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La Paz, 29 de noviembre (El Nuevo Cambio).- El Ministerio Público imputó al hijo del expresidente Luis Arce Catacora, Rafael Arce Mosqueira, por enriquecimiento ilícito con afectación para el estado, en la compra de más de 2.800 hectáreas de tierra en el predio “Adán y Eva” en el departamento de Santa Cruz. La información la proporcionó el fiscal general Roger Mariaca que dijo que la imputación formal contra el hijo de Arce Catacora y otras personas se emitió en la Fiscalía Departamental de La Paz que atenderá ese caso. Explicó que la imputación formal fue presentada ante el órgano judicial que deberá atender la denuncia y fijar fecha para una audiencia de medidas cautelares, en la fecha que considere conveniente. Según el fiscal general, además del delito de enriquecimiento ilícito, la denuncia también incluye otros delitos de tipo penal. “Estamos solicitando la medida excepcional de detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro, en La Paz”, añadió. El proceso contra el hijo del expresidente comenzó el año 2024, pero fue archivado, sin embargo, se reactivó este año porque Rafael Arce con apenas 25 años, a un año y medio de dejar la función pública, compró la propiedad denominada “Adán y Eva” por un monto superior a los 3,3 millones de dólares.

La Paz, 27 de noviembre (El Nuevo Cambio).- La Central Obrera Boliviana (COB) advirtió con asumir medidas de presión en defensa de los intereses de las mayorías nacionales y denunció al gobierno de Rodrigo Paz Pereira por favorecer a los empresarios y millonarios del país. La determinación fue adoptada en un ampliado nacional, realizada en la sede de los trabajadores mineros, con la participación de todos los dirigentes de las organizaciones nacionales afiliadas a esa organización matriz. El ejecutivo de la COB, Mario Argollo criticó al final de los debates, la eliminación del impuesto a las grandes fortunas y afirmó que el gobierno de Rodrigo Paz “solo gobernará para la clase burgués”. Se refirió a la decisión del gobierno de eliminar los cuatro impuestos, todos en beneficio de los empresarios, “lo que demuestra una clara intención de favorecer a los que más tienen y no a los necesitados, a las grandes mayorías”. ‎Argollo manifestó que, con estas decisiones, “se ve claramente la intención del Gobierno de Paz Pereira de trabajar solo para los empresarios millonarios y no así para la clase proletaria, para los pobres”. Denunció que las decisiones del Gobierno son “atentatorias a los trabajadores y a las personas con menores ingresos económicos”. “Lamentablemente, hemos visto que al Gobierno central se ha quitado la máscara”, dijo.

La Paz, 27 de noviembre (El Nuevo Cambio).- Los panificadores federados determinaron cobrar el precio del pan de batalla desde hoy a 0,80 centavos, por la falta de acuerdo con el gobierno y porque no se les entrega harina, a pesar de acuerdos y compromisos. El dirigente de la Conapabol, Rubén Ríos, explicó que el ajuste se aplicará a todas las variedades de pan y se implementará de manera uniforme en todas las federaciones (siete en total) que conforman la confederación. “No hay vuelta atrás”, afirmó el dirigente al manifestar que el gobierno evitó lograr un acuerdo con el sector panificador e incumplió los compromisos con ese sector para la entrega de harina, a fin de mantener el precio del pan a 0,50 centavos.

