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Página 12 Por Luciana Bertoia Veinte años después de la reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad, las investigaciones siguen detectando nuevas víctimas y echando luz sobre el comportamiento de los victimarios. En esa línea, el juez federal Ariel Lijo procesó a 34 represores por crímenes cometidos en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Entre otros están Alfredo Astiz y Jorge Eduardo Acosta, ya condenados a prisión perpetua. Lijo dictó procesamiento contra Acosta (84), jefe de inteligencia del grupo de tareas 3.32 y otros de sus integrantes como Randolfo Luis Agusti Scacchi (84), Juan Arturo Alomar (77), Paulino Oscar Altamira (78), Astiz (73), Juan Antonio Azic (83), el médico Carlos Octavio Capdevila (79), Carlos Néstor Carrillo (68), Carlos Mario Castellví (78), Ricardo Miguel Cavallo (73), Rodolfo Oscar Cionchi (76), Daniel Néstor Cuomo (75), Juan de Dios Daer (74), Hugo Enrique Demario (80), Jorge Manuel Diaz Smith (79), Adolfo Donda (79), Miguel Ángel García Velasco (78), Alberto Eduardo González (74), Orlando González (79), José Ángel Iturri (68), Luis Ambrosio Navarro (72), Víctor Roberto Olivera (74), Antonio Pernías (78), Héctor Francisco Polchi (79), Jorge Carlos Radice (73), Miguel Ángel Alberto Rodríguez (78), Juan Carlos Rolón (76), Néstor Omar Savio (79), Carlos Guillermo Suárez Mason (75), Ramón Roque Zanabria (70) y Hugo Héctor Siffredi (77). El procesamiento también incluye al abogado Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa (80), un civil que frecuentaba la ESMA, al menos, entre septiembre de 1976 y septiembre de 1978. Torres de Tolosa estaba emparentado con el “Tigre” Acosta y dentro del campo de concentración era conocido como “Teniente Vaca”. Según los sobrevivientes, solía estar todos los días en el casino de oficiales. Su presencia incluía, de acuerdo con los testimonios, la participación en las torturas e interrogatorios. Estuvo también involucrado en la microfilmación de los documentos que producía el grupo de tareas y participó de los vuelos de la muerte. Adolfo Scilingo relató que el “Teniente Vaca” lo ayudó a desnudar personas antes de ser arrojadas a las aguas del Río de la Plata. Eugenio Batista Vilardo (87) también fue procesado. Vilardo, entonces capitán de corbeta, era funcionario de la Cancillería, que estaba bajo la órbita de la Marina. Además, frecuentaba el campo de concentración de la ESMA. Como destaca Lijo en su resolución, la misión de Vilardo era lavar la cara de la dictadura frente a las denuncias internacionales que señalaban que en la Argentina se secuestraba, torturaba y desaparecía. Eso se hacía a través de distintas iniciativas, como el Centro Piloto de París –una embajada paralela al servicio de Emilio Eduardo Massera– y de la utilización de prisioneros que eran llevados, como mano de obra esclava, a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. “Pareciera entonces que todo aquel que, formando parte de la estructura del poder y teniendo la función específica de convencer al extranjero de que las denuncias recibidas eran completamente infundadas y carentes de sustento, pero que a la vez conocía claramente el carácter de ‘detenidos’ que estaban en la Escuela de Mecánica de la Armada, no podía sustraerse a su responsabilidad, participación y colaboración con los hechos en estudio», escribió el juez. Si bien los represores ya fueron juzgados por crímenes en la ESMA, el criterio que siguió el juez fue el de volver a indagarlos por casos por los cuales no habían tenido que responder con anterioridad. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los secuestros del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz –que incluye a las Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas–, del periodista Rodolfo Walsh y de la adolescente sueca Dagmar Hagelin. Lijo incorporó más de 150 casos que surgieron durante las declaraciones en los juicios que se vienen sustanciando desde 2007 por lo sucedido en la ESMA. A pedido de las querellas y la fiscalía, consideró víctimas a niños y niñas que fueron llevados al campo de concentración cuando secuestraron a sus padres o madres. La furia del mentor de Villarruel Esta decisión encolerizó al “Gato” González, un personaje clave para el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), ya que es considerado el “mentor” de la vicepresidenta Victoria Villarruel a tal punto que Cecilia Pando dijo que era él quien escribió un libro que ella firmó. González es historiador. Tiene tres condenas por crímenes en la ESMA. La tercera fue por haber sometido a abusos sexuales a Silvia Labayru. “Lo de los bebés es un cuento chino”, se despachó González en su declaración, que, a contramano de la evidencia, dice que en la ESMA no se robaban a los hijos de las detenidas-desaparecidas. Según su versión de los hechos, los chicos eran entregados a la Policía Federal Argentina (PFA) para que los llevaran al hospital de niños. Estaba muy molesto con el juez porque, por ejemplo, se había juzgado antes el secuestro de la madre y el asesinato del padre, pero recién ahora se contemplaba a la niña como caso. “La Secretaría de Derechos Humanos impulsó esto para mantenernos presos”, se quejó amargamente Gonzálezante los funcionarios del juzgado federal 12 de Comodoro Py. Despotricaba, claro está, contra la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno del Frente de Todos, ya que la actual se quedó sin abogados querellantes en la mayoría de las causas. La indagatoria fue en 2023, cuando todavía Javier Milei y su discípula Villarruel no habían llegado al gobierno.  En ese momento, González ya protestaba porque una nueva indagatoria le generaba estrés y le acortaba la esperanza de vida mientras hablaba de las “groseras violaciones al debido proceso y la injusticia inherente”. Ahora, González está pidiendo que lo manden a su casa.  El objetivo de salir de la cárcel El miércoles, hubo una audiencia en los tribunales de Comodoro Py para examinar los pedidos de González y Donda para que les otorguen prisión domiciliaria, y de Radice para acceder a la libertad condicional. Las solicitudes deberán ser analizadas por Daniel Obligado, juez del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, que los juzgó y condenó. Donda –condenado por crímenes en la ESMA y por haber sido

DW Actualidad La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declaró que espera que el boxeador Julio César Chávez Jr. sea deportado a México para cumplir una condena por tráfico de armas y crimen organizado, tras ser detenido en Estados Unidos por autoridades migratorias. Julio César Chávez Jr. tiene orden de arresto en México El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicó que la semana pasada se determinó que Chávez se encontraba en el país ilegalmente, tras realizar declaraciones fraudulentas en una solicitud de residencia permanente en 2024. «La mayoría del tiempo estaba allá en los Estados Unidos, entonces en parte la detención tiene que ver con la orden de aprehensión que hay en México y se espera que pueda ver una deportación y que pueda cumplir la sentencia en México», declaró Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. El boxeador de 39 años fue detenido el miércoles por numerosos agentes federales mientras conducía una motoneta frente a su domicilio en el exclusivo barrio de Studio City, en Los Ángeles, cerca de Hollywood. Posibles nexos con el cartel de Sinaloa Chávez dividía su tiempo entre ambos países. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo detuvieron por permanecer en el país más tiempo del permitido con una visa de turista con la que ingresó al país en agosto de 2023 y que venció en febrero de 2024, precisó el Departamento de Seguridad Nacional. La agencia también indicó que Chávez presentó múltiples declaraciones fraudulentas cuando solicitó la residencia permanente el 2 de abril de 2024, con base en su matrimonio con la ciudadana estadounidense Frida Muñoz, quien es madre de una nieta del capo del cartel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien se encuentra en prisión. Los funcionarios estadounidenses dijeron que se cree que tiene vínculos con el poderoso grupo criminal, al que se atribuye una parte importante de la violencia del narcotráfico en México.

