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DW Actualidad Cuatro personas murieron este domingo al accidentarse una avioneta ambulancia cerca de una comunidad indígena en el departamento amazónico del Vaupés, en el sureste de Colombia y fronterizo con Brasil, informó la estatal Aeronáutica Civil. El siniestro ocurrió cuando la aeronave cubría la ruta entre Tiquié y Mitú, la capital departamental, transportando a una paciente con su acompañante, además del médico y el piloto. Ninguno de los cuatro ocupantes sobrevivió. «Según los reportes iniciales, la aeronave fue hallada siniestrada en inmediaciones de una comunidad indígena», señaló la entidad en un comunicado. En las riberas del río Vaupés y sus afluentes, incluido el Tiquié, habitan comunidades Tuyuca, conformadas por 17 etnias y unas 500 personas, según datos oficiales. La Aeronáutica Civil expresó sus «más sentidas condolencias» a las familias de las víctimas y a la empresa SAE Ambulancias, propietaria de la avioneta Cessna 206 accidentada. «En este momento, se coordinan acciones con las comunidades locales para obtener información detallada sobre lo sucedido y avanzar en la recolección de datos que permitan iniciar la investigación correspondiente», agregó la entidad.

DW Actualidad El Departamento de Defensa de Estados Unidos impidió a Ucrania atacar con misiles de largo alcance estadounidenses contra Rusia para poder acercar posturas con Moscú con el objetivo de lograr un acuerdo para poner fin a la guerra, avanzó este sábado (23.08.2025) en exclusiva The Wall Street Journal. Desde finales de primavera, el Pentágono ha vetado el uso de sus sistemas de misiles tácticos (ATACMS, por sus siglas en inglés) contra objetivos dentro de Rusia, según explicaron dos funcionarios al periódico. Defensa creó un «mecanismo de revisión» para decidir si las fuerzas ucranianas podían utilizar estas armas, previa solicitud, para atacar a Moscú. Esta decisión afecta tanto a las armas de largo alcance fabricadas en EE.UU., como a aquellas suministradas por aliados europeos que dependen de la inteligencia y tecnología estadounidenses. De esta manera, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tiene la última palabra en los ataques con ATACMS, que tienen un alcance de unos 300 km. El objetivo parece ser un intento de acercar posturas con el Kremlin para poder iniciar conversaciones de paz, aunque, mientras tanto, se ha limitado la capacidad militar de las fuerzas ucranianas.  Acuerdo de Paz Precisamente, hace unos días, el presidente Donald Trump cargó contra su predecesor, el demócrata Joe Biden, por frenar la capacidad de ataque de Kiev. Trump criticó a Biden por no otorgar a Ucrania recursos para responder a la invasión de Rusia con ataques sobre territorio ruso. «Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país invasor. Es como un gran equipo deportivo que tiene una defensa fantástica, pero no se le permite atacar. ¡No hay posibilidad de ganar! Es lo mismo con Ucrania y Rusia. El corrupto e incompetente Joe Biden no dejó que Ucrania contraatacara, solo que se defendiera», escribió hoy Trump en su red social Truth Social. Sin embargo, la estrategia del Pentágono parece haber dado sus frutos ya que el pasado 15 de agosto, el mandatario estadounidense recibió a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para empezar a trazar un camino hacia un acuerdo de paz duradero con Ucrania. Tras reunirse también- con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos, Trump espera nuevos movimientos por parte de los líderes de los países en guerra, a quienes ha emplazado a celebrar una cumbre bilateral.

Prensa Latina Lima, 22 agosto (Prensa Latina).-  El expresidente peruano Martín Vizcarra fue trasladado hoy del presidio para ex primeras figuras del Estado, al hacinado y peligroso penal de Lurigancho, lo cual atribuyó a una decisión política gubernamental. El cambio se realizó en medio de fuertes medidas de seguridad, al dia siguiente de anunciar el Instituto Nacional Potenciario (INPE) que se había dejado sin efecto su asignación al penal Barbadillo, excusivo para exautoridades para su mayor seguridad. Minutos antes del traslado, Vizcarra se comunicó con la emisora Radio programas del Perú (RPP) y expresó su indignación por lo que calificó como una nueva medida arbitraria en su contra. Sostuvo que la junta de calificación del INPE que lo visitó hace dos días le ratificó la decisión de la primera, de que cumpla en el penal de Barbadillo los cinco meses de prisión preventiva que le impuso un juez como precaución ante la posibilidad de una fuga. Vizcarra añadió que ambas juntas de funcionarios del Inpe le indicaron que, como instancia técnica, le correspondía la citada cárcel y que si el INPE disponía otra cosa, solo podría ser por una decisión política. Al pedírsele precisiones, solo dijo que el INPE pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y este de la presidenta Dina Boluarte. El abogado del expresidente, Erwin Siccha, dijo ayer que presentará un habeas corpus para que su cliente sea enviado de vuelta al penal donde permanecen los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo. Adelantó que alegará que Vizcarra tiene el mismo derecho a permanecer en la cárcel de Barbadillo por ser expresidente como los otros tres reclusos. La medida ha sido criticada por diversos comentaristas y políticos, según los cuales, es una torpe venganza contraproducente, porque victimiza a Vizcarra y lo favorece políticamente. El exmandatario es reo en un juicio en el cual es acusado de colusión por haber presuntamente recibido sobornos a cambio de los contratos de construcción de dos obras en la región sureña de Moquegua, años atrás, cuando era gobernador de ese territorio.

