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Página 12 El Gobierno de Javier Milei dejó librado al abandono a más de cinco millones de habitantes que residen en los 6.467 barrios populares del país: en lo que va del año, la administración libertaria invirtió apenas 4,2 millones de dólares para financiar obras de integración sociourbana, el 0,2 por ciento de la inversión anual requerida, según revelaron investigadores y organizaciones sociales. Los datos se desprenden del trabajo “De los barrios populares a la ciudad formal: aportes para un plan nacional de integración sociourbana”, elaborado por el think thank Fundar y la ONG Techo, que advirtieron que, si bien el financiamiento a la política de integración sociourbana en los últimos años ha sido insuficiente”, el derrumbe se agravó tras la llegada de Milei al poder, con una “caída sostenida de la inversión pública” que se agudizó más en el último año. Según el paper, “existe un déficit estructural de financiamiento para avanzar en la agenda de integración”: el trabajo sugiere una inversión millonaria para resolver la brecha de infraestructura que supera los 27 mil millones de dólares, con un plazo de 12 años y un financiamiento anual de 2.250 millones de dólares. “Sin inversión en integración sociourbana se condena a millones de personas y miles de familias a seguir viviendo en la exclusión. No se trata de viviendas, servicios o infraestructura, sino de reconocer a los barrios populares y las personas que viven ahí como parte fundamental de la Argentina”, aseguró a Página|12 el director ejecutivo de TECHO, Juan Maquieyra, uno de los autores del trabajo. Un ajuste feroz sobre los más vulnerables Sin embargo, nada parece más alejado en los planes del Gobierno de Milei que desarrollar un plan de urbanización sólido para los sectores populares. De hecho, desde diciembre de 2023 se paralizaron miles de obras de integración sociourbana y se perdieron miles de empleos. Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en Argentina hay 6.467 barrios populares: el 92 % carece de conexión formal al agua potable, más del 98 % no tiene gas natural; el 97 % no tiene acceso formal a cloacas y el 66 % tiene conexiones eléctricas irregulares o muy precarias. Además, el 70 % están expuestos a al menos un factor de riesgo ambiental, como basurales, inundaciones o contaminación. Pero detrás de las estadísticas se esconde el drama de más de cinco millones de personas que a diario enfrentan problemas en la vida cotidiana en los barrios populares: dificultades para tomar un baño caliente en invierno, hacinamiento, inseguridad y eventos climáticos extremos que golpean con más fuerza en villas y asentamientos humildes sin infraestructura adecuada para soportar olas de calor o tormentas, que además son cada vez más frecuentes. “Hoy son cinco millones de personas las que viven en estos barrios. Permitir que continúen en condiciones que son directamente inhumanas es algo que no se puede aceptar”, agregó Maquieyra. Con la paralización de la obra pública el problema se agravó. Las organizaciones sociales exigen el cumplimiento de la ley 27.453, sancionada hace ocho años, que busca garantizar la integración sociourbana de los asentamientos relevados a partir de 2016 como parte de la tarea del Renabap, una política pública impulsada durante el macrismo que se sostuvo y amplió durante el Gobierno de Alberto Fernández y ahora está paralizada. De hecho, en 2024 Milei redujo al mínimo el presupuesto del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), alegando supuestas “demoras y falencias” en las obras, aunque luego los propios funcionarios de la gestión libertaria indicaron que no hubo irregularidades. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) impuso entonces un amparo para frenar esa decisión. Y si bien un fallo judicial ordenó garantizar el cumplimiento de las obras, aún están paralizadas. En mayo de 2025, el Gobierno fue un paso más allá y eliminó el FISU. Maquieyra aseguró que la eliminación de ese fondo “dejó miles de obras en riesgo” cuyo futuro aparece como “incierto”. “El FISU se consolidó como la herramienta más importante en términos de recaudación y organización para la ejecución de obras de integración sociourbana, permitió realizar avances considerables mediante obras de infraestructura básica, mejoramientos de viviendas y la construcción de equipamientos comunitarios”, señala el trabajo de Fundar.

