Buenos Aires | Agencias
La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) se mostró convencida de que este miércoles un tribunal de alzada confirmará una condena en su contra en un caso por irregularidades en obras viales, un fallo que la exmandataria considera una maniobra política para proscribirle.
En un extenso comunicado difundido el martes, Fernández da por seguro que, tal como lo han adelantado varios medios locales, la Cámara de Casación Penal confirmará este miércoles la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargo público que en diciembre de 2022 un tribunal oral le impuso a la exjefa de Estado en la denominada causa «Vialidad».
Fernández denunció la falta de imparcialidad de los jueces y los vínculos directos de los miembros del tribunal de alzada -Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña- con el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019).
«Todos ellos van a confirmar la condena del tribunal oral», aseveró quien también se desempeñó como vicepresidenta argentina entre 2019 y 2023.
El Tribunal Oral Federal 2 había condenado en diciembre de 2022 a Fernández por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la había absuelto en los cargos por presunta asociación ilícita, un delito por el que la Fiscalía ha insistido en esta etapa de revisión en la Cámara que se le imponga a la expresidenta una pena de 12 años de prisión.
En la causa «Vialidad» se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de su esposa y sucesora (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
Fernández insiste en que no puede ser condenada por un delito que no cometió en relación a unas obras viales aprobadas por el propio Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno provincial de Santa Cruz y con cuentas rendidas y aprobadas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso.
Fernández, quien ha asegurado en varias oportunidades ser blanco de ‘lawfare’ (hostigamiento judicial y político), sostuvo que la causa «Vialidad» es un «show» cuyo «verdadero objetivo» es lograr su inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad.