Prensa Latina Quito, 21 agosto (Prensa Latina).- El movimiento indígena de Ecuador afirmó que tres policías siguen hoy sometidos a un proceso de justicia en la comunidad de San Ignacio, provincia de Cotopaxi, acusados de persecución ilegal e intento de asesinato al líder Leonidas Iza. Durante la primera audiencia comunitaria de justicia indígena, los dirigentes presentaron como pruebas tres teléfonos celulares con entre tres mil y cinco mil archivos, cuyos datos confirmarían que, en efecto, seguían a Iza, a quien identificaban como el “cuy” o “capibara”. Este jueves se retomó la diligencia a las 13:00 (hora local) en la comunidad de Planchaloma, según informó el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). Por su parte, La Policía Nacional presentó una acción de habeas corpus para exigir la liberación de los tres agentes de inteligencia involucrados en el presunto intento de asesinato a Iza. Las autoridades niegan esa versión, mientras la Fiscalía General del Estado reconoció que los efectivos “se encontraban colaborando con diligencias dentro de una investigación previa”, aunque no dio otros detalles. En su pedido de habeas corpus para evitar que sean procesados por la justicia indígena, la Policía ratificó que los agentes cumplían con diligencias impulsadas por la Fiscalía General. “Fueron retenidos en contra de su voluntad (…)evidenciando de esta manera una real y flagrante privación de libertad, ilegal, arbitraria e ilegítima, lo cual constituye una grave vulneración a la libertad personal y a la seguridad de funcionarios del Estado”, señala en la acción. Para el MICC, el pedido de habeas corpus “constituye un acto malicioso y temerario, que viola el principio de diálogo intercultural entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, además de revictimizar a las comunidades que hoy enfrentan el abuso de poder del Estado”. Los policías fueron retenidos en la noche del pasado lunes junto a la vivienda de Iza, después de ser sorprendidos grabando al exlíder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) desde un vehículo, e incluso, afirman que intentaron atropellarlo. En un mensaje difundido en la red social X, Iza responsabilizó al Gobierno por su seguridad y la de su familia tras el intento de asesinato con policías involucrados. Recordó que ya ha sido víctima de hostigamiento, encarcelamiento y amenazas, y rechazó el uso del aparato estatal de inteligencia “con fines de criminalización”. La justicia indígena en Ecuador está reconocida por la Constitución y permite a las comunidades originarias resolver conflictos internos de acuerdo con sus costumbres, prácticas ancestrales y normas propias.