Telesur Autoridades chilenas confirmaron que cinco senderistas extranjeros perdieron la vida en el Parque Nacional Torres del Paine, ubicado en la región de Magallanes, extremo sur de Chile, tras quedar atrapados en un temporal extremo durante la realización del Circuito O. Según información preliminar proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), de los fallecidos, dos son de nacionalidad mexicana; las identidades de los otros tres aún no han sido reveladas de manera oficial. Además, siete personas permanecen desaparecidas, algunos de los cuales serían de nacionalidad británica y coreana. La tragedia ocurrió el lunes pasado, cuando un grupo de senderistas cuya composición exacta aún no se ha precisado se encontraba en el tramo entre el Campamento Los Perros y el Paso John Gardner, una de las zonas más expuestas y de mayor altitud del Circuito O. El grupo fue sorprendido por un frente meteorológico severo que provocó visibilidad cero por nieve arrastrada por vientos intensos, conocido como “viento blanco”, fenómeno que induce desorientación y hipotermia rápida en condiciones de exposición prolongada. El Circuito O es una ruta de senderismo de alta exigencia física y técnica, que recorre aproximadamente 130 kilómetros alrededor del Macizo del Paine, con un desnivel positivo acumulado cercano a los 6.000 metros.  Es una variante más larga y compleja del popular Circuito W, y requiere experiencia previa en terrenos glaciares, conocimiento de andinismo en condiciones adversas y equipamiento adecuado. La ruta atraviesa sectores como Coirón-Grey y el Macizo Paine, zonas que hoy permanecen cerradas temporalmente por las autoridades para facilitar las operaciones de búsqueda y evitar nuevos incidentes. Las labores de rescate involucran a múltiples entidades estatales: personal de CONAF, expertos de Alta Montaña de Carabineros, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros, equipos caninos, ocho efectivos del Ejército de Chile y rescatistas del Socorro Andino. Las condiciones climáticas persisten críticas, con vientos fuertes, chubascos de nieve y temperaturas bajo cero, lo que impide el uso de helicópteros y retrasa los avances en la búsqueda. Según las autoridades, el “viento blanco”, fenómeno común en la Patagonia chilena pero extremadamente peligroso para senderistas no preparados, fue el factor determinante en la pérdida de orientación y el colapso fisiológico de los excursionistas. Por su parte, la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, informó que las personas involucradas en el reciente incidente en el parque estaban recorriendo la zona sin guía ni acompañamiento. Cárdenas destacó que, aunque los visitantes suelen llegar preparados, el circuito montañoso presenta gran complejidad y las condiciones climáticas han sido especialmente adversas, con fuertes vientos y nevadas, factores que contribuyeron a la lamentable situación ocurrida. Las autoridades han reiterado que, aunque el Circuito O es legal y no requiere permiso especial para su realización, sí exige un nivel de preparación técnica, física y logística que no todos los excursionistas poseen. La falta de comunicación, el uso inadecuado de equipos de supervivencia y la subestimación de las condiciones climáticas en la Patagonia han sido factores recurrentes en accidentes previos en la zona. El Parque Nacional Torres del Paine está bajo la administración de CONAF, organismo encargado de la gestión del riesgo en áreas protegidas. En años anteriores, se han registrado incidentes similares, pero ninguno con un balance tan elevado de víctimas mortales en una sola jornada. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a instalaciones forenses en Punta Arenas para la identificación formal, proceso que puede tardar varios días debido a las condiciones de conservación y la necesidad de coordinación con embajadas extranjeras. Las familias de los fallecidos y de los desaparecidos han sido notificadas por las autoridades chilenas a través de canales diplomáticos.

