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Telesur Cientos de paraguayos se congregaron frente al Congreso Nacional en Asunción para protestar por los escándalos de corrupción que involucran a la administración del presidente Santiago Peña, y exigir un cambio en las políticas públicas y el rumbo de la gestión pública nacional.  La movilización responde a denuncias recientes, incluida una que detalla el hallazgo de un sobre con 200.000 dólares en la residencia presidencial. Según la acusación, realizada por una trabajadora del servicio doméstico, el dinero estaba en la casa del mandatario. Los manifestantes señalaron que la corrupción generalizada impide el desarrollo de políticas públicas efectivas para mejorar la calidad de vida de la población, agravando la crisis social y económica que enfrentan las familias en el país. De acuerdo con sus voceros, la convocatoria fue impulsada por jóvenes que se autoreconocen como «Generación Z Paraguay» y no responde a ninguna organización política partidaria —contrario a lo que alegaba el gobierno paraguayo—, lo que se reflejó en la ausencia de banderas de partidos durante la concentración. La manifestación se desarrolló en medio de un megaoperativo de seguridad, con miles de agentes de policía desplegados en el centro de la capital. Los organizadores denunciaron que durante la semana se intentó desalentar la protesta mediante la difusión de falsos informes sobre posibles actos de violencia, lo cual se reveló incierto esta jornada. Manifestantes describieron la fuerte presencia policial como un llamado a la guerra por parte del gobierno, y denunciaron la excesiva movilización de uniformados para rodear a los manifestantes, en comparación con la deficiente acción de la policía y las autoridades frente a casos de violencia e inseguridad como feminicidios y asaltos.  A pesar de la presencia policial, la movilización transcurrió con entusiasmo, y los carteles rezaban «La plata alcanza cuando no se roba», en clara confrontación al Ejecutivo de Peña ante los casos de corrupción destapados recientemente.  Paraguayos exigen fin a la corrupción gubernamental y mejoras en las políticas públicas de educación y salud Los participantes en las protestas denuncian las tramas de corrupción que se ocultan tras los llamados «Sobres del Poder», destapados por los testimonios de una exempleada del servicio doméstico de la residencia presidencial, identificada como Luz Candado, quien afirma que fue despedida de forma injusta tras una queja del presidente en julio pasado por una presunta pérdida de dinero en su vestidor. Ello, mientras que ella debió mantener guardados dos sobres con dólares que halló en dicha residencia en octubre de 2024 y en febrero del presente año, los cuales entregó al mandatario meses más tarde.  Los organizadores de la movilización de este domingo advierten que si el caso queda impune, impulsarán un juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. 

Telesur El movimiento juvenil Generación Z de Perú intensificó su llamado a la movilización, convocando a nuevas protestas en Lima y otras ciudades para hoy y mañana. El movimiento, que lideró tres jornadas anteriores de manifestación, expandió su estrategia al solicitar la participación activa de otros sectores sociales y gremiales. La convocatoria hace un llamado a la «unidad y fuerza» de transportistas, comerciantes, profesores, personal de salud, y diversos colectivos para sumarse a la marcha que culminará en la histórica Plaza San Martín. La principal demanda de los manifestantes es la vacancia (destitución) de la presidenta Dina Boluarte, cuya gestión enfrenta una fuerte desaprobación social. Boluarte, por su parte, se manifestó públicamente para rechazar el desorden y los «conflictos sociales», al tiempo que pedía diálogo.  Sin embargo, la Generación Z mantiene una postura inflexible, reclamando también una reestructuración profunda de la Policía Nacional y exigiendo el rechazo a la corrupción y a la inseguridad ciudadana. El movimiento juvenil busca una alianza con actores de peso en el país, como los licenciados de las Fuerzas Armadas y las barras organizadas de los principales clubes de fútbol, incluyendo Alianza Lima, Universitario y Cristal. Esta estrategia de ampliar la base social de la protesta, bajo el lema «¡El pueblo se levanta!», busca replicar la fuerza de otras movilizaciones masivas que históricamente han desafiado al poder en Perú. El clima de tensión en las calles se ve exacerbado por las denuncias de represión policial. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reportó 85 casos de agresión cometidos por la Policía solo durante el pasado fin de semana, incluyendo a 20 personas heridas por el impacto de proyectiles y bombas lacrimógenas, además de 11 detenciones arbitrarias.Estos datos añaden urgencia a la demanda de reestructuración policial. Asimismo, las empresas de transporte urbano han anunciado que continuarán sus marchas, esta vez motivadas por la creciente inseguridad y los constantes asesinatos de conductores a manos de sicarios y extorsionadores. Este sector, vital para la economía de la capital, exige seguridad, sumando otra capa de descontento que converge con las demandas de los jóvenes. La prensa peruana también levantó su voz. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y la Asociación de la Prensa Extranjera denunciaron heridas y maltratos a sus afiliados, exigiendo castigo para los responsables. La ANP convocó a sus miembros a convertir el primero de octubre, Día del Periodista, en una «jornada nacional de protesta» en defensa de la libertad de prensa, citando la lamentable cifra de dos periodistas asesinados y más de 180 ataques en lo que va de 2025.

