Telesur
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó en general el Regimen Penal Juvenil, que disminuye la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei consiguió 149 votos a favor, 100 en contra y ninguna abstención. Ahora será abordado artículo por artículo por los diputados y luego pasará al Senado.
Organizaciones de derechos humanos advierten que la iniciativa avanza por sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, además de suponer un gran retroceso en esta materia, en relación a los tratados y estándares internacionales.
«Estamos discutiendo meter a los pibes en una cárcel y no darles una mejor educación. No estamos discutiendo mejores salarios para los médicos, para lasalud mental, para los policías. No estamos discutiendo el trabajo informal, ni una ley de deporte inclusiva o crear más canchas, más gimnasios, más natatorios para los pibes. No estamos discutiendo que funcione el Sedronar», señaló durante el debate el diputado de Santa Cruz, Juan Carlos Molina (Unión por la Patria).
Asimismo, desde la oposición cuestionaron el Régimen Penal Juvenil, al hacer énfasis en los bajos índices de reinserción social de jóvenes tras ser privados de libertad.
«Las tasas de reincidencia en todos los países muestran que los pibes colocados en situación de privación de la libertad son altísimas porque en lugar de tener una política para la reinserción, el encierro es una política para recrudecer las situaciones”, enfatizó la diputada Romina del Pla (Frente de Izquierda y de los Trabajadores).
Durante el plenario, Nestor Pitrola (Frente de Izquierda y de Trabajadores) refirió que «la desocupación en la juventud de 18 a 24 años es de 19,4%. Casi triplica el mentiroso índice general de desocupación que tenemos en el país. La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes envió a esta Cámara una estadística muy interesante porque en Ecuador donde rige la punibibilidad desde los 12 años, el índice de delitos es de 46,1 cada 100.000 opersonas, y en Argentina con 16 años es de 4, 2 cada 100.000 personas».
En este contexto, el Consejo Federal de Defensores y Asesores generales de la República Argentina y la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADEPRA) manifestaron su preocupación sobre el proyecto oficialista de modificar el Régimen Penal Juvenil.
La ex Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham refirió que “lo que falta no es castigo, es Estado, estamos discutiendo bajar la edad penal cuando más del 99 % de los chicos no tiene ningún conflicto con la ley”. Al subrayar que a aquellos que queden detenidos, «se los expone a volver a delinquir», la experta indicó que «bajar la edad de imputabilidad no da más seguridad, es un placebo que engaña a la sociedad”.
Asimismo, agregó que «el riesgo es que los chicos salgan peor de lo que entraron. Si no hay operadores capacitados, equipos técnicos ni dispositivos adecuados, lo único que se logra es mayor reincidencia».
Por su parte, un reciente estudio científico plantea los peligros de encarcelar adolescentes y revela un dato clave sobre el desarrollo del cerebro de los niños y niñas, que pone en discusión la efectividad de esta nueva normativa. La nueva evidencia desaconseja el enfoque punitivo como única respuesta frente al delito adolescente, salida que le está dano el Gobierno de la Libertad Avanza.
De igual manera el estudio argumenta que “en esta fase, los adolescentes las tasas de enfermedades y muertes aumenta más que en la infancia, principalmente por causas vinculadas a accidentes, suicidio y violencia interpersonal”.
De acuerdo al Centro de Estudios Legales y Sociales «si este proyecto se convierte en ley, un juez podría separar a un menor de su familia, inclusive enviarlo bajo custodia de los organismos de niñez. Para hacerlo, no le hará falta siquiera tomar en cuenta la voz del niño, lo que termina con el principio de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos».
