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Bogotá | Agencias Un millón y medio de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Colombia desde la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, según un informe Consejo Noruego para Refugiados (NRC) que prevé que este año se cierre con unos 260.000 nuevos desplazados, el doble que hace ocho años. En total, 5,1 millones de personas viven actualmente como desplazadas y la violencia no cesa en algunas zonas. La ONU estima que 8,4 millones de colombianos viven en zonas con presencia de grupos armados y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tiene registrados ocho conflictos internos en el país sudamericano. Como motivos de los desplazamientos, la población afectada cita amenazas, torturas, homicidios, combates armados, bombas, minas antipersona, reclutamiento forzado, violencia de género e incautación de tierras, recoge el estudio del NRC. El director de esta ONG en el país, Giovanni Rizzo, lamentó «si el desplazamiento fuera un termómetro de la paz, la salud de Colombia estaría fallando». Pese a que reconoce los «esfuerzos», ve de «vital importancia» que el Gobierno «acelere» la implantación del acuerdo de paz para frenar «inmediatamente» los desplazamientos. «El Gobierno colombiano y la comunidad internacional deben proporcionar el apoyo necesario para que las personas colombianas desplazadas puedan reconstruir sus vidas. Esto es clave para lograr una paz sostenible», reclamó Rizzo. Hasta el mes de octubre, sólo el 4 por ciento de los fondos solicitados por los actores humanitarios había sido asignado a la ayuda de comunidades.

Kabul | Agencias Al menos 10 personas murieron en un ataque cometido por hombres armados no identificados en una mezquita en la provincia de Baghlan, en el norte de Afganistán, confirmaron a la agencia de noticias EFE este sábado fuentes del Gobierno de los talibanes. El ataque en distrito de Nahrin, en Baghlan, en el norte de Afganistán, tuvo lugar la noche del jueves, según el portavoz adjunto del Gobierno talibán Hamdullah Fitrat. “Desafortunadamente, antes de anoche (jueves por la noche) en una mezquita y en una peregrinación durante la noche, diez personas que se quedaron para el culto fueron asesinadas por desconocidos”, dijo. Las comunidades sufíes en Afganistán a menudo pasan las noches en mezquitas como práctica de culto. Fitrat aseguró que se están llevando a cabo investigaciones para identificar y llevar a los autores ante la justicia por este “horrible incidente”, por el cual ningún grupo armado ha reclamado autoría. En los últimos tres años, desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán, el ISIS-Khorasan, la rama afgana del grupo yihadista Estado Islámico- ha reivindicado la responsabilidad de una serie de ataques contra minorías y miembros de los talibanes, convertido en la mayor amenaza de seguridad del país. Grupos minoritarios como la comunidad chiíta hazara y los practicantes sufíes han sido blancos frecuentes de la violencia por parte de los grupos extremistas que tratan de imponer una interpretación rígida del islam. El Gobierno de facto talibán ha negado insistentemente que el Estado Islámico sea una amenaza de seguridad para Afganistán o cualquier otro país, al tiempo que el hermetismo del régimen y los férreos controles sobre la prensa han cortado el flujo de información sobre la situación de seguridad del país.

