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Página 12 El Centro de Estudios Derecho al Futuro salió al cruce de la Ley de Modernización Laboral aprobada recientemente en el Senado. La mirada del espacio de investigación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) critica una norma que “de modernización no tiene nada” y que promociona el “abuso y disciplinamiento” de los trabajadores. El análisis pone en valor el rol de los sindicatos y advierte sobre los efectos fragmentadores que esgrime la iniciativa de Javier Milei, cuyo espíritu es “desordenar” la vida de los ciudadanos. La postura del CEDAF fue expresada por Natalia Villalba Lastra. Politóloga y ex directora provincial de Negociación Colectiva durante la gestión de Mara Ruiz Malec al frente del Ministerio de Trabajo provincial, advierte a Buenos Aires/12 que negar la desigualdad entre empleado y empleador “no es modernizar, es habilitar el abuso, naturalizar las diferencias de poder y tratar al trabajo como una mercancía más”. Para la autora del documento, la creación del banco de horas, la imposibilidad de determinar los días de vacaciones por parte del trabajador, la reducción en las licencias por enfermedad, la pérdida de variables a computar en las indemnizaciones, el desfinanciamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o el lanzamiento del Fondo de Asistencia Laboral, son solo algunos ejemplos de cómo La Libertad Avanza corrompe la relación entre el capital y el trabajo a favor de quien cuente con más poder en una negociación mano a mano. Este cambio en la ecuación, según el texto de Villalba Lastra, “desordena por completo la vida de quien trabaja”. En este punto, subraya que la eliminación de la ultra actividad no es un simple tecnicismo jurídico, por el contrario, es “una decisión política de enorme impacto”. “Sin ultra actividad, los derechos conquistados dejan de ser un piso garantizado y pasan a ser temporarios, frágiles, sujetos a negociación permanente bajo amenaza”, escribió. Es decir, todo puede cambiar de un día para el otro, lo que expone una clara intención de “disciplinamiento”. En paralelo, las modificaciones a partir de esta nueva mirada en las relaciones laborales, desorganiza a la pequeña y mediana empresa, cuyas cámaras manifestaron varios rechazos a la norma. Como sostenedoras de la mayor parte del empleo del país y la provincia, los convenios colectivos les proveen una herramienta de orden previsibilidad. Fijan pisos comunes, organizan costos y evitan una competencia salvaje basada en bajar salarios o degradar condiciones de trabajo, detalla Villalba Lastra. “La negociación por empresa no las fortalece a las pymes, las deja expuestas”, remarca en el texto. Sostiene que, en realidad, se benefician las grandes compañías, con espalda financiera y capacidad para absorber pérdidas o trasladar costos. “El resultado es claro: más concentración, más desigualdad y un escenario de competencia desleal que castiga a quienes producen y emplean en serio”, asegura. Más allá del oscuro panorama que percibe de cara a la posible sanción de la ley en la Cámara de Diputados de la Nación la semana que viene, Villalba Lastra afirma que la medida “seguramente será judicializada”. Y va más allá. Propone que, de asumir la presidencia el peronismo en 2027, debe “derogarla” y avanzar con propuestas de reformas posibles, que “realmente sean modernas y no como esta que en 213 artículos y 26 títulos no habla de la inteligencia artificial ni las nuevas modalidades de empleo o producción”.

