Telesur
La campaña presidencial del ultraderechista Abelardo de la Espriella se encuentra en el centro de la polémica en Colombia, tras revelarse múltiples investigaciones periodísticas que exponen supuestas operaciones de fraude, desinformación y discursos de odio. Las denuncias del programa Señal Investigativa —de Señal Colombia y Revista Raya— alertan sobre el uso de intermediarios y maquinarias políticas regionales para incidir en los comicios.
De acuerdo con los reportes, la estrategia del candidato incluye campañas dirigidas a infundir temor en el electorado mediante la difusión de contenidos falsos. Las maniobras incluyen el uso no autorizado de bases de datos, mensajes engañosos, supuestas historias clínicas falsas y vallas publicitarias que visten a los contendientes de guerrilleros.
La investigación detalla la captación presuntamente ilícita de los datos personales de más de 1,4 millones de ciudadanos, empleados posteriormente para el envío de propaganda política a dispositivos móviles.
Dentro de estos registros se constató la presencia de personal perteneciente a la Fuerza Pública. Paralelamente, Revista Raya recopiló evidencias sobre la entrega de planillas a trabajadores de la Alcaldía de Barranquilla con el fin de registrar potenciales votantes para De la Espriella, bajo la exigencia a ciertas personas de captar cuotas de entre 20 y 100 sufragios.
Campañas de odio y coacción en el sector académico
El espacio televisivo también expuso amenazas directas contra el sector académico. Al menos cinco instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, recibieron correos electrónicos firmados presuntamente por una cuenta vinculada al movimiento Salvación Nacional.
Las comunicaciones advertían la ejecución de una supuesta «limpieza» universitaria contra los sectores opuestos a los postulados del candidato, acciones que se complementan con la detección de grupos de WhatsApp conformados por militares y policías en retiro dedicados a propagar material audiovisual con mensajes de odio y miedo.
En el Caribe colombiano las alarmas se encendieron ante indicios de compra masiva de votos y la presunta participación activa de gobernantes locales.
El abogado Miguel Ángel del Río interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación el pasado 10 de junio para exigir la investigación de una red de apoyo electoral en el departamento del Cesar orientada a beneficiar al aspirante presidencial, según expedientes examinados por Revista Raya. Dicha alerta involucra de manera directa al denominado clan Gnecco en una zona que se perfila como crucial para el desenlace de la votación.
Los documentos consignados ante la Fiscalía describen la implementación de la «mochila», una modalidad histórica de corrupción en el Caribe basada en el financiamiento económico para asegurar respaldos en las urnas. Esta operación recae en los «mochileros», intermediarios encargados de recolectar bloques de entre 50 y 100 votos a cambio de comisiones por sufragio, según estudios académicos citados en la emisión.
Del Río compareció en una entrevista para profundizar en el impacto de estas estructuras organizadas y la procedencia de los fondos económicos que amenazan la transparencia del sufragio.
