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Agencias y RT Los ecuatorianos votaron este domingo en contra de la vuelta de las bases extranjeras y de llevarse a cabo una asamblea constituyente en el país suramericano. En la jornada, se realizó un referéndum y una consulta popular, impulsados por el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, con los que se pretendía hacer cambios a la Constitución actual e, incluso, sustituirla. «Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado (…) Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos», se limitó a decir Noboa en un mensaje publicado en la red social X. ‘No’ a instalaciones de EE.UU. En primer lugar, se consultó a los ciudadanos: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras? A esa interrogante, de acuerdo con los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la opción del ‘No’ se alza con más del 60 % de los votos, mientras que el ‘Sí’ no llega al 40 %. La Constitución vigente en Ecuador, aprobada en 2008 tras ser redactada en un proceso constituyente durante la administración de Rafael Correa (2007-2017), establece expresamente en su artículo 5: «El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras». Pero el año pasado, Noboa presentó una iniciativa para cambiar ese artículo de la carta magna y reducirlo a: «El Ecuador es un territorio de paz». Su proyecto fue aprobado en junio pasado por la Asamblea Nacional y, por eso se sometió ahora a consulta a los ciudadanos. Previo a llevarse a cabo este referéndum, aún cuando los ecuatorianos no se habían pronunciado, estuvo de visita en Ecuador la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, recorriendo dos instalaciones militares para el potencial despliegue de bases de su país en la nación suramericana. Entre esas instalaciones estuvo la sede del Escuadrón de Combate N.° 2313, ubicada en la estación aeronaval de Manta, provincia de Manabí, donde operó, entre 1999 y 2009, una antigua estación castrense estadounidense. Noem también visitó la Escuela Superior de Aviación Cosme Rennella, en Salinas, provincia de Santa Elena, también con el mismo objetivo. Otros ‘no’ La mayoría de los ecuatorianos también dijeron que ‘No’ a temas relacionados con el financiamiento a los partidos políticos y reducir la cantidad de parlamentarios, al responder negativamente a las siguientes preguntas. En relación con la pregunta sobre los partidos políticos, lo que se pretendía con este referéndum era que estos se financiaran «con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes», según la información proporcionada por el CNE; mientras que la otra cuestión tenía la intención de reducir el número de legisladores, de los 151 actuales —cuota a la que se aumentó este año— a 73. Seguir con la misma Constitución La cuarta pregunta y única de consulta popular era sobre la pretensión de Noboa de convocar una constituyente para redactar una nueva Constitución que sustituyera a la del 2008. A esta interrogante, también más del 60 % de los votantes dijeron que ‘No’. Esta era: Noboa justificaba la realización de una constituyente alegando que la norma suprema vigente «protege a delincuentes». Previo a la consulta de este domingo se armó una polémica, puesto que el mandatario asomó la posibilidad de que la carta magna sea escrita con el uso de la inteligencia artificial (IA); no obstante, a raíz de las críticas, se retractó y dijo que «la Constitución no la escribirá la IA». Celebración Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que impulsó el ‘No’, celebraron los resultados. «Esta victoria pertenece al pueblo movilizado», dicen en un comunicado publicado en X, en el que agradecieron a los movimientos sociales, medios comunitarios, organizaciones y actores políticos que contribuyeron a «develar el verdadero carácter de esta consulta». En el texto también aprovechan para exigir al Gobierno «frenar el autoritarismo, violencia, populismo y las políticas que privilegian intereses privados». «No se puede usar el Estado para beneficio particular», agregan. Por su parte, el expresidente Correa destacó que la carta magna redactada bajo su administración «ha sido ratificada después de 17 años de vigencia». «Por primera vez en la historia de Ecuador una Constitución ha sido votada mayoritariamente por los ciudadanos dos veces. Esto marca un hito histórico. Ojalá sea el inicio de una definitiva estabilidad constitucional del país», escribió en X.