Jerusalén | Agencias Al menos 66 gazatíes murieron y más de un centenar resultaron heridos este jueves en el bombardeo israelí de un edificio residencial próximo al hospital Kamal Adwan en la urbe de Beit Lahia, en el norte de Gaza, confirmaron fuentes médicas. Entre los muertos hay muchas mujeres y niños, en un ataque descrito por la agencia de noticias palestina Wafa de “masacre horrible”, mientras se teme que aún quedan cuerpos bajo los escombros ante la imposibilidad de los equipos de rescate de llegar a las casas destruidas. El personal médico de Kamal Adwan es quien está sacando a las víctimas de los escombros con sus propias manos debido a la falta de equipo y personal de rescate, según un comunicado del centro, en el que también denuncian que solo pueden proporcionar primeros auxilios debido a la falta de cirujanos especializados. “El hospital se convertirá en una fosa común si no hay una intervención urgente de las instituciones internacionales y no se introducen suministros médicos”, dijo su director, Hosam Abu Safiya. El centro fue allanado por tropas israelíes en octubre y el Ejército arrestó a más de 40 pacientes y personal médico, además de bombardear sus generadores de oxígeno. Otros ataques israelíes El ataque de esta madrugada en Beit Lahia ocurrió horas después de otro bombardeo israelí, que causó 22 muertos, en el barrio de Sheikh Radwan, a unos tres kilómetros al noroeste de ciudad de Gaza, según informó la agencia de noticias EFE. Además, el Ejército israelí dio por finalizada la incursión militar que mantuvo durante dos días en la gobernación de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada, en la que nueve palestinos han muerto por disparos de las tropas y en un bombardeo con un dron. La ofensiva israelí en el norte del enclave, retomada a principios de octubre, ha causado más de 2.000 muertos y unos 6.000 heridos, según fuentes palestinas. El Ejército asegura que sus tropas intentan evitar, por tercera vez, que milicianos de Hamás se reagrupen en esta zona, hoy asediada y con la mayoría de su población desplazada al sur. Los fallecidos en la Franja de Gaza por los incesantes bombardeos y ataques de Israel ascendieron este jueves a 44.056, después de que 71 personas perdieran la vida en la última jornada, según informó el Ministerio de Sanidad del enclave. El 80 % de la Franja de Gaza es una zona de alto riesgo para la población, denunció Philippe Lazzarini, director de la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos (Unrwa, por sus siglas en inglés).

Lima | Agencias Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte pasó a la clandestinidad después que la justicia peruana ordenara el martes prisión preventiva por supuesto tráfico de influencias, cohecho y por pertenecer a una organización criminal. Nicanor es buscado por las autoridades dentro y fuera del país, dado que no se presentó a la audiencia en la que el juez Richard Concepción Carhuancho emitió la decisión. De acuerdo con medios locales, se desconoce la ubicación del hermano de la mandataria desde el pasado domingo, cuando el Ministerio Público pidió que fuese detenido por riesgo de fuga, y él se conectó de «forma virtual» para ser parte del proceso legal que fue transmitido por televisión. El periodo de prisión preventiva que deberá cumplir es de 36 meses. La defensa de Boluarte dijo que apelará la decisión, mientras que él en el pasado ha negado los señalamientos en su contra. Las autoridades aseguran que luego de que Pedro Castillo fuera destituido de la presidencia por intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022, y asumiera Dina Boluarte, que para entonces era vicepresidenta, el hermano de esta ejerció un «poder de facto» para designar funcionarios. Concepción Carhuancho consideró que por su conexión con las «esferas de poder», Nicanor Boluarte podía intentar huir. Esta no es la primera vez que la justicia emite una orden de captura contra el hermano de la presidenta peruana. En mayo fue detenido por unas horas junto al abogado de la mandataria, Mateo Castañeda. El Poder Judicial indicó que Nicanor Boluarte había sido imputado de «influir en la designación de cargos en el departamento de Cajamarca y en organismos estatales para que fueran elegidas personas dispuestas a contribuir económicamente a la red corrupta que intentaba crear». También les habría exigido su colaboración en la recogida de firmas y los trámites necesarios para inscribir un nuevo partido político.

Washington | Agencias El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que tiene previsto declarar el estado de emergencia nacional y utilizar al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes. «Buenas noticias: según algunos reportes, la próxima administración de Donald Trump está preparada para declarar el estado de emergencia nacional y utilizar recursos militares para luchar contra la invasión (permitida por el presidente Joe) Biden a través de un programa de expulsiones masivas», escribió Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, en la plataforma Truth Social del republicano. El magnate que asume el cargo el 20 de enero respondió al mensaje con un «¡Es verdad!». La guardia nacional es un cuerpo militar bajo el mando del gobernador de cada estado que puede ser convocada para la protección del país en caso de conflicto o desastre. En abril Trump declaró que esta fuerza «debería ser capaz» de hacerse cargo de las expulsiones de migrantes en situación irregular. «Si no es así, utilizaría el ejército, es decir, las tropas federales”, declaró a la revista Time. Desde su victoria contundente en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, el republicano de 78 años ha dado pasos encaminados a aplicar las expulsiones masivas de migrantes, a quienes acusa de envenenar «la sangre» de Estados Unidos, de «infectar» el país, de comer mascotas, de ser «asesinos» y «salvajes», entre otros calificativos despectivos extremos. Durante los últimos días se apresuró a nombrar Tom Homan como «zar de la frontera». No detalló en qué consistirá el trabajo de este antiguo director de la agencia encargada del control de la inmigración (ICE) durante su primer mandato, pero el nombre del cargo habla por sí solo. Homan es partidario de mano dura en materia migratoria. Entre 2017 y 2018 supervisó una política que provocó la separación de 4.000 niños migrantes de sus padres. El presidente electo reforzó este nombramiento con otros dos halcones: Kristi Noem a la cabeza del departamento de Seguridad Interior, encargado de la protección de aduanas y fronteras y de la gestión de la migración y Mike Waltz como asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Las asociaciones de defensa de los derechos humanos están preocupadas por la suerte que pueden correr los más de 11 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos. Muchos economistas también han advertido que una expulsión masiva conlleva un costo exorbitante y tendría un impacto devastador para la economía estadounidense, que ya sufre una escasez de mano de obra.

