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DW Actualidad El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este jueves que no ha seguido las reglas «al pie de la letra» para desplegar a la Guardia Nacional en Washington D.C. y asumir el control federal de la Policía Metropolitana de la capital estadounidense. La ciudad vive horas de tensión por las protestas contra los operativos nocturnos de agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El mandatario sostuvo que cuando ha dejado que los líderes demócratas de cada estado manejen las protestas, estos «no han actuado apropiadamente». «La última vez seguí cada pequeño edicto y regla perfectamente, dejé que los gobernadores administraran sus asuntos y lo arruinaron por completo», dijo Trump durante una entrevista con Fox News Radio, en alusión a crisis anteriores. Declaró Emergencia de Seguridad Pública Las declaraciones se producen tras el despliegue de 800 miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. y la federalización temporal de su policía, medida que Trump impuso el pasado lunes al considerar que «el crimen está fuera de control». Además, el republicano declaró una Emergencia de Seguridad Pública de 30 días. Trump aprovechó el ataque sufrido a principios de mes por un programador del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), llamado Edward Coristine, para justificar la federalización de la seguridad pública de la ciudad. Sin embargo, los índices de crimen homicida, aunque aún altos, son los más bajos en décadas, de acuerdo con datos oficiales. Aumenta presencia federal en D.C. Desde la noche del miércoles, agentes del FBI, la DEA y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) intensificaron sus patrullajes en Washington D.C., con turnos de 24 horas y puntos de control en distintas zonas de la ciudad. En la Explanada Nacional se observaron vehículos blindados y tropas de la Guardia Nacional para hacer frente a lo que Trump califica como una «ola de crímenes», en contra de lo que apuntan las autoridades locales. Según explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en Fox News, se trata de un grupo de trabajo multiagencia creado por Trump junto a la fiscal general, Pam Bondi, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. En total, 19 agencias participaron en operaciones conjuntas en siete distritos de la capital durante la noche. Detenidos 29 inmigrantes Las acciones resultaron en 45 arrestos por delitos de agresión en primer y segundo grado, así como por distribución de drogas ilegales y narcóticos incautados. Además, fueron detenidos 29 inmigrantes indocumentados, «muchos de los cuales tenían órdenes de deportación definitivas», señaló Leavitt. Trump fue preguntado en el Despacho Oval por los perjuicios que podría estar provocando en otros operativos la alta concentración de agentes en la capital, en cambio, él respondió que está usando «una fuerza muy pequeña». Por la noche, agentes instalaron un control de tráfico en una de las principales calles de la ciudad donde detuvieron a conductores por no llevar el cinturón de seguridad o por problemas en las luces traseras. Los vecinos de la ciudad protestaron contra este control y advirtieron de él a los conductores para que lo evitaran. Ambiente tenso en la ciudad A pesar de la presencia masiva de las fuerzas de seguridad, el ambiente fue tenso y se reportaron varios enfrentamientos entre los residentes y los agentes federales. Un exempleado del Departamento de Justicia fue detenido la noche del miércoles por golpear con un sándwich a un agente federal. La fiscal general, Pam Bondi, indicó que se levantarán cargos por agresión. Por su parte, la jefa de la policía, Pamela Smith emitió una orden ejecutiva este jueves para que los agentes policiales de Washington D.C. limiten el tipo de cooperación que realizan con ICE. Smith busca evitar que se interrogue a personas sobre su estatus migratorio o que las personas sean detenidas sin la existencia de una orden emitida por un juez. Este es un intento de mantener las leyes del Distrito de Columbia, donde gobiernan los demócratas, en vigor. El miércoles, Trump dijo que buscará extender el control federal sobre las fuerzas del orden en la capital tras considerar que los 30 días estipulados en la ley «no son suficientes» para «combatir el crimen» en la ciudad.