Página 12 Más de 13,9 millones de ecuatorianos están convocados este domingo a las urnas por el presidente del país, Daniel Noboa, para votar en un referéndum de cuatro preguntas, dos de ellas de particular trascendencia: instaurar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución y permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, con Estados Unidos como principal interesado. La votación se dará con el país sumido en la peor crisis de violencia de su historia, ubicado a la cabeza de Latinoamérica en el índice de homicidios, al proyectar que cerrará 2025 con unos 9.000, equivalentes a unos cincuenta homicidios por cada 100.000 habitantes, en medio del conflicto interno armado lanzado por Noboa contra las bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones. El mandatario, que fue reelegido en abril de este año hasta 2029, optó por jugarse la carta de abrir el proceso para una nueva Constitución al considerar que la actual carta magna no permite enfrentar al crimen organizado de la forma que le gustaría, ni tampoco facilita la llegada de inversiones ni la creación de empleo. En la práctica, será un plebiscito sobre la continuidad o no de la Constitución establecida en 2008 promovida por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), con la que sentó las bases de su proyecto político, pero criticada por Noboa al encontrar en ella límites a sus reformas. El gobernante lanzó su apuesta al ver que la Corte Constitucional anuló leyes emblema de su nuevo mandato, por contener disposiciones tramitadas de manera rápida y consideradas inconstitucionales por el alto tribunal. En caso de ganar el “Sí”, los ecuatorianos deberán volver a las urnas dos veces más, para elegir a los representantes de la Asamblea Constituyente y luego para aprobar o rechazar el texto de la nueva Constitución. Bases militares Por otro lado, el planteamiento para las bases militares extranjeras busca eliminar la prohibición que existe en la actual Constitución a estos emplazamientos y de ganar el “Sí” abriría la puerta a que Estados Unidos vuelva a tener una base en el Pacífico sudamericano. Los estadounidenses ya operaron una base militar en las Islas Galápagos durante la II Guerra Mundial para controlar el canal de Panamá y entre 1999 y 2009 estuvieron en la base de Manta para operaciones antidrogas, hasta que se vieron obligados a salir por la prohibición aún en vigencia. Las conversaciones entre ambos países van en la línea de establecer dos bases en la costa ecuatoriana: una militar y otra para asuntos de seguridad como narcotráfico y migración. A esto hay que sumarle que la campaña electoral, que finalizó el jueves, estuvo marcada por la llegada de los primeros presos a la nueva cárcel de máxima seguridad de Ecuador con la que Noboa busca replicar en el país el “modelo Bukele”, y por la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, para escenificar el interés del presidente Donald Trump en volver a tener en Ecuador una base militar. Tanto la base de Manta como la de Salinas, también en la costa, fueron inspeccionadas por Noem con el propósito de establecer un destacamento militar y una oficina de seguridad para asuntos como narcotráfico y migración, según lo señalado por el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg. Noboa quiso dar un golpe de efecto al inicio de la semana al trasladar los primeros presos a la prisión emblema de su política de seguridad, una de las promesas electorales del mandatario cuando llegó al poder en 2023. Allí llegaron los principales líderes criminales actualmente encarcelados y que encabezan las mafias y bandas a las que Noboa declaró la guerra desde 2024. Con uniformes naranjas, fueron rapados y recluidos en celdas de cemento pese a que la cárcel no está todavía terminada. Entre ellos estaba el exvicepresidente correísta Jorge Glas, sobre el que pesan tres condenas por corrupción, y al que se lo detuvo en 2024 en un asalto a la Embajada de México en Quito ordenado por Noboa después de recibiera asilo por parte del Gobierno mexicano. Fue el primero al que Noboa exhibió en fotos dentro de la cárcel, con un aspecto desaliñado y una expresión desconcertada, lo que enseguida despertó la indignación del correísmo, la principal fuerza de oposición contra el mandatario. El correísmo cerró filas para denunciar la humillación y el uso político de un preso que cuenta con medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para garantizar su salud y su vida. Asambleístas y financiación pública Las otras dos preguntas del referéndum plantean las reducción de la Asamblea Nacional (Parlamento) de 151 a 73 representantes y la eliminación de la financiación pública a los partidos políticos. No hay predicciones claras del resultado ni la repercusión que pueden tener las recientes protestas lideradas por el movimiento indígena contra Noboa y su decisión de eliminar el subsidio al diésel, que se prolongaron durante un mes y que concluyeron sin que el presidente diera su brazo a torcer y con dos manifestantes fallecidos en enfrentamientos con militares. Tanto el correísmo como el movimiento indígena han llamado a votar por el “No” como una forma de protesta contra Noboa. El viernes 490 personas mayores de 50 años y con una discapacidad física igual o superior al 75 por ciento, incluidas en el programa “Voto en casa”, ya participaron del proceso. El ‘Voto en casa’ es la expresión clara de una democracia que cuida, que acompaña y que no deja a nadie fuera ni atrás», sostuvo la presidenta de (CNE), Diana Atamaint, durante la inauguración de la jornada. El jueves, solo 1.032 presos sin sentencia firme se presentaron a votar de forma anticipada, de un total de más de 8.000 personas privadas de libertad habilitadas.

