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Miguel Jiménez La venganza de Donald Trump está en marcha. El Departamento de Justicia ha anunciado el despido de fiscales y empleados que colaboraron en las dos investigaciones judiciales contra el actual presidente solo una semana después de su regreso a la Casa Blanca. Trump ya había anunciado que despediría al fiscal especial Jack Smith nada más tomar posesión, pero este se le adelantó al presentar su dimisión. Ahora, la purga se extiende a otros miembros del Departamento de Justicia con el argumento de pérdida de confianza. “Hoy, el fiscal general en funciones, James McHenry, despidió a una serie de funcionarios del Departamento de Justicia que desempeñaron un papel significativo en el procesamiento del presidente Trump”, dijo un funcionario del DOJ en un comunicado. “A la luz de sus acciones, el fiscal general en funciones no confía en que estos funcionarios ayuden a implementar fielmente la agenda del presidente. Esta acción es consistente con la misión de poner fin a la instrumentalización del gobierno”, añadió. El Departamento de Justicia logró la imputación de Donald Trump por el caso de los papeles de Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach (Florida) en la que retuvo documentos confidenciales, y por el intento del presidente de subvertir la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020. Jack Smith, el fiscal especial que dirigió ambas investigaciones, presentó su dimisión el pasado 11 de enero. Smith abandonó ambos casos contra Trump después de que este ganara las elecciones del 5 de noviembre, citando la política del Departamento de Justicia en contra el procesamiento de un presidente. Ninguno de estos casos llegó a juicio, pero el fiscal sostuvo en un duro informe que “las pruebas admisibles eran suficientes para obtener y sostener una condena en el juicio” por el caso electoral. Su informe sobre el caso de los secretos oficiales no llegó a ver la luz por decisión judicial. Una de las cartas de despido, a la que ha tenido acceso la CNN, deja claro el motivo de la destitución. “Usted desempeñó un papel importante en el procesamiento del presidente Trump. El buen funcionamiento del gobierno depende críticamente de la confianza que los funcionarios superiores depositan en sus subordinados. Dado su papel significativo en el procesamiento del presidente, no creo que el liderazgo del Departamento pueda confiar en usted para ayudar a implementar fielmente la agenda del presidente”, indica la misiva, firmada por el fiscal general en funciones. Pam Bondi, la elegida por Trump para ser fiscal general, está pendiente de la confirmación de su nombramiento por parte del Senado para tomar posesión, pero el titular interino del cargo ha empezado ya el trabajo sucio. Bondi, al igual que Trump, se mostró partidaria de investigar a los investigadores. El presidente, de hecho, firmó en su primer día en el cargo una orden ejecutiva en ese sentido. En ella se pedía revisar las actividades del mandato de Joe Biden de todos los departamentos y agencias federales encargados de hacer cumplir la ley, tanto desde el punto de vista civil como penal, citando expresamente al Departamento de Justicia, la Comisión de Valores y Bolsa y la Comisión Federal de Comercio. Se alegaba que muchas de sus acciones habían sido una persecución de los rivales políticos. El Departamento de Justicia ha creado ya un grupo para investigar a los fiscales que acusaron a algunos de los participantes en el asalto al Capitolio de obstrucción de un procedimiento oficial. El Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, determinó que ese tipo legal no era aplicable a ese supuesto, lo que llevó a anular condenas e imputaciones. Ahora, los nuevos responsables del Departamento quieren exigir responsabilidades a quienes impulsaron esas acusaciones. El propio Trump era uno de los imputados por ese delito. La purga de fiscales y empleados del Departamento de Justicia sigue a otras emprendidas por Trump en su primera semana en el cargo. Desmanteló los departamentos de diversidad, igualdad e inclusión de la Administración federal y suspendió de empleo a sus miembros.  Luego, saltándose el procedimiento previsto para ello, destituyó a los inspectores generales―encargados de supervisar al Gobierno para que se cumpla la legalidad― de una docena de departamentos de la Administración.