BBC News «Las personas sin hogar tienen que marcharse de inmediato», escribió este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su plataforma TruthSocial. «Les daremos un lugar en el que quedarse, pero lejos de la capital. Los criminales no tienen que mudarse. Los vamos a meter a la cárcel, que es donde deberían estar», añadió en la red social, la víspera de ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y de poner a la policía local bajo su mando directo. El plan, que también incluye el refuerzo de las patrullas nocturnas con agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), tiene como objetivo «liberar» a una ciudad que el mandatario ha pintado como «sin ley» de los sin techo y la delincuencia y volverla «más segura y bella que nunca». Algo que las autoridades locales, encabezadas por la alcaldesa del Distrito de Columbia, la demócrata Muriel Bowser, han calificado de «desconcertante e improcedente», al tiempo que apuntan a una criminalidad en descenso. Y es que según las estadísticas publicadas por la Policía Metropolitana de Washington DC (MPDC), en 2024 los delitos violentos cayeron a su nivel más bajo, después de haber registrado un máximo en 2023, y la tendencia se mantiene en lo que va de 2025. Las medidas anunciadas este lunes por Trump siguen a una orden ejecutiva firmada en julio, que facilita el arresto de quienes vivan en las calles y que, según coinciden las organizaciones del ramo, dibuja una imagen «simplista y distorsionada» del fenómeno. Una problemática que, con excepciones puntuales –como una baja contabilizada en el que es su epicentro histórico, el condado de Los Ángeles–, sigue rompiendo récords año con año. En 2024 la cifra de quienes no contaban con un hogar se disparó hasta superar los 770.000, la más alta desde que empezó a registrarse, según el más reciente informe federal al respecto. Para decirlo de otra manera: para finales del año pasado 23 de cada 10.000 habitantes del país no tenía un techo bajo el que vivir. ¿Pero cuáles son las principales razones de esta compleja situación que, lejos de solucionarse, sigue sumando afectados? ¿Por qué no se ha logrado superar en un país que, con un Producto Interior Bruto (PIB) cercano a los US$30.000 billones según el Banco Mundial, se considera el más rico del mundo? ¿Y qué se espera del enfoque planteado ahora por la administración Trump? Lo hace durante una noche al año, y el conteo realizado en enero de 2024 arrojó la cifra de 771.480 personas sin acceso a vivienda. Se trata de un incremento del 18% con respecto a 2023, cuando también se vio un repunte del 12% en comparación al año anterior. Así lo recoge el más reciente informe anual de la agencia, publicado en diciembre, que muestra además que el aumento se dio en todas las categorías poblacionales y de una manera especialmente pronunciada (un 40%) entre las familias con hijos. Casi 150.000 menores fueron considerados sin hogar la noche del conteo. Uno de los pocos colectivos en experimentar un descenso fue el de los veteranos de las Fuerzas Armadas. Así, el número de exmilitares sin hogar se redujo en un 8%, hasta los 32.882, en 2024. Y el declive fue aún mayor, del 11%, hasta sumar 13.851, entre los que no permanecían en albergues o no tenían acceso a otro tipo de acogimiento temporal. El informe apuntaba, en general, a la crisis nacional de la vivienda y al fin de las ayudas federales de la pandemia –como las moratorias al desalojo o el Programa de Asistencia para Alquiler de Emergencia— como dos de los principales fenómenos que impulsaron la cifra récord. Pero también a la presión demográfica que supuso la llegada de decenas de miles de migrantes en busca de asilo y por tanto de techo. De hecho, según el HUD, la cantidad de familias sin hogar aumentó más del doble en las 13 comunidades que más inmigración recibieron, mientras en los 373 restantes la diferencia fue del 8%. En una visita a principios de 2024 a Skid Row, un área del centro de Los Ángeles con la mayor concentración de indigentes de la ciudad, BBC Mundo pudo constatar que decenas de familias procedentes de Venezuela, Ecuador y otros países latinoamericanos se habían sumado a la población habitual de los sin hogar. Mientras mostraba una tienda de campaña en plena calle que compartía con su hija y su nieta, Doris, una venezolana de 40 años, le contó a este medio que llevaba allí 10 días. «Pensábamos que estaríamos primero en un albergue y que después, con algún trabajito aquí o allá, podríamos asentarnos y pagar una renta. Pero lamentablemente no es fácil cuando eres migrante y no tienes permiso de trabajo», explicó. Esto flujo hoy prácticamente está paralizado como consecuencia de las políticas antiinmigración de la administración Trump y el refuerzo de la frontera con México, y el panorama en las calles también se ha visto afectado por las deportaciones masivas.