DW Actualidad El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el martes (18.11.2025) con revocar la licencia de transmisión de la cadena ABC, exasperado por las preguntas de una periodista sobre los negocios de su familia en Arabia Saudita y el escándalo de Jeffrey Epstein. La corresponsal de ABC News, Mary Bruce, interrogó en el Despacho Oval a Trump y a su invitado, el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, cuya responsabilidad había sido señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses en el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi. «¿Es apropiado, señor presidente, que su familia haga negocios en Arabia Saudita mientras usted es presidente? ¿Es un conflicto de intereses?», inquirió Bruce, citada por la agencia francesa AFP. El promotor saudita Dar Global anunció el lunes una nueva asociación en Maldivas con la Organización Trump, dirigido desde 2016 por Donald Junior y Eric Trump, pero su padre sigue siendo accionista a través de un fideicomiso. Acusa a ABC de «noticias falsas» «Y su alteza real, los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron que usted orquestó el brutal asesinato de un periodista. Las familias de las víctimas del 11 de septiembre están furiosas de que usted esté aquí en el Despacho Oval. ¿Por qué los estadounidenses deberían confiar en usted?», añadió, mientras Trump le preguntaba para quién trabajaba. «ABC noticias falsas. Una de las peores en el rubro», interrumpió el mandatario, cortante, y negó cualquier conflicto de intereses. «No tengo nada que ver con los negocios de mi familia. Me alejé de eso», aseguró Trump. «Le diré algo. Creo que se le debería retirar la licencia (de transmisión) a ABC, porque sus noticias son falsas y erróneas», continuó. El mandatario amenazó con revocar la licencia de la cadena ABC y llamó «cerdita» a la correponsal de la agencia Blooberg, en episodios que generaron crícas del gremio. Llama´»cerdita» a corresponsal de Bloomberg El enfrentamiento tiene lugar después de que el presidente llamara «cerdita» a otra reportera el viernes pasado, cuando ella le preguntó sobre Epstein. El caso se viralizó en redes este martes y provocó el repudio de varios periodistas, según refirió la agencia española EFE. Catherine Lucey, corresponsal en la Casa Blanca de la agencia Bloomberg, abordaba a Trump en el avión presidencial sobre la desclasificación de los documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein cuando el republicano le ordenó que se callara. «Silencio. Silencio, cerdita», respondió Trump apuntando con el dedo a la reportera, quien le cuestionó por sus evasivas sobre el caso Epstein si los documentos no contienen «nada incriminatorio» contra él. Jake Tapper, uno de los presentadores estrella de la cadena CNN, calificó la actitud del presidente de «repugnante y completamente inaceptable». La expresentadora de Fox News, Gretchen Carlson, también tachó el comentario de «repugnante y degradante».

Prensa Latina   Buenos Aires, 17 noviembre (Prensa Latina).- El voraz incendio que desoló el Polo Industrial Spegazzini de Ezeiza destruyó cinco empresas y causó severos daños a otras cinco o seis, dijo hoy a la prensa el intendente de ese municipio bonaerense, Gastón Granados. El fuego estalló en un gran almacén de productos químicos y rápidamente se expandió por toda el área del polo industrial la noche del viernes y se mantuvo ardiendo durante sábado y domingo, y hoy lunes todavía hay pequeños focos ígneos que están siendo sofocados. Las llamas destruyeron o causaron daños a 11 empresas que operaban en esa zona económica. El intendente confirmó que «son cinco las empresas que han desaparecido literalmente y hay otras cinco o seis que han sufrido daños no producto del fuego, sino que la vibración de la explosión le derribó paredes o le torció techos», explicó. «En algunos sectores administrativos volaron todas las ventanas e inclusive me contó el propietario de una empresa que escritorios de una oficina aparecieron en otra, fue como una bomba», describió. La onda expansiva de la potente detonación rompió ventanas y puertas de cristal en barrios colindantes, y hasta levantó el techo de algunas casas, describieron los canales de televisión que le daban cobertura al siniestro que afortunadamente no causó víctimas fatales, aunque sí una veintena de heridos. Granados afirmó que la empresa donde estalló el incendio, Logischem, es seria, y sus trabajadores que han sido entrevistados aseguran que no notaron anomalía alguna. El funcionario añadió que una vez que termine la investigación sobre las causas del siniestro habrá limpiar y sanear toda el área lo cual llevara meses. Los peritos quienes comienzan las labores iniciales esperan por el aviso de los bomberos cuando estos hayan completado de sofocar las llamas totalmente y den permiso para poder entrar y profundizar la pesquisa.

