Telesur
Expertos independientes de derechos humanos de Naciones Unidas condenaron este jueves las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos a Cuba el pasado 23 de julio, en una declaración que coincidió con un nuevo paquete de sanciones emitido por la Administración Trump, que desde enero impide la llegada de petróleo a la isla.
En una declaración en la que denuncian el «intento de alterar el orden constitucional de un Estado soberano mediante amenazas y coacción», los expertos en derechos humanos advirtieron que la comunidad internacional y la sociedad civil deben actuar con rapidez para evitar que Cuba no se convierta en una «Gaza silenciosa», un término que usaron congresistas estadounidenses del Partido Demócrata que recientemente visitaron el país caribeño.
Las sanciones del 23 de julio, que siguen a la orden ejecutiva del 1 de mayo para reforzar e internacionalizar aún más el bloqueo y a otros paquetes emitidos desde inicios de 2026, intensifican el cerco al sector energético, el de cooperación y servicios médicos, las remesas y la actividad portuaria de Cuba.
El grupo de expertos señaló que el bloqueo petrolero y las sanciones del 23 de julio han obstaculizado aún más la adquisición de combustible, incluso por razones humanitarias, en un momento en el que Cuba ha sufrido recientemente su tercer gran apagón a nivel nacional en pocos días.
Los expertos señalaron que el sector energético, el transporte, el riego y los servicios básicos están fallando de manera simultánea, afectando de forma desproporcionada a mujeres, niños, ancianos y otros grupos vulnerables, incluidos los campesinos de la economía rural.
A la vez, denunciaron que «las consecuencias humanitarias ya se están convirtiendo en una crisis en toda regla que amenaza los derechos a la salud, la vida, la alimentación y el desarrollo».
Las agencias de la ONU en Cuba han advertido de los crecientes riesgos de inseguridad alimentaria y de escasez de medicamentos y artículos de primera necesidad, con repetidos colapsos de la red eléctrica nacional y apagones prolongados que interrumpen los servicios de salud y causan una escasez crítica de medicamentos y de capacidad para el tratamiento del cáncer.
«La alimentación nunca debe utilizarse como instrumento de presión política. Las medidas que privan deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir atentan contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaban el núcleo de la dignidad humana», afirmaron los expertos.
Firman el comunicado, entre otros, la relatora de la ONU sobre el impacto de las sanciones, Zaina Jallad, y su homóloga sobre el derecho al desarrollo, Surya Deva.
Amenazas y acusaciones a Cuba sin pruebas y contra el derecho internacional
El 20 de julio, poco antes de que Washington anunciara el paquete de sanciones del día 23, el Departamento de Estado publicó un informe titulado «Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI», en el que describe a la nación antillana como una amenaza multifacética para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad hemisférica.
Los expertos de la ONU señalaron que el informe carece de pruebas concretas de que Cuba apoye el terrorismo o actividades subversivas y subrayan que las medidas coercitivas unilaterales ilegales de EE.UU. contra Cuba contravienen el artículo 2 de la Carta de la ONU y forman parte de una estrategia más amplia de cambio de régimen que abarca el bloqueo de décadas contra la isla.
«El Gobierno de Estados Unidos debe cesar todas las amenazas y actos hostiles contra la soberanía de Cuba y revocar todas las medidas que ha impuesto al país y que son contrarias al derecho internacional», afirmaron los expertos.
«El Consejo de Seguridad y la Asamblea General deberían abordar urgentemente estas amenazas como una cuestión de paz y seguridad internacionales», añadieron.