Sucre, 26 de noviembre (El Nuevo Cambio).- Los magistrados autoprorrogados cesaron en sus funciones obligados por las denuncias y críticas en su contra, mientras una sala penal de la Guardia en el departamento de Santa Cruz emitió un mandamiento de aprehensión para cuatro de ellos. Los cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y dos del Tribunal Supremo de Justicia, permanecieron ilegalmente en sus cargos desde el 1 de enero de 2024, se aferraron a sus cargos solo por intereses políticos y su cercanía y complicidad con el expresidente Luis Arce Catacora. Su cesación se produjo, aunque ellos intentaron resistirse hasta el último momento, luego de resoluciones emitidas por la sala plena del TCP, como de las salas constitucionales de los departamentos de Potosí y Santa Cruz. Las salas departamentales dispusieron el cese inmediato de funciones, suspendieron sus salarios y prohibieron el uso de bienes y acceso a las instalaciones judiciales en la capital del Estado Plurinacional, Sucre. Los cesados son Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo Sejas, del TCP y Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Égüez Añez del TSJ. Asimismo, un juez de la localidad de la Guardia en el departamento de Santa Cruz, emitió órdenes de aprehensión y arraigo contra los magistrados autoprorrogados en el marco de acciones populares presentadas en su contra. Con el gobierno de Luis Arce Catacora nadie dijo nada, menos la derecha, que tampoco presionó para el alejamiento de los autoprorrogados que tuvieron, al parecer, entre otros, el objetivo político de proscribir de las elecciones nacionales al expresidente Evo Morales Ayma y quitarle la sigla del MAS-IPSP para entregarlo al gobierno. Entre tanto, una información del periódico digital Urgente.bo afirma que fuentes de inteligencia de la Policía Boliviana dijeron que Yvan Espada, magistrado prorrogado cesado este martes, dejó la noche de ayer la ciudad de Sucre con destino a Cochabamba y luego a La Paz. Se estima que podría haber salido del país, por la frontera con el Perú. “Personal del Aeropuerto Alcantarí informa el registro de información sobre la lista del Sr. Rene Yvan Espada, Magistrado Tribunal Constitucional Plurinacional, con vuelo 575- BOA de Transito Cochabamba destino La Paz a horas 16:10”, dice el reporte.

La Paz, 24 de noviembre (El Nuevo Cambio).- La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado nacional para este miércoles 26 de noviembre y se adelantó a rechazar cualquier modificación que pretenda realizar el gobierno al régimen laboral vigente en el país. La advertencia la hizo en referencia a informes aún extraoficiales sobre un presunto cambio de la Ley General del Trabajo al del Estatuto del Funcionario Público para los trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Empresa Nacional de Electrificación (ENDE). De acuerdo a la información, un borrador de decreto supremo que circula en ambas empresas plantea que los trabajadores pasen de la Ley General del Trabajo al Estatuto del Funcionario Público (Ley 2027). Los sindicatos advierten que este cambio podría afectar derechos laborales y limitar la organización sindical. Esa posibilidad estaría orientada a “institucionalizar” ambas empresas y contemplaría además la eliminación de los sindicatos internos, razón por la cual, la COB llamó a un ampliado nacional de emergencia para el miércoles en La Paz y alertó que esta medida podría extenderse a otras empresas estatales.

Santa Cruz, 23 de noviembre (El Nuevo Cambio).- La expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, rechazó en una declaración pública tener tierras en el oriente y exigió al gobierno, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), transparentar toda la información. «No tengo absolutamente nada que ocultar», afirmó al recordar que fue una de las primeras autoridades durante el gobierno de Evo Morales en transparentar sus cuentas bancarias, bienes materiales y todo lo que se quiera investigar. Algunas versiones que aparecieron en las redes sociales a las que calificó como malintencionadas e irresponsables señalaban que la ex senadora era propietaria de hectáreas de tierras fiscales en el departamento de Santa Cruz. Salvatierra exigió al Gobierno que instruya al INRA a verificar documentalmente si ella o su padre han accedido a “un solo centímetro de tierra o dotación fiscal otorgada por el Estado” y afirmó: “No tengo adjudicaciones, no tengo tierras fiscales y no tengo absolutamente nada que ocultar”. Además, lamentó que algunas personas vean la política “como una podredumbre” y advirtió que “la guerra sucia vive de rumores, pero la verdad vive de documentos”.