Prensa Latina Caracas, 13 febrero (Prensa Latina).- La presidenta encargada Delcy Rodríguez descartó tener miedo a celebrar elecciones en Venezuela y aseguró que se celebrarán conforme a la Constitución y cuando corresponda, divulgó hoy la Presidencia. “Cuando llegue el momento, será bienvenido, y esperamos que sea un proceso donde los venezolanos y las venezolanas se sientan que están identificados como soberanos”, declaró la mandataria durante una entrevista exclusiva a la cadena estadounidense NBC News. El portal de la Presidencia publicó este viernes fragmentos de la conversación donde abordó importantes temas para el público nacional e internacional. Interrogada sobre el compromiso de su gobierno de realizar comicios, Rodríguez subrayó la víspera que el país estará preparado para ir a un “proceso electoral libre y justo, conforme a la Constitución y cuando corresponda”. Reafirmó que las elecciones se celebrarán siempre y cuando se garanticen las condiciones, lo cual implica que estas sean “libres y justas”, pero también con un país libre de sanciones y que pueda “no estar sometido al acoso y al bullying mediático internacional”. La jefa de Estado destacó que el ejercicio democrático participativo y protagónico forma parte de la cultura venezolana, inclusive, aseveró, cuando se trata de decidir el destino de los recursos públicos. Recordó que en los últimos 27 años celebraron más de una treintena de elecciones, en las que las fuerzas revolucionarias y chavistas vencieron en su inmensa mayoría, y mencionó las Consultas Populares donde el pueblo en sus comunidades elige y vota por sus prioridades de desarrollo. “El debate político con los sectores de las oposiciones “va a marcar estos tiempos”, puntualizó. La Asamblea Nacional (parlamento) discute en la actualidad un proyecto de Ley General de Amnistía para la Convivencia Democrática, que tiene por objetivo lograr la paz y la conciliación, el cual resultó aprobado por unanimidad en su primera discusión. Los parlamentarios aprobaron la víspera de manera unánime sus seis primeros artículos y difirió para la próxima semana los debates ante las posiciones encontradas de los legisladores de las bancadas del oficialismo y la oposición. Al referirse a las relaciones con Estados Unidos, Rodríguez declaró que el propósito fundamental es permitir que la cooperación entre ambas naciones fluya de “manera efectiva y sostenida”. El objetivo estratégico, significó, es que la energía sirva como un catalizador para diversificar los vínculos diplomáticos y permita “desarrollar las relaciones de lo energético a otros ámbitos de las relaciones bilaterales”. Rodríguez anunció el miércoles en declaraciones a la prensa, en compañía del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, el establecimiento de «una asociación productiva a largo tiempo» con el objetivo de establecer una agenda energética como motor de la relación bilateral.

BBC News Cuba recibió este jueves dos buques cargados con poco más de 800 toneladas de víveres que envió el gobierno de México como ayuda humanitaria para la población civil, según informó la Cancillería mexicana. El cargamento llega en medio de la fuerte crisis económica que enfrenta Cuba y de las presiones de Estados Unidos para aislar al gobierno cubano de la ayuda de otros países, en especial del suministro de petróleo para su industria estatal. Los cargamentos de víveres fueron enviados por México en dos buques de apoyo logístico de la Marina, el Papaloapan y el Isla Holbox, que atracaron la mañana de este jueves en el puerto de La Habana. Según el reporte de la Cancillería, en el Papaloapan había alimentos como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal, en una carga de 536 toneladas. En el Isla Holbox solo había unas 277 toneladas de leche en polvo. Y aún restan 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol por ser enviadas desde México en futuros embarques. Ambos buques zarparon del puerto mexicano de Veracruz el pasado 8 de febrero, solo unos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara una amenaza de incremento de aranceles para cualquier país que suministre petróleo a la isla. México es uno de los pocos países que hasta enero había seguido enviando el combustible a la isla, que perdió su principal suministro de Venezuela luego de que EE.UU. lanzó una incursión militar en Caracas para detener al presidente Nicolás Maduro. Desde entonces, México ha dicho que por razones humanitarias seguiría apoyando a Cuba, pero la presidenta Claudia Sheinbaum no ha aclarado si mantendrá los envíos de petróleo o solo se limitará al envío de víveres y otros productos de primera necesidad civil. La Cancillería dijo que el envío que arribó este jueves se da «en cumplimiento a la tradición solidaria del pueblo de México con los pueblos de América Latina y a la instrucción de la presidenta, Claudia Sheinbaum». «México reafirma los principios humanistas y la vocación solidaria que lo guían así como su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, requieren ayuda humanitaria. Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos», añadió. Sheinbaum ha dicho que, antes de decidir si envía petróleo a Cuba, su gobierno analiza «cuál es el alcance» de la orden ejecutiva que proclamó el presidente Trump en contra del envío del combustible a la isla. El 29 de enero, Trump firmó el decreto que amenaza con aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a Cuba, en represalia contra el gobierno cubano al que acusó de «desestabilizar la región» y de aliarse con adversarios de EE.UU. como Rusia, China e Irán y «grupos terroristas» como Hamás y Hezbolá. Según explicó en ese momento el corresponsal de la BBC para Cuba, Will Grant, «al declarar un estado de emergencia por Cuba, el gobierno de Trump está argumentando, en la práctica, que el suministro energético de la isla es ahora una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos». Luego de la intervención en Venezuela del 3 de enero, el presidente estadounidense afirmó que Cuba estaba «lista para caer», en la medida en que dejaría de recibir dinero del que fue su aliado más cercano durante décadas. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó a la amenaza contra otros países acusando a Trump de querer asfixiar la economía cubana y calificando de «fascista, criminal y genocida» a su gobierno. Sheinbaum ha dicho que «es muy injusta esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba, muy injusta, no está bien, porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo». «Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca. Entonces, nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo, porque no se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto, muy injusto», añadió. Fuentes expertas calculan que Cuba necesita unos 110.000 barriles de petróleo al día, y produce por su cuenta aproximadamente 40.000, por lo que depende en gran medida del que recibe del exterior. En el mejor momento de la alianza entre el presidente venezolano Hugo Chávez y el líder cubano Fidel Castro, a inicios de los 2000, la isla recibía unos 100.000 barriles al día de Venezuela. La situación ahora es muy diferente. Según los datos de Kpler publicados en The Financial Times, en lo que va de 2026 Cuba ha recibido un envío, proveniente de México, de 84.000 barriles de petróleo (lo que equivale a menos de 3.000 diarios). La escasez se ha agravado, por supuesto, por el hecho de que, una vez que Trump tomó el control del petróleo de Venezuela, la isla dejó de recibir envíos desde el país sudamericano. Y desde la amenaza arancelaria de Trump no se ha conocido si México ha enviado otros buques petroleros a la isla. Un mexicano, Antonio del Conde Pontones, fue el piloto del yate Granma que llevó a los Castro y los otros guerrilleros a su desembarco revolucionario en Cuba.

 Página 12 El senador libertario Juan Cruz Godoy anunció en el medio del debate por la reforma laboral que se incluyó un artículo que cambia las licencias por enfermedad o lesión. De aprobarse el proyecto del Gobierno, si un trabajador se lesiona o se enferma fuera de su empleo en una actividad voluntaria solo recibirá el 50% de su sueldo y, en el caso de que fuera involuntaria, un 75%. Hasta ahora, la ley establece que se le abone salario completo. El Gobierno había anunciado ayer por la tarde algunos cambios consensuados con la oposición más “dialoguista”, pero nada al respecto de lo que acaba de afirmar Juan Cruz Godoy, senador de La Libertad Avanza por Chaco. Quien fue elegido como uno de los voceros del bloque oficialista para explicar la reforma laboral, incluyó un artículo que jamás se mencionó, ni siquiera en el proyecto original. Cambios en las licencias por enfermedad o lesión “Se considera para aquellos trabajadores que realizan una actividad voluntaria no vinculada con las actividades laborales, que implique un riesgo a su salud, y por causa de esa actividad queden imposibilitados de trabajar, que el empleador estará obligado a pagarle un 50% de su salario”, explicó Godoy. En el caso de que tuviera personas a cargo legalmente el pago será por un período de 6 meses y en el caso de que no las tuviera 3 meses. Esos plazos se duplican cuando el trabajador tiene más de 5 años de antigüedad, aunque no se sabe si en la reforma se elimina esto también. En el caso de “enfermedades no voluntarias”, como las llamó el senador chaqueño, no vinculadas a actividades voluntarias que sean riesgosas, el empleado tendrá derecho a percibir el 75% del salario. “Si el trabajador se lesiona jugando al handball, el empleador tiene que afrontar el costo del lesionado y el de uno nuevo. En este caso (con la reforma) se entiende que la responsabilidad es compartida y que el empleado también tiene responsabilidad sobre esa lesión”, ejemplificó Godoy en el recinto. ¿Qué dice la Ley de Contrato de Trabajo? La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) vigente hasta el momento establece que en todos los casos de enfermedad o lesión, el trabajador tiene el derecho a percibir el 100% de su salario. Además, sus haberes se deben actualizar de la misma manera que lo hacen los de sus compañeros con la misma categoría, según dicte el respectivo convenio de trabajo y las escalas salariales resultado de las paritarias. Gozará de ese beneficio durante un período 3 meses si tiene hasta 5 años de antiguedad y de 6 si tiene más: esos plazos se duplican cuando tiene familiares a su cargo.