Telesur Con un contundente respaldo de 172 votos, la oposición y exaliados del oficialismo rechazaron el veto presidencial a una norma de emergencia. En un duro revés para el presidente Javier Milei, la Cámara de Diputados de Argentina rechazó este miércoles su veto a una ley que declara la Emergencia en Discapacidad, norma dirigida a proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y que había generado una amplia movilización social. La decisión, que expone las grietas en la base de apoyo del gobierno libertario y los aliados. La pulseada se traslada ahora al Senado donde se espera que se confirme la decisión de la Cámara Baja. La sesión, cargada de tensión y fuertes cruces dialécticos, culminó con un resultado claro: 172 votos a favor de insistir con la ley, superando holgadamente los dos tercios necesarios, frente a 73 en contra y dos abstenciones. La cifra no solo refleja la unidad de la oposición tradicional, sino también las deserciones en bloques de derecha y centro, que hasta hace poco eran aliados clave del oficialismo. La ley en cuestión, sancionada a principios de julio, establece una serie de medidas urgentes. Actualiza los aranceles que el Estado paga a los prestadores de servicios de salud para personas con discapacidad, crea una nueva pensión no contributiva equivalente al 70% del salario mínimo jubilatorio y garantiza el acceso a un programa de atención médica. La ley aprobada este mes, busca respaldar a las personas con discapacidad luego de reiterados ajustes en las prestaciones y medidas de apoyo del Estado por parte del Ejecutivo liderado por Javier Milei. Su objetivo central es regular un sistema que arrastra una profunda crisis de financiamiento y deudas con las instituciones que lo sostienen. La grieta en el oficialismo y el peso de la calle Mientras dentro del Congreso se debatía, afuera, familiares y personas con discapacidad se manifestaban con carteles y consignas contra la decisión de Milei de vetar la ley por considerarla “fiscalmente inviable”. Esa presión social, palpable en las calles, pareció pesar en el ánimo de muchos legisladores. La victoria opositora fue posible gracias a las ausencias clave en el propio espacio oficialista y sus aliados. Figuras relevantes como la exgobernadora María Eugenia Vidal (del conservador PRO, socio de Milei) se abstuvieron o estuvieron ausentes, en una clara señal de desacuerdo con la postura del Gobierno. Incluso tres diputados del propio partido libertario, La Libertad Avanza, no estuvieron presentes para la votación. Este hecho marca un punto de inflexión. Milei llegó a la presidencia hablando de “87 héroes” en el Congreso que defenderían su revolución liberal. Sin embargo, este miércoles ese escudo mostró sus primeras fisuras significativas, sugiriendo que el costo político de recortes en áreas sociales sensibles podría ser demasiado alto incluso para sus socios. El corazón del conflicto reside en una puja entre la protección de derechos y la austeridad fiscal extrema que pregona el Gobierno y que es simbolizada por Milei con una motosierra. El Ejecutivo, en su decreto de veto, argumentó que la ley tendría un costo de 3 billones de pesos (aproximadamente 0,36% del PIB) en 2025 y casi 6 billones (0,59% del PIB) en 2026. Sin embargo, la oposición y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) presentaron números menos catastróficos, calculando un impacto entre el 0,28% y el 0,51% del PIB. Desde la oposición, los ataques fueron frontales. La diputada Danya Tavela acusó a Milei de aplicar “el ajuste fácil, contra los más vulnerables” y de buscar “mostrar autoridad con crueldad”. Victoria Borrego, de izquierda, tildó el veto de “criminal” y acusó al Gobierno de “violar la Constitución y las convenciones sobre discapacidad”. En un intento de último momento por evitar la derrota, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció en la red social X que el Gobierno “considera” un aumento en las prestaciones, financiado con auditorías para detectar supuestos fraudes. El mensaje, interpretado por muchos como una maniobra dilatoria, llegó demasiado tarde y no logró quebrar la determinación opositora. En adelante, la definición estará en manos del Senado, donde el oficialismo enfrenta un panorama aún más complicado que en Diputados, al contar con una representación minoritaria. Allí se decidirá si la ley de emergencia en discapacidad se promulga finalmente, desafiando abiertamente la voluntad del Presidente, o si el veto de Milei prevalece.

Telesur El Poder Judicial de Chile condenó a 11 años de prisión al suboficial de Carabineros Luis Antonio Castillo Fernández, responsable de golpear con un bastón o luma en la cabeza a Aalondra, una niño de 14 años en el contexto del estallido social de noviembre de 2019. Pese a que el niño no participaba de las protestas, la agresión sufrida le provocó ceguera total en un ojo y pérdida parcial en el otro, marcando un antes y un después en su vida. Tras la agresión, la salud física y emocional de Aalondra se deterioró profundamente. Ha atravesado un intento de suicidio, episodios de bullying escolar y un daño psicológico que se suma a la discapacidad visual permanente. Su historia, silenciada durante años, visibiliza la violencia estructural que enfrentaron adolescentes y jóvenes durante las manifestaciones. En tanto, la de este lunes se trata de una de las condenas más severas dictadas contra un agente policial en el marco del estallido social, un proceso en el que la represión estatal dejó miles de heridos, en su mayoría jóvenes. Organizaciones de derechos humanos han documentado un patrón de abusos policiales en ese periodo, bajo el mandato de Sebastián Piñera. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registró miles de denuncias y casos emblemáticos como el de Gustavo Gatica, quien quedó ciego por disparos de perdigones. La condena a Castillo Fernández es, según juristas, un avance contra la impunidad, aunque insuficiente frente a la magnitud de los crímenes cometidos. Un fallo con implicancias históricas El tribunal destacó la gravedad del ataque contra una menor de edad y su carácter injustificado, al no estar participando en la protesta. La sentencia se suma a un reducido grupo de condenas contra miembros de Carabineros, lo que plantea la urgencia de reformas estructurales en las fuerzas policiales y de un mecanismo real de reparación para las víctimas. Aunque esta decisión judicial representa un paso hacia la justicia, la deuda con miles de afectados por la represión sigue abierta. Para las víctimas, el fallo es también un llamado a que Chile no repita una política de violencia estatal contra quienes ejercen su derecho a la protesta.

