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Cochabamba, 30 de abril, (El Nuevo Cambio).- El Pacto de Unidad del ala “evista” anunció este martes, luego de una reunión de emergencia con dirigentes de organizaciones y movimientos sociales del país, en Cochabamba, el inicio de medidas de presión en junio, si el gobierno, hasta el 18 de mayo no garantiza las elecciones judiciales, reconoce el congreso del MAS-IPSP convocado para julio en Villa Tunari y deja a un lado sus intentos de proscribir al Movimiento al Socialismo e inhabilitar a Evo Morales. La decisión surgió luego de que Sala Constitucional de Pando otorgara una acción popular, dejando en suspenso las elecciones judiciales en el país y manteniendo en sus cargos a los magistrados que se auto prorrogaron ilegalmente en diciembre del pasado año. En la reunión de emergencia participaron todas las organizaciones que integran el Pacto de Unidad, entre ellas la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las Bartolinas, los Interculturales, algunos senadores, diputados y dirigentes regionales. El ejecutivo de la CSUTCB, Ponciano Santos, informó que en el ampliado de emergencia se analizó primero el tema orgánico, luego el político y se determinó que el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca violando todas las leyes y la Constitución Política del estado están empeñados en evitar las elecciones judiciales y forzar la proscripción del MAS-IPSP y la inhabilitación de Evo Morales. “Queremos decir al pueblo boliviano que el gobierno está atentando contra la democracia y ha instrumentalizado la justicia, también para mantenerse en el poder, llegando incluso al colmo de regalar tierras a un separatista, como Branko Marincovic”, afirmó. Advirtió que hasta el 18 de mayo se esperará a que el gobierno reconduzca su comportamiento, enmarcado en las normas y leyes, respetando la institucionalización y la democracia, caso contrario, se volverá a realizar ese día, un nuevo ampliado, para definir las medidas de presión que comenzarán la primera semana del junio. “El gobierno traidor y dictador también debe devolver las sedes sindicales a las organizaciones legítimas, aquellas que están siendo resguardadas por la Policía boliviana, sobre todo la de la CSUTCB que se encuentra en la sede de Gobierno”, dijo. Santos afirmó que a partir de hoy “nosotros como Pacto de Unidad, junto a todas las organizaciones sociales legítimas, estamos en estado de emergencia y alerta, por eso hemos convocado a un ampliado nacional para el 18 de mayo”, agregó. Explicó que el gobierno no sólo debe garantizar las elecciones judiciales, sino también abrogar el decreto supremo 5143, viabilizar que los magistrados auto prorrogados se vayan a sus casas porque son ilegales y garantizar el congreso convocado para julio en Villa Tunari. “El gobierno tiene plazo de resolver los problemas estructurales del país. No nos vamos a callar ni vamos a claudicar, lo hicimos antes y vamos a volver a hacerlo, porque somos verdaderos representantes de los movimientos sociales. No vamos a permitir ninguna intromisión, de los vende patrias y traidores”, concluyó.

