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Nueva York | Agencias El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, llamó «estúpidos» a los demócratas después de que Estados Unidos confiscará un avión que era usado por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.  El gobierno de Joe Biden anunció el lunes la incautación de un avión de Maduro que se encontraba en República Dominicana alegando una violación a las sanciones que pesan sobre Venezuela. «El avión de Maduro acaba de ser confiscado por Estados Unidos. No pasa nada, ahora puede salir y conseguir uno mucho más grande y mejor con todo el dinero que pagamos a Venezuela por petróleo que no necesitamos», afirmó Trump en su red Truth Social. Cuando gobernaba en 2019 Trump impuso a Venezuela una batería de sanciones, incluido un embargo al petróleo y al gas, como medida de presión para intentar provocar la caída de Maduro. Biden apostó por una diplomacia del diálogo con Caracas, pero usó las sanciones como moneda de cambio. Las aflojó como recompensa por concesiones de Maduro, para sentar las bases de las elecciones celebradas el pasado 28 de julio, y las reimpuso cuando interpretó que Caracas incumplió sus promesas. Sin embargo, otorga licencias individuales para operar en Venezuela a petroleras como la estadounidense Chevron. «Tenemos más ORO LÍQUIDO que ninguna otra nación», protestó Trump en su mensaje. «¡QUE ESTUPIDOS SON NUESTROS ‘LIDERES’! ¡¡¡SOMOS EL HAZMERREÍR DE TODO EL MUNDO!!!!», agregó en mayúsculas. Las constantes críticas del republicano al gobierno de Biden, sobre todo en política migratoria, crecieron a medida que se acercan las elecciones del 5 de noviembre. En una entrevista en agosto con el magnate Elon Musk, Trump insinuó que la próxima vez podrían verse en Venezuela. «Si pasa algo con estas elecciones, algo que sería un espectáculo de terror, nos reuniremos la próxima vez en Venezuela porque será un lugar mucho más seguro que nuestro país», declaró.  En sus actos de campaña, Trump repite que los delitos en Venezuela bajan porque los «criminales» se van a Estados Unidos.

Buenos Aires | Agencias El gobierno de Javier Milei vetó por completo la ley de movilidad jubilatoria en Argentina. Lo hizo este lunes, mediante el decreto 782/2024, publicado en el Boletín Oficial. De este modo, tal como lo había anticipado, el presidente deja sin efecto la norma sancionada por el Congreso, que disponía elevar el haber mínimo y fijaba una nueva fórmula de cálculo de los ingresos de los jubilados. En sus considerandos, el Gobierno justifica el veto argumentando que «el proyecto de ley sancionado por el Honorable Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento», según informó el diario argentino Página 12. El veto ya había sido firmado el viernes por la noche y se esperaba su oficialización, que finalmente llegó esta madrugada. Además del presidente, el decreto lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Capital humano, Sandra Pettovello; el ministro de Economía, Luis Caputo; la Canciller, Diana Mondino; el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Salud, Mario Russo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Entre sus argumentos para rechazar la ley sancionada 10 días atrás por el Senado, el Ejecutivo afirma que, en caso de ser aplicada, la norma «implicaría para el Estado Nacional un gasto adicional al previsto». Asimismo, el texto afirma que “de dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”.