Rusia Today El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha reafirmado su intención de erradicar por completo a Hamás. «No habrá Hamás. No habrá Hamastán. No vamos a volver a eso. Se acabó. Vamos a liberar a todos nuestros rehénes», dijo con firmeza en sus primeras declaraciones públicas tras el anuncio por Donald Trump de una propuesta de alto el fuego de 60 días en la Franja de Gaza. En su discurso en la reunión organizada por el oleoducto Trans-Israel, Netanyahu dejó claro que no contempla ningún escenario en el que Hamás continúe existiendo y defendió que no existe contradicción entre liberar a los rehenes israelíes y acabar con dicha agrupación, desestimando las críticas de quienes señalan que ambas metas son mutuamente excluyentes. «¡Qué tontería! Funciona en conjunto. Lo lograremos juntos, contrariamente a lo que otros dicen. Los eliminaremos hasta los cimientos», aseguró, subrayando su determinación de llevar a cabo una campaña militar a gran escala contra el movimiento palestino. «Nuestras oportunidades son enormes. No vamos a desaprovecharlas. No las desaprovecharemos, no las perderemos», subrayó Netanyahu, refiriéndose, entre otras cosas, a la derrota de los «enemigos» y la construcción de un futuro «próspero» para Israel en términos de economía, energía, y también a nivel nacional e internacional. El presidente de EE.UU. anunció el martes que Israel aceptó las condiciones del alto el fuego en el enclave palestino por 60 días. «Israel ha aceptado las condiciones necesarias para acordar el alto el fuego de 60 días, durante el cual trabajaremos con todas las partes para poner fin a la guerra», escribió Trump en Truth Social. «Espero, por el bien de Oriente Próximo, que Hamás acepte este acuerdo, porque la situación no mejorará, solo empeorará», expresó. Sin embargo, las últimas declaraciones de Netanyahu reflejan una postura inflexible que pone en duda la viabilidad de lo acordado con mediación de Washington.

BBC News Víctor Morán, director de una empresa de limpieza de 1.200 empleados en Maryland, examina cuidadosamente cada nuevo empleado para asegurarse de que estén autorizados a trabajar en Estados Unidos. La ofensiva del presidente Donald Trump contra los inmigrantes comienza a reducir su plantilla de trabajadores. Unas 15 personas han dejado su compañía, Total Quality, desde que el mandatario ganó una batalla legal para despojar a los inmigrantes de Venezuela y Nicaragua de las protecciones temporales que evitan su deportación, afirma. Si la Casa Blanca amplía sus esfuerzos, podría perder a cientos de sus trabajadores, que dependen de permisos de trabajo similares y serían difíciles de reemplazar. Preocupaciones similares resuenan en empresas de todo Estados Unidos, a medida que la campaña de deportación de Trump parece cobrar impulso, y amenaza con reducir la oferta de trabajadores cruciales para la economía del país norteamericano. Casi uno de cada cinco trabajadores en Estados Unidos era inmigrante el año pasado, según datos de la Oficina del Censo. Esto marcó un récord en datos que se remontan a décadas atrás, en comparación con menos del 10% en 1994. Trump afirma que su administración ataca a las personas que se encuentran sin permiso en Estados Unidos, quienes representan aproximadamente el 4% de la fuerza laboral estadounidense. Su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas fue un elemento central de su campaña y un tema que le brindó un amplio apoyo, incluyendo el de votantes hispanos. Su gobierno ha reanudado las redadas en lugares de trabajo, una táctica que se había suspendido durante la presidencia de Joe Biden. Pero las medidas de la Casa Blanca han tenido un alcance mucho más amplio, apuntando a personas que se encuentran en Estados Unidos con visas de estudiante; suspendiendo la admisión de refugiados; y tomando medidas para revocar permisos de trabajo temporales y otras protecciones otorgadas a los inmigrantes por presidentes anteriores.

