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Rusia Today El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas ha sido trasladado de la prisión de máxima seguridad La Roca en Guayaquil tras un intento de asesinato, comunicó su abogada, Sonia Vera. «El intento de atentar contra la vida de Jorge Glas en La Roca es el resultado de un Estado que lo ha condenado al peligro, la tortura y la muerte lenta. Su evacuación de emergencia confirma lo que hemos denunciado una y otra vez: están jugando con su vida deliberadamente», escribió Vera en su cuenta de X. Según la abogada, Glas «está expuesto a un entorno que no protege su vida, sino que la amenaza día tras día». «Si algo le sucede, será un crimen del Estado», advirtió. En este contexto, Vera exigió la intervención de organismos internacionales. Mientras, la plataforma SOScárcelesEc comunicó, con referencia a fuentes de inteligencia militar, que se produjo un motín de reclusos, quienes, al parecer, intentaron atacar a Glas siguiendo las órdenes de alias ‘El Gordo Lucho’. Glas fue recluido en La Roca luego de que a principios de abril fuera arrestado durante el asalto de la fuerza pública ecuatoriana a la Embajada de México en Quito, donde el exmandatario se encontraba refugiado y gozaba de asilo político. Es investigado por presunta corrupción, soborno y otros hechos.

Agencias La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó con 92 votos a favor la moción que establece el 8 de diciembre de todos los años como Día de Luto Nacional en Memoria de la Justicia y la lucha contra la Impunidad, tras la desaparición forzada y el brutal asesinato de cuatro niños guayaquileños que salieron a jugar al fútbol aquel día y nunca regresaron a casa. Los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, respectivamente, y sus amigos Nehemías Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11 años, «fueron desaparecidos forzadamente» por integrantes de las Fuerzas Armadas y «sus cuerpos calcinados y con huellas de tortura» aparecieron en las inmediaciones de la remota parroquia de Taura, en la provincia de Guayas, recordaron en el Parlamento. La resolución «se compromete con las familias víctimas a realizar todas las acciones necesarias a nivel nacional e internacional para garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición de estos hechos», indicaron los legisladores, mientras la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, subrayó que Ecuador no necesita más silencios cómplices. «Los asesinos de estos niños y la indolencia gubernamental condena al Estado y a la sociedad ecuatoriana al más triste fin de año de nuestra historia reciente. Como madre no puedo sentir más que dolor y solidaridad con las madres y familiares de los niños asesinados», escribió Veloz hace varios días. «Como presidenta de la Asamblea Nacional me comprometo a no permitir ni ápice de impunidad al respecto, pagarán su culpa todos los responsables. En Ecuador, nadie puede permanecer en silencio cómplice ante este crimen», remarcó.

Prensa Latina Quito, 4 ene (Prensa Latina).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió hoy justicia, reparación integral y la garantía de no repetición de lo ocurrido a los cuatro menores hallados muertos, en un caso que involucra a militares. “Unicef expresa su profundo pesar y solidaridad con las familias de los cuatro niños asesinados después de haber sido detenidos por militares el 8 de diciembre en Guayaquil”, señaló el organismo internacional en una nota divulgada en la plataforma X. La entidad añadió que esa pérdida irreparable deja una herida que atraviesa a todo el país y que solo sanará en la medida en que exista justicia, reparación integral y la garantía de que esto no vuelva a suceder. El domingo 8 de diciembre de 2024, los cuatro chicos salieron a jugar fútbol y luego un grupo de 16 militares los detuvo y se los llevaron en una camioneta. Luego, ese mismo día en la noche, fueron vistos por un testigo en la parroquia de Taura, en el cantón Naranjal, provincia de Guayas, a 40 kilómetros de Guayaquil. Los cadáveres fueron encontrados el 24 de diciembre pasado y, el 31 de diciembre, cuando el país se disponía a celebrar el año nuevo, la Fiscalía confirmó sus identidades. Por este caso, que primero fue declarado como una desaparición forzada y activistas creen que ahora se podría catalogar como una ejecución extrajudicial, 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) recibieron una orden de prisión preventiva y ya están en la cárcel de Latacunga. El hecho ha puesto bajo escrutinio el accionar de las instituciones del Estado, en particular las Fuerzas Armadas y sus atribuciones en el contexto del conflicto armado interno. A pesar de eso, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, destacó su respaldo a las “cabezas” de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en medio del conflicto armado decretado en enero del año pasado. “Existe una campaña promovida por las agendas de las mafias, que busca desprestigiar a toda la institucionalidad. Se busca generar una cortina de humo para provocar aún más el conflicto armado y eso no lo vamos a permitir”, afirmó. Este miércoles tuvo lugar el funeral y el multitudinario entierro de los cuatro chicos en Guayaquil, donde cientos de personas reclamaron justicia. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en el que responsabilizó al Gobierno de Daniel Noboa y a las Fuerzas Armadas por lo ocurrido. Señaló que no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una práctica de abuso de autoridad y fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial, denunciada (…) desde el inicio de la declaratoria de conflicto armado y estados de excepción dispuestos por Noboa.