El expresidente del Estado Plurinacional y presidente del Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, denunció que los Estados Unidos pretenden proscribir al MAS-IPSP e inhabilitarlo a las elecciones, en complicidad con el gobierno, para imponer su propio candidato. El líder político leyó un informe, en el programa “Evo Pueblo” en Radio Kausachun Coca, en sentido de que existe un nuevo plan de EE.UU. para llevar adelante la recolonización de América Latina, por eso quieren consolidar la ruptura del MAS-IPSP y tener su propio candidato a las próximas elecciones. Su plan es “ni Evo ni Lucho”, que sea nueva gente, quieren que aparezca alguien que represente a sus intereses y que les posibilite, como lo hicieron siempre en el pasado, apropiarse de nuestros recursos naturales, como el litio, explicó. Lamentó que Lucho y David se presten a esos planes del imperialismo, esa es una prueba más de que el gobierno, ya no es del Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), se ha derechizado, dijo. Informó que los congresos alentados y organizados por el gobierno, con dirigentes no reconocidos por las bases, ni sus organizaciones, son ilegales y muchos de ellos impuestos incluso con la participación de la misma Policía, como nunca en la historia. Agregó que en el fondo lo que está haciendo el gobierno es utilizar al MAS-IPSP para estructurar su propio partido político, que me dijeron se llamará “Unidos”, en alianza con la derecha misma y con autoridades de esa línea política. Explicó que el TSE supervisa solo los congresos nacionales y departamentales, cuyas convocatorias deben ser emitidas al menos 60 días antes. “Nosotros esperamos que el Tribunal Electoral actúe jurídicamente y no políticamente”. Morales aclaró que la convocatoria para Lauka Eñe fue firmada por 5 dirigentes y el TSE reconoció el congreso, para el 2017 fueron menos firmas, también se reconoció, pero para nuestra última convocatoria al congreso de junio, firmamos nueve dirigentes y nos observa, “no se entiende”. Dijo que también nos quieren obligar a reunirnos con los dirigentes truchos y que no fueron elegidos legalmente y no pertenecen a los registros del MAS-IPSP. En el caso de Lucio Quispe de la CSUTCB, es de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Guillermina Kuno que figura como dirigente de las Bartolinas, es de Tradepa. “En ninguna norma dice que ellos deciden con quienes debemos consensuar, esa decisión es del MAS. Hemos pedido audiencia con sala plena del TSE para explicar todos estos temas y hasta la fecha no nos han respondido”, dijo.

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, uno de los principales acusadores de los exfuncionarios de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), fue parte del directorio de esa empresa, durante el año 2019 y fue designado por el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (COSEP), con las firmas, en esa época, de Luis Arce Catacora como ministro de Economía, además de Juan Ramón Quintana y Mariana Prado Noya, ministros de la Presidencia y de Planeamiento, respectivamente. Molina, junto a la Procuraduría y el Ministerio Público, acusa a los exfuncionarios de YLB no sólo de ocasionar la pérdida de más de 425 millones de dólares, sino de haber cometido una serie de errores técnicos que provocaron que las piscinas de evaporación no funcionen y beneficien a la industrialización del litio. Esta denuncia, realizada junto también a la actual directora de YLB, Karla Calderón, que también fue funcionaria en esa empresa desde el 2017, derivó incluso con la aprehensión y luego detención domiciliaria de Alberto Echazú y la muerte de Juan Carlos Montenegro, en circunstancias extrañas que actualmente son investigadas. La designación, a través de una resolución número 001/2019 del 26 de junio del mismo año, fue conocida este viernes e inmediatamente surgieron una serie de preguntas y críticas. Una de ellas del Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos. En el MAS – IPSP la pregunta es: “¿no se habrá dado cuenta durante su gestión que las piscinas de extracción de litio no estaban bien como ahora dicen sus acusaciones?” Las críticas al ministro Molina tienen relación con que él conocía o al menos debería saberlo como miembro del directorio de YLB, que esas piscinas evaporíticas no funcionaban para la industrialización del litio. Entre otras, también se refirió al tema, el comunicador Carlos Valverde, desde Santa Cruz, dice: “Supongo que el ministro Molina tendrá la gentileza de avisarnos su rol en YLB, donde fue director Titular desde junio de 2019. Fue nombrado por la ex ministra Mariana Prado, el ministro JR Quintana y el ex ministro Luis Alberto Arce Catacora. Olvido?”