Telesur Pobladores de 20 comunidades de la cuenca baja del río Tigre, en la provincia peruana de Loreto (norte), iniciaron en la noche de este domingo un paro indefinido contra la minería ilegal y la inacción del Gobierno frente a la contaminación de sus aguas y sus espacios vitales. Más de 20 dragas de mineros ilegales operan en la zona y contaminan los cauces de agua con mercurio. El presidente de la Federación de Comunidades de la cuenca del Bajo Tigre (Feconabat), César Moreno Culqui, denunció: “Desde que amanece hasta que anochece están soltando el mercurio y nosotros consumimos esa agua. Por eso iniciamos esta lucha hasta que las autoridades se hagan presentes y expulsen a los mineros ilegales“. Las comunidades exigen la presencia en el área del Gobierno de la presidenta de facto Dina Boluarte y que tome acciones concretas para detener la minería ilegal y, con ello, evitar los daños que el mercurio está causando a la salud humana, a la seguridad alimentaria y a los ecosistemas. De acuerdo con medios locales, las comunidades determinaron bloquear el acceso al río Tigre, lo que afecta directamente el abastecimiento y operación de los lotes petroleros 8 y 192, ubicados en esta cuenca. También impedirán la navegación hasta que el Gobierno no retire las dragas y poner en práctica otras acciones de control territorial. Luego de hacerse pública la intención de las comunidades de radicalizar la lucha, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) las invitó a una reunión en la ciudad de Iquitos. La Feconabat rechazó la invitación y demandó a la PCM viajar al territorio, dialogar directamente con los pueblos afectados y reunirse en la comunidad Libertad. “La defensa de la vida y la salud es irrenunciable. No daremos un paso atrás mientras la minería ilegal siga destruyendo nuestro territorio“, expresaron a través de un pronunciamiento público en que ratificaron su disposición a resistir contra la indiferencia estatal y la minería ilegal. Estas y otras accione fueron decididas el 15 de agosto pasado, durante una asamblea de delegados de la Feconabat. A mediados de julio, Moreno Culqui alertó que trasmitieron su preocupación a las autoridades y que radicalizarían su lucha de continuar sin respuestas. Históricamente estas comunidades han rechazado el extractivismo, los problemas derivados de la actividad petrolera y la inacción gubernamental frente a la minería ilegal, y han reclamado que se invierta en el desarrollo de la región y que las ganancias de la minería se redistribuyan allí. Los mineros ilegales utilizan el mercurio para procesar el oro que extraen de la Amazonía. Al ser vertido a los ríos, envenena a animales y peces y termina dañando la salud humana, con sensibles afectaciones al sistema nervioso y los riñones, así como otros daños irreversibles. Dicha sustancia no desaparece y contamina durante varias generaciones. De acuerdo con medios locales, la expansión minera se extiende ya a 21 de las 25 regiones de Perú y amenaza 15 áreas naturales protegidas, así como comunidades nativas defensoras de los bosques.

DW Actualidad España aceptó el ofrecimiento de Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y Eslovaquia para sumarse a la lucha contra los 19 incendios en nivel 2 de riesgo (alto) que asolan el país y que se suman a los despliegues de medios civiles y militares españoles. Dos helicópteros Chinook con capacidad de transporte de hasta 7.000 litros de agua y que fueron ofrecidos por Países Bajos, aterrizarán en la Base Aérea de León. Lo mismo hará un helicóptero BlackHawk eslovaco de 3.400 litros de agua, que se estacionará en la base de la brigada forestal de Pinofranqueado, en Cáceres. En tanto, dos aviones Canadair italianos se incorporaron este sábado a la base aérea de Matacán (Salamanca) ya realizan misiones en León. León concentra el mayor foco de incendios El diario ABC reportó que la provincia de León concentra el mayor número de fuegos de alto riesgo, mientras que decenas de pueblos eran evacuados en León, Salamanca, Palencia. Las evacuaciones también tenían lugar en Extremadura, mientras que en Orense las llamas de diez incendios no daban tregua, dijo ABC. En Castilla y León, un bombero murió y otro resultó herido la noche del domingo, al volcar una autobomba en el municipio de Espinoso de Compludo, mientras participaban en las labores de extinción del incendio de Yeres. Portugal continúa en estado de alerta En tanto, otro bombero falleció en Portugal en un accidente de tráfico cuando se dirigía a un incendio en la localidad Fundão. En el accidente ocurrido este domingo también resultaron heridos otros cuatro bomberos, dijo la protección civil lusa. El Gobierno de Portugal anunció este domingo que el estado de alerta por la ola de calor e incendios se prorroga durante 48 horas más, es decir, hasta el martes 19 de agosto y agregó que los dos Canadair prestados por Marruecos se quedarán hasta el próximo miércoles ayudando en la extinción de las llamas.