Rusia Today Tropas de EE.UU. adscritas al Comando Sur realizarán ejercicios militares conjuntos con las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago (TTDF, por sus siglas en inglés) entre el 16 y el 21 de noviembre, como parte de los acuerdos de cooperación militar entre los dos países, informó el Ministerio de Asuntos exteriores trinitense en un comunicado. «Esta colaboración es uno de los muchos ejercicios conjuntos que las Fuerzas Armadas de EE.UU. han realizado durante mucho tiempo en asociación con las TTDF», lo que «demuestra la sólida alianza» entre Puerto España y Washington, «basada en el respeto mutuo, y forma parte de la larga, fructífera y continua colaboración del país con el Comando Sur de EE.UU.», se lee en el texto.  Se detalla asimismo que «el objetivo principal del ejercicio es el intercambio militar, lo que permitirá al personal de ambos países familiarizarse con los equipos –incluidos helicópteros–, las tácticas y las técnicas del otro», al tiempo que se precisa que «el entrenamiento se llevará a cabo» en territorio de Trinidad y Tobago «tanto en entornos urbanos como rurales, con operaciones programadas al atardecer y durante la noche».  ¿Política interior? Las autoridades del país caribeño iniciaron su exposición alegando razones de política interior para justificar el despliegue, particularmente en lo que corresponde al combate a grupos de delincuencia organizada.  «Trinidad y Tobago sigue sufriendo el flagelo de los delitos con armas de fuego y la violencia de pandillas. Estos ejercicios intensificados forman parte de la estrategia coordinada del Gobierno de Trinidad y Tobago para garantizar que el personal de defensa esté óptimamente capacitado y equipado para abordar estos problemas en el ámbito nacional, que han tenido un impacto devastador en la sociedad», se puntualiza.  En la misma línea, las autoridades de la nación antillana argumentaron que «estas acciones dan cumplimiento a un compromiso clave del Gobierno, recogido en su programa electoral, para restablecer el orden».  Nueva escalada En la víspera, el secretario de Guerra de EE.UU., Peter Hegseth, anunció el inicio de la ‘Operación Lanza del Sur’, cuyo objetivo declarado es «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» al territorio estadounidense «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos. El alto funcionario no ofreció detalles acerca del alcance, ámbito preciso de operación, cantidad de tropas empleadas, tipo de armamento y duración del operativo.  Lo informado por el jefe del Pentágono encendió las alarmas entre miembros de la comunidad internacional.  Así, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que en Rusia esperaban «que no se tomen medidas que puedan llevar a la desestabilización de la situación en el Caribe y en torno a Venezuela», mientras que la vocera de la cancillería rusa, María Zajárova, advirtió que su país se opone a que EE.UU. use la fuerza contra el país bolivariano.  Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denuncióque ante la falta de evidencia creíble, Washington recurre «a la falacia» para justificar «un despliegue militar desproporcionado, extraordinario, movilizado bajo falsos pretextos».  Agresiones por parte de EE.UU. Desde agosto, la Casa Blanca mantiene desplegada una significativa fuerza militar frente a las costas de Venezuela, compuesta por buques de guerra, submarinos, aviones de combate y tropas, justificando estas acciones como parte de la lucha contra el narcotráfico. En ese operativo, los militares han bombardeado a distancia presuntas lanchas con drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, lo que ha dejado un saldo mortal de al menos 70 personas. En paralelo, Washington ha acusado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización de narcotráfico sin presentar pruebas que sustenten dicha afirmación. Falso pretexto de la lucha contra el narcotráfico Frente a las acusaciones estadounidenses, las autoridades venezolanas han articulado una respuesta unificada que rechaza el marco de confrontación bilateral y denuncia que se trata de una campaña de agresión multilateral. Maduro calificó las acciones de Washington como una campaña de desprestigio contra su administración para «justificar cualquier cosa» contra la nación bolivariana.  Afirmó que esta estrategia busca manchar la imagen de Venezuela y su revolución como pretexto para las agresiones, algo que «han hecho muchas veces». El mandatario venezolano ha explicado en repetidas ocasiones que las agresiones de EE.UU. contra Venezuela buscan «cambiar el régimen» en el país y apropiarse de su «inmensa riqueza petrolera». Condenas internacionales La postura venezolana ha encontrado respaldo en la comunidad internacional. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró que las acciones de EE.UU. «no conducirán a nada bueno». Calificando como inaceptables la destrucción de barcos sin «juicio ni proceso», el canciller señaló que «así actúan los países fuera de la ley». Asimismo, advirtió de que la política de la Administración Trump «no mejorará la reputación de Washington ante la comunidad internacional». Además, las operaciones militares, que han incluido bombardeos contra lanchas de escaso calado, han sido condenadas por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, así como por los Gobiernos de Colombia, México y Brasil. Expertos internacionales han calificado estos ataques como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional.