El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, reiteró su denuncia de que el tema del litio en Bolivia se ha convertido en un negocio de la familia del presidente Luis Arce Catacora y anunció que se deberá investigar al gobierno, por todos los casos de corrupción. “La política es un servicio, no es para hacer negocios familiares”, afirmó al señalar que no se puede permitir que no se esclarezcan no sólo los casos de corrupción, sino también la muerte de varios profesionales durante los últimos años. “Están destrozando al país”, añadió. Recordó el tema de ABC y afirmó que el testigo protegido murió en circunstancias extrañas en los Estados Unidos, lo mismo que la investigación de la quiebra del Banco Fassil, cuyo interventor también murió, no se sabe si lo mataron o se suicidó. El expresidente hizo escuchar una grabación en la que se escucha al hijo del presidente Arce, Marcelo y en el que se aprecia con claridad, los compromisos que hace, sin ser funcionario del Gobierno, para la extradición directa del litio. Morales afirmó que considera que la muerte de Juan Carlos Montenegro ha sido un suicidio inducido, presionado por el gobierno y por la presión ejercida por el Ministerio de Hidrocarburos, la Procuraduría y el Ministerio Público. “Duele mucho que un profesional tan valioso como Montenegro se haya ido. Hay cosas muy graves, que deben ser investigadas”, señaló al afirmar que el gobierno está persiguiendo a honestos profesionales, para tapar su fracaso en la industrialización del litio. Dijo que la carta póstuma dejada por Montenegro revela muchos datos y razones por las cuales determinó perder la vida y sobre todo por no ser sometido a una justicia corrupta, vendida no sólo a los intereses gubernamentales, sino al mejor postor. Lamentó que el Ministerio de Justicia se haya convertido en un “ministerio siniestro”, al mismo estilo de cuando gobernaba el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de donde era ministro Carlos Sánchez Berzaín. Morales recordó también que el 2021 se asumió un importante desafío para que nuestra industria de litio avance como una tecnología que sea bastante cualitativa y que signifique no solo ahorro en costos, sino también un aumento en la producción. Recordó que cuando se reunió con Lucho Arce le solicitó que enviará técnicos, porque tenía interés de conocer el nuevo plan de extracción directa del litio, pero el presidente nunca cumplió su compromiso, más bien anunciaron que hasta el 2025 tendrían 100 mil toneladas de litio. “No puedo entender que el Ministerio Público, Procuraduría y el Ministerio de Hidrocarburos pidan que se encarcelen a profesionales honestos (…) solo porque fracasaron en su plan de extracción directa de litio”, afirmó. Se preguntó ¿por qué no encarcelan a la gente que estuvo en el golpe de estado de noviembre de 2019 y que no hicieron absolutamente nada para proseguir con los planes de producción de litio?

El exgerente ejecutivo de Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), Juan Carlos Montenegro Bravo, murió este miércoles en su domicilio, perseguido por el gobierno, que también intentó iniciarle un proceso legal, por supuestas irregularidades en las piscinas de evaporación, en el sur oeste de Potosí.  Montenegro dejó una carta póstuma en la que afirma que tomaría “esa decisión dolorosa para evitar problemas a sus seres queridos y ser humillado por una justicia amañada” en el caso de las piscinas de litio. El exgerente de YLB estaba imputado por el Ministerio Público, a instancias del gobierno, junto a otros 11 profesionales más, entre ellos Alberto Echazú que fue aprendido por la policía y después, por decisión de una juez, con detención domiciliaria. El gobierno lo denunció a Montenegro penalmente, por presunto daño económico, supuestamente por la irregular construcción de las piscinas de evaporación, las que fueron construidas para la industralización del litio boliviano en el Salar de Uyuni. En la carta póstuma, Montenegro afirma que los que comenzaron el proyecto del litio en Bolivia, ahora están siendo víctimas de atropello. “No se puede mellar mi límpida trayectoria académica y profesional con este tipo de atropellos y no me prestaré a ser vejado y humillado por una justicia amañada que se vende al poder político o al mejor postor. No lo puedo permitir”, dice. Montenegro también pide perdón a sus seres queridos por el dolor que seguramente les provocará esta mi decisión, pero lo hago también por ellos”, afirma la carta al agregar que la intención del gobierno y su proceso judicial “es ocultar el rotundo fracaso de la estrategia que asumió Luis Arce de apostar a la extradición directa de litio”.  Asimismo, afirma que desde el 2021, las autoridades tenían la obligación de concluir las piscinas de evaporación, “pero no lo hicieron, lo abandonaron (…) por adoptar la falsa ilusión de la extracción directa del litio, como una alternativa rápida para producir grandes volúmenes”. La carta póstuma dice que se habló de alcanzar 100 mil toneladas de carbonato de litio para el 2025, sin embargo, se percataron tardíamente que podrían ser viables solo pequeñas plantas piloto, que hasta la fecha no existen. “Esa es la verdadera dimensión de lo que se pretende ocultar”, afirma la nota que termina con la frase: “Soy inocente”.