BBC News Los ucranianos se acostaron la noche del viernes con el temor de que Donald Trump pudiera ofrecerle concesiones a Vladimir Putin en la guerra que azota a su país desde 2022.  Pero se despertaron el sábado con la noticia de que la cumbre entre Trump y Putin en Alaska terminó sin ningún acuerdo estratégico ni político.  El aparente fracaso de la cumbre resultó ser un alivio para muchos.  A falta de acontecimientos, la atención en Ucrania se centró en la óptica de la cumbre. Putin, el hombre responsable de una devastadora guerra de agresión contra Ucrania, fue recibido en Alaska de una manera extremadamente cálida.  Los soldados estadounidenses se arrodillaron para extenderle literalmente la alfombra roja.  Trump aplaudió mientras se acercaba a él y le ofreció un amistoso apretón de manos.  Los dos líderes luego viajaron juntos en la limusina presidencial de Trump, y Putin sonreía mientras el auto se alejaba. Para el presidente ruso, que desde su invasión a gran escala de Ucrania se ha visto aislado internacionalmente, esa bienvenida marcó el comienzo de un notable regreso a la escena diplomática mundial y estableció un tono que continuaría a lo largo del día. Pero en Ucrania tal espectáculo no fue bien visto. «Las alfombras rojas y ese nivel de ceremonia son normales en ese tipo de eventos internacionales, pero en este caso -cuando se trata de un agresor responsable de la muerte de millones de personas- no debería haber ocurrido», afirma Maria Drachova, de 40 años, quien trabaja como abogada en la capital de Ucrania, Kiyv. Drachova, que se despertó y vio las imágenes mientras tomaba el desayuno, cuenta que parecía como si «todo el evento hubiera sido montado para complacer a Putin». «El mundo racional se está comportando de forma irracional al darle esta bienvenida», asegura. El avión de Putin fue escoltado hasta la base aérea de Alaska por cuatro cazas estadounidenses y, mientras se paseaba por la alfombra roja, conversando jovialmente con Trump, un bombardero estadounidense B-2 sobrevoló la zona flanqueado por otros cuatro cazas.

Telesur Socorro Jurídico, organización no gubernamental (ONG) dedicada a la protección de los derechos humanos, proporcionó su balance más reciente sobre los individuos que en los últimos tres años habrían fallecido en diversas cárceles de El Salvador, víctimas de una serie de sucesos dentro del contexto del régimen de excepción. De acuerdo con Socorro Jurídico Humanitario, se contabilizan al menos 430 personas que han fallecido durante estos tres años bajo la supervisión estatal, es decir, bajo la custodia del Estado salvadoreño. Según el informe de esta ONG, hay personas que afirman que algunos detenidos murieron debido a abusos, individuos que habrían sido torturados, otros que murieron debido a la ausencia de atención médica, otros por carencia de medicamentos y también existen personas que habrían fallecido debido a disputas internas. El balance cuenta con nombres y expedientes completos, que ya han sido enviados a entidades internacionales de derechos humanos. En realidad, se ha informado en las últimas horas que Socorro Jurídico Humanitario ha entregado una serie de documentos a la Corte Penal Internacional (CPI) con el fin de demandar al Estado de El Salvador y hacerlo responsable de estas 430 muertes de salvadoreños que fallecieron durante los tres años durante el régimen de excepción. Por otra parte, afirman que podrían existir más fallecimientos, no únicamente estos. Según Socorro Jurídico, estas 430 muertes son las que se encuentran registradas. No obstante, sostienen que hay un subregistro debido a que existen individuos que, por miedo o por diversas circunstancias, no reportan estos crímenes contra los derechos humanos de los detenidos.