DW Actualidad La senadora indígena Aida Quilcué fue secuestrada este martes (10.02.2026) en una zona guerrillera del suroeste de Colombia, afirmó el presidente Gustavo Petro, en medio de un repunte de violencia política y en plena época electoral. La política de 53 años fue raptada en el departamento del Cauca, una región conflictiva y cocalera controlada por las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016. Quilcué viajaba en una camioneta junto a sus dos escoltas, dijo su hija Alejandra Legarda en Caracol Radio. El pueblo indígena nasa, al que pertenece Quilcué, está fuertemente amenazado por los grupos ilegales. «La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora Aída Quilcué y sus escoltas. Todos están bien», precisó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la red social X. «Una vez se tenga mayor información será comunicada», agregó. Alertas encendidas: elecciones legislativas el 8 de marzo y presidenciales el 31 de mayo Quilcué pertenece al movimiento oficialista Pacto Histórico, que en 2022 llevó por primera vez a un presidente izquierdista al poder. Durante la campaña en octubre de ese año, la política denunció un atentado en su contra cuando postulaba como senadora. Además, la justicia condenó a seis soldados por matar a su esposo en 2008, el también líder social Edwin Legarda, en la misma carretera en la que secuestraron a la senadora. Cientos de municipios en Colombia corren peligro de violencia electoral y presiones de grupos armados para influir en las elecciones legislativas y presidenciales de este 2026, advierten organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE). La semana pasada atentaron contra la caravana de vehículos de un senador en Arauca, región fronteriza con Venezuela. El político no viajaba en la camioneta, pero mataron a dos de sus guardaespaldas.  

DW Actualidad Las fuerzas estadounidenses capturaron un petrolero en el océano Índico que consiguió burlar el bloqueo impuesto por el presidente Donald Trump a los buques sancionados y huyó del Caribe, indicó el Departamento de Guerra este lunes (09.02.2026). Un comunicado publicado en redes sociales no especifica si el buque tenía vínculos con Venezuela, cuyo régimen enfrenta sanciones estadounidenses por su petróleo y depende de una flota fantasma de buques con bandera falsa para contrabandear crudo a las cadenas globales suministro. «El Aquila II operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump sobre los buques sancionados en el Caribe. Huyó y nosotros lo seguimos», señaló el Departamento de Guerra en la red social X. «Ninguna otra nación del planeta Tierra tiene la capacidad de imponer su voluntad en ningún ámbito. Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas armadas los encontrarán e impartirán justicia. Se quedarán sin combustible mucho antes de que puedan escapar de nosotros», agregó. El Aquila II es un petrolero con bandera panameña sujeto a sanciones estadounidenses relacionadas con el envío de petróleo ruso ilícito. Propiedad de una empresa con domicilio en Hong Kong, los datos de rastreo del barco muestran que ha pasado gran parte del último año con su transpondedor de radio apagado, una práctica común entre los contrabandistas para ocultar su ubicación. Además, II fue uno de al menos 16 petroleros que partieron de la costa venezolana el mes pasado después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, según Samir Madani, cofundador del servicio en línea de rastreo de barcos petroleros TankerTrackers.com.