Telesur El ingreso del portaviones USS Gerald R. Ford al mar Caribe marca otra escalada en las amenazas imperialistas de los Estados Unidos contra naciones de la región, especialmente Venezuela. El arribo del buque —el más avanzado, costoso y tecnológicamente sofisticado de la flota estadounidense— fue anunciado por el Departamento de Guerra como parte de una supuesta operación contra el narcotráfico, mientras numerosas organizaciones han señalado que se trata de una estrategia para invadir a la República Bolivariana. Según Washington, el grupo de ataque del Ford, integrado por destructores de misiles guiados, fragatas de apoyo y escuadrones de aeronaves de quinta generación, tiene la misión de “proteger la prosperidad de Estados Unidos frente al narcoterrorismo”. Pero los hechos muestran una lectura distinta: la Casa Blanca ha venido escalando un discurso beligerante contra el Gobierno venezolano, y el despliegue coincide con declaraciones recientes del presidente Donald Trump insinuando “acciones ya decididas” frente a Caracas. Su magnitud, su ubicación y el clima político regional aumentan las alertas sobre un posible escenario de provocación militar. Su arribo se enmarca en la operación Lanza del Sur, que acumula ya cerca de 12 mil efectivos y casi una docena de buques, convirtiéndose en el mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe en décadas. Desde septiembre, Washington justifica sus maniobras bajo la narrativa de combatir el tráfico de drogas en el hemisferio occidental, al que ha calificado como «su vecindad». Al calificar a la región como la «vecindad» de EE.UU., la Administración Trump revive los principios de la Doctrina Monroe, una política que históricamente ha servido de justificación para las intervenciones políticas y militares de Washington en los asuntos internos de las naciones soberanas de América Latina y el Caribe. En los hechos, los recientes ataques de EE.UU. a embarcaciones no identificadas en aguas del Mar Caribe han dejado más de 80 personas muertas y se han desarrollado fundamentalmente en áreas sensibles para la seguridad venezolana, lo cual revela la verdadera motivación del despliegue. Por demás, la ONU ha calificado estas acciones como ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional. Mientras, sectores republicanos celebran abiertamente la posibilidad de una intervención, el Senado —controlado por ese mismo partido— se negó hace pocas semanas a limitar la capacidad del presidente Trump para lanzar ataques sin aprobación del Congreso, lo cual prueba el desinterés de ambos partidos por hacer cumplir su propia Carta Magna. El Gobierno de Venezuela ha denunciado los intereses beligerantes y colonialistas destrás de estos despliegues que incluyen al Comando Sur, que históricamente ha sido brazo ejecutor de ataques ordenados por la CIA para desestabilizar la paz en la región. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, afirmó que “la paz en el Caribe está siendo amenazada” por una narrativa construida en Washington para justificar una agresión. Por su parte, el canciller Yván Gil ha señalado que los despliegues son “un intento de invasión y sometimiento” que viola el derecho internacional y pone en riesgo a toda la región. El pueblo de Venezuela está presto a defenderse de toda amenaza Mientras estos despliegues se mueven, el pueblo venezolano se ha lanzado a prepararse y capacitarse para defender a su patria de cualquier ataque, y proteger la integridad de su territorio. Hace solo unos días iniciaron la fase superior del Plan Independencia 200, bajo el cual se ha organizado de forma integral la preparación del pueblo para la lucha armada y no armada de defensa de la Nación. Asimismo, desde Caracas hasta San Cristóbal, millones de venezolanos han salido a las calles para rechazar lo que consideran una amenaza directa de intervención extranjera, en un escenario inédito desde los intentos golpistas de 2019. Las movilizaciones no solo expresan apoyo al Gobierno, sino también un sentido histórico profundamente arraigado en el pueblo venezolano. Diversas organizaciones han subrayado que el país ha enfrentado durante más de dos décadas bloqueos, sanciones unilaterales, desestabilización económica y campañas mediáticas, y que el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford confirma que la presión militar continúa siendo un instrumento central de la política estadounidense. En ese marco, la unidad cívico-militar se ha convertido en un eje estratégico. La cohesión entre FANB y el poder popular organizado constituye la principal garantía de disuasión ante cualquier intento de agresión, recordando la resistencia que el país sostuvo durante el golpe de Estado de 2002 y episodios posteriores de injerencia que no lograron derribar a la Revolución Bolivariana. Las filas de la Milicia Bolivariana han crecido en las últimas semanas, con la incorporación de milicias de campesinos, pescadores, estudiantes, poblaciones originarias, todos decididos a enfrentar cualquier provocación militar que afecte sus vidas. Frente al clima de tensión militar, el pueblo venezolano opone el espíritu de preparación integral. A la par, colectivos culturales, estudiantiles y sindicales han desarrollado jornadas de debate, foros, conciertos y marchas simbólicas, remarcando que la defensa de la soberanía no es solo un asunto militar, sino un proyecto nacional que involucra a todas las capas de la sociedad. Aunque las operaciones estadounidenses en el Caribe se presentan como parte de una campaña antidrogas, el ambiente en Venezuela refleja la percepción mayoritaria de que el verdadero objetivo es generar condiciones para una intervención o desestabilización interna. De ahí que las expresiones populares adquieran un carácter no solo reactivo sino también estratégico: mostrar capacidad de organización, cohesión interna y respaldo a las instituciones democráticas que han garantizado la paz en la nación y el desarrollo de su economía, pese a las criminales sanciones.