CNN en Español Cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a una mujer en una guardería de Chicago este mes, se desató una ola de indignación local por las tácticas de ICE. Pero también permitió vislumbrar la última iniciativa de control inmigratorio del Gobierno de Trump: un esfuerzo intenso para reprimir a los padres y tutores que pagaron para que sus hijos cruzaran la frontera. La detención de Diana Patricia Santillana Galeano, quien tras ser detenida por un control vehicular huyó al centro de cuidado infantil donde trabajaba, se produjo semanas después de que sus hijos, de 16 y 17 años, cruzaran la frontera entre Estados Unidos y México. Fueron trasladados a un albergue en el área de Chicago bajo la tutela del Departamento de Salud y Servicios Humanos, responsable de los menores inmigrantes que cruzan solos la frontera sur hasta que puedan ser ubicados con un patrocinador, como un padre o familiar, en Estados Unidos. Pero en lugar de propiciar su reencuentro con sus hijos, su llegada llevó al Gobierno a acusar a Santillana Galeano de tráfico de menores. El jueves fue puesta en libertad tras una orden judicial. “Continuaremos con sus trámites migratorios para que pueda permanecer en Estados Unidos”, declaró Charlie Wysong, uno de sus abogados. Altos funcionarios de la administración Trump se han centrado durante meses en los menores que cruzaron solos la frontera sur de Estados Unidos durante la presidencia de Joe Biden, cuando una oleada sin precedentes de niños desbordó los recursos federales. Medidas recientes, que involucran a múltiples agencias y que no se habían reportado anteriormente, indican que el Gobierno está intensificando la persecución contra estos niños y sus cuidadores. Hasta el momento, dos operativos lanzados este año contra padres, tutores o posibles cuidadores de menores migrantes han resultado en casi 3.000 arrestos, según datos federales revisados ​​por CNN. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró a CNN que los arrestos son “principalmente resultado de investigaciones de tráfico de personas en las que se encontró a un menor no acompañado en el marco de un incidente de tráfico”. El subsecretario de la Casa Blanca para asuntos políticos, Stephen Miller, y otros funcionarios de la administración que apoyan esta iniciativa la consideran una forma relativamente sencilla de acelerar las deportaciones de personas que, a diferencia de algunos migrantes, pueden ser fácilmente localizadas por el Gobierno, según dos personas involucradas en las conversaciones. Los funcionarios de Trump creen que también puede presentarse eficazmente como un esfuerzo humanitario, dado el peligroso viaje que muchos niños migrantes realizan para llegar a Estados Unidos. “A menos que plantemos un punto y digamos como nación que no vamos a aceptar esto, que no queremos que se introduzcan niños de contrabando a través de la frontera, esto va a continuar a menos que haya un castigo por ello”, dijo a CNN un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Como parte de ese esfuerzo conjunto, ICE lanzó esta semana una iniciativa con las fuerzas del orden estatales y locales, aprovechando los acuerdos vigentes para desplegar a las autoridades y realizar verificaciones de bienestar a menores, según supo CNN en exclusiva. La Iniciativa de Verificación de Seguridad de Menores No Acompañados (UAC, por sus siglas en inglés), como se la conoce, comenzó el lunes en Florida y se extenderá a todo el país. Otra operación, lanzada el mes pasado, amplía esa iniciativa al encargar a los agentes de Seguridad Nacional el arresto de los patrocinadores si se encuentran ilegalmente presentes en Estados Unidos, utilizaron a un contrabandista o tienen antecedentes penales, entre otras circunstancias, según dos de las fuentes. Se ha ordenado a los funcionarios que estudien si pueden presentar cargos, como contrabando si procede, contra esos cuidadores, dejando a los niños a su cargo en un limbo legal o potencialmente devueltos a la custodia de Estados Unidos. “ICE HSI utiliza su autoridad y las leyes federales para procesar a cualquier persona u organización que haya cometido un delito, incluyendo, entre otros, cualquier violación de la ley federal de inmigración. Hemos sido claros: toda persona que no esté legalmente autorizada a estar en este país está sujeta a deportación”, declaró el portavoz en un comunicado.