Página 12 Un tribunal iraní condenó a la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi a siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la décima sentencia contra la encarcelada activista desde 2021. “Fue condenada a seis años de prisión por los cargos de congregación y colusión, a un año y medio de prisión por actividad propagandística, y como pena complementaria, a dos años de prohibición de salida del país”, informó este domingo en X su abogado Mostafa Nili. El letrado explicó que esta mañana recibió una llamada de la activista en su primera comunicación tras ser detenida hace 59 días en la que le informó que este sábado fue trasladada a la sala primera del Tribunal Revolucionario de Mashad (noreste) y tras la audiencia se dictó sentencia en su contra. Dijo que Mohammadi le informó además que hace tres días fue trasladada a un hospital por su mal estado de salud y que cuando le empezó a contar las circunstancias de su arresto la llamada se cortó. Nili indicó que, dado que se ha dictado sentencia, la activista debe ser trasladada a una prisión, según la legislación iraní, y que en su opinión debe ser liberada. “En vista de sus enfermedades, se espera que se ordene su liberación temporal bajo fianza para que pueda recibir tratamiento médico”, dijo el abogado. Detención violenta Mohammadi fue detenida de manera violenta a mediados de diciembre junto con otros activistas durante una ceremonia fúnebre de un abogado en la ciudad nororiental de Mashad, según denunció su familia. Hace seis días comenzó una huelga de hambre para denunciar su detención hace 59 días en los que ha estado “en aislamiento absoluto y con el corte total de comunicaciones”. La sentencia se produce tras las protestas que sacudieron Irán en diciembre y enero y que comenzaron en Teherán por la caída del rial, pero pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica, aunque cesaron tras una brutal represión. El Gobierno iraní reconoce la muerte de 3.117 personas en hechos de violencia que atribuye a Estados Unidos e Israel, pero la ONG opositora HRANA, con sede en EE.UU., los sitúa en 6.961, si bien continúa verificando más de 11.000 posibles muertes, así como 51.000 arrestos. En medio de esa represión han sido detenidos activistas por los derechos humanos, como el guionista Mehdi Mahmoudian, nominado al Oscar por la película Un simple accidente, Vida Rabbani, Abdullah Momeni y Ghorban Behzadian-Nejad. Persecusión Mohammadi se encontraba en libertad condicional desde diciembre de 2024, cuando fue puesta en libertad por problemas médicos, y a finales de noviembre denunció que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma “permanente” salir del país y que no le emitían pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace once años. La activista ha sido arrestada en trece ocasiones, condenada en nueve y fue encarcelada por última vez en 2021. A pesar de las condenas y el encarcelamiento, la activista de derechos humanos y de las mujeres ha continuado denunciando las violaciones de derechos fundamentales en Irán, incluyendo la aplicación de la pena de muerte y la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico. El Comité Nobel noruego concedió en 2023 el prestigioso galardón a Mohammadi “por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y para promover los derechos humanos y la libertad para todos”.

Telesur Las calles de Buenos Aires fueron el escenario de la segunda masiva Marcha Antifascista y Antirracista realizada este sábado, en contra del discurso de odio y de las políticas de ajuste del presidente Javier Milei. La movilización, partió de la Plaza del Congreso hacia la Plaza de Mayo y denunció el avance de la ultraderecha a dos años de la gestión de Milei. Federico Pita, presidente de DIAFAR, señaló que la protesta responde a un modelo que ataca sistemáticamente los derechos civiles y la dignidad de las mayorías. El detonante de esta articulación fue el discurso oficial que asocia la diversidad sexual con delitos y promueve agendas de segregación. Los organizadores sostienen que el Gobierno aplica un alineamiento con el supremacismo racial bajo el disfraz de una lucha contra el «wokismo». Esta retórica internacional, afirman, busca justificar la quita de derechos y profundizar la desigualdad estructural en el país. A pesar del fuerte aparato represivo y el desgaste económico que afecta a la ciudadanía, la marcha mantiene un carácter «pluricoral». En la Plaza del Congreso confluyen trabajadores de la salud, estudiantes universitarios y colectivos de migrantes. La interseccionalidad de la protesta permite que diversos sectores golpeados por el ajuste financiero se unan en un reclamo común contra la discriminación estatal. Federico Pita advirtió que el movimiento obrero y social ha sufrido desplazamientos forzados, pero la resistencia se mantiene viva en las estructuras de base. La marcha también interpela a la política tradicional sobre su rol ante el avance de las ideas antiderechos. El desafío actual es reagrupar fuerzas para frenar un orden político que los activistas califican como antipueblo y profundamente racista. La jornada de este sábado reafirma que, pese al intento oficial de desarticular la protesta, la sociedad civil argentina sigue vigilante. La movilización no solo es un rechazo al ajuste económico, sino una defensa activa de la soberanía cultural y humana. Mientras la Casa Rosada insiste en su agenda de confrontación, las calles vuelven a ser el espacio de encuentro para quienes exigen justicia social.