Telesur La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) exigió la excarcelación inmediata de los manifestantes detenidos durante las protestas contra las políticas del presidente Daniel Noboa, y advirtió sobre el riesgo que enfrentan quienes fueron trasladados a centros penitenciarios señalados por su alta peligrosidad. Las movilizaciones actuales remiten a episodios previos de resistencia encabezados por el movimiento indígena en 2019 y 2022, cuando medidas similares de eliminación de subsidios fueron revertidas tras intensas jornadas de protesta. En ambas ocasiones, las políticas de ajuste respondían a compromisos adoptados por el Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional en el marco de programas de financiamiento. En un comunicado difundido públicamente, la Conaie responsabilizó al Ejecutivo por las condiciones en las que se encuentran al menos diez personas a quienes se les dictó prisión preventiva tras ser imputadas por cargos de presunto terrorismo.  Según la organización, estos ciudadanos han sido enviados a las cárceles de Portoviejo y Machala, último escenario, el mismo jueves, de una masacre que dejó 17 reclusos asesinados. La organización indígena, que agrupa a 14 nacionalidades y 18 pueblos originarios de Ecuador, advirtió además sobre la posible responsabilidad del Estado ecuatoriano ante organismos internacionales por no garantizar la seguridad en los centros penitenciarios. “Estos hechos comprometen al Estado por incumplir su deber de protección a las personas privadas de libertad”, señaló el documento. De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio del Interior, 85 personas han sido detenidas desde el inicio de las protestas, que comenzaron el lunes. Las manifestaciones surgieron como respuesta a la decisión del Gobierno de eliminar la subvención al diésel, medida que provocó un aumento inmediato del precio del combustible de 1.80 a 2.80 dólares por galón. En el contexto de estas movilizaciones, la provincia de Imbabura se convirtió en uno de los principales focos de protesta. En Otavalo, cientos de manifestantes ingresaron a un cuartel policial, dañaron su infraestructura y quemaron vehículos oficiales y particulares. En esa provincia, un juez acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva para 12 personas acusadas de terrorismo. También el jueves, comunidades de la provincia amazónica de Napo se sumaron a las protestas, ampliando el alcance del paro nacional convocado por la Conaie. La dirigencia indígena aseguró que las movilizaciones continuarán de forma progresiva e hizo un llamado a otros sectores sociales a sumarse a las acciones. El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, denunció que el Gobierno busca debilitar la unidad del movimiento indígena mediante la entrega de bonos y ayudas focalizadas en las zonas donde se concentran las manifestaciones. En declaraciones publicadas en redes sociales, señaló: “El Gobierno intenta dividir a las organizaciones con dádivas. Nuestra lucha es legítima y no se detendrá ante las maniobras del poder”.