RT El exsacerdote uruguayo Juan José Sant’Anna, quien permaneció prófugo durante casi dos décadas a pesar de que su paradero era conocido, podría enfrentar una pena de 30 años si se comprueba que abusó sexualmente de por lo menos 30 niños que vivían en un internado en Bolivia. Así lo confirmó esta semana el diario El País (Uruguay) al revelar los pormenores de un caso judicial que ha provocado una conmoción en ambos países y que sigue en trámite, ya que Bolivia está a la espera de que Uruguay extradite al excura de 54 años que también es conocido como Juan José Santana Trinidad y que ha reconocido que sí cometió los delitos que se le imputan. La historia, que tuvo repercusión internacional, estalló en agosto pasado, cuando el mismo medio recordó que Sant’Anna vivía en la ciudad de Salto, ubicada a 500 kilómetros de Montevideo, y le fue a tocar la puerta para comprobar que se trataba del mismo sacerdote imputado de «abuso deshonesto agravado» en Bolivia. Varios medios bolivianos y uruguayos habían reportado que el exsacerdote se encontraba en Salto y que vivía con sus padres. Algunos incluso fueron a entrevistarlo, pero el procedimiento judicial recién avanzó en septiembre de este año, cuando la Interpol emitió una orden de captura internacional, lo que permitió que fuera detenido y que se iniciara un trámite de extradición en medio de las renovadas denuncias de las víctimas, que hoy son hombres adultos. Los motivos por los cuales Sant’Anna dejó de ser cura no son claros, ya que todavía no se ha confirmado si las autoridades eclesiásticas lo expulsaron debido a sus delitos o si renunció al sacerdocio, como él mismo aseguró en una entrevista. ¿Qué pasó? El imputado llegó a Bolivia en 2005, cuando tenía 34 años, y se ordenó como sacerdote ya que no tenía experiencia religiosa previa en Uruguay. Luego lo designaron al frente del internado Ángel Gelmi, ubicado en el poblado de Tapacarí, uno de los más pobres del país, y en el que vivían cientos de niños y niñas huérfanos o de familias vulnerables que preferían dejarlos ahí para que tuvieran educación y comida. Dos años después, una monja recopiló y envió a las autoridades los testimonios de internos de entre seis y 18 años que contaban las agresiones sexuales del cura, quien solía llevarlos a su habitación para abusar de ellos. A fines de noviembre de 2007, cuando se emitió la primera orden de aprehensión en su contra, huyó a Uruguay. En 2011 se ordenó una segunda orden de captura, aunque las autoridades bolivianas no presionaron para que se cumpliera y las uruguayas tampoco actuaron a pesar de que era público que el excura vivía en Salto.

La Paz, 19 noviembre (El Nuevo Cambio).- El exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, fue enviado a la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz, acusado por delitos de uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito. La decisión del juez que atendió la causa establece que, ante el riesgo de fuga y obstrucción, se dispone la detención preventiva durante seis meses, mientras se realizan las investigaciones a cargo del Ministerio Público, por los delitos denunciados. El fiscal anticorrupción asignado al caso, Aldo Meza dijo que la imputación está debidamente fundamentada y respaldada y que existen indicios que vinculan al procesado por corrupción en coordinación con el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, quien presuntamente le entregó 40 mil bolivianos. Explicó que el caso contra el ex dirigente, comenzó el pasado 17 de octubre y que la decisión de emitir el mandamiento de detención se sustentó en la existencia de elementos de convicción, además de riesgos procesales. La información contra Huarachi proviene de una testigo convocada en un caso anterior, que también mencionó a otras autoridades, y ahora se indaga si estos presuntos pagos no solo provinieron de ese ministerio, sino también de otras instituciones públicas.

Lauca Eñe, 16 de noviembre (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, dijo que las determinaciones de la denominada “Cumbre Judicial” en Santa Cruz, buscan volver, como en el pasado, a cuotear la designación de los jueces en Bolivia y tener el control en todos los procesos judiciales. La afirmación la hizo durante el programa radial “Evo es pueblo, líder de los humildes, que se transmite todos los domingos, desde las 7.00 de la mañana, por Radio Kausachun Coca, desde la localidad de Lauca Eñe, en el municipio de Sinahota en el trópico de Cochabamba. El encuentro judicial realizada en la ciudad de Santa Cruz, entre otras determinaciones, propuso modificar el sistema de elección para que se realice en el Congreso, a partir de ternas de profesionales con perfiles técnicos, en lugar del voto popular directo. También se sugirió la cesación de los magistrados del TCP que continúan ejerciendo funciones por ampliación de mandato constitucional (autoprorrogados) y “el incremento a corto plazo del presupuesto de la justicia que alcance a un 5 por ciento del Tesoro General de la Nación (TGN) para consolidar la independencia y hacer que el Órgano Judicial se desligue del poder político”. El exmandatario afirmó que, en el pasado, toda la mega coalición se distribuía los cargos de los jueces y que la última palabra para la elección de las autoridades de la Corte Suprema, la tenían los jefes de los partidos. Dijo que, en el pasado, el MNR, ADN y el MIR tenían los nombres de quiénes serían las autoridades en la magistratura, se repartían los cargos, lo que significaba que ellos controlaban la justicia y tenían el poder de manejar todos los procesos a su antojo. Aclaró que cualquier modificación en ese sentido, en la Constitución Política del Estado, debe tener la aprobación de dos tercios del voto del pueblo, de lo contrario será una decisión ilegal, inconstitucional y a espaldas del pueblo boliviano.