Página 12 Jubilados y movimientos sociales preparan una nueva movilización para rechazar el veto presidencial a reforma previsional. La protesta, pautada para el próximo miércoles, tomará mayor dimensión luego de la represión que sufrieron en la última convocatoria, cuando la Policía Federal avanzó con gases y palos contra los manifestantes en la puerta del Congreso de la Nación. La marcha, que se iniciará en las inmediaciones del Parlamento y culminará en Plaza de Mayo, tiene como objetivo visibilizar que el ajuste fiscal que Javier Milei exhibe con orgullo recae en gran medida en los jubilados y repudiar la violencia estatal. Así, desafiarán una vez más al protocolo de seguridad de la cartera que conduce Patricia Bullrich, quien anticipó que de cortarse las calles volverán a reprimir a los manifestantes. Con tono amenazante, la Casa Rosada se expresó en el mismo sentido que la ministra. El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió el accionar policial, al decir que «lo único que se hizo fue cumplir con el protocolo» y advirtió que «la calle no se puede cortar y la ley no se puede incumplir». «Al que le gusta bien, y al que no, vaya y corte y se aplicará el protocolo», cerró con prepotencia. Nora Biaggio, representante del plenario de organizaciones de jubilados, explicó que la represión del miércoles pasado no fue casual: “Tiene un sentido muy claro, que es silenciar a un sector de la población del que el Gobierno saca gran parte de sus finanzas”. De hecho, remarcó que no es algo nuevo para ellos, sino que cada vez que se manifiestan está con el hidrante a la vuelta, el carro de asalto, la infantería. “Hay días en los que no nos dejan marchar y otros que no son tan graves”, indicó. En la protesta de esta semana la Policía Federal desalojó a los jubilados con gases lacrimógenos y golpes. “Nos cagaron a palos. Nos tiraron en la cara, fue una locura”, describió Rogelio en diálogo con Página/12. La violencia, relató, la desataron los propios efectivos, “como si estuvieran buscando la foto de los golpes, porque le quieren decir a la sociedad que nadie puede protestar, no importa ni siquiera que seas un jubilado de la mínima”. Respecto a la crítica situación social, Biaggio señaló que los jubilados son “la punta de lanza de la demostración de la destrucción” del Ejecutivo y remarcó que están “hartos de vivir en la miseria”. “No le vamos a admitir que es mejor que estemos muertos porque somos caros. No. (El Gobierno) está viviendo de la guita que le sacas a los jubilados, concluyó en diálogo con la AM750. Los organizadores esperan la adhesión de sindicatos, agrupaciones políticas peronistas y de izquierda, como centros de estudiantes, e incluso, reclaman la participación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que en los últimos días sacó un pronunciamiento en repudio al accionar de la represión policial contra los jubilados, pero que no se pliega a las medidas de protesta. «Haría una diferencia enorme que la CGT convoque a paro en defensa de los trabajadores», reclamaron activistas por la causa. La movilización de la semana que viene será la antesala de otra marcha, de carácter nacional, que se llevará a cabo el 20 de septiembre por el día del jubilado. Entre los reclamos que plantea la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL), no solo está el rechazo al veto de Milei, sino también el reclamo para que el valor del haber mínimo sea igual al de la canasta del adulto mayor. «Hoy en día está calculada en 900 mil pesos», explicó Ana Valverde esta semana. La referente señaló que la ley sancionada en el Congreso «contempla una canasta de 370 mil pesos, es decir, sólo para alimentos, pero no contempla todo lo demás como el aseo personal, el de la casa, la ropa y los remedios». En la misma línea, remarcó que son «millones de personas jubiladas» que cobran «sobre la base de 225 mil pesos» y que eso no sólo es estar «al borde de la pobreza», sino que los encuentra más cerca de «la indigencia total».

Buenos Aires | Agencias El presidente de Argentina, Javier Milei, vetó la reforma jubilatoria que el Senado había aprobado la semana pasada. Se espera que el lunes sea publicado el decreto en el Boletín Oficial, según informó este sábado la agencia de noticias NA. Días antes, el líder libertario ya había advertido del decreto de veto total, que finalmente firmó después de una reunión con los bloques de diputados del oficialismo y de la oposición dialoguista en la Casa Rosada, quienes le dieron su apoyo. Al encuentro también asistieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Según fuentes citadas por la agencia de noticias, el mandatario logró el respaldo de dos tercios de los legisladores, lo necesario para evitar que la oposición pueda restablecer la ley. La ley de movilidad jubilatoria buscaba reformar el sistema de actualización mensual de las pensiones, que combinaba el índice de inflación y la variación promedio de los salarios formales, más un incremento adicional del 8,1 %. En una entrevista la semana pasada, Milei anunció que vetaría la reforma argumentando que implicaría un gasto adicional de 1,2 % del PIB, y obligaría al Estado a contraer una deuda. En este sentido, el mandatario calificó la ley de una «irresponsabilidad», que «condenaría a los argentinos».