Rusia Today El Gobierno de Daniel Noboa en Ecuador mantiene su postura de defender las acciones que ha tomado en torno a la masacre perpetrada contra los cuatro niños de la provincia de Guayas, quienes fueron detenidos por militares y luego desaparecidos desde el 8 de diciembre de 2024. En declaraciones a la prensa ecuatoriana, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, indicó que la «voluntad» del Ejecutivo y del Ministerio de Defensa siempre «ha sido y será la misma», al mantener una «actuación transparente y coherente» con respecto al caso, en el que los 16 militares implicados ya fueron presentados ante la justicia para la formulación de cargos. «Nosotros no estamos tapando nada, nosotros no estamos encubriendo nada, nosotros no estamos en una agenda de impunidad», dijo el vocero de Noboa, quien resaltó que en este caso «nunca se difinieron las audiencias» y «nunca se pusieron excusas», como sí ha ocurrido con otros tipos de casos públicos de políticos vinculados a la corrupción. Entre tanto, De La Gasca indicó que «es muy importante» entender que actualmente la investigación por la masacre se encuentra en desarrollo, por lo que es fundamental seguir el debido proceso. «Tiene que respetarse su derecho a la defensa y su presunción de inocencia también», expresó el funcionario con relación a los militares. Además, señaló que el juez del constitucional y de garantías ordenó «salvaguardar el bienestar y seguridad física, y la seguridad integral de los militares». Por ello, dijo que el «mensaje claro» para «la ciudadanía» y «las familias de los militares», es que el Gobierno toma «muy en serio la disposición del juez», para evitar que ocurra «una tragedia». «Vamos a hacer lo que se necesite hacer», dijo De La Gasca, quien advirtió que con base en «algunas noticias», se estarían planificando «algunos atentados» contra «personas importantes que están en la Penitenciaría», hechos que serían «autoprovocados para generar situación de Gobierno». Por tal razón, el vocero, quien en la misma rueda de prensa informó la designación de Sariha Moya como vicepresidenta interina por el supuesto «desacato» y «vacío» en la Vicepresidencia de Verónica Abad, al no viajar para asumir la embajada en Turquía, llamó a «cuidar la democracia y la voluntad electoral». «No vamos a permitir golpes de Estado directos o indirectos», agregó De La Gasca, quien también exhortó a la Asamblea Nacional a respetar la Constitución, luego que el legislativo aprobara el inicio del proceso de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, por incumplimiento de sus funciones en el caso de desaparición forzosa y muerte de los cuatro menores tras su captura por una patrulla de militares.