Telesur La Generación Z de Perú, articulada con sindicatos de trabajadores, protagonizó una nueva y significativa jornada de movilización en las calles de Lima.  La protesta tuvo como doble eje la exigencia de justicia por el asesinato de Eduardo Ruiz, el joven abatido por un policía encubierto durante las manifestaciones del pasado 15 de octubre, y la denuncia enérgica contra lo que consideran una alarmante impunidad institucional frente a las demandas sociales y una ola de criminalidad que azota al país. Decenas de estudiantes universitarios, activistas civiles y gremios laborales se concentraron en varios puntos estratégicos de la capital para converger en una marcha hacia el centro histórico, en un contexto de fuerte presencia policial.  La movilización se desarrolló a pesar del estado de emergencia vigente en Lima, una medida implementada supuestamente para combatir el crimen organizado, pero que en la práctica suspende temporalmente derechos fundamentales como la libertad de reunión, lo que añade una capa de tensión a la protesta. A la cabeza de la manifestación en Lima marchó una delegación representativa de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la principal central sindical del país. La pancarta principal de la CGTP encapsulaba el sentir colectivo, reclamando la defensa del trabajo, la seguridad y la vida, en una respuesta directa a la creciente ola de crímenes perpetrados por bandas de sicarios y extorsionadores que aterrorizan a transportistas, comerciantes y obreros de construcción civil. Una de las consignas centrales de la movilización fue la derogación inmediata de las llamadas ‘leyes pro-crimen’. Este conjunto de normas, aprobadas recientemente por el Congreso generaron una amplia controversia, ya que diversos sectores de la sociedad peruana consideran que su efecto real es diametralmente opuesto al propósito declarado, terminando por facilitar y proteger la actividad delictiva en lugar de combatirla, profundizando la crisis de inseguridad. La jornada de protesta se extendió más allá de la capital, con movilizaciones simultáneas en ciudades estratégicas del surandino, como Cusco y Puno, donde obreros de la Federación de Trabajadores del Cusco y del gremio de Construcción Civil se unieron a la causa. No obstante, la represión no se hizo esperar: al inicio de la marcha en Lima, el frente de egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos denunció el cerco policial del campus y la detención de un compañero, aunque la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) confirmó su posterior liberación tras la presión ejercida en redes. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, contribuyó al clima de restricción al declarar la intangibilidad de la céntrica Plaza San Martín, tradicional punto de encuentro para manifestaciones, buscando evitar aglomeraciones de carácter político. Sumado a esto, las primeras horas del día vieron un paro parcial de transportistas en las zonas norte y sur de Lima, llevando a que colegios públicos y algunas universidades, incluyendo la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) otro foco de la Generación Z, dictaran clases en modalidad remota para garantizar la seguridad de los estudiantes.