El Gobierno de Colombia ha confirmado este domingo que ha superado «el impase» con Washington y seguirá recibiendo a los colombianos que «retornen en condición de deportados» de Estados Unidos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos», declaró el ministro de Asuntos Exteriores colombiano, Luis Gilberto Murillo. Asimismo, indicó que viajará junto con el embajador de Colombia en EE.UU., Daniel García-Peña, a la ciudad de Washington «en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos, resultados del trabajo conjunto, que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos». El canciller subrayó que «el Gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en las horas de la mañana en vuelos de deportación». Además, confirmó que «se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad» de los ciudadanos colombianos. A su vez, la Casa Blanca también indicó en un comunicado que Colombia acordó «aceptar sin restricciones a todos los extranjeros ilegales colombianos que regresen desde Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras», agregando que «los acontecimientos de hoy dejan claro al mundo que Estados Unidos vuelve a ser respetado». «El presidente [Donald] Trump seguirá protegiendo ferozmente la soberanía de nuestra nación y espera que todas las demás naciones del mundo cooperen plenamente para aceptar la deportación de sus ciudadanos presentes ilegalmente en Estados Unidos».

Rusia Today El Gobierno colombiano lleva a cabo un operativo militar en la región del Catatumbo, donde siguen los enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, una disidencia de las extintas FARC.  La ofensiva, que busca debilitar la capacidad operativa de los grupos insurgentes y garantizar la seguridad de la población civil, incluye el uso de vehículos especiales con ametralladoras y lanzagranadas, artillería pesada con obuses 155/52, así como la presencia de más de 9.000 efectivos de las distintas ramas militares. En este sentido, el presidente colombiano, Gustavo Petro, destacó que en el desarrollo de las operaciones militares se logró «el sometimiento a la justicia» de 63 integrantes del Bloque Magdalena Medio o Frente 33. Asimismo, enfatizó en que la ofensiva contra el ELN «crece». «La población civil ha sido protegida por el Ejército y es atendida por nuestras instituciones con prioridad en la niñez», escribió el mandatario en redes sociales. Caracas coopera con Bogotá Hasta el momento, los enfrentamientos han dejado más 40.400 personas desplazadas y 41 homicidios, la mayoría de estos se registraron en Tibú, Norte de Santander, uno de los municipios más azolados por la violencia. El recrudecimiento del conflicto en el Catatumbo ha provocado el desplazamiento de miles de personas hacia la ciudad de Cúcuta, capital departamental, y de un número no precisado hacia el estado venezolano Zulia. En este contexto el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que se reunió este viernes con su homólogo venezolano, Vladimir Padrino López, en la ciudad venezolana de San Cristóbal (Táchira), para hablar de la seguridad de la frontera. «Tenemos especial interés en dos temas. Uno relacionado con la presencia de integrantes del ELN en Venezuela», afirmó Velásquez. «La necesidad que tenemos, y es la cooperación que esperamos de Venezuela, es que las autoridades venezolanas contribuyan con nosotros para la captura de estas personas», añadió. Además, el ministro colombiano detalló que las autoridades están ofreciendo una millonaria recompensa por los cabecillas del ELN, especialmente los que se encontraban en la mesa de dialogo con Bogotá.