DW Actualidad México entregó este martes a 26 presuntos narcotraficantes a la justicia de Estados Unidos, entre quienes figuran miembros de «alto perfil» de los dos principales cárteles mexicanos, informaron las autoridades de ambos países. Entre los transferidos se encuentran capos de los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa, señaló la embajada de Estados Unidos en México. En febrero, Washington designó a esos grupos como organizaciones terroristas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló en un comunicado la identidad de los 26 presuntos criminales, a los que señala como responsables de haber introducido a ese país «toneladas de peligrosas drogas, como cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína». La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que el traslado «es el más reciente ejemplo de los esfuerzos históricos de la administración Trump para desmantelar a los cárteles y las organizaciones terroristas internacionales». El documento destaca casos como el de Abigael González Valencia, líder de «Los Cuinis», considerado el brazo financiero del CJNG y cuñado del líder de grupo criminal. «La Tuta», «El Chavo Félix» y «El Flaquito» Otro capo de alto perfil es Servando Gómez Martínez, apodado «La Tuta», quien fuera uno de los jefes La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Es considerado entre los responsables de promover una escalada en la violencia y la saña con la que actúan los narcotraficantes. La lista también incluye a Juan Carlos Félix Gastelum, apodado «El Chavo Félix» y yerno de uno de los jefes del cartel de Sinaloa, y a Pablo Edwin Huerta, alias «El Flaquito», de la diezmada banda de los hermanos Arellano Félix. Hay jefes de seguridad de distintas bandas criminales y hasta un piloto que servía a los jefes del cartel de Sinaloa. Posible cadena perpetua Salvo el caso de un presunto traficante de migrantes originario de Sierra Leona, todos enfrentan la pena de cadena perpetua, según el comunicado. Las autoridades mexicanas indicaron que el traslado se dio «bajo solicitud del Departamento de Justicia» de Estados Unidos, que «se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país». Según una declaración del gobierno y la Fiscalía General de México, los 26 acusados se encontraban detenidos en diferentes cárceles y «representaban un riesgo permanente a la seguridad» del país. Los 26 presos fueron entregados bajo un procedimiento legal abreviado, que excluye instancias previstas en los casos de extradición. El gobierno de Sheinbaum justifica este tipo de medidas al señalar que algunos narcos recuperan la libertad porque supuestos jueces corruptos les conceden recursos de amparo. Uno de los capos que sigue prófugo es el líder del CJNG, Nemesio Oseguera, alias «El Mencho», por quien Washington ofrece hasta 15 millones de dólares por su captura.

Telesur La investigación sobre el fentanilo contaminado en Argentina, que provocó 76 muertes, avanza bajo el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. En una entrevista con la prensa, el magistrado confirmó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) identificó dos lotes contaminados producidos por HLB Pharma Group S.A. y distribuidos por Ramallo S.A.. Uno de los lotes, con unas 45.000 ampollas aplicadas, contenía bacterias multirresistentes como Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae, mientras que el segundo lote no llegó a administrarse. “Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente. Del otro no llegó a administrarse ninguna dosis porque recién había salido a la calle”, precisó Kreplak. La Justicia estima que el número de víctimas fatales podría superar las 100, dado que aún no se rastrearon todas las ampollas contaminadas. Aunque el fentanilo en circulación actual está libre de contaminación, el caso expone fallos en la trazabilidad de medicamentos en Argentina. La investigación reveló un “entramado societario complejo” que involucra a nueve empresas, incluida HLB Pharma Group, y a su principal titular, Ariel García Furfaro. Según el dictamen judicial, citado por EFE, las maniobras de estas firmas sugieren intentos de ocultar conductas ilícitas. Vale acotar también que la Anmat inhabilitó a HLB Pharma para producir, importar, exportar o comercializar medicamentos, prohibiéndole operar en el sector sanitario. Por su parte, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal el 3 de agosto contra HLB Pharma Group por entregar un certificado falso ante el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) para renovar su habilitación de importación de opiáceos. La irregularidad detectada fue un domicilio incorrecto en el certificado municipal, según medios locales. Kreplak describió el caso como un “problema sanitario serio” y destacó la dificultad para rastrear las 154.000 ampollas contaminadas debido a deficiencias en los sistemas de control. Al mismo tiempo, la Justicia trabaja para identificar casos no denunciados y determinar las responsabilidades de empleados y directivos de las empresas involucradas. En ese sentido, el juez subrayó que desde el comienzo ya estába(n) pensando en más de 100 víctimas”. La investigación, calificada como “extensa, compleja y con múltiples aristas”, busca esclarecer cómo los lotes contaminados llegaron a hospitales y causaron paros cardiorrespiratorios en pacientes de unidades de cuidados intensivos. Además, el magistrado abogó por implementar un sistema de seguimiento más riguroso para este opiáceo sintético, usado como analgésico y anestésico en tratamientos de dolores intensos.