Página 12 Los trabajadores del sector nuclear realizaron una jornada de movilizaciones, a lo largo del país, contra la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A, la empresa pública que administra las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. “NASA es una empresa que da superávit y genera dólares, no tiene ningún sentido privatizarla», denunciaron los trabajadores. Las protestas consistieron en banderazos, actos, asambleas y entregas de volantes frente a los centros atómicos del país. En Buenos Aires se realizó frente al Centro Atómico Constituyentes, ubicado en General Paz al 1500, donde los trabajadores de la CNEA tuvieron el apoyo de los del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).  También hubo actos en Bariloche, en Ezeiza y Mendoza. «Denunciamos además que para apropiarse del superávit que genera NASA y regalando nuestra soberanía, el gobierno está generando una terrible situación de vaciamiento interno y frenando el desarrollo nuclear nacional”, sostuvo en una de las manifestaciones Carolina Komar Varela, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado en la Comisión de Energía Atómica Buenos Aires. Privatización en puerta El gobierno ya confirmó que privatizará, por decreto, la empresa pública que opera las tres centrales nucleares del país. NASA es una de las empresas estatales que la Ley Bases habilitó a vender. Las estimaciones sobre su valor van de 590 a 1.000 millones de dólares.  De acuerdo a lo anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni, la intención de la Casa Rosada es vender el 44 por ciento de las acciones mediante una licitación pública nacional e internacional y conservar para el Estado el 51 por ciento del capital accionario.  Vaciamiento de la CNEA Como paso previo a su venta, la gestión libertaria viene haciendo un vaciamiento de la CNEA: suspendió la construcción de los reactores Carem y RA-10, cuyas obras estaban cerca de finalizarse; desfinanció los organismos de ciencia y la tecnología que los gestionaban, a partir de una subejecución presupuestaria (fondos que estaban asignados por la Ley de Financiamiento).  Despidió a más de 600 personas en las compañías tercerizadas que participaban de la construcción de los reactores.  Al mismo tiempo, congeló los salarios de los profesionales y técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), lo que generó que muchos comenzaran a migrar a otras empresas y sectores. “Hoy más del 80 por ciento de quienes dependen de la CNEA están cobrando sueldos por debajo de la línea de pobreza”, señaló la delegada Komar Varela. “Nucleoeléctrica supo tener los salarios más altos, pero con el gobierno de Milei fue descuidada y empezó a perder trabajadores. Tenemos compañeros que de acá salen a hacer Uber para completar sus ingreso. Otros se han ido a AECL, la empresa canadiense del sector, y a Meitner Energy, la compañía privada que pasaría fabricar los SMR», los reactores modulares pequeños elegidos por el gobierno como eje de su nuevo «Plan Nuclear Argentino».

DW Actualidad El jet privado modelo Learjet 55, con matrícula venezolana YV-3440, se estrelló este miércoles (24.09.2025) poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea del país, ubicado en el estado costero de La Guaira, cercano a Caracas. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) confirmó que al menos dos personas fueron rescatadas con vida y se encuentran en condición estable tras recibir atención médica inmediata. El siniestro ocurrió a las 12:52 hora local (16:52 GMT), según el INAC, que activó de inmediato los protocolos de búsqueda y salvamento. Para las 15:00 horas locales, el incendio generado por el impacto ya había sido controlado.  Testigos reportaron una densa columna de humo gris elevándose desde una zona cercana a la pista, mientras que pobladores de La Guaira mencionaron ráfagas de viento inusuales que tumbaron árboles en horas previas al accidente. Sin embargo, la institución no ha precisado cuántas personas se encontraban a bordo de la aeronave, ni ha confirmado si hubo víctimas fatales. Tampoco se ha informado hacia dónde se dirigía el vuelo, dejando muchas interrogantes acerca del caso. En una publicación en redes sociales, el INAC anunció la conformación de una Junta de Investigación de Accidentes para esclarecer las causas del siniestro. De acuerdo con el rastreador de vuelos FlightAware, el jet había estado la mañana del miércoles en las cercanías de Charallave, estado Miranda, y en las últimas dos semanas había realizado varios vuelos entre Venezuela, Cuba y Panamá. El accidente ocurre en un contexto de creciente tensión entre Caracas y Washington, tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe como parte de una operación contra el narcotráfico. Esta coincidencia ha generado una ola de especulación y rumores en redes sociales sobre posibles vínculos entre el siniestro y el ambiente geopolítico actual.