Prensa Latina Quito, 2 ene (Prensa Latina) “Queremos justicia” fue el clamor de los familiares y ciudadanía en general que asistió al entierro de los cuatro menores asesinados en Ecuador, un caso que involucra a militares e indigna al país. Cientos de personas acompañaron este miércoles a los padres de los chicos desde el barrio Las Malvinas, al sur de Guayaquil, hasta el cementerio Ángel María Canals, ubicado en el suburbio de la urbe. En el trayecto, de ocho kilómetros a pie, iban con pancartas con las fotos de los niños y carteles para exigir que el crimen no quede en la impunidad y se castigue a todos los responsables. El domingo 8 de diciembre de 2024, los cuatro niños salieron a jugar fútbol y luego un grupo de 16 militares los detuvo y se los llevaron. Ese mismo día en la noche, fueron vistos por un testigo en la parroquia de Taura, en el cantón Naranjal, provincia de Guayas, a 40 kilómetros de Guayaquil. Los cadáveres fueron hallados el 24 de diciembre pasado y, la víspera, cuando el país se disponía a celebrar el año nuevo, la Fiscalía confirmó sus identidades. Por este caso de desaparición forzada y asesinato 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) recibieron una orden de prisión preventiva. Siete horas después de confirmarse que los cuerpos hallados correspondían a los chicos, el Ministerio de Defensa difundió un comunicado a través de su red social X, donde se comprometió «para esclarecer el hecho y dar con los responsables del asesinato”. Este caso ha conmocionado al país y puesto bajo escrutinio el accionar de las instituciones del Estado, en particular las Fuerzas Armadas y sus atribuciones en el contexto del conflicto armado interno. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en el que responsabiliza al Gobierno de Daniel Noboa y a las Fuerzas Armadas por lo ocurrido. Señaló que no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una práctica de abuso de autoridad y fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial, denunciada (…) desde el inicio de la declaratoria de conflicto armado y estados de excepción dispuestos por Noboa.

BBC Mundo La Fiscalía General de Ecuador confirmó que los cuatro cuerpos que se encontraron incinerados y con señales de tortura cerca de una base militar correspondían a los cuatro niños que salieron a jugar fútbol el pasado 8 de diciembre y nunca volvieron a su casa. Poco antes, un juez había ordenado la captura de 16 miembros de las fuerzas militares del país por su posible rol en el asesinato. «Con base en los elementos de convicción expuestos por #FiscalíaEc, el Juez de la causa dicta prisión preventiva para los 16 militares procesados por presunta #DesapariciónForzada», había publicado la fiscalía en su cuenta en la red social X. El caso ha generado indignación en Ecuador, con cientos de personas que han salido a la calle a pedir el regreso de Steven Medina, de 11 años, Saúl Arboleda de 15, y los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años. Luego del anuncio de la fiscalía, en las calles que rodeaban la institución se veían las caras de dolor y rabia por un crimen que cierra de manera violenta el que fue un difícil 2024 en cuestión de seguridad para el gobierno del presidente Daniel Noboa. El caso se convierte en uno de los momentos más difíciles para un presidente que ha basado su estrategia de lucha contra el crimen en la declaratoria del estado de excepción, el cual le otorga poderes especiales a las fuerzas de seguridad para afrontar a las bandas al margen de la ley. La desaparición de los 4 muchachos en cercanías a Guayaquil generó de manera inmediata una polarización entre la población, en parte impulsada por las distintas versiones de los hechos que comenzaron a circular al conocerse el caso. En una declaración inicial, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, adjudicó la desaparición de los menores a «grupos delincuenciales». Pero el lunes, Loffredo cambió la versión y reconoció que los menores fueron detenidos por una patrulla de 16 militares que se movilizaban en dos vehículos. Los militares «observan a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer», explicó. «Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprehenden a tres personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía que lo había cogido», señaló el ministro en declaraciones a la radio City. Esta versión indignó a los familiares, y a miles de ecuatorianos que los apoyaban, e hizo que la gente se fuera a las calles con carteles exigiendo el regreso de los menores, algunos con el lema de «son futbolistas, no terroristas». A la hora del anuncio de la fiscalía, muchos de esos manifestantes expresaron su dolor a las afueras del edificio. Con la detención de los 16 militares, se espera que comience un proceso de esclarecimiento de los hechos para entender qué fue lo que verdaderamente ocurrió esa tarde del 8 de diciembre.