Washington y Caracas | Agencias El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció el jueves que el Gobierno de Estados Unidos destinó 50 millones de dólares para interferir en las elecciones de en ese país suramericano a través del Consorcio para el Fortalecimiento de los Procesos Electorales y Políticos, una agrupación de agencias que funciona bajo la supervisión de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid). En tanto, la Fiscalía venezolana advirtió al opositor Edmundo González Urrutia que será detenido si no se presenta a declarar este viernes. «Ahí se ve que en este año había un presupuesto de 50 millones de dólares. La Usaid estaba pagando, para ‘estimular la democracia’, 50 millones de dólares», sostuvo el diplomático en una comparecencia ante la Asamblea Nacional, en la que mostró datos del presupuesto que presentó esa instancia gubernamental ante el Congreso de Estados Unidos. Además, la Usaid presupuestó «23 millones de dólares para fortalecer la democracia en Venezuela este año». En el mismo orden, precisó que en el presupuesto desglosado, que ocupa más de 50 páginas, se indican partidas «dedicadas a procesos electorales transparentes», así como al «libre flujo de noticias», la «asistencia a la oferta de noticias independientes», el «fortalecimiento a las capacidades comunicacionales», la «construcción de un sistema de telecomunicaciones en Venezuela» y la supervisión de «los resultados del Consejo Nacional Electoral de Venezuela». Para esto último, afirmó, se estimaron dos millones de dólares. En su opinión, el propósito de estas operaciones sería aplicar el así llamado Proceso de Verificación de Resultados para la Transparencia, otra manera de designar a la «tabulación paralela de votos», que consiste en «un sistema electoral paralelo para sustituir a la institución oficial del país que cuenta los votos» y favorecer a los «agentes locales» auspiciados por la Casa Blanca. En este caso, se trataría de desconocer la victoria de Nicolás Maduro en los comicios del pasado 28 de julio bajo alegatos de fraude y apuntalar al excandidato Edmundo González Urrutia. Conminado a declarar La Fiscalía venezolana citó a declarar por tercera vez al opositor González Urrutia, investigado tras denunciar fraude en las presidenciales del 28 de julio, y advirtió que no presentarse implicará una orden de captura, informó el despacho el jueves. Mientras tanto, el excanciller colombiano Álvaro Leyva y el presidente venezolano Nicolás Maduro se reunieron el miércoles en Caracas. El encuentro, del cual se tuvo conocimiento este jueves, fue a título personal y generó recelos incluso a nivel gubernamental, dado que la actual Cancillería colombiana está trabajando con Brasil para mediar en la crisis que surgió en el país caribeño tras las elecciones del 28 de julio. «Citado por tercera vez Edmundo González Urrutia para que asista el viernes al Ministerio Público», indicó la institución en un posteo en Instagram, donde publicó la boleta de citación. La Fiscalía advirtió que, de no asistir nuevamente en la fecha indicada, le será librada una orden de aprehensión al considerar que se encuentra en peligro de fuga. La investigación en contra de González Urrutia guarda relación con la publicación de una página web, en la que el mayor bloque opositor, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), asegura haber cargado el 83,5% de las actas electorales recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección, para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio, según la Fiscalía. El Ministerio Público ha citado a González Urrutia en relación con la investigación por la publicación de la página resultadosconvzla.com, en la que la oposición asegura estaban las copias de las actas que sus testigos recopilaron en centros de votación y que, según el fiscal general de Venezuela, William Tarek Saab, «ha usurpado la cualidad y competencia que solamente le corresponde al Poder Electoral venezolano».