Página 12 Javier Milei viajó a Nueva York con un objetivo tan explícito como desesperado: conseguir dólares. Con las reservas del Banco Central en rojo –todavía quedan, pero apenas para resistir unas semanas de presión cambiaria– y en medio de una corrida que lo obligó a vender más de 1.100 millones en tres días, el presidente argentino se abrazó a Donald Trump en busca de respaldo político y financiero. Sin embargo, al finalizar la reunión, lo único que se llevó el mandatario argentino fue un posteo de redes sociales impreso. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, anunció este lunes que “todas las opciones están sobre la mesa” para apuntalar a la Argentina. Entre ellas, compras de deuda en dólares, swaps de divisas y financiamiento directo. El mensaje calmó a los mercados: el peso rebotó un 6% y los bonos repuntaron, aunque apenas por un rato. El martes, tras varios intentos frustrados, Milei finalmente consiguió su foto con Trump. La reunión fue breve, pero el magnate republicano se ocupó de darle una señal de respaldo. En su red Truth Social, Trump escribió que “el muy respetado presidente ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de la Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”, y remató con un “No los va a defraudar”. El mensaje fue impreso y entregado en una carpetita a Milei, que luego exhibió en cada foto que pudo. Las celebraciones no quedaron ahí. El vocero presidencial publicó decenas de imágenes de la reunión, Patricia Bullrich, por su parte, buscó asociarse con un llamativo “ALL IN con Argentina” y Luis “Toto” Caputo, serial tomador de deuda, confesó: “No se imaginan lo emocionante que fue la reunión”. El Banco Mundial y los dólares condicionados Tras la reunión, Luis “Toto” Caputo anunció en sus redes sociales que el Grupo Banco Mundial acelerará un paquete de 4.000 millones de dólares en los próximos meses, destinado a minería, energía, turismo y pymes. Este desembolso forma parte de los 12.000 millones ya comprometidos en abril y, según el organismo, busca “modernizar la economía, atraer inversión privada y generar empleos”. Todas las operaciones deberán pasar por la aprobación de la Junta Directiva del Banco Mundial. Lo que no se discutió públicamente es el costo político de este rescate. Donald Trump fue explícito: “Argentina es un aliado estratégico de Estados Unidos en la región”. Milei, agradecido hasta el exceso, devolvió elogios y se mostró como un socio incondicional de esa agenda. Lejos de un plan de desarrollo nacional, se trata de deuda condicionada y con un destino claro: flexibilizar regulaciones, profundizar la desregulación del mercado laboral y apuntalar inversiones extractivas.

Infobae El centro de Lima fue escenario de violentas manifestaciones durante dos días consecutivos, convocadas por el colectivo Generación Z en rechazo a la gestión de Dina Boluarte y al Congreso de la República. Cientos de jóvenes, acompañados por grupos ecologistas, animalistas y sindicatos, se movilizaron este 20 y 21 de septiembre para exigir transparencia gubernamental y cambios en la reforma del sistema de pensiones.  Las protestas, que movilizaron a 5.000 efectivos policiales, derivaron en enfrentamientos cuando las fuerzas del orden emplearon bombas lacrimógenas y perdigones para frenar el avance de los manifestantes hacia el Congreso. Las dos jornadas de protestas tuvieron como epicentros la Plaza San Martín, el Paseo de los Héroes Navales y principalmente la avenida Abancay, donde la policía bloqueó el acceso tanto peatonal como vehicular, e intervino incluso en espacios comerciales.  El choque entre policías y manifestantes dejaron varios heridos, entre ellos periodistas que recibieron el impacto de perdigones de goma. Asimismo, los manifestantes, en su afán de romper el cerco policial, lanzaron bombas incendiarias. Las movilizaciones dejaron un saldo de alta tensión social. Durante los dos días, los comercios de la zona se vieron obligados a cerrar sus puertas desde tempranas horas de la tarde, a fin de evitar saqueos y daños a sus propiedades.