BBC News La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que la iniciativa privada tiene disponibles 35.000 plazas de trabajo para los mexicanos que sean devueltos al país, a raíz de la dura política de deportaciones emprendida por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Se trata de puestos de trabajo en los sectores de la manufactura, servicios, construcción y minería, según ha comunicado el Consejo Coordinador Empresarial a la presidenta. El anuncio de las vacantes laborales es parte del plan de emergencia del Gobierno de Sheinbaum, para dar cobijo a los mexicanos repatriados y se suma a otras medidas gubernamentales que incluyen la afiliación al seguro social y la incorporación al padrón de beneficiarios de los programas sociales. Aún se desconoce el alcance de la política de deportaciones de Trump, que el miércoles, en su tercer día de mandato, ordenó el reforzamiento de la frontera con un despliegue militar. Tan solo el año pasado, el último de la Administración de Joe Biden, fueron devueltos casi 195.000 mexicanos desde Estados Unidos, según cifras del Gobierno de México. Sheinbaum ha destacado que el Plan México, el programa sexenal de atracción de inversiones, es parte de la estrategia para blindar la economía mexicana frente a los torbellinos externos, teniendo en el horizonte la amenaza arancelaria lanzada por Trump y sus presiones por la renegociación del tratado comercial de América del Norte, el TMEC. “El Plan México es una propuesta integral, que tiene como base el bienestar del pueblo de México. No es un plan para enfrentar al presidente Trump, no es coyuntural, es un plan para México en el largo plazo incluso, no solo para el sexenio”, ha indicado la presidenta, en conferencia de prensa este jueves. La mandataria ha agregado que dicho programa —que prevé estímulos fiscales de hasta 30.000 millones de pesos para las empresas que inviertan en México— tiene como objetivo “el desarrollo equitativo y sustentable del país”. Sheinbaum ha precisado que se busca fomentar la producción nacional en sectores en los que México es importador, como en el textil, y en áreas de innovación, con la generación de semiconductores y la fabricación de autos eléctricos mediante un diseño propio. “Es un plan para nuestro país en el largo plazo, sí con el tratado comercial [el TMEC], y con la relación con otras regiones del mundo”, ha señalado. Sheinbaum ha destacado la fortaleza de la moneda —que este jueves ha ganado terreno, al cotizarse en 20,3 unidades por dólar— pese a la incertidumbre en los mercados causada por el regreso de Trump al poder. “El peso, con lo que podía haber variado con la llegada del presidente Trump, se ha mantenido. Eso quiere decir que hay confianza y que la economía de México está bien, está fuerte”, ha indicado. La mandataria ha agregado que la inflación se ha situado en su nivel más bajo desde 2021, aun con el aumento del 12% al salario mínimo. También ha destacado que hay reservas en el Banco de México y que la recaudación de impuestos ha sido mayor que en enero del año pasado.

Agencias La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha insistido una y otra vez que su gobierno está «preparado» para la posible deportación masiva que prometió Donald Trump. El nuevo presidente de Estados Unidos, quien tomó posesión este lunes, reiteró en su discurso que espera enviar soldados, mediante una declaración de emergencia, a la frontera. «Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal, y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron», dijo. Un tercio de los 11 millones de indocumentados en EE.UU. son mexicanos. Trump promete deportar un millón al año. En 2012, cuando más deportaciones se registraron, el número de repatriados no pasó de los 300.000. Antes de la juramentación de Trump, Sheinbaum dio a conocer en su conferencia de prensa matutina este lunes la versión más detallada de las medidas que implementará su gobierno para apoyar a lo que llama «nuestros paisanos». «Queremos que sepan que estamos preparados, que estamos listos, para dar apoyo a nuestros connacionales y tenemos certeza de que vamos a llegar a acuerdos con el gobierno del presidente Trump una vez se establezcan los canales adecuados», dijo la mandataria. Images Fortalecimiento de consulados Uno de los dos ámbitos dentro de los cuales el gobierno mexicano espera