Rusia Today El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió este domingo que cualquier agresión u operación militar contra Venezuela será considerada un ataque contra toda Latinoamérica y el Caribe. Sus comentarios tienen lugar luego de que EE.UU. advirtiera que podría utilizar sus FF.AA. contra el narcotráfico en la región y elevara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del mandatario venezolano, Nicolás Maduro. «Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe», escribió Petro en su cuenta de X, recordando que Colombia y Venezuela «son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia». «Es una contradicción fundamental a nuestro principio de Libertad», agregó. En cuanto a la «recompensa histórica» contra Maduro anunciada el viernes por la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, el líder colombiano escribió en otro mensaje: «No creo que la solución de los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar líderes políticos». Reacción de Venezuela a las agresiones de EE.UU. Por su parte, Venezuela tachó la «patética recompensa» como «la cortina de humo más ridícula» que jamás se ha visto. «Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela», escribió el canciller Yván Gil en su canal de Telegram. «La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política», concluyó. «Estas fantasiosas, ilegales y desesperadas ofertas al estilo de wéstern hollywoodense representan un acto más de injerencismo en los asuntos internos de la nación, que violan flagrantemente el derecho internacional y los principios de autodeterminación de los pueblos», expresó por su parte la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Página 12 La expresidenta Cristina Kirchner tuiteó su reacción al discurso del viernes por la noche del Presidente. «Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA», comenzó CFK. Lo dijo en respuesta a la frase de Milei, quien había dicho: “Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante». «Tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?», continuó. El texto, publicado en la red social X, incluye dos posdatas. En la primera, CFK pide a Milei que deje de mentir «con la cantinela» de que no hay emisión monetaria. «Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar. Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero. ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía», cuestionó. La segunda posdata dice lo siguiente: «Y además… y muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas». Este viernes, aparte de justificar los vetos, el Presidente anunció proyectos que judicializan la política económica, como el de penalizar iniciativas que según él incurran en déficit fiscal. CFK se sumó con este tuit a las reacciones opositoras. En tanto, ministros, secretarios y legisladores oficialistas festejaron el mensaje presidencial, cerrando filas en torno a la figura del mandatario.

BBC News Estados Unidos informó este jueves que duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro de US$25 millones a US$50 millones. Al hacer el anuncio, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, señaló que Maduro estaba directamente vinculado a operaciones de narcotráfico. Washington lo acusa de ser «uno de los mayores narcotraficantes del mundo». El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha sido un crítico de Maduro, quien mantuvo el poder en enero tras unas elecciones marcadas por acusaciones de fraude electoral. Los resultados fueron ampliamente rechazados por la comunidad internacional. Por su parte, el canciller venezolano, Yvan Gil, dijo que la nueva recompensa era «patética» y la calificó de «propaganda política». «No nos sorprende, viniendo de quien proviene», declaró Gil, quien acusó a Bondi de intentar una «desesperada distracción» de los titulares relacionados con las críticas por la gestión del caso del empresario acusado de abuso sexual de menores Jeffrey Epstein. Durante el primer mandato de Trump, el gobierno estadounidense acusó a Maduro y a otros altos funcionarios venezolanos de diversos delitos, como narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico. En aquel entonces, el Departamento de Justicia de EE.UU. afirmó que Maduro había colaborado con el grupo insurgente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, «para utilizar la cocaína como arma para ‘inundar’ Estados Unidos». Por esa razón, en marzo de 2020 había ofrecido una recompensa de US$15 millones por información que condujera a su captura. Y en enero de este año, cuando Maduro asumió su nuevo mandato, Washington aumentó la cifra a US$25 millones.

Prensa Latina Quito, 7 agosto (Prensa Latina).- Un nuevo estado de excepción está vigente hoy en cuatro provincias de Ecuador debido al repunte de la violencia, según el Decreto Ejecutivo 76 del presidente, Daniel Noboa. La declaratoria, que rige para los territorios de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, determina la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. La medida, vigente por 60 días para los mencionados territorios de la zona costera, está sustentada en la figura de “grave conmoción interna” y permite la participación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en acciones de seguridad interna. El Gobierno justificó su decisión debido al alza de la criminalidad en esas demarcaciones como resultado de disputas entre bandas criminales. Según informes de inteligencia, se trata de ataques armados y atentados con explosivos ocurridos en viviendas, sitios recreativos, mercados y embarcaciones, aparentemente relacionados con la captura del cabecilla de Los Choneros Adolfo Macías (Fito), quien fue extraditado a Estados Unidos. El Decreto refiere que en Manabí se evidencia un incremento del 239 por ciento de muertes violentas entre el 11 de julio y el 3 de agosto en comparación con ese periodo de 2024, mientras en Los Ríos el aumento fue del 55 por ciento. Por el contrario, en las provincias de Guayas y El Oro las autoridades registraron una reducción del 15 y 20 por ciento de los homicidios en ese mismo lapso de tiempo. En anteriores análisis de estados de excepción, la Corte Constitucional descartó la justificación de “grave conmoción interna” e instó al Ejecutivo a combatir a las bandas criminales con las herramientas legales ordinarias. Este nuevo decreto deberá ser revisado nuevamente por la Corte en un momento de tensiones entre Noboa y el tribunal de garantías constitucionales, instancia que recientemente anuló parcialmente varios artículos de tres polémicas leyes promovidas por el mandatario. Ecuador sufre una crisis de seguridad y es considerado el más violento de Latinoamérica, con más de cuatro mil 500 homicidios en el primer semestre del año.