Página 12 En una nueva muestra de su afán persecutorio hacia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron este lunes el beneficio del arresto domiciliario que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Nº 2 le concedió a la exmandataria para cumplir su condena en la causa Vialidad.  En la apelación, los fiscales afirman que “jamás existieron motivos reales” para darle la domiciliaria a la líder del PJ, aunque tiene 72 años y siempre estuvo a Derecho. Reclaman que se revoque la domiciliaria para que «continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria”, dice el texto de 33 páginas al que accedió Noticias Argentinas. “No nos podemos desentender del impacto social negativo que la modalidad de ejecución de la pena dispuesta ha producido, no solo por no respetar la regla de cumplimiento efectivo de las penas, sino también por la desvirtuación que se advierte en el modo en que se viene cumpliendo la detención domiciliaria”, argumentaron los fiscales. El pasado 17 de junio, el TOF N° 2 dispuso que CFK cumpla su condena en prisión domiciliaria, debido al intento de magnicidio que sufrió el 1° de septiembre de 2022, al concluir que no hay garantías de seguridad en una cárcel común.  Sin embargo, los fiscales Mola y Luciani consideran que “la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario” y sostienen que en caso de ir a cárcel común y quedar alojada de manera individual, “desde ningún ángulo puede asimilarse” esta situación al “aislamiento”. “No se ha demostrado que las condiciones de alojamiento en una unidad penitenciaria supongan un trato inhumano”, señalaron. Mola y Luciani, que durante el juicio Vialidad transformaron los alegatos en un verdadero show para los medios, también cuestionaron el «trato especial» que, a su entender, le dio el TOF N°2 a CFK respeto de los otros ocho condenados en la causa, quienes debieron presentarse en Comodoro Py para quedar detenidos. “Es necesario que el tribunal de casación declare que no existe impedimento real alguno para que Fernández cumpla intramuros la pena que se le impuso.  Su situación (sin dejar de ponderar las particularidades que presenta cada una de las personas condenadas) no difiere en nada de la de los otros ocho condenados en este proceso, que se han presentado a cumplir la pena y fueron alojados en diferentes dependencias del Servicio Penitenciario Federal», concluyeron. Ahora deberá resolver la sala IV de Casación integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, los mismos que confirmaron la condena a CFK en la causa Vialidad.

DW Policías investigadores de México descubrieron 381 cadáveres amontonados y abandonados en un crematorio privado de Ciudad Juárez, en el norte del país, informó este domingo (29.06.2025) la fiscalía local, que presume una negligencia de los administradores del negocio. «Se hizo el conteo general, preliminarmente tenemos 381 cuerpos que estaban depositados de manera irregular en el crematorio, que no fueron cremados», dijo Eloy García, coordinador de comunicación de la fiscalía estatal de Chihuahua, el estado donde se localiza Ciudad Juárez. El funcionario dijo que los cadáveres se hallaban «apilados» sin ningún orden en varios ambientes del inmueble donde opera el crematorio. Estaban «aventados así nada más, de manera indiscriminada, uno sobre otro, en el piso», describió García. Nunca hubo incineración Señaló que todos los cuerpos estaban embalsamados y se presume que cuentan con un certificado de defunción, según lo estipula el protocolo para el procesamiento de restos humanos. La hipótesis de la fiscalía es que la gran mayoría de estos cuerpos fueron velados y luego trasladados al crematorio para su incineración y entrega a los deudos. «En tanto que esos 381 cuerpos no fueron cremados, en lugar de cenizas de ellos se entregó otro material» a los familiares, explicó García. Por la cantidad de cadáveres y la capacidad del crematorio, las autoridades estiman que algunos de los restos podrían tener más de dos años sin procesar. «Indolencia e irresponsabilidad»      En tal sentido, García dijo que una primera explicación al insólito hallazgo es la «indolencia e irresponsabilidad» de los dueños del crematorio. «Todos los negocios de cremación saben cuál es su capacidad de cremación diaria. Y no puedes recibir más de los que puedes procesar», afirmó. Uno de los administradores del crematorio ya se presentó ante la fiscalía que, según informó García, está en busca de «mecanismos para poder fincar responsabilidades de orden penal» a quienes resulten culpables de esta situación. Citando a un funcionario de la Fiscalía, el diario local El Heraldo de Juárez informó que dos personas están detenidas por estos hechos: el dueño del negocio, así como uno de sus empleados, personas que serán puestas a disposición de un juez penal en las próximas horas para que respondan por esta situación.