BBC News China y Japón protagonizaron una escalada verbal esta semana, luego de que Takaichi sugiriera que Japón podría responder con sus propias fuerzas de autodefensa si China atacara Taiwán. Los ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países presentaron enérgicas protestas. Un diplomático chino también hizo un comentario que algunos interpretaron como una amenaza de decapitar a Takaichi. La disputa pone de manifiesto la aversión histórica entre China y Japón, así como la ambigüedad estratégica en torno a la soberanía de Taiwán, que es un territorio con su propio gobierno. Esto es lo que se sabe al respecto:   ¿Qué sucedió? Las tensiones actuales se originaron en una sesión parlamentaria en Japón el viernes pasado, cuando un legislador de la oposición preguntó a Takaichi qué circunstancias sobre Taiwán constituirían una situación que amenazara la supervivencia de Japón. «Si hay buques de guerra y se usa la fuerza, desde cualquier punto de vista podría constituir una situación que amenaza la supervivencia», respondió Takaichi. Una «situación que amenaza la supervivencia» es un término legal contemplado en la ley de seguridad de Japón de 2015, que se refiere al momento en el que un ataque armado contra sus aliados representa una amenaza existencial para el país. En tal situación, las fuerzas de autodefensa de Japón pueden activarse para responder a la amenaza. Las declaraciones de Takaichi provocaron la indignación inmediata de Pekín y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China las calificó de «atroces».   «Cabeza sucia» El sábado, Xue Jian, cónsul general de China en la ciudad japonesa de Osaka, compartió un artículo periodístico sobre las declaraciones parlamentarias de Takaichi en X. Pero además añadió su propio comentario: «La cabeza sucia de quien se entrometa debe ser cortada». Si bien la intención de las declaraciones de Xue «puede no estar clara», fueron «sumamente inapropiadas», declaró el lunes a la prensa el secretario jefe del gabinete japonés, Minoru Kihara. Tokio presentó protestas ante China por las declaraciones de Xue, mientras que Pekín hizo lo propio ante Japón por las de Takaichi. La publicación de Xue fue eliminada posteriormente, pero la controversia por el intercambio de acusaciones persiste. El martes, Takaichi se negó a retractarse de sus declaraciones, las cuales defendió como «consistentes con la postura tradicional del gobierno». Sin embargo, señaló que sería cautelosa al comentar sobre situaciones específicas a partir de ahora.

Página 12 Jeannette Jara, candidata de la izquierda y favorita en los sondeos, y José Antonio Kast, rival de ultraderecha que le sigue en intención de votos, cerraron sus campañas en ciudades que se ubican en las antípodas. En Valparaíso, a 120 km de Santiago, la dirigente comunista prometió “seguridad para combatir el crimen y para llegar a fin de mes”. En esa línea, exhortó a superar el discurso del miedo con el que machaca la oposición: “Enfrentemos el miedo y votemos con esperanza”. Horas antes, desde Concepción, 450 kilómetros al sur de la capital, Kast habló a sus seguidores detrás de un vidrio. “No le tengo miedo a nadie”, aclaró con tono irónico y repitió su proclama de mano dura contra “la delincuencia y el terrorismo” en la competencia con otras derechas tan radicales como su espacio, el Partido Republicano.  Entre las dos ciudades se contaban fragmentos de la historia chilena. “Gracias Valparaíso, gracias Chile”, dijo Jara celebrando un final de campaña de cara al mar, mirando el puerto. “Vengo a ofrecer mi corazón. Llegamos aquí porque ustedes nos trajeron. Tengo 51 años y la misma porfía de siempre. Cuando la realidad no nos hace bien hay que trabajar duro para cambiarla. Lo digo recordando la niña que fui en Conchalí (comuna del norte de Santiago). Crecí con la certeza que servir a los demás es un orgullo. No hablo desde arriba, hablo al lado de ustedes. Hemos gozado y padecido las mismas alegrías y dificultades”.  Así, la candidata de la alianza de izquierda “Unidad por Chile” que incluye nueve fuerzas (entre ellas, el Partido Comunista, el Socialista, la Democracia Cristiana y el Frente Amplio), además de sectores de la izquierda extrapartidaria, se brindó al último ritual de masas, que tuvo como marca distintiva la cercanía con la gente. Se la compara con Michelle Bachelet, porque tiene una llegada directa, una simpatía natural.  “Se siente, se siente, Jara presidenta”, decía la multitud.  Con respecto al combate a la inseguridad, tema central en la preocupación de los chilenos al igual que la economía, Jara propone un abordaje integral, con control de fronteras y levantamiento del secreto bancario para seguir la ruta del dinero de la delincuencia. “Seguridad en la calle y seguridad en el hogar. Más que perseguir a los que se roben un Súper 8 (chocolate), tenemos que ir por los peces gordos, ir por la ruta de su dinero”.  “Sí se puede, sí se puede”  La exministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric dijo conocer al Chile real, ella que proviene de una familia de origen humilde y promete un ingreso vital de 750 mil pesos chilenos (800 dólares, por encima del salario mínimo que equivale a 567 dólares), en parte subsidiado por el Estado; además de la reducción en un 20 por ciento de las tarifas de luz.  En la elección presidencial de este domingo 16 de noviembre la aspirante oficialista lidera las últimas encuestas con una intención de voto de entre 26 y 30 por ciento, ante un Kast que la sigue con un 20 y 25 por ciento en los sondeos. Peleando por un tercer puesto figuran el ultraderechista libertario Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, rostro de la derecha tradicional pero que endureció su discurso en esta campaña: en el último debate prometió “cárcel o cementerio” para los delincuentes.  Atrás en intención de voto se ubican cuatro candidatos: Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés. Si este domingo se confirman las predicciones de las encuestadoras, Jara ganaría la primera vuelta pero en un balotaje el escenario se torna más complejo: las tres (ultra) derechas podrían sumar fuerzas para impedir que llegue al poder una militante comunista.