Prensa Latina Buenos Aires, 21 septiembre (Prensa Latina).-  La imagen positiva del presidente argentino, Javier Milei, cayó a su punto más bajo de 39 por ciento, según revela hoy una encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP). El sondeo detectó, además, que el 53,8 por ciento de los argentinos consideran “muy mala” la gestión del ejecutivo del mandatario, y que al sumar las opiniones de “mala” y “regular”, la desaprobación que hace el público de su gobierno supera el 60 por ciento. Después que el sondeo Latam Pulse mostró un notable aumento de la desaprobación en septiembre, CEOP confirmó la caída de imagen positiva de Milei en medio de la crisis económica y los escándalos de corrupción que salpican a su gobierno. Lo peor es que apenas el 14,1 por ciento de los consultados por CEOP calificó el desempeño de Milei como «muy bueno», un descenso de siete puntos respecto al mes anterior. Y solo 27,5 por ciento espera que el país se recupere en los próximos meses, un desplome de 20 puntos en menos de 60 días. «Actualmente, la economía ocupa el centro de la escena. Nada menos que el 56 por ciento opina que hay que cambiar el rumbo de la economía. Y eso lo dicen los que están en las franjas de menores ingresos, justo los que votaron a Milei en el balotaje», advirtió el director del CEOP, Roberto Bacman, en declaración al diario Página 12. «En la encuesta se ve que hay 60 por ciento de opiniones negativas, pero el 54 por ciento de ese grupo califica de ‘muy mala’ la gestión de Milei. Del otro lado, del 39 por ciento que opina bien, apenas el 7 por ciento estima ‘muy bien’. Esto está empezando a pegar, y fuerte, en el núcleo duro del presidente», remarcó. Los datos salen a la luz pública tras una semana desastrosa para el presidente en la que el Congreso le anuló tres vetos a leyes claves para la salud pediátrica, el funcionamiento de las universidades públicas y la distribución automática y equitativa entre las provincias de los fondos que les corresponden de los Aportes del Tesoro Nacional. Además, los legisladores activaron las comisiones para investigar la megaestafa provocada por la criptomoneda falsa $Libra que promovió Milei y en la que están implicados el jefe de Estado, su hermana Karina Milei y otros empresarios allegados a la Casa Rosada. Igualmente, los congresistas decidieron avanzar con la pesquisa sobre el escándalo de corrupción gubernamental por el presunto cobro de coimas en la Presidencia a cambio de facturas de medicamentos para discapacitados. A eso se agregan dos multitudinarias manifestaciones; la primera el miércoles de rechazo a sus políticas de ajuste en la Plaza de los Dos Congresos y avenidas aledañas al palacio legislativo que movilizó a casi un millón de personas el miércoles. La segunda fue una concentración la tarde noche del sábado en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández frente a su casa en protesta contra la condena que cumple de seis años de prisión domiciliaria y proscripción política de por vida. En medio de todo se desplomaron los activos argentinos, la devaluación del peso se ahonda y el gobierno tuvo que vender en dos días más mil millones de dólares -que gran parte lo fugan del país- para controlar una inestable tasa monetaria.

Prensa Latina Lima, 21 septiembre (Prensa Latina).-  La magnitud de una protesta de jóvenes peruanos y el enorme despliegue policial para controlarla, parecen dar la razón a quienes pronostican o temen, según el caso, que el movimiento pueda escalar hasta niveles difíciles de prever. Miles de jóvenes con carteles y banderas distintas sacudieron desde anoche el Centro Histórico tras llegar desde distintos puntos de la ciudad a la céntrica Plaza San Martín, ocupada por gran número de policías que no pudieron mantener a los marchistas, como casi siempre, solo en las calles del entorno de la plaza. La multitud avanzó coreando lemas referidos a sus diversos reclamos, de oposición al Gobierno y al Parlamento; contra una reciente reforma del sistema previsional privado que, según creen, los sumirán en el desamparo cuando lleguen al otoño de sus vidas. Los manifestantes condenaron también lo que consideran ausencia de eficacia de la lucha contra el desborde del crimen organizado que azota al país con extorsiones masivas y asesinatps cotidianos. Uno de los muchos comentarios que circularon en la red señaló que esta noche “la plaza San Martín se convirtió en escenario de resistencia ciudadana” con la convergencia de organizaciones juveniles, organizaciones sociales. La movilización fue convocada durante la semana por Internet, con una buena dosis de espontaneidad y una mayor de descontento y frustracion que se han mantenido entredientes que parece convertirse en conjunción de voluntades. La policía que rodeaba la plaza y con altavoces llamana a mantener la calma, no oudo contener a los jóvenes que se abrieron paso hasta el centro de la plaza y, en un presunto plan B se reagrupó en verdaderas murallas de tríos de filas sucesivas en las calles de la periferia, con lo que cercaron a los descontentos. Un grupo estuvo a punto de romper la barrera que le impedía el paso hacia el Palacio de Gobierno, ubicado a seis cuadras, pero fue dispersado con gases lacrimógenos. La noche avanzo con refriegas esporádicas y un número por confirmar de heridos, lesionados y detenidos y parte de los marchistas intentaron dirgirse al Palacio Legislativo, pero también fueron contenidos. Conforme se extinguía la jornada, quedaba en los jóvenes la promesa de continuar la brega esta tarde, aunque sea domingo.

