Página 12
El gobierno de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones económicas al juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, por «autorizar detenciones arbitrarias» y «suprimir la libertad de expresión».
El Departamento del Tesoro detalló en un comunicado que las sanciones financieras se enmarcan en la Ley Magnitsky, que autoriza al gobierno estadounidense a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en lo que considere actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
El gobierno de Brasil calificó de «arbitrarias e injustificables» las sanciones económicas contra Moraes, que se conocieron el mismo día en que el presidente Donald Trump firmó el decreto que oficializa una suba arancelaria del 50 por ciento que había prometido en represalia por una supuesta «caza de brujas contra su aliado Jair Bolsonaro. El pasado 18 de julio Washington ya había revocado además el visado a Moraes y le prohibió entrar a territorio estadounidense.
«Socava derechos de brasileños y estadounidenses»
El juez Moraes «es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y juicios politizados, incluido el del expresidente Jair Bolsonaro», acusado de intentar dar un golpe de Estado, afirma el secretario del Tesoro Scott Bessent, citado en un comunicado. «Se ha tomado la libertad de ser juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas», agregó Bessent.
Como resultado de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, todos los bienes y participaciones de Moraes que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.
El 18 de julio el Departamento de Estado ya revocó la visa del magistrado y de sus familiares cercanos. Ahora el gobierno de Trump aprieta aún más las clavijas por estimar que el magistrado se extralimita.
Moraes «se convirtió en uno de los individuos más poderosos de Brasil», afirma el Departamento del Tesoro. Lo acusa de someter «a las víctimas a largas detenciones preventivas sin presentar cargos» y de socavar «los derechos de los brasileños y estadounidenses a la libertad de expresión».
Washington cita distintos casos como el del arresto de «un periodista durante más de un año», el supuesto ataque «a políticos de oposición», entre los que incluye a Bolsonaro, y plataformas de redes sociales estadounidenses.
«Ha congelado activos y revocado pasaportes de sus críticos, ha prohibido cuentas en redes sociales y ha ordenado a la policía federal de Brasil que allane las casas de sus críticos, confisque sus pertenencias y asegure su detención preventiva», detalla la cartera estadounidense.
El anuncio del Tesoro se produce después de que Moraes impusiera varias medidas cautelares a Bolsonaro, como el uso de una tobillera electrónica, la prohibición de usar redes sociales o un toque de queda nocturno.
Este no es el único caso reciente en el que Washington se involucra en procesos judiciales en América latina: también condenó el fallo contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al Secretario de Estado Marco Rubio de «intromisión a la soberanía nacional» por sus declaraciones respecto a la condena.