La dirección política del Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), a la cabeza del expresidente Evo Morales Ayma, convocó hoy, una vez más, a su congreso ordinario, para el 10 de julio en Villa Tunari, luego de una reunión de emergencia realizada en Cochabamba, con la participación de dirigentes de organizaciones sociales y sindicales. El encargado de hacer pública la nueva convocatoria, fue el propio Morales, que denunció que el Tribunal Supremo Electoral actúa de manera política y por presión del Gobierno, para no reconocer el Congreso del MAS-IPSP celebrado en la población de Lauka Eñe y la convocatoria para junio próximo. El verdadero interés es proscribir a nuestro instrumento político e inhabilitarme como candidato, reiteró y afirmó que “estamos convocando humildemente hoy nuevamente para realizar el 10 de julio un nuevo congreso del MAS-IPSP, en Villa Tunari, a pesar de que las decisiones del Tribunal Electoral son políticas y no jurídicas”, dijo. “Estamos pidiendo también que la Sala Plena del TSE nos reciba, junto a nuestro equipo jurídico, en una audiencia, con la participación de la prensa, con la transmisión en directo, para que el pueblo sea testigo de la decisión que se asuma”, agregó. Informó también que se invitará a las misiones y personalidades internacionales para que nos acompañen a hacer seguimiento del comportamiento del TSE y “estamos dispuestos a demostrar ante el mundo, que hemos cumplido con todas las normas legales establecidas”. “Estamos siendo muy maltratados por el TSE, duele eso, porque somos campesinos, indígenas, porque representamos a la gente humilde”, afirmó al señalar que se ha demostrado que se ha cumplido con todos los requisitos para que acepten nuestro congreso. Afirmó que el gobierno y el presidente Luis Arce se ha derechizado, por eso se deben realizar elecciones internas cerradas, tienen el derecho a presentarse y será el que gane, por votación, nuestro candidato y todos haremos campaña por el vencedor. Morales recordó que por dos veces nos obligaron a convocar al congreso del MAS, el año pasado cumplimos y no hubo ninguna observación, aunque había impugnaciones a la convocatoria, 10 en total y aclaramos todas y los derrotamos. Nosotros cumplimos todo, por eso el Sifre y la dirección jurídica del TSE reconocieron el Congreso de Lauka Eñe, señaló al explicar que en la segunda convocatoria no firmaron algunos dirigentes porque están con licencia y de viaje, pero los estatutos establecen que solo a la firma del presidente del MAS-IPSP, la convocatoria es legal. “Nos quieren obligar a consensuar con gente que no son militantes del MAS y que tampoco son legítimos dirigentes. Lucio Quispe del 2006 a 2019 fue militante de UCS está en el registro del TSE. Hasta ahora no esta inscrito, no es militante oficialmente”, afirmó. “No se puede entender como nos quieren obligar a consensuar con alguien que no es militante” añadió y dijo que ninguna norma nos obliga a consensuar con los que no son militantes, con las confederaciones que no tienen vida orgánica. Afirmó que son decisiones de carácter político. Denunció que Fernando Arteaga, secretario de Cámara del TSE, se especializó desde 1993, entró cuando eran los neoliberales a la ex Corte Nacional Electoral (CNE) y esa vez por instrucción de EE.UU. no aprobaron la sigla de ASP. Ahora fue posesionado por Jeanine Añez, durante el gobierno defacto.  “Cuando había dos informes legales, este secretario sacó un sobre para desconocer el congreso de Lauka Eñe. Sabemos de dónde vino ese sobre, todo se sabe, el mundo es chico. Este Arteaga es hombre de embajada de EE.UU. Jorge Lazarte me informó que por instrucción de EE.UU. no se aprobó la sigla de ASP”.