Buenos Aires | Agencias La Policía Federal desalojó con gases lacrimógenos y palazos la protesta de un grupo de jubilados que el miércoles volvieron a manifestarse porque no les alcanza para vivir y en rechazo al inminente veto del presidente argentino Javier Milei a la ley de movilidad.  “Nos cagaron a palos. Nos tiraron gases lacrimógenos en la cara, fue una locura”, describió Rogelio al diario Página 12 la represión que sufrieron él y sus compañeros de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL) cuando intentaron armar una fila frente al Congreso con sus carteles y banderas que denunciaban el desguace del sistema previsional. La represión policial se debió a que los manifestantes cortaron parcialmente la Avenida Rivadavia y rechazaron acatar la orden de regresar a la acera, tras lo cual los efectivos intentaron sacarlos por la fuerza. Esto desató enfrentamientos, en los que la Policía utilizó gas pimienta y golpeó a algunos jubilados con porras (garrotes), en aplicación del protocolo antidisturbios dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Poco después, sin embargo, la marcha prevista a Plaza de Mayo comenzó con normalidad y concentró a unas 2.500 personas, rodeadas de un fuerte operativo policial. El presidente tiene hasta diez días hábiles para llevar adelante el veto contra la reforma jubilatoria aprobada el 22 de agosto y que, según el Gobierno, implicaría un gasto del 1,2 % del PBI. Las jubilaciones han sido una de las asignaciones más afectadas por el plan de ajuste del Ejecutivo de Milei puesto en marcha desde que asumió el 10 de diciembre pasado, aunque en marzo el mandatario actualizó por decreto las pensiones, basándose en la inflación, y no mediante una fórmula que regía desde 2021. Con una inflación del 263,4 % interanual, una de las más altas del mundo, Argentina tiene al 65 % de los 6,5 millones de sus jubilados bajo cobros mínimos y refuerzos de emergencia que llegan a los 305 dólares mensuales -al tipo de cambio oficial-, que representa un 82 % del salario mínimo legal del país. La Constitución argentina habilita al presidente a vetar total o parcialmente una ley, mientras que el Parlamento puede superar esto volviendo a someter a votación el proyecto y obteniendo el voto afirmativo de al menos dos tercios de ambas cámaras legislativas. Tras el anuncio de que vetará la ley, el Gobierno informó que llevará a cabo una actualización por decreto de las pensiones de un 4 % en septiembre, lo que llevaría el haber mínimo a 314 dólares.

Caracas | Agencias Opositores venezolanos protestan este miércoles en Caracas contra el fallo judicial que convalidó el controvertido triunfo del presidente Nicolás Maduro en los comicios celebrados hace un mes, mientras que los chavistas se movilizan para celebrar la victoria de este mandatario proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, insisten en que ganaron las elecciones presidenciales sobre el actual mandatario Nicolás Maduro en los comicios celebrados en julio pasado. Las autoridades electorales y el Tribunal Supremo atribuyeron la victoria a Maduro, pero no enseñaron los resultados. La alianza antichavista publicó, en cambio, las actas que avalan un triunfo de su aspirante, González Urrutia. Los simpatizantes opositores exigen el comienzo de una transición y buscan mantener el pulso con su presencia en la calle. Maduro refuerza su gabinete Maduro avanza en medio de una crisis por las cuestionadas elecciones presidenciales con cambios profundos en su gabinete, reseñó el diario El Universal. Uno de los principales cambios ha sido en el área de petróleo, donde ha reforzado la gestión con su círculo más cercano. El presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, fue movido a la cartera de Industria y Producción Nacional y en su lugar designó a Héctor Obregón, que ya estaba en la junta directiva. Maduro ratificó a Delcy Rodríguez como su vicepresidenta que ahora también será ministra de Petróleo. Diosdado Cabello regresó al tren ministerial, luego de más de 10 años en tareas políticas en PSUV, como ministro de Interior y Justicia, cargo de los cuerpos policiales. Vladimir Padrino fue ratificado en Defensa al igual que el canciller Yvan Gil. Otras incorporaciones incluyen al gobernador del Estado de Miranda, Héctor Rodríguez, como ministro de Educación, un cargo que ya había ocupado en el pasado. El diputado Ricardo Sánchez fue nombrado ministro de Educación Universitaria.