Telesur El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, dispuso este viernes, mediante los decretos ejecutivos 147 y 148, que el Consejo Nacional Electoral convoque un referéndum sobre el retorno de bases militares extranjeras y una consulta popular para integrar una Asamblea Constituyente.  El objetivo es reformar el artículo 5 de la Constitución y elaborar una nueva carta magna con la participación de los más de 13 millones de ecuatorianos.  Ante ello, la Corte emitió un pronunciamiento, destacando que Ecuador es un Estado constitucional y democrático donde todas las autoridades e instituciones deben sujetarse a la ley y sugiriendo una violación del marco legal estipulado. El organismo subrayó que las instituciones del Estado solo pueden actuar dentro de sus competencias, y que sus decisiones son vinculantes y de obligatorio cumplimiento. “Ningún órgano puede desconocer los mecanismos constitucionales”, señaló la Corte, que también llamó a las autoridades a respetar los procedimientos legales para modificaciones constitucionales. Pese a esto, Noboa insistió en su plan, argumentando que“la obstrucción que ciertos organismos politizados intentan imponer al cambio que necesita el país no será motivo para detener la voluntad del pueblo ecuatoriano”.  El Ejecutivo planea emitir un tercer decreto para someter a votación la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, una iniciativa que la Corte ya declaró constitucional y que implicaría reformar el artículo 110. La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, criticó la decisión de Noboa. “Convocar a una Constituyente sin el pronunciamiento previo de la Corte Constitucional es vulnerar el pacto social”, dijo. Además, agregó que ello debilita el Estado de derecho y abre la puerta a la arbitrariedad, expresó, defendiendo la vigencia de la Constitución de Montecristi de 2008.  Implicaciones del regreso de bases militares extranjeras La reforma al artículo 5 de la Constitución de 2008, que prohíbe bases militares extranjeras, se presenta como una medida contra el narcotráfico, pero analistas explican que representa una entrega de soberanía.  Vale recordar que las base estadounidense en Manta (1999-2009), cerrada por el expresidente Rafael Correa, no redujo el narcotráfico –las incautaciones de drogas se triplicaron durante su operación–, sino que sirvió a intereses geoestratégicos de Washington en el Pacífico Tropical Oriental, incluyendo las Galápagos, para contrarrestar la influencia china. Recientemente, el Gobierno cedió las Galápagos para una base del Comando Sur de EE.UU., pese a su estatus como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.  Esto implica riesgos ambientales y violaciones a convenios internacionales, ya que permite el ingreso de buques y aeronaves militares sin controles locales.  El exvicecanciller Fernando Yépez califica esto de “servilismo colonial, vergonzoso y peligroso”, argumentando que ignora experiencias negativas como abusos a derechos humanos y confrontaciones geopolíticas ajenas, mientras que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) alertó que tales bases amenazan la paz regional, fortaleciendo el control estadounidense en Latinoamérica. Por otro lado, Noboa propone cambios en la Asamblea Constituyente, como vía para una nueva carta magna, pero ello apunta, según los propios analistas, a un intento de evadir controles institucionales y consolidar un régimen autoritario.  La Constitución actual permite enmiendas o reformas parciales vía Asamblea Nacional y referéndum, reservando la Constituyente para cambios profundos en derechos y estructura estatal.  Sin embargo, Noboa la usa para reformas puntuales, como eliminar el financiamiento estatal a partidos o juzgar jueces constitucionales por mayoría simple, lo que debilitaría la Corte Constitucional como garante de derechos. Esto se enmarca en tensiones con la Corte, que suspendió leyes de Noboa por vulnerar derechos humanos, como la Ley de Inteligencia.