Telesur
Una investigación de la agencia Reuters reveló que altos diplomáticos estadounidenses bloquearon sistemáticamente las alertas de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) sobre la devastación en el norte de Gaza. Los documentos demuestran que, desde inicios de 2024, funcionarios de USAID advirtieron a la administración de Joe Biden que la región se convertiría en una tierra devastada de forma catastrófica debido al genocidio perpetrado por Israel.
Sin embargo, el entonces embajador Jack Lew y su adjunta, Stephanie Hallett, impidieron la difusión interna de estos reportes críticos bajo el argumento de que carecían de equilibrio, ocultando escenas de extrema gravedad que incluían restos humanos en las carreteras y el colapso total del tejido social.
Según exfuncionarios consultados, estos informes eran inusualmente impactantes y, de haber sido distribuidos a los máximos responsables en Washington, habrían forzado un escrutinio mayor sobre el suministro de armas e inteligencia estadounidense a la entidad sionista. El bloqueo de estas comunicaciones internas permitió que la Casa Blanca mantuviera el flujo de armamento sin las restricciones que el derecho internacional y los propios memorandos de seguridad nacional exigían ante evidencias de crímenes de guerra.
Andrew Hall, exsubdirector de información de USAID, denunció que la embajada en Jerusalén supervisó y filtró la distribución de los informes procedentes de diversas misiones en la región para evitar un reconocimiento oficial de la hambruna y la crisis sanitaria.
Esta manipulación informativa por parte de la diplomacia estadounidense facilitó la continuidad de la campaña genocida de Israel, silenciando las voces técnicas que alertaban sobre la muerte masiva por falta de agua y alimentos. La revelación expone la complicidad directa de funcionarios de Washington en el encubrimiento de la situación humanitaria, priorizando el apoyo político y militar al régimen israelí por encima de las obligaciones internacionales y la vida del pueblo palestino.
El Gobierno de Estados Unidos realizó este mes de enero la imposición de nuevas sanciones contra seis organizaciones benéficas palestinas, intensificando su política de asedio contra la población civil en la Franja de Gaza. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó en su lista negra a grupos como la Conferencia Popular para Palestinos en el Extranjero, la Asociación Al-Nour y Convoyes de Gaza, entre otros.
Washington justifica estas medidas punitivas alegando presuntos vínculos con el movimiento de resistencia Hamás; sin embargo, funcionarios estadounidenses no aportaron ninguna prueba que respaldara tales acusaciones, mientras las organizaciones afectadas se dedican exclusivamente a prestar servicios médicos y humanitarios vitales. Estas acciones forman parte de la estrategia de máxima presión de la administración Trump, que en 2025 ya atacó a la Asociación Addameer, encargada de brindar asistencia jurídica a los presos palestinos.
Al señalar a estas entidades como actores que operan en nombre de la resistencia, EE.UU. replica la narrativa de la entidad sionista de Israel para criminalizar la solidaridad y la defensa de los derechos humanos. El bloqueo de recursos a estas organizaciones benéficas, muchas de ellas con sedes en Gaza y Europa, profundiza la persecución financiera contra cualquier estructura que intente mitigar el sufrimiento del pueblo palestino bajo la ocupación.
La imposición de estas sanciones ocurre en un contexto de hambruna inducida y constantes violaciones al alto el fuego por parte de Israel, acciones que cuentan con el respaldo político y militar de la Casa Blanca. Organizaciones internacionales de derechos humanos denuncian que este cerco económico busca acelerar la expulsión de los 2,2 millones de habitantes de Gaza, configurando un proceso de limpieza étnica mediante el hambre y la falta de insumos médicos básicos.
Con estas medidas, EE.UU. reafirma su papel como cómplice directo en el genocidio, utilizando herramientas financieras para desmantelar la red de apoyo humanitario que sostiene la vida en el enclave palestino.