Telesur Al menos cinco soldados del Ejército de Estados Unidos (EE.UU.) resultaron heridos de bala tras un tiroteo ocurrido este miércoles en la base militar de Fort Stewart, ubicada en Georgia. Según el equipo de Fort Stewart Hunter Army Airfield, ya no existe una amenaza activa para la comunidad. El suceso se reportó alrededor de las 11H09 (hora local), cuando los servicios de emergencia atendieron a los militares heridos en el lugar antes de trasladarlos al hospital Winn Army Community. Hasta el momento, se desconoce la magnitud de sus heridas. En tanto, el presunto agresor fue arrestado a las 11H35, poco después del incidente. La base, que alberga a la Tercera División de Infantería, activó un cierre de emergencia. Escuelas cercanas también se declararon en confinamiento como medida de precaución y resguardo de sus estudiantes. El incidente, que activó a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la policía y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (AFT), ocurrió en el área del Equipo de Combate de la Segunda Brigada Blindada. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado del suceso y que Administración está monitoreando la situación. Por su parte, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, lamentó la tragedia y expresó estar en contacto con las fuerzas del orden. «Mantenemos presentes en nuestros corazones y oraciones a las víctimas, sus familias y a todos aquellos que responden al llamado a servir, y pedimos a los georgianos de todo el mundo que hagan lo mismo«, escribió Kemp en sus redes sociales. Fort Stewart-Hunter Army Airfield indicó que no se revelará más información hasta que la investigación esté completa. 261 incidentes masivos de este tipo se han registrado en Estados Unidos en lo que va de 2025, según datos de la organización Gun Violence Archive.

Telesur El Gobierno peruano expresó una enérgica protesta ante las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y reafirmó que el distrito de Santa Rosa de Loreto, territorio en la Amazonía que es centro del conflicto diplomático, se encuentra legítimamente bajo su jurisdicción nacional. La reacción peruana se produce luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusara a Perú de «tomar territorio colombiano» y de violar el Tratado de Río de Janeiro al “ocupar” el distrito de Santa Rosa de Loreto ubicado en la Amazonía, advirtiendo que defendería la soberanía de su país. El mandatario colombiano afirmó que han aparecido islas al norte de la línea más profunda y que Perú se las ha «apropiado por ley», incluso estableciendo la capital de un municipio en un terreno que, según el tratado, debería pertenecer a Colombia. De acuerdo con Petro, este protocolo estableció la línea más profunda del río Amazonas como frontera, y cualquier diferencia territorial debía resolverse por vías diplomáticas.   El mandatario colombiano también advirtió que esta acción “unilateral y violatoria” del acuerdo bilateral podría “hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico, quitándole su vida comercial”. Ante estas afirmaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú emitió un comunicado rechazando lo expuesto por el mandatario colombiano, indicando que el distrito de Santa Rosa de Loreto fue creado legítimamente mediante la Ley N.° 32403, la cual fue aprobada por unanimidad por el Congreso de la República el pasado 12 de junio y publicada el 3 de julio en el diario oficial El Peruano. El Ejecutivo precisó que dicha circunscripción se encuentra bajo plena soberanía y jurisdicción del Perú, conforme a lo establecido en el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial con Colombia de 1922 y los trabajos demarcatorios de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites. Asimismo, el comunicado peruano recordó que, en respuesta a notas diplomáticas enviadas por el Gobierno colombiano en junio y julio, Perú ya había presentado una nota de protesta (RE (VMR) N.° 6/116) el pasado 4 de julio, reafirmando su soberanía sobre la isla de Santa Rosa. Se detalló que la isla forma parte de la isla peruana de Chinería, asignada a Perú en 1929 por la Comisión Mixta Demarcadora, y está ubicada al oeste del límite internacional definido por el thalweg del río Amazonas. Además, se recordó que el Protocolo de Amistad y Cooperación entre Perú y Colombia, firmado en 1934, ratificó los límites establecidos en el tratado de 1922, incluyendo acuerdos sobre libre navegación y tránsito en los ríos amazónicos, los cuales Perú ha cumplido rigurosamente.