Brasilia | Prensa Latina La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Gleisi Hoffmann, alertó este jueves sobre la gravedad de las explosiones ocurridas anoche frente a la Corte Suprema y la Cámara de Diputados, y los actos golpistas de 2023. “Los graves hechos de anoche en la Plaza de los Tres Poderes se repiten el escenario, los objetivos y la violencia del 8 de enero” (2023), escribió Hoffmann en la red social X. El auto con explosivos que detonó anoche “es de un candidato a concejal del PL (Partido Liberal, de Bolsonaro) de Santa Catarina (sureño estado). Son muchos los elementos que nos advierten de permanecer vigilantes en defensa de la democracia”, indicó la timonel del PT. Según la parlamentaria, “sabemos quiénes son sus enemigos y sabremos defenderla una vez más”. De acuerdo con los investigadores, el responsable del atentado en Brasilia es Francisco Wanderley Luiz, de 59 años y partidario del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Ante los atentados, el ministro de la Secretaría de Comunicación Social, Paulo Pimenta, rasgueó en X que “los ataques a las instituciones son ataques a la democracia y al pueblo brasileño” y “lo ocurrido fue muy grave”. Ratificó que el vehículo con explosivos pertenece a un miembro del PL y los expertos probablemente conformarán que se trata de la misma persona que intentó ingresar en el Supremo y más tarde murió al detonar los explosivos en las afueras de la corte. “Cada vez más, la defensa de la democracia, la lucha contra la intolerancia y la política de odio que ha contaminado a sectores de la sociedad se vuelven fundamentales”, insistió Pimenta. Investigaciones La Policía Federal anunció que investiga los estallidos junto con el Mando de Operaciones Tácticas, el Grupo de Intervención Rápida de la Superintendencia Regional, peritos y el grupo Antibombas, que analizan la seguridad en el lugar de los hechos. Una testigo dijo al sitio de noticias Metrópoles que vio al hombre pasar y lanzar los dos artefactos con pocos segundos de diferencia, sin decir nada. En la segunda explosión, el hombre murió ante los ojos de Lauana Costa, empleada del Tribunal de Cuentas brasileño. La Plaza de los Tres Poderes y la Explanada de los Ministerios fueron acordonadas por las fuerzas de seguridad, por temor a que hubiera otros artefactos. Los magistrados del Tribunal Supremo fueron evacuados por seguridad y se suspendió la sesión en el Parlamento. Numerosos coches de policía y vehículos de bomberos estaban en el lugar, y la zona fue despejada.

Moscú | Prensa Latina El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, catalogó este miércoles como una tentativa de contener la capacidad militar de Rusia, la apertura de una nueva base militar estadounidense en Polonia. Es el avance de la infraestructura militar de Estados Unidos en el territorio europeo hacia nuestras fronteras, dijo el vocero este miércoles en una comparecencia ante la prensa, al comentar la inauguración de otra base militar estadounidense en Polonia. Estados Unidos prevé abrir oficialmente esta jornada su nueva base militar en la localidad polaca de Redzikowo, a unos 180 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado, en la que podría desplegar sus misiles Tomahawk con capacidad nuclear con un alcance de dos mil 400 kilómetros. Peskov adelantó que su país tomará contramedidas para restablecer el equilibrio de fuerzas. Según la narrativa de Estados Unidos, la mencionada instalación es parte de su escudo antimisiles en Europa. Polonia forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el bloque bélico que encabeza Estados Unidos.