Rusia Today Han pasado 22 días desde que en Guayaquil, en la provincia ecuatoriana de Guayas, se perdió el rastro de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, respectivamente, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11. Aunque en declaraciones iniciales, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, atribuyó la desaparición de los menores a «grupos delincuenciales», luego confirmó que fueron aprehendidos por una patrulla militar, que tiene base en la parroquia de Taura, cantón Naranjal, también en Guayas; algo que quedó evidenciado en un video.  Este lunes, durante una comparecencia ante la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional, Celiano Cevallos Calderón, comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) —cuerpo al que pertenecen los militares involucrados—, detalló que los uniformados detuvieron a los menores tras retornar de un operativo donde escoltaron a un camión a instalaciones aduaneras al sur de Guayaquil. «No existió un operativo militar específico para la aprehensión de las cuatro personas, esta eventualidad es producto de una circunstancia ocurrida durante el retorno del personal militar a la base aérea de Taura», indicó Cevallos, para insistir en la teoría de que los uniformados habrían actuado contra los menores «en cumplimiento de un deber ciudadano ante un presunto delito flagrante en ejercicio público». Esto, porque el accionar contra los adolescentes se ha justificado por un supuesto robo a una mujer; no obstante, en la misma comparecencia ante el Parlamento, el ministro Loffredo aseguró que no existe un documento que verifique la flagrancia en la que fueron detenidos los cuatro menores. «Con lo que nosotros contamos es con la versión de los miembros de la patrulla, versión que tiene que ser investigada por Fiscalía», manifestó. En una audiencia de ‘habeas corpus’, realizada el martes de la semana pasada, el fiscal Christian Fárez comentó que no existen testigos ni versiones ni una denuncia que apunten a algún «acto ilícito que hayan cometido los niños». ¿Cuál debió ser el procedimiento? De acuerdo con Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), quien también estuvo presente en la comparecencia de este lunes, cuando los militares realizan aprehensiones de personas, «el protocolo es entregar a la autoridad competente, quien sea que fuere». Sin embargo, en el caso de los menores, en la audiencia realizada la semana pasada, quedó en evidencia que no se informó ni entregó a los chicos a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), como marca el procedimiento. Además, los 16 uniformados involucrados dijeron que luego de haberlos aprehendido los liberaron en la parroquia de Taura, a más de 40 kilómetros del lugar de la detención, y que nunca ingresaron al Ala de Combate 22 de la base aérea, aunque no se precisó el lugar exacto donde habrían sido dejados; según el abogado de los militares habría sido a 15 kilómetros de la instalación militar. Vela calificó lo ocurrido con los niños como un «malhadado incidente» y espera que eso «no lesione» a las FF.AA. «Si bien estos sucesos generan rabia y dolor, también nos obligan a redoblar esfuerzos y mantenernos firmes en el cumplimiento de nuestras misiones. Por tal motivo, demandó de que este malhadado incidente no lesione la institucionalidad de las FF.AA., en su misión de preservar la paz y la seguridad de todos los ecuatorianos», expresó, al tiempo que reconoció que «los niveles de corrupción son claros en (las) FF.AA.». Este martes se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos por «desaparición forzada» contra los 16 militares en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil, informó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Mientras, siguen las labores para identificar a los cuatro cuerpos que la Policía de Ecuador descubrió en un río cercano a la base aérea de Taura. Los cadáveres fueron hallados calcinados y con signos de violencia.

Agencias No se ha informado de la causa exacta de la muerte del político demócrata, pero se conoce que había dejado el tratamiento en el 2023 de un melanoma, una forma agresiva de cáncer de piel que se le había extendido al hígado y cerebro. Carter dirigió Estados Unidos de 1977 a 1981. Su presidencia se caracterizó por un marcado deterioro de las relaciones con la Unión Soviética. Tras su mandato, intentó ser reelegido de nuevo, pero perdió frente al republicano Ronald Reagan. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el 2002 «por sus esfuerzos para promover los derechos humanos y resolver conflictos en todo el mundo, desde Etiopía y Eritrea hasta Bosnia y Haití» durante su mandato presidencial.  Tras su derrota electoral abandonó la política y creó el fondo de caridad del Centro Carter con su esposa Rosalyn, con la que se casó en 1946. La muerte de su esposa a finales del 2023 fue la última aparición pública del expresidente. Carter ostenta el récord de longevidad de todos los presidentes estadounidenses, lo consiguió en el 2019, cuando fue el único de todos los líderes del país en superar el hito de los 95 años.