Prensa Latina Belgrado, 12 noviembre (Prensa Latina).- El presidente serbio, Aleksandar Vucic, afirmó hoy que las naciones europeas se alistan para un posible conflicto militar con Rusia, durante una intervención en la televisión Pink. Al analizar los hechos, concluyo que una guerra entre Europa y Rusia es cada vez más evidente. Todos se preparan para ella, declaró el mandatario, citando advertencias de altos mandos militares franceses. Vucic subrayó que Serbia se encuentra en una posición compleja, entre los objetivos de las potencias occidentales y Rusia. Ante esta situación, abogó por una política de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas serbias para garantizar la defensa nacional. Debemos continuar fortaleciendo el Ejército. Nos armamos con inteligencia. Necesitamos seguir invirtiendo importantes recursos para proteger a nuestro país, puntualizó el jefe de Estado. Expertos en geopolítica coinciden en que la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este alimenta las tensiones. Esta política agresiva, señalan, busca cercar a Rusia y desestabilizar la región, creando condiciones para un enfrentamiento de consecuencias impredecibles. La situación recuerda las advertencias de figuras como el húngaro Péter Szijjártó, quien alertó sobre el alto riesgo de conflicto en los Estados Bálticos. Analistas independientes critican que estas acciones de la alianza atlántica solo benefician a los complejos militares-industrialest.

Prensa Latina Quito, 11 noviembre (Prensa Latina).- El movimiento Revolución Ciudadana (RC), de Ecuador, consideró como una humillación la forma en que el presidente, Daniel Noboa, expuso públicamente la imagen del traslado del exvicepresidente Jorge Glas, a una nueva cárcel de máxima seguridad. “No puedes ser más miserable porque no es posible”, escribió la presidenta de la organización, Luisa González, en su cuenta de X luego de que Noboa mostrara al exvicemandatario con uniforme naranja llegando la prisión junto al mensaje de que próximamente llegarán al nuevo centro penitenciario otros criminales. El expresidente Rafael Correa también cuestionó el accionar del mandatario a quien llamó de “sinvergüenza” por crear un “show”. En tanto, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, envió un mensaje de solidaridad al exvicepresidente, a quien deseó “que se haga justicia de verdad”. Por su parte, la asambleísta Viviana Veloz denunció que Noboa recurre a Glas como herramienta política de cara a la consulta popular del próximo domingo 16 de noviembre. “Cada vez que los números le van mal, usa a Jorge Glas como su trofeo. No hay humanidad, solo miseria. Cuando el poder pierde el alma, la crueldad se vuelve su lenguaje”. El exvicegobernante, que se encontraba detenido en la cárcel de La Roca, en Guayaquil, fue uno de los 300 prisioneros trasladados a la nueva cárcel de máxima seguridad ubicada en la provincia costera de Santa Elena. La abogada Sonia Vera, del equipo legal de Glas, calificó el hecho como un desacato a las medidas provisionales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos concedió al exvicepresidente, que prohíben su exposición pública y exigen garantizar su integridad física. En su opinión, la publicación de imágenes de Glas en prisión, “acompañadas de expresiones de burla y escarnio”, no fue un exceso comunicacional, sino un acto de Estado que compromete la responsabilidad internacional de Ecuador. Aunque fue el único recluso de los traslados expuestos públicamente, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, señaló este martes en entrevista con un medio local que Glas es un privado de libertad más y no tiene por qué haber diferencias respecto a otros reos. Glas, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o lawfare en Ecuador, recibió de forma temporal la prelibertad el 28 de noviembre de 2022 luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos, sin embargo, la medida fue revocada. Luego, la justicia lo condenó a 13 años de privación de libertad por la supuesta responsabilidad penal en contratos relacionados con la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016. El exfuncionario estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de 2024, día en que uniformados entraron violentamente en la legación diplomática y lo aprehendieron, pese a contar con asilo por parte del entonces Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Página 12 La “guerra contra el narcotráfico” de Donald Trump ya no distingue fronteras ni rostros. El domingo, buques estadounidenses abrieron fuego contra dos lanchas en el Pacífico oriental y dejaron seis muertos. Con ellos, ya son 76 las víctimas desde que comenzó la ofensiva naval en septiembre. Hasta ahora, no hay una sola prueba que los vincule al narcotráfico. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el operativo en la red X como quien informa un trámite cumplido: “Los seis murieron. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida”. No dio nombres, ni edades, ni nacionalidades. Solo la etiqueta de siempre: “transportaban narcóticos”. Ninguna prueba. Una guerra sin rostro ni juicio Donald Trump justificó los ataques con una carta al Congreso en la que declaró a Estados Unidos en “conflicto armado” con los cárteles latinoamericanos. El documento le da cobertura legal para ordenar bombardeos en aguas internacionales sin aprobación ni control judicial. Desde el Pentágono, repiten que las embarcaciones eran “operadas por organizaciones terroristas designadas”. Pero nadie sabe quiénes eran. Ni los nombres de los supuestos grupos ni los de las víctimas figuran en los partes oficiales. La ofensiva se concentra en el Caribe y el Pacífico, justo cuando crece la presencia naval estadounidense frente a las costas de Venezuela. Desde Caracas denuncian que el operativo busca desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro más que combatir el narcotráfico. Mientras tanto, los cuerpos aparecen dispersos, «flotando» entre versiones «oficiales». 

Prensa Latina Santa Marta, Colombia, 10 noviembre (Prensa Latina).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió hoy aquí sobre la creciente presencia militar de potencias extranjeras en el Caribe, refiriéndose específicamente al movimiento de tropas y buques estadounidenses en la región. «América Latina y el Caribe deben ser una zona de paz, sin espacio para bases extranjeras ni intervenciones armadas», afirmó Lula durante la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño (Celac) y la Unión Europea (UE), que se celebra en esta ciudad colombiana de Santa Marta. Su declaración, de tono crítico y enfático, resonó entre los jefes de Estado y de Gobierno presentes, en un momento de creciente tensión geopolítica global. El mandatario brasileño sostuvo que los conflictos regionales deben resolverse por medios diplomáticos y políticos, con respeto a la autodeterminación de los pueblos. Alertó sobre «la peligrosa reactivación de dinámicas propias de la Guerra Fría» en el hemisferio occidental y defendió la autonomía política y militar de América Latina frente a las potencias. Lula subrayó que la región no puede seguir dependiendo de decisiones externas y urgió a los 33 países de la Celac a fortalecer su unidad como condición indispensable para enfrentar los desafíos globales. «Solo unidos podremos garantizar un desarrollo soberano, justo y sostenible», reafirmó. Ponderó la importancia del regreso de Brasil a la Celac, tras años de distanciamiento diplomático, y propuso reconstruir puentes entre las naciones vecinas para impulsar el comercio, la ciencia, la cultura y las políticas sociales. «América Latina necesita hablar con una sola voz y ocupar el lugar que le corresponde en el escenario internacional», enfatizó. Por otra parte, abogó por una participación activa de los países de la región en la construcción de una nueva gobernanza global en la cual el Sur Global tenga mayor poder de decisión. Consideró que el modelo actual es injusto y excluyente, y que perpetúa las desigualdades. «Necesitamos un nuevo orden internacional que priorice el diálogo, la solidaridad y el desarrollo con justicia social», subrayó. El líder progresista defendió asimismo el fortalecimiento de las democracias y el combate a la pobreza mediante políticas públicas inclusivas. «La verdadera integración regional comienza en casa, con respeto a los derechos humanos y un compromiso real con el bienestar de nuestra gente», concluyó Lula antes de regresar a Brasil para participar mañana en la apertura de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima (COP30) en Belém, capital del amazónico y norteño estado de Pará.

