Santa Cruz, 19 de octubre (El Nuevo Cambio).- El exministro de Defensa del gobierno de Evo Morales, Remy Ferreira, rechazó y observó el proceso que inició Ernesto Justiniano, a nombre del gobierno, por presuntas irregularidades en la adquisición y el funcionamiento del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA).
En una larga explicación difundida por sus redes sociales, el exministro hace una clara explicación sobre la compra de los radares y la acción penal que interpuso el gobierno contra él y otras 18 personas, entre las que incluyen a otros tres exministros.
Explicó que la acción judicial interpuesta también contra la empresa francesa “Thales”, donde uno de los accionistas es el estado francés, podría “tirar a la basura” un proyecto innovador, difícil de construir que se desarrolló frente a viento y marea por cuatro gobiernos.
Según Ferreira, la inclusión de la empresa francesa en el proceso penal representa un riesgo para la continuidad del proyecto, debido a que, “Thales” es la única que podría proporcionar los repuestos necesarios para que los radares vuelvan a funcionar.
Explicó también que se pone en riesgo la situación de los radares en el control del espacio aéreo y la lucha contra el narcotráfico y mientras se procesa a exautoridades y a la empresa proveedora, las avionetas vinculadas al narcotráfico circulan sin suficiente control.
“Difícil no creer que esto beneficiará a los que recaudan por permitir los vuelos de las avionetas del narcotráfico, que se pampean a libre albedrío por nuestro espacio aéreo, cuyo control tratamos de implementar con la Fuerza Aérea de Bolivia, a varios de cuyos oficiales también se acusa”, afirmó.
El exministro figura entre las 19 personas denunciadas junto a los exministros de Defensa Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo, dentro de la querella presentada por el Ministerio de Defensa por presuntas irregularidades en la adquisición y el funcionamiento del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA).
“Un año que no funcionan los radares en este gobierno, no hay razón para liberarlos de responsabilidad, y tengo certeza que un nuevo gobierno no podrá dejar de incluirlos entre los responsables de esta acción contra los intereses del Estado”, explicó Ferreira.