DW Actualidad Francia y Canadá, que se oponen a los planes del presidente estadounidense Donald Trump de tomar el control de Groenlandia, abrieron este viernes (06.02.2026) sus consulados en Nuuk, la capital de este territorio autónomo danés, en un claro reconocimiento para el gobierno local. «Es un día muy importante para nosotros como país», afirmó la ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Anita Anand, durante un acto en el que se izó la bandera de su país. El nuevo cónsul general de Francia, Jean-Noël Poirier, ya llegó este viernes a Nuuk para asumir oficialmente sus funciones. Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunciaron recientemente un «marco» con miras a un acuerdo sobre el futuro de la isla ártica. Por su parte, Dinamarca y Groenlandia rechazan cualquier concesión en materia de soberanía, una posición que recibió el apoyo de países europeos. La decisión francesa ya había sido anunciada en junio durante una visita a Nuuk del presidente Emmanuel Macron.

Telesur La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves en primera discusión el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una iniciativa presentada por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, con el objetivo de promover la paz, la reconciliación nacional y la convivencia democrática en el país sudamericano. La aprobación se produjo durante una sesión ordinaria del Parlamento, donde el proyecto recibió respaldo unánime de las distintas bancadas presentes, tanto del oficialismo como de la oposición, marcando un paso inicial hacia un amplio proceso de debate y consulta popular. El origen de la propuesta se remonta al 16 de enero de 2026, cuando Delcy Rodríguez, en el marco de la Apertura de Actividades Judiciales del año, anunció la creación de una Ley de Amnistía General que abarcaría todo el período de violencia política desde 1999 hasta la actualidad. “Hemos decidido impulsar una Ley de Amnistía General que cubra todo el período de violencia política desde 1999 hasta el presente”, dijo la mandataria encargada, al tiempo que hizo un llamado enfático: “Que nadie imponga la violencia o la venganza para que todos vivamos con respeto”. Presentación y argumentos del diputado Jorge Arreaza El diputado Jorge Arreaza fue el encargado de presentar el proyecto en primera discusión, ajustándose a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Durante su intervención, Arreaza insistió en la importancia de llevar la explicación de la Ley de Amnistía directamente al Poder Popular y a las bases del país. “De aprobarse en primera discusión esta ley el día de hoy, iremos a las consultas, pero las de verdad, en las catacumbas, veredas, caseríos, barrios, pueblitos de pescadores, urbanizaciones, urbanismos, consejos comunales, condominios, comunas […] Hay que darle la cara al pueblo, hay que explicarle su necesidad, su pertinencia, su trascendencia. Dejémonos interpelar por el pueblo, por las víctimas reales de la agresión al país”, manifestó. El parlamentario resaltó la dimensión múltiple de la norma: “Es humana, es social, es política, para la consolidación de nuestra soberanía y para blindar el derecho de los venezolanos a vivir en paz”. Además, llamó a construir confianza y alcanzar consensos amplios: “Logremos el más legítimo y luminoso consenso para que esta ley nos permita navegar hacia ese puerto bolivariano de la paz, con justicia y convivencia democrática”.