DW El total de muertos a causa de la ofensiva israelí en Gaza superó este sábado (08.11.2025) los 69.000, tras la última actualización del Ministerio de Sanidad del enclave -controlado por Hamás-, que añadió a casi 300 personas cuya defunción aún no había registrado. «Se han añadido 284 muertos a la estadística acumulativa de fallecidos, cuya información fue completada y aprobada por el Comité Gubernamental para la acreditación de muertos entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre de 2025», informó un comunicado, que cifra el total en 69.169. Son personas que fallecieron antes del inicio del alto el fuego en Gaza, pero por distintos motivos aún no figuraban en el registro de Sanidad de Hamás, considerado un grupo terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otras naciones, que añade los fallecidos a su recuento cuando estos figuran en las bases de datos de los hospitales. «Algunos fueron enterrados sin llegar a pasar por los hospitales, otros están bajo los escombros. Algunos llegaron a los hospitales, pero no tenemos registros de ellos», explicó el director de la unidad de Sanidad a cargo del recuento de fallecidos, Zaher al Waheidi. Proceso para confirmar defunciones El funcionario relató que el proceso para que estas personas entren a figurar en el recuento total de fallecidos parte de una denuncia de sus familias a través internet, utilizando un enlace provisto por en ministerio de Sanidad. Una vez presentan la denuncia, reciben un mensaje de texto para comparecer ante un tribunal con pruebas y testigos. De conseguir que este tribunal confirme la muerte de la persona por la que se presentó la denuncia, los documentos presentados por el denunciante se envían a un comité a cargo de verificar los datos del fallecido. Este comité debe verificar que el fallecimiento de la persona en cuestión está relacionado con la guerra, fruto de un ataque directo del Ejército de Israel. De confirmarse, los denunciantes reciben otro mensaje de texto y pueden obtener una notificación y, posteriormente, el certificado de defunción de manos de las autoridades. En total, 241 palestinos han muerto en ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza el pasado 10 de octubre. Además, 614 han resultado heridos, según el reporte. En este tiempo, los rescatistas gazatíes han logrado además recuperar los cadáveres de 522 personas tanto de entre los escombros como de otros lugares de difícil acceso.

Prensa Latina Belém, Brasil, 7 nov (Prensa Latina) El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó hoy que los líderes políticos mundiales actuales deben decidir si el siglo XXI estará marcado por catástrofes climáticas o una reconstrucción inteligente en términos de sostenibilidad.  Al intervenir en la sesión temática de transición energética de la Cumbre de Líderes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima (COP30), Lula criticó además las guerras en diferentes regiones del planeta, citando el conflicto entre Rusia y Ucrania en Europa del Este. Esta contienda bélica revirtió años de esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentó la reapertura de minas de carbón, refirió. «Gastar el doble en armas de lo que destinamos a la acción climática está allanando el camino para el apocalipsis climático», insistió. Tras reunirse con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, el gobernante anfitrión continúa este viernes su agenda de reuniones bilaterales con los líderes presentes en el segundo y último día de la Cumbre de Líderes. Lula tiene además previstos encuentros con los primeros ministros de Alemania, Friedrich Merz, de Portugal, Luís Montenegro, y de Mozambique, Daniel Chapo. Se espera que Alemania anuncie su contribución al Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales (TFFF). En total, 34 países con bosques tropicales respaldaron la Declaración del TFFF, que abarca casi el 90 por ciento de los bosques tropicales en países en desarrollo, incluidos Indonesia, la República Democrática del Congo y China. La propuesta consiste en recaudar 25 mil millones de dólares de países inversores. La expectativa que esta contribución atraiga capital del sector privado y, por lo tanto, recaude 125 mil millones de dólares para invertir en la conservación de los bosques tropicales. Brasil anunció una contribución de mil millones de dólares. Noruega se comprometió a aportar tres mil millones en los próximos 10 años, sujeto a condiciones, e Indonesia contribuirá con mil millones. Francia indicó que podría invertir hasta 577 millones de dólares para 2030. Portugal anunció una contribución de un millón. La jornada de la cumbre arrancó este viernes con una foto de familia de los líderes mundiales. En paralelo a la sesión plenaria, se celebrarán dos mesas de trabajo temáticas que estarán presididas por Lula. Aparte de la transición energética, uno de los asuntos más espinosos de las negociaciones ambientales, la segunda abordará los 10 años del Acuerdo de París y revisará las metas climáticas. Los países tenían que presentar sus nuevos compromisos hasta el pasado febrero, pero por el momento solo lo han hecho unos 70, cuando apenas faltan tres días para el inicio formal de la COP30, que se extenderá hasta el día 21.