DW Actualidad Al menos 37 personas murieron y otras 24 resultaron heridas este miércoles (12.11.2025) cuando un autobús cayó por un precipicio tras chocar con una camioneta en Arequipa, en el sur de Perú. El vehículo de pasajeros había partido la noche del martes de la localidad de Chala, en provincia de Caravelí, y rodó por una zona árida hasta quedar a orillas de un río, según imágenes de Panamericana de Televisión. La fiscalía de Arequipa señaló en un comunicado que el conductor de la camioneta sobrevivió y «se encuentra detenido». El siniestro ocurrió de madrugada y es uno de los peores de los últimos años en el país, donde son frecuentes los accidentes en las carreteras. El gerente regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto, dijo a la agencia de noticias AFP que la cifra de muertos puede aumentar debido a que hay heridos graves. La gran cantidad de accidentes en Perú se asocia principalmente al exceso de velocidad y la embriaguez, entre otras imprudencias, además de la exigente topografía del país.

DW El Gobierno británico salió este martes (11.11.2025) en defensa de la emisora BBC, que vive una de sus peores crisis tras la dimisión de dos directivos y la amenaza de una demanda multimillonaria de Donald Trump, en una sesión parlamentaria de control a la ministra de Cultura, Lisa Nandy, sobre este tema. «La BBC no es simplemente una emisora, es una institución nacional que pertenece a todos nosotros -dijo Nandy- (…) Es de lejos la fuente de noticias más ampliamente usada y la que genera más confianza en Reino Unido en un tiempo donde las líneas se desdibujan entre hechos y opinión, entre noticias y polémicas. Es la luz en el faro para las personas de aquí y del resto del mundo». Además, recordó que la emisora «es independiente del Gobierno», aunque en esta crisis el gabinete de Keir Starmer «ha estado trabajando codo con codo con la BBC«. Aunque reconoció que había asuntos suficientemente serios que despertaban preocupación, no los citó por su nombre -ni mencionó al presidente estadounidense- y dedicó la mayor parte de su discurso y de las contrarréplicas de los diputados opositores a defender el papel de la emisora y el trabajo de los dos directivos que dimitieron. Resumen de la crisis La crisis más grave de la BBC en los últimos años estalló el pasado domingo, con la dimisión de su director general, Tim Davie, y la directora de informativos, Deborah Turness, al hacerse público un informe interno en el que quedaba en evidencia que en un programa emitido el pasado verano se había editado de forma interesada un discurso de Donald Trump para que pareciera que había llamado explícitamente al asalto del Capitolio en los disturbios de enero de 2021. Aunque en un primer momento el presidente estadounidense se congratuló de las dimisiones, ayer envió una carta a la BBC en la que amenaza con presentar una demanda por no menos de mil millones de dólares si la emisora no cumple tres condiciones antes del viernes en la tarde: «la retractación inmediata, completa y justa del documental», la emisión de una disculpa pública y una compensación por el daño causado. Hasta el momento, ninguna de las tres condiciones se ha cumplido y no parece claro que vayan a cumplirse.