Buenos Aires | Agencias La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, encabezará este martes un polémico homenaje en el Senado a las víctimas que dejaron los atentados de las guerrillas en los años 70, antes y durante la última dictadura militar (1976-1983). El acto se suma al intenso debate que hay en el país desde que el mes pasado se descubrió que diputados oficialistas visitaron en la cárcel a represores condenados por crímenes de lesa humanidad, para ofrecerles su respaldo y ayudarlos a conseguir que sean liberados. De hecho, a lo largo de esta jornada también se prevé que La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, expulse a la diputada Lourdes Arrieta del bloque parlamentario oficialista, en represalia por las revelaciones que hizo en torno al encuentro con los criminales de lesa humanidad que organizó el cura Javier Olivera Ravasi. El fin de semana, Arrieta profundizó el escándalo al publicar los chats que demuestran que los diputados «no se mandaron solos», como había asegurado el Gobierno en un intento de desligarse, sino que contaron con el aval de funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial, informó la agencia de noticias Russia Today. También advirtió que la visita a los represores no forma parte de la agenda de Milei, como él mismo ha dicho, por lo que se debe investigar quién la instigó con el fin de afectar al Gobierno, lo que se interpretó como un mensaje directo para Villarruel. Las sospechas de que Villarruel está detrás del operativo de apoyo a los represores, que se convirtió en una grave crisis política para el Gobierno, se debe a que proviene de una familia de militares y siempre ha defendido a los condenados, ya que considera que son «presos políticos» que merecen ser liberados. Además, el cura que organizó el operativo es su amigo y colaborador. La teoría de la vicepresidenta es que las fuerzas armadas combatieron al «terrorismo» que representaban las guerrillas, por lo que incluso niega, justifica o minimiza delitos de lesa humanidad, como el secuestro de mujeres embarazadas y el robo de niños recién nacidos.

Montevideo | Prensa Latina El candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, expresó optimismo moderado para las elecciones de octubre próximo, aunque advirtió este lunes que aún no está ganada esa contienda. Así trascendió de sus encuentros con miembros de comités de base del FA en Canelones, donde se desempeñó como intendente. Señaló que en sus recorridos por el país encuentra un «optimismo mejorado que contagia» y refirió esfuerzos por conseguir votos fuera de la alianza de izquierda para llegar al poder con «una marea ancha». Subrayó que el próximo gobierno tendrá la oportunidad de conducir al país durante el bicentenario de la Declaratoria de la Independencia, que se celebrará el 25 de agosto de 2025. Para entonces el Frente tiene un programa que marca un horizonte para el «crecimiento mezclado con bienestar», apuntó. Manifestó que se delinearon 200 ideas para los 200 años y adelantó que más entrada la campaña se conocerán propuestas a aplicar en cuanto el FA asuma el poder ejecutivo. Las encuestas indican que el Frente Amplio está mucho mejor en intención de voto que hace cinco años, dijo Orsi. Pero advirtió que «no está nada ganado».

Caracas | Agencias El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela citó para el lunes al abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, por una investigación en su contra, debido a una supuesta «conspiración» y otros delitos asociados a la denuncia de fraude electoral que ha hecho el antichavismo, informó el fiscal general, Tarek William Saab. Según la citación, el líder opositor deberá comparecer en una «representación fiscal» del MP en Caracas el 26 de agosto a las 10:00 hora local (14:00 GMT), como parte de una investigación por la «presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración». Investigación La Fiscalía investiga la página web donde la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- asegura tener publicado «el 83,5 % de las actas» de las presidenciales del 28 de julio, que evidencian, según este sector antichavista, el triunfo de su abanderado, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro. El viernes, Saab adelantó que González Urrutia sería citado para que «hable, de manera consecuencial y sucesiva, de su responsabilidad en el antes, durante y después del 28 de julio, por su contumacia, su desobediencia a las autoridades». En una alocución transmitida por el canal estatal VTV, el funcionario dijo que aspira a que el opositor «rinda declaraciones sobre su autoría» en la publicación de esos datos, lo que -remarcó- «ha usurpado» una tarea «que solamente corresponde» al Consejo Nacional Electoral (CNE), que aún no publica los resultados desagregados que confirmen la anunciada victoria de Maduro en las urnas. Asimismo, el fiscal expresó que el líder de la PUD «no da la cara» y «no se sabe dónde está», en alusión a la decisión de González Urrutia de permanecer «en resguardo» ante las amenazas del chavismo, que ha pedido cárcel para él y para su principal valedora, María Corina Machado. Este anuncio del fiscal se produjo un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmase la victoria de Maduro, lo que ha sido rechazado por numerosos países que piden a las autoridades de Venezuela publicar los resultados desagregados, como establecía el cronograma.