Telesur La noche de este sábado 28 de junio, al menos 2.000 personas se congregaron en la rebautizada como Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, donde durante los últimos meses se han reunido familiares de los soldados israelíes rehenes en la Franja de Gaza para exigir al Gobierno del Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu que se centre en devolver los rehenes con sus familiares en lugar de priorizar la continuación del genocidio en la Franja de Gaza. Durante la manifestación, Einav Zangauker, madre del soldado israelí Matan Zangauker, afirmó que en Israel no existe un contrato de seguridad permanente entre el Estado y sus ciudadanos, pues de ser así un padre no habría sido golpeado en los pasillos de la Knéset y los funcionarios electos no les darían la espalda a los familiares de los rehenes y firmarían el acuerdo de cese el fuego e intercambio de prisioneros que ya Hamás ha aceptado. «Si viviéramos en un país donde los líderes recuerdan que trabajan para nosotros, la guerra en Gaza habría terminado hace mucho tiempo», dijo Zangauker, y agregó que viven en un país donde «las consideraciones políticas prevalecen sobre los valores humanos. Donde la verdad se entierra con los muertos». Liri Albag, soldado liberada en el último alto el fuego con el movimiento palestino Hamás, lamentó públicamente que la guerra de Israel contra Irán desviara la atención de los 50 miembros del Ejército cautivos en Gaza. Dirigiéndose al Primer Ministro, pidió que tomaran la decisión de finalizar las operaciones en el enclave palestino sin acuerdos parciales, para devolver a todos los rehenes de una vez, y la consideró una «obligación moral» que el Gobierno no ha acatado. Se trata de la primera manifestación pública en dicho lugar después de tres semanas, pues durante dos semanas las protestas fueron canceladas debido a la guerra que Israel inició contra Irán, que generó la respuesta de la nación persa con la Operación Promesa Verdadera III. Con esta, los iraníes expusieron las vulnerabilidades de la Cúpula de Hierro y golpearon puntos neurálgicos del régimen israelí en los territorios palestinos ocupados, como el puerto de Haifa. Los ciudadanos israelíes acusan a Netanyahu de extender infinitamente la guerra en Gaza y con ello condenar las vidas de sus soldados. Cabe recordar que Netanyahu ha utilizado las operaciones del Ejército en Gaza no solamente para hacer avanzar los planes de exterminio del pueblo palestino contemplados en el proyecto colonial israelí que inició en 1948 con la Nakba, sino que las ha esgrimido como bandera para evadir procesos judiciales en los cuales está implicado y podrían costarle el puesto —al que se aferra como buen tirano— e ir a la cárcel. Hace tan solo un día solicitó un receso de dos semanas en el juicio que enfrenta desde 2020 por fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos, bajo el pretexto de atender «asuntos diplomáticos, nacionales y de seguridad de primer orden, incluyendo la gestión de su guerra contra la Franja de Gaza y la crisis de los rehenes», lo cual las protestas de este sábado exponen como una mentira más del Gobierno que ha respaldado la administración genocida de Netanyahu. Los ciudadanos también se habían pronunciado más temprano esta misma jornada en una protesta frente al Ministerio de Defensa israelí en Tel Aviv, y señalaron que debe firmarse el acuerdo que está sobre la mesa de negociaciones y todas las partes han querido firmar, excepto el Gobierno actual, antes que los propios bombardeos del Ejército o el deterioro de su salud cause la muerte de los rehenes vivos. Mientras, Netanyahu surfea entre crisis de coalición, y solo días antes de iniciar sus ataques unilaterales contra Irán, su Gobierno estuvo amenazado de disolución en el Parlamento israelí; sin embargo, ha evadido estos escollos políticos, y las órdenes No obstante, el mundo no pone en duda que es un criminal que merece ser ajusticiado por sus crímenes contra la población palestina, lo cual ha quedado demostrado en las numerosas marchas de respaldo a los gazatíes y a la resistencia palestina que tienen lugar en ciudades como Londres, Sana, Madrid, Buenos Aires, Nueva York, y cientos más.