apoyar a los migrantes en EE.UU. es fortaleciendo su red consular en ese país. México tiene más consulados que cualquier otro país en el mundo: 53 sedes del gobierno federal en EE.UU. que cuentan con 4.300 funcionarios, de los cuales 2.600 se ocupan de materias jurídicas. «A nuestros paisanos y paisanas decirles que, primero, que no están solos; y, segundo, que también hay que guardar la calma, que hay que ver también cómo se desarrolla durante estas semanas el proceso», dijo Sheinbaum. Juan Ramón de la Fuente, secretario de Exteriores mexicano, dio a conocer detalles de lo que será la ConsulApp, una aplicación de celular para apoyar a los migrantes, con la que pueden conocer sus derechos en una situación apremiante, entender los mecanismos de pregunta y respuestas de la policía que «buscan incriminar» y registrar contactos más cercanos. La aplicación, que ya está disponible en las plataformas digitales, tiene además un botón de alerta para notificar de una deportación inminente. La aplicación también tendrá acceso al Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, un callcenter de apoyo. De la Fuente aseguró que se ha adelantado el trabajo de digitalización de los procesos migratorios en consulados con el objetivo de hacer más eficiente la regularización de mexicanos en EE.UU. Y para quienes sean retornados a México, el gobierno anunció planes para que el Instituto Nacional de Migración, su ente de control migratorio, dé celeridad a los procesos de formalización de nacionalidad de quienes lleguen al país sin situación regular. Programas de bienestar Por otro lado, el gobierno anunció que todos los mexicanos deportados tendrán acceso a la vasta red de programas de asistencia que tiene el Estado. Los migrantes van a recibir una «Tarjeta de Bienestar Paisano» con un bono de 2.000 pesos (unos US$100) para cubrir gastos en el traslado al lugar de origen. También, las personas repatriadas y sus familias se podrán afilar al Instituto Nacional de Seguridad social (IMSS), con el que podrán acceder a los cinco seguro que mantiene dicho organismo en materias de salud, riesgos de trabajo, invalidez, retiro por edad y guarderías. El programa de protección social mexicano incluye programas en materia de bienestar, educación y agricultura. Con eso, se espera que los migrantes puedan acceder a ayudas como, por ejemplo, un programa para mujeres cabeza de familias en el que les ayudan con el cuidado de sus hijos; una beca en una universidad especializada; o un sistema de compra de fertilizantes con subsidio. Todo esto es parte de un programa general llamado «México te Abraza» anunciado por la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien dijo: «Este es un plan integral en el que participa todo el gobierno». Y añadió: «Ya se cuenta con protocolos para recibir a los repatriados en los puertos fronterizos y aeropuertos, proporcionándoles apoyos para regresar a sus lugares de origen e integrarse a programas sociales y laborales. Se les vinculará con todos los servicios de la administración».

El País Gustavo Petro ha declarado este lunes el estado de conmoción interior por los combates que libran los grupos armados en la frontera con Venezuela. La guerra que mantienen estos grupos con los que el presidente ha intentado negociar la paz sin éxito ha dejado decenas de muertos y miles de desplazados este fin de semana de fuego cruzado. Petro ha reforzado la zona con 300 soldados más de las fuerzas armadas colombianas, pero la batalla entre el ELN y las disidencias de las FARC continuaba hoy día. La conmoción interior, uno de los varios tipos de estado de excepción que permite la Constitución colombiana de 1991, otorga al presidente poderes especiales para enfrentar amenazas inminentes contra el Estado. Puede extenderse hasta 90 días y prorrogarse en dos ocasiones. La norma no especifica de qué herramientas concretas podrá echar mano el presidente, así que queda por ver las decisiones que toma. El referente más cercano es el de Daniel Noboa, que en Ecuador lo decretó para sacar al ejército a las calles y combatir así a las pandillas. Al mismo tiempo, el presidente ha anunciado el estado de emergencia económica. Se entiende que pretende solucionar el conflicto añadiendo una aproximación distinta, no solo con las armas. Petro suele decir que el desarrollo económico de las regiones será lo que acabe con parte de la violencia que viven estas zonas apartadas, donde el Estado no logra imponer el imperio de la ley. El presidente ha pedido que la justicia no le tumbe esta medida, que revisan de oficio tribunales. “Espero del poder judicial su apoyo”, ha escrito en X. El presidente pide que no se repita lo que ocurrió con el estado de excepción que decretó para combatir la crisis de agua en La Guajira, un departamento desértico. La medida quedó anulada por la Corte Constitucional. Cuando llegó al poder, pidió a su gente de confianza que abriese negociaciones con todos los grupos armados del país. A aquello se le puso el nombre de “paz total”. Imposible más ambición. La realidad ha acabado aplastándole. El ELN, la guerrilla más antigua de Colombia, no ha dado muestras de querer dejar las armas después de dos años largos de conversaciones. Ahora mismo parecen rotas, más después de que el ELN se esté enfrentando en el Catatumbo, en el borde con Venezuela, a varias disidencias de las extintas FARC. Esa es la región con mayor concentración de cultivos de hoja de coca en el mundo. “El ELN tomó el camino de la guerra y guerra tendrá”, ha dicho Petro. El conflicto es muy complejo y los analistas coinciden en señalar que ahora mismo no existen las condiciones militares para neutralizar al ELN por medio de las armas. La guerrilla vive principalmente en la frontera, un territorio vastísimo, y en los momentos en los que se pueda ver acorralada dará un paso a Venezuela, donde se siente protegida. El ejército de Nicolás Maduro, recién autoproclamado presidente del país, apenas ocupa ese territorio. Y cuando lo hace, convive con la guerrilla para evitar enfrentamientos directos. Petro llegó a la Casa de Nariño con la paz como bandera. Su pasado guerrillero lo legitimaba para poder entablar conversaciones con los grupos todavía activos sin ánimo de revancha. Entendía por qué esos hombres se habían echado al monte y a la selva, él mismo tuvo esa pulsión en nombre de la justicia social. Ahora Petro ha perdido la fe en ellos. Ya ni los considera guerrilleros. “Lo sucedido en el Catatumbo no es sino una demostración más, del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia las organizaciones narcoarmadas”, ha escrito en X. De hecho, les profiere el peor de los insultos: “La acción de masacre cometida por el ELN con fuerzas traídas desde Arauca hasta el Catatumbo calca perfectamente el accionar de los grupos paramilitares, cuando, dirigidos por Mancuso, llegaron a la zona: masacre de campesinos civiles, en estado de indefensión. Crímenes de guerra por doquier que son crímenes contra la humanidad”. La Casa de Nariño ha sido un hervidero este lunes. No ha habido tiempo de atender a la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Se ha sabido que el canciller Luis Gilberto Murillo, uno de los más fuertes del Gobierno, dejará su cargo a finales de mes. Le sustituirá Laura Sarabia, la que hasta ahora fungía en la práctica como número 2 del presidente. Son dos cambios de mucho calado. La fisonomía del gabinete va a ser otra. Al tiempo, Mauricio Lizcano, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha presentado su renuncia. Lizcano era de los pocos que quedaban que acompañaban a Petro desde el primer día. Tanto él como Murillo tienen aspiraciones presidenciales. El polémico Armando Benedetti, además, ha llegado a Palacio y comenzar su labor de asesoría. Día de movimientos tectónicos en la órbita de Petro.

Rusia Today En el marco del acuerdo entre Israel y Hamás, han sido liberados la noche del domingo al lunes 90 palestinos prisioneros que estaban detenidos por el país hebreo, informó Al Jazeera. Según el medio, autobuses con el primer grupo de presos palestinos han salido de la prisión de Ofer, en Cisjordania. Entre los presos palestinos, figuran 78 residentes de Cisjordania que fueron liberados en Beitunia, situada al oeste de la ciudad de Ramala, así como 12 habitantes de Jerusalén Este, que fueron trasladados a la ciudad y puestos en libertad. La liberación de presos palestinos ocurrió horas después de que tres rehenes que permanecían cautivas en la Franja de Gaza -Romi Gonen, Emily Damari y Doron Steinbrecher- fueran entregadas a Israel. El medio israelí Ynet indicó que, antes de que las rehenes israelíes regresaran a su patria, el país hebreo trasladó a los 90 detenidos palestinos a la prisión de Ofer, si bien la liberación fue retrasada hasta la 01:00 de la madrugada (hora local). Según funcionarios del Servicio de Prisiones, la puesta en libertad no se salió del programa, ya que se llevaron a cabo varios exámenes médicos por parte de la agencia y de la Cruz Roja, que también supervisa el proceso. Sin embargo, fuentes familiarizadas con el asunto denunciaron que los representantes de la organización humanitaria estaban retrasando deliberadamente la liberación para que no se produjera hasta el día siguiente a la fecha fijada. De esa forma, aseguran que la Cruz Roja pretendía dar la sensación de que Israel no cumplía el acuerdo. Asimismo, el medio precisó que 69 de los canjeados en esta ronda son mujeres, incluida una menor de edad. Se detalla que también fueron liberados ocho varones menores de edad y 13 presos adultos no considerados presos graves y condenados por delitos como incitación, identificación con el terrorismo y alteración del orden público. En total, en el marco de la primera etapa del acuerdo de intercambio se prevé que Israel libere a casi 2.000 presos, la mitad de los cuales son gazatíes que fueron arrestados en Gaza después del 7 de octubre de 2023, día del ataque de Hamás contra Israel, a cambio de 33 cautivos retenidos por el movimiento palestino. La segunda fase contempla el canje del resto de rehenes que sigan con vida, incluidos soldados varones, y la retirada de todos los militares israelíes que permanezcan en Gaza para entonces. Mientras, la tercera fase se centrará en devolver a los familiares los restos de los rehenes asesinados y en poner en marcha un plan de reconstrucción de la Franja de Gaza. Tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, 1.200 israelíes fueron asesinados, y otros 251 secuestrados, de los cuales se estima que 94 permanecen en Gaza, incluidos los cadáveres de al menos 34.  Por su parte, en su ofensiva contra el enclave palestino, Israel ha matado a más de 46.600 palestinos y dejado más de 110.000 heridos.

Rusia Today El acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel, alcanzado esta semana tras varias rondas de negociaciones en las que Egipto, Catar y EE.UU. actuaron en calidad de mediadores, ha entrado en vigor la mañana de este domingo a las 11:30 (hora local), después de 15 meses de incesantes bombardeos del país hebreo sobre el enclave palestino. Las primeras rehenes a liberar Inicialmente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el alto el fuego no comenzaría hasta que no recibieran los nombres de los rehenes que el movimiento palestino liberaría hoy. Más tarde, el portavoz de las Brigadas al Qassam, brazo militar del movimiento Hamás, Abu Obeida, comunicó los nombres de las primeras tres prisioneras israelíes que serían liberadas. Según Obeida, se trata de Romi Gonen, de 24 años; Emily Damari, de 28 años; y Doron Steinbrecher, de 31 años. Tras recibir la lista, la Oficina del primer ministro anunció el inicio de alto el fuego en el enclave palestino. De acuerdo con el Canal 12, más de 500 camiones de ayuda están a punto de ingresar a la Franja de Gaza. Según informó el corresponsal de RT en El Cairo, las tres prisioneras son civiles y, a cambio, 90 mujeres palestinas saldrán de prisiones israelíes. A su vez, el portavoz de la Cancillería catarí, Majed al Ansari, informó que se trata de tres ciudadanas israelíes, aunque una de ellas es de nacionalidad rumana y otra, británica.  Primera fase Según lo estipulado, la tregua constará de varias etapas, la primera de las cuales durará42 días. En el marco de esta fase inicial, Hamás acordó liberar a 33 rehenes israelíes a cambio de presos palestinos que permanecen recluidos en Israel. Por cada una de las mujeres, niños y ancianos vivos, se liberará a 30 presos palestinos; por los nueve rehenes enfermos, se liberará a 110 presos; por cada una de las mujeres soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), se liberará a 50 presos; por los rehenes Avera Mengistu y Hisham al Sayed, retenidos en Gaza desde hace una década, serán liberados 30 presos por cada uno, además de los 47 palestinos liberados en 2011 y detenidos de nuevo; y por los cadáveres de los rehenes de la primera fase, Israel liberará a los más de 1.000 detenidos de Gaza. Se prevé que en esta fase Israel libere a un total de 1.890 prisioneros palestinos, comunicó el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio. Entre ellos hay 737 detenidos y presos de seguridad y 1.167 palestinos detenidos en la Franja de Gaza durante la ofensiva terrestre de las FDI, que no participaron en la embestida del 7 de octubre de 2023. Mientras, el domingo Hamás liberará a las tres primeras rehenes israelíes de la lista de 33 casos humanitarios, una categoría compuesta por mujeres, niños, ancianos y enfermos. Los otros 30 rehenes de la lista serán liberados cada sábado hasta el final del acuerdo de 42 días. Otras fases La segunda fase contempla el canje del resto de rehenes que sigan con vida, incluidos soldados varones, y la retirada de todos los militares israelíes que permanezcan en Gaza para entonces. Mientras, la tercera fase se centrará en devolver a los familiares los restos de los rehenes asesinados y en poner en marcha un plan de reconstrucción de la Franja de Gaza. Netanyahu promete volver a la guerra si es necesario Este sábado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseveró que su país cumplirá «todos los objetivos de guerra». «Si tenemos que volver a la guerra, lo haremos con nuevos medios y con mucha fuerza», dijo.  «En la guerra por la independencia transmitimos a nuestros enemigos, transmitimos al mundo que cuando el pueblo de Israel se mantiene unido, no hay fuerza que pueda doblegarlo», manifestó el jefe del Gobierno israelí. «Estoy orgulloso de ser el primer ministro de nuestra maravillosa nación, estoy orgulloso de liderar nuestro país en tiempos como estos», agregó. Netanyahu recordó que las autoridades del país habían aprobado un plan para recuperar a los rehenes. «Este es el objetivo de la guerra, al que no renunciaremos hasta que se cumpla», prometió. Añadió que el acuerdo con Hamás es ante todo «el resultado del valor de soldados israelíes en la batalla». Asimismo, señaló que el acuerdo es también el resultado de la cooperación de Israel con la Administración saliente del presidente de EE.UU., Joe Biden, y la nueva Administración de Donald Trump. Dimisión de ministros Por su parte, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, dimitió este domingo en protesta por el acuerdo sobre la tregua. Otros dos ministros de su partido conservador, Otzmá Yehudit, también han renunciado del gabinete de Netanyahu «ante la aprobación del acuerdo imprudente». «Según la ley, anuncio mi dimisión al Gobierno. No volveremos a la mesa del Gobierno sin una victoria completa sobre Hamás y la plena consecución de los objetivos de la guerra», reza el mensaje de Ben-Gvir.

Rusia Today El Gobierno israelí ha aprobado el acuerdo con Hamás sobre el alto el fuego y la liberación de rehenes, informan la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu. «El Gobierno aprobó las líneas generales para el regreso de los secuestrados. El calendario de liberación de los secuestrados entrará en vigor el domingo 19 de enero de 2025″, reza el mensaje publicado en X. El documento ha sido apoyado por 24 ministros, mientras que ocho votaron en contra de su aplicación, precisan medios locales. La votación tuvo lugar luego de que el Gabinete de seguridad respaldara este viernes el acuerdo. El primer ministro Netanyahu señaló durante la reunión que su país cuenta con las garantías de Estados Unidos de que podrá volver a combatir al movimiento palestino en caso de que viole el acuerdo, informa Walla. El jefe de Gobierno informó que el presidente electo Donald Trump le había asegurado que, tras su investidura, Israel recuperaría los suministros de municiones que han sido detenidos, lo que Netanyahu calificó de importante, al tratarse de una «herramienta adicional» en caso de reanudarse las operaciones militares. Asimismo, el mandatario acusó a Hamás de impedir que se consensuara el acuerdo durante meses y destacó que los éxitos militares y acciones de Israel en la región, incluidas aquellas contra Irán, han obligado a Hamás a aceptar el acuerdo. Los negociadores del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes procedieron oficialmente a firmarlo el jueves en Doha, capital de Catar. Luego, esta información fue confirmada por la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Por su parte, Hamás anunció el viernes que a través de los mediadores había resuelto con la parte israelí todos los desacuerdos en el marco del tratado sobre el alto el fuego en la Franja de Gaza.