.