Rusia Today Se trata de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, respectivamente, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11, quienes son del sector empobrecido de Las Malvinas, al sur de la urbe. De acuerdo con el testimonio de Luis Eduardo Arroyo, padre de dos de los menores, el día de la desaparición salieron a jugar fútbol y después del partido fueron a una panadería junto a un grupo de 10 niños. «Cuando regresaban a casa, cerca de un centro comercial, pasaron dos vehículos con personas vestidas como militares», contó, agregando que «todos salieron corriendo», pero sus dos hijos y dos vecinos «fueron alcanzados y subidos a esos carros». En declaraciones iniciales, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, atribuyó la desaparición de los menores a «grupos delincuenciales»; no obstante, luego confirmó que fueron aprehendidos por una patrulla militar, que tiene base en la parroquia de Taura, cantón Naranjal, también en Guayas, y que esa detención se debió a un presunto robo. En el hecho estarían involucrados 16 militares que se movilizaban en dos vehículos. Las dudas al respecto se disiparon, luego de que esta semana saliera a la luz un video en el que se puede observar cómo dos menores son llevados a la fuerza por sujetos que tienen vestimenta de las Fuerzas Armadas y cascos; uno de los niños, de camiseta naranja, es introducido en la cajuela de una camioneta blanca con luces de sirena, donde ya estaba otro que llevaba sudadera azul. Las faltas El procedimiento militar ha dejado en evidencia una serie de irregularidades cometidas en el accionar contra los menores. El pasado martes, en una audiencia de ‘habeas corpus’, una jueza elevó la investigación a desaparición forzada y se revelaron vacíos, faltas y omisiones en el caso, reseñó Primicias. En primer lugar, no hay un parte militar oficial sobre la detención, como lo exige el protocolo en estos casos. Loffredo reconoció que la patrulla «no notificó al mando superior». Segundo, aunque se informó que el arresto se debió al cometimiento de un presunto robo a una mujer, que habría sido observado por los uniformados, el fiscal Christian Fárez comentó en la audiencia que no existen testigos ni versiones ni una denuncia que apunten a algún «acto ilícito que hayan cometido los niños». Tercero, no se reportó el robo al sistema de emergencias ECU-911 y tampoco se informó ni entregó a los menores a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), como marca el procedimiento. Cuarto, pese a que los uniformados dijeron en sus declaraciones que liberaron a los menores en la parroquia de Taura, a más de 40 kilómetros del lugar de la detención, y que nunca ingresaron a la Ala de Combate 22 de la Base Aérea, no se precisó el lugar exacto donde habrían sido dejados; según el abogado de los militares habría sido a 15 kilómetros de la instalación militar. Y quinto, se reveló la falta de una orden de liberación judicial expresa. Los representantes de los militares reconocieron un «mal procedimiento administrativo». El próximo martes, 31 de diciembre, se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos por «desaparición forzada» contra los 16 militares en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil, informó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Los cuerpos encontrados El pasado martes, la Policía de Ecuador descubrió cuatro cuerpos en un río cercano a la base aérea de Taura. Según dos funcionarios de la Fiscalía, que hablaron en condición de anonimato, los cadáveres estaban calcinados y presentaban signos de violencia. Los familiares se presentaron el miércoles en la morgue de Guayaquil, pero no tuvieron ninguna respuesta, puesto que los cuerpos no pudieron ser reconocidos de manera visual ni por medio de toma de huellas dactilares. Los forenses avanzan en trabajos para intentar hacer un reconocimiento antropológico, cuyos resultados se prevé que estén el próximo lunes. De no ser posible la identificación, resta esperar a ver qué arrojan las pruebas de ADN, que podrían